SAN SALVADOR (AP) — Diputados opositores de El Salvador aprobaron el jueves recomendar al presidente Nayib Bukele destituir al director de la Policía Nacional Civil por graves violaciones a los derechos humanos durante la irrupción armada al edificio de la Asamblea Legislativa el 9 de febrero pasado.

 

También recomiendan que, por su grado de participación, se destituya al ministro de Defensa, contraalmirante René Francisco Merino Monroy, tal como lo habían solicitado al concluir una interpelación en septiembre de 2020.

 

Además, acordaron enviar a la Fiscalía General el informe elaborado por una Comisión Especial, en calidad de aviso, para que se investigue la posible comisión de delitos por parte del presidente Bukele, el ministro de Defensa, el jefe del Estado Mayor Presidencial, Manuel Antonio Acevedo López; el jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, Carlos Alberto Tejada Murcia; y el director de la policía, Arriaza Chicas.

 

Los diputados del bloque opositor de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y del Partido Demócrata Cristiano (PDC), después de estudiar los videos, pruebas y testimonios recibidos en la comisión especial que indagó lo acontecido el 9 de febrero, determinaron que los funcionarios son responsables de haber participado de un “golpe de Estado fallido”.

 

El presidente Bukele, que se encontraba a unos 120 kilómetros al este de la capital, donde se reunió con familiares de las víctimas de la masacre El Mozote, donde los militares asesinaron en 1981 a casi un millar de campesinos, en su mayoría mujeres, ancianos y niños, dijo que no acataría las recomendaciones de los diputados porque la Constitución no les da esa facultad.

 

El mandatario arremetió contra los que votaron por destituir al ministro de Defensa y señaló el general Mauricio Vargas, que formó parte de la llamada “Tandona” que ocuparon puestos de mando durante la guerra y lo acusó de “encubrir a los asesinos de la masacre de El Mozote”.

 

La relación entre el mandatario y el Legislativo ha tenido varios episodios de tensión en lo que va de su administración.

 

Tras el choque de poderes entre el presidente y la Asamblea, que se agravó cuando fuerzas especiales de la policía y de la fuerza armada entraron al recinto legislativo para presionar a que se aprobara un préstamo de 109 millones de dólares para impulsar su estrategia de combate a las pandillas, la Sala de lo Constitucional de la Corte le ordenó a Bukele no usar a las fuerzas de seguridad en “actividades contrarias a los fines constitucionales establecidos”.

 

Las imágenes del ejército dentro del Congreso provocaron críticas dentro y fuera de El Salvador, en medio de llamados a Bukele de respetar la institucionalidad democrática.

 

La Corte también ordenó al ministro de la Defensa y al director de la Policía Nacional Civil que no ejerzan funciones y actividades distintas a las que constitucional y legalmente no están obligados, y exigió al Consejo de Ministros --del cual forma parte Bukele-- el cese de los efectos de la convocatoria a una sesión extraordinaria para aprobar el préstamo.

 

“Con la aprobación de este dictamen se le pone punto final a ese fatídico 9 de febrero, alarmante, condenable, reprochable y preocupante hecho que marcó la historia del país con un intento de golpe fallidos”, manifestó el diputado de Arena, Emilio Corea.

 

Por su parte el diputado Guillermo Gallegos de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), aliados de Bukele, aseguró que nunca existió alguna ilegalidad y afirmó que tampoco hubo golpe de Estado fallido.

 

Los diputados acordaron que el informe sea enviado al cuerpo diplomático acreditado en el país, así como a la ONU, el Congreso y al Senado de Estados Unidos y al Parlamento Europeo.

 

Además, se comunicará a los Estados Miembros de la OEA y a su secretario general, a efecto de que consideren solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estimen convenientes, según lo dispuesto en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana.