CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Legisladores del partido gobernante de México reeligieron el miércoles a la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos pese a la oposición generalizada y a que ella no denunció los abusos del gobierno.

La reelección de Rosario Piedra en una votación partidaria en el Senado parece ser otro ejemplo de los intentos del partido gobernante Morena de debilitar los organismos de supervisión independientes . Morena ha propuesto eliminar una serie de otros organismos de supervisión, transparencia y libertad de información, alegando que su funcionamiento es demasiado costoso.

Los grupos cívicos y de derechos humanos sin fines de lucro de México han sido casi unánimes en sus críticas a la reelección de Piedra.

“Este es un premio inmerecido a una trayectoria marcada por la inacción, la pérdida de independencia y el debilitamiento de la institución”, escribió en redes sociales el centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Piedra es una firme defensora del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien dejó el cargo el 30 de septiembre, y en una ocasión afirmó que ninguna de las muertes causadas por las fuerzas armadas durante su administración fue ilegal o injustificada. Compartía el gusto del expresidente por atacar y criticar a otros grupos independientes de derechos humanos.

Desde su primera elección en 2019, Piedra ha hecho poco para investigar las denuncias de masacres o ejecuciones extrajudiciales por parte de soldados y miembros de la militarizada Guardia Nacional , a la que López Obrador dio amplios poderes.

A pesar de recibir más de 1.800 denuncias ciudadanas contra las fuerzas armadas entre 2020 y 2023, su comisión emitió solo 39 recomendaciones, y la mayoría de los pocos casos militares a los que su comisión dio seguimiento involucraban abusos cometidos durante administraciones anteriores.

La comisión de derechos humanos tiene la facultad de hacer recomendaciones no vinculantes a los organismos gubernamentales. Si estos no están de acuerdo con seguirlas, la ley les exige al menos que expliquen por qué.

Piedra ha centrado casi exclusivamente el trabajo de la comisión en emitir recomendaciones en casos en que las personas no han recibido la atención médica adecuada en los hospitales estatales. Esas recomendaciones sirven de poco, porque no abordan el problema subyacente de los hospitales con fondos insuficientes y mal equipados que se ven obligados a atender a demasiados pacientes.

En ocasiones, Piedra actuó como si las violaciones a los derechos humanos ya no existieran bajo el gobierno de López Obrador. En 2019, expresó su incredulidad cuando se le preguntó sobre el asesinato de periodistas , a pesar de que casi una docena fueron asesinados en el primer año de mandato de López Obrador.

“¿Están matando a periodistas?”, dijo con expresión de incredulidad.

Piedra proviene de una conocida familia de activistas: su madre fundó uno de los primeros grupos de México para exigir respuestas para las familias cuyos parientes habían sido secuestrados y desaparecidos por el gobierno en los años 60 y 70. Pero ni siquiera el grupo de su madre, el Comité Eureka, apoyó la reelección de Piedra.

“Sus acciones parecen apoyar la impunidad de los perpetradores del terrorismo gubernamental y la línea de obediencia y olvido del gobierno” ante los abusos de derechos, escribió el comité en un comunicado.

Piedra rompió con dos tradiciones importantes: fue miembro del partido gobernante hasta que fue elegida para su primer mandato en 2019. El cargo generalmente ha recaído en expertos en derechos humanos no partidistas.

Además, ha respaldado y apoyado abiertamente las políticas y acciones del gobierno. Los jefes anteriores de la comisión tenían una relación más crítica con el gobierno.

Piedra tampoco logró llegar a la selección final de candidatos para el puesto este año en un examen del Congreso sobre sus calificaciones, pero de todos modos fue incluido en la boleta.

Esto es importante, ya que comités de evaluación similares decidirán quiénes figuran en las papeletas de las reformas judiciales que obligarán a los jueces federales a presentarse a las elecciones del año próximo . Los activistas temen que el mismo tipo de favoritismo entre en juego en la elección de jueces.

“Esta decisión llega después de un proceso de selección en el que ella (Piedra) no fue considerada la más calificada”, dijo una coalición de grupos de derechos humanos en un comunicado. “Eso revela las consideraciones políticas y partidistas que la pusieron en la boleta”.

También parece haber falsificado una carta de recomendación, después de que un obispo y activista de derechos humanos dijera que una carta que ella presentó para apoyar su reelección no había sido firmada por él.

Piedra ocupará el cargo bajo la nueva presidencia de Claudia Sheinbaum, otra seguidora devota de López Obrador, quien asumió el cargo el 1 de octubre. En el primer día de Sheinbaum en el cargo, el ejército mató a seis migrantes cerca de la frontera con Guatemala; diez días después, soldados y la Guardia Nacional mataron a tres transeúntes en la ciudad fronteriza norteña de Nuevo Laredo mientras perseguían a sospechosos.

La tercera semana de Sheinbaum en el cargo estuvo marcada por el asesinato de un sacerdote católico que había sido amenazado por pandillas y un enfrentamiento desigual en el estado norteño de Sinaloa en el que soldados mataron a 19 sospechosos de pertenecer a un cártel de la droga, pero no sufrieron ningún rasguño. Eso despertó recuerdos de abusos de derechos humanos del pasado, como un incidente de 2014 en el que soldados mataron a una docena de sospechosos de pertenecer a un cártel después de que se habían rendido.

El gobierno supuestamente izquierdista se ha apresurado a criticar a los grupos de derechos humanos y a los activistas que exponen los abusos.

En junio, una voluntaria que se manifestó abiertamente en defensa de las personas desaparecidas encontró un aparente vertedero de cadáveres con restos humanos en la Ciudad de México, lo que avergonzó a los funcionarios del partido gobernante que habían hecho poco por buscar esos lugares de enterramiento clandestinos. Los fiscales de la ciudad la criticaron, afirmando que “la cadena de custodia” de las pruebas había sido manipulada, lo que podría dar lugar a cargos.

Siga la cobertura de AP sobre América Latina y el Caribe en https://apnews.com/hub/latin-america

(Foto AP/Marco Ugarte, Archivo)