EL PLATEADO, Colombia (AP) — En el remoto poblado de El Plateado, ubicado en una cadena montañosa del suroeste de Colombia repleta de cultivos de hoja de coca, la vida cotidiana transcurre en tranquilidad hasta que se oyen ráfagas de fusil o explosivos en las montañas aledañas.

Con 12.000 habitantes, El Plateado está ubicado en el Cañón del Micay, una zona históricamente golpeada por el conflicto en la que los grupos armados ilegales se afincan y demuestran su poderío desafiando la política gubernamental del presidente Gustavo Petro que busca zanjar el creciente conflicto colombiano por la vía del diálogo.

En el interior del Cañón hay una ruta que comunica al Océano Pacífico, de donde suelen salir semisumergibles cargados de cocaína hasta las costas de los países centroamericanos. Además de la droga, también pueden ingresar otros ilícitos, como armas, señaló a The Associated Press Andrés Cajiao, coordinador de la Unidad de Conflicto y Negociaciones de Paz de la Fundación Ideas para la Paz.

El Cañón era dominado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la que fuera la guerrilla más antigua de Latinoamérica, hasta que dejaron las armas en 2016 gracias a un acuerdo de paz con el Estado. Luego, como ocurrió en otros lugares de Colombia con presencia estatal limitada, otros grupos armados ocuparon rápidamente el espacio de la guerrilla.

Actualmente opera especialmente el Estado Mayor Central (EMC), una disidencia de las FARC que no firmó la paz de 2016. Pero también tienen presencia la Segunda Marquetalia —otra disidencia FARC— y la guerrilla Ejército de Liberación Nacional, grupos que las autoridades han relacionado con el control de la producción y el tráfico de droga en la zona.

“Aquí en El Plateado está muy dura la situación, no solo para mí, para muchas personas... Porque aquí cuando se forma la guerra hay bala de lado y lado”, aseguró Edilma Acuechantre a la AP en El Plateado.

Acuechantre guarda, en su humilde casa de madera revestida con láminas metálicas, una pequeña mochila con ropa, jabón y cepillos de dientes, siempre lista para salir corriendo junto a sus dos hijos de 8 y 12 años en caso de tiroteos o bombas. “Me duele muchísimo tener a mis hijos en esta guerra”, lamentó.

Pero para la mujer de 34 años, El Plateado le da su único sustento con el cultivo de hojas de coca. De éstas, después, saldrá la cocaína distribuida por narcotraficantes.

La tierra fértil de El Plateado podría generar otros frutos, pero como sucede en otros lugares de Colombia, sus habitantes están en medio de confrontaciones de armados sin muchas más oportunidades económicas.

Kevin Andrés Arcos, presidente de la Junta de Acción Comunal de El Plateado, calcula que de las cerca de 14.000 personas que viven entre El Plateado y sus zonas aledañas, “la mayoría viven de la coca”. La zona, aislada de las grandes urbes, tiene bajo desarrollo productivo y falta de vías de comunicación.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, el primero de izquierda y militante de una extinta guerrilla en su juventud, ha denominado al Cañón del Micay “la gran bolsa de valores de la cocaína” del Estado Mayor Central y se ha convertido en uno de sus objetivos demostrar que puede arrebatárselo a la disidencia.

La presencia de los armados es notoria en El Plateado. Lo mismo ocurre en los desolados caminos aledaños donde no se encuentran más que cultivos de hoja de coca y algunas casas aisladas con pintadas alusivas a ese grupo.

Disidentes vestidos con traje de camuflaje verde militar llevan fusiles y detienen a los vehículos para comprobar las identificaciones, algunas entregadas por ellos mismos a los pobladores como parte del control social que ejercen en la zona.

Con Petro en el poder, se abrió una nueva puerta para las disidencias y otros grupos armados en el marco de la política de paz total, con la que pretendía abrir diálogos que redujeran el creciente conflicto.

El Estado Mayor Central aceptó negociar en octubre de 2023, pero cinco meses después el proceso se sumió en una crisis luego de que los armados asesinaran a una líder indígena en Cauca. En julio de 2024, luego de meses de tensión, el gobierno dio por terminado el cese del fuego bilateral con la mayor parte de la disidencia y retomó los operativos militares.

La estructura armada arreció los ataques con explosivos en el suroeste del país matando e hiriendo a civiles y policías. En El Plateado murió en julio un niño de 10 años víctima de un explosivo que, según las autoridades, habría sido lanzado por la disidencia desde un dron.

Durante el cese al fuego con el Estado Mayor Central que se extendió por cinco meses, la comunidad sintió cierto alivio, sin que cesara del todo el conflicto: “De pronto una que otra ráfaga se escuchaba, pero no tanto que bomba por aquí, granada por allá”, relató Arcos.

Lo que sucedió en el Cañón del Micay es una muestra de la complejidad del actual conflicto en Colombia, explicó el analista Cajiao, porque si bien se detenían las confrontaciones entre la disidencia EMC y las fuerzas estatales, continuaban con otros grupos armados con los que el EMC está en constante disputa.

“Esta política ha evolucionado de la paz total a lo que nosotros llamamos la paz fragmentada: es pasar de ese objetivo grande de negociar con todos los grupos y llevarlos a desmovilizar, a negociar con lo que se puede y con lo que hay”, planteó Cajiao.

By  MARKO ÁLVAREZ and FERNANDO VERGARA

(AP Foto/Fernando Vergara)