El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Ángel María Villar ha declarado ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que no tuvo nada que ver con los contratos presuntamente fraudulentos por los que se le investiga dado que no era su labor dedicarse a esos asuntos, según han informado a Europa Press en fuentes jurídicas. Ha depositado la responsabilidad en la Secretaría General de la Federación.
Villar estaba citado a declarar a las 10.30 en la Audiencia Nacional en el marco del caso Soule por el que fue detenido y se encuentra en libertad con medidas cautelares, investigado por presuntos delitos de administración desleal y/o apropiación indebida y falsedad en documento mercantil. Ha llegado media hora antes acompañado de sus abogados y se ha marchado en torno a las 11.45.
En concreto, el interrogatorio versaba sobre pagos como los recibidos por Adolfo Gil de la Serna, que entre 1999 y 2018 habría percibido 283.246 euros y Julio Pérez Tomé, que desde 2009 y hasta 2016 se habría embolsado al menos 200.000 euros, justificados en contratos presuntamente ficticios y firmados a sabiendas de que ninguno de ellos prestaba ningún servicio.
También es objeto de la investigación la subvención que recibió la Federación Cántabra de Fútbol para la remodelación del Campo de Tanos, según las mismas fuentes, para lo que el juez ha citado como testigo en abril al ex secretario de Estado para el Deporte Miguel Cardenal, que ostentaba el cargo cuando se concedió esa ayuda pública.
Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, Villar ha alegado que la firma de ese tipo de contratos dependían de la Secretaría General de la RFEF y la comisión económica y no eran su responsabilidad directa pues, como presidente, no estaba en este asunto ni conocía los pormenores.
Pagos al hijo de un presidente autonómico
Igualmente ha contestado sobre el cobro por parte de Dora de Pedro Muñoz de una cantidad superior a 80.000 euros en 2006 y 2009 en concepto de una jubilación que no se habría producido dado que ella seguía cobrando -unos 70.000 euros de media anual entre 2010 y 2016--, de acuerdo a la investigación. El expresidente de la RFEF ha incidido en que tampoco esto era de su competencia directa.
Además, a Villar se le imputan los pagos al hijo del presidente de la Federación Melillense de Fútbol, Diego Martínez, que habría resultado beneficiado con más de 100.000 euros entre 2012 y 2016 también con base en una aparente contratación de servicios acordada en las oficinas centrales de la Mupresfe cuando él la presidía y a cuenta de la RFEF.
Martínez, que estaba citado media hora antes de Villar, ha afirmado que aquellos dos contratos por servicios informáticos fueron legales y ha detallado ante el juez las condiciones en que se firmaron y recibió la retribución, de acuerdo a las mismas fuentes.