ASUNCION, Paraguay (AP) — Una redada policial de madrugada contra la casa de un legislador paraguayo en un conocido paraíso del narcotráfico cerca de la frontera con Brasil se convirtió el lunes en un tiroteo caótico, dijeron las autoridades, dejando al legislador muerto y al país en vilo.

El asesinato de Eulalio “Lalo” Gomes, un ganadero de 67 años y legislador del Partido Colorado, que gobernó durante mucho tiempo en Paraguay , también sirvió como un triste recordatorio de la red de colusiones entre las familias de los políticos y el crimen organizado en Paraguay, dijeron los expertos.

“Este no es un caso aislado, al contrario, es la continuación de muchos otros casos que vinculan la política con el narcotráfico y el crimen organizado”, afirmó el abogado y analista político paraguayo Leonardo Gómez Berniga.

Fuerzas de seguridad equipadas con armas de fuego y órdenes de registro llegaron simultáneamente a las casas separadas de Gomes y su hijo, Alexandre Rodrigues Gomes, de 32 años, la madrugada del lunes en la exuberante zona fronteriza para buscar pruebas en lo que las autoridades describieron como una investigación a gran escala sobre el contrabando de drogas y el lavado de dinero en el sector inmobiliario local.

Los agentes dijeron que Gomes los recibió con una lluvia de disparos. La policía respondió a los disparos, hiriendo mortalmente al legislador conservador de Colorado.

“Tenemos una comunidad convulsionada, un público que necesita respuestas”, dijo Emiliano Rolón, fiscal general de Paraguay, al salir de la morgue de Asunción, la calurosa capital de Paraguay, a unos 445 kilómetros al suroeste de Pedro Juan Caballero, el puesto fronterizo donde se llevó a cabo la redada. “Estamos lidiando con el crimen organizado, y eso no es algo fácil”.

Rolón dijo que su oficina había emitido una acusación justo antes de la redada del lunes acusando a Gomes y a su hijo, junto con otros tres sospechosos, en el plan de tráfico que involucra a la banda de un destacado capo de la cocaína brasileña encarcelado al otro lado de la porosa frontera.

Las autoridades brasileñas han ayudado a investigar el caso, dijo, el último ejemplo de cómo la creciente cooperación regional contra el narcotráfico ha aumentado la presión sobre Paraguay para que cumpla su parte.

Como legislador, Gomes no podía ser procesado. Su hijo Alexandre había abierto fuego contra los agentes y huido del lugar antes de entregarse finalmente a la policía en el departamento de Amambay, según las autoridades. No hubo otros heridos en los tiroteos, que estallaron en las dos casas, a unas diez cuadras de distancia.

La familia Gomes niega las acusaciones de narcotráfico y acusa a la policía de uso excesivo de la fuerza.

“Mi padre estaba escondido y la policía simplemente lo mató”, dijo entre sollozos Larisa Gomes, la hija del legislador asesinado, antes de regresar a la morgue para esperar los resultados de la autopsia.

El abogado de la familia, Oscar Tuma, cuestionó que la policía haya realizado los allanamientos en plena noche, derribando a patadas las puertas de las casas en lugar de citar al padre y al hijo para ser interrogados. “Las condiciones no eran las adecuadas y no había urgencia para que se realizara este allanamiento a las 3 de la mañana cuando nuestro diputado nacional estaba durmiendo con su esposa”, dijo.

El fiscal Rolón dijo que la policía no tuvo otra opción que realizar el allanamiento cuando lo hizo. Durante el día, dijo, Gomes tenía guardaespaldas armados hasta los dientes que patrullaban su mansión blanca en Amambay, una provincia aislada con una tasa de homicidios aproximadamente diez veces superior a la media nacional de Paraguay, según cifras del gobierno.

La fallida redada antidrogas del lunes y el tiroteo mortal cautivaron a los paraguayos debido al estatus de Gomes como legislador del dominante partido de derecha Colorado liderado por el magnate del tabaco Horacio Cartes, quien se desempeñó como presidente del país entre 2013 y 2018.

Pero los expertos dijeron que el dramático episodio revela algo bastante común en Paraguay, que ocupa el puesto 136 entre 180 países en el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, uno de los más bajos de América del Sur.

La corrupción y el clientelismo han caracterizado durante mucho tiempo el gobierno de Colorado en el país sudamericano, donde las carreteras y las líneas eléctricas de la capital están en condiciones precarias y la malversación de fondos en pequeña escala corre desenfrenada entre los servidores públicos mal pagados.

“Esto está arraigado en todos los partidos políticos, en todos los niveles”, dijo Christopher Newton, investigador de la organización de investigación InSight Crime, con sede en Colombia. “Cuando se trata de personas que tienen el poder de hacer cambios, muchas de esas personas son las que probablemente se beneficiarán de no hacer cambios”.

A medida que la lucha contra la corrupción en el país se estanca, la presión externa aumenta.

El año pasado, el gobierno estadounidense acusó a Cartes y al ex vicepresidente Hugo Velázquez de “corrupción significativa” y prohibió a las empresas estadounidenses hacer negocios con ellos . Este mes, la administración Biden dio a conocer nuevas sanciones a Tabesa, un importante productor de cigarrillos paraguayo, por canalizar millones de dólares en pagos a Cartes . El ex presidente niega las acusaciones de que construyó su enorme riqueza mediante el lavado de dinero.

Durante la última década, Europol, la agencia policial de la Unión Europea, ha rastreado cada vez más importantes redadas de drogas transatlánticas hasta los puertos fluviales de Paraguay.

Las incautaciones ponen de relieve las debilidades institucionales y la inseguridad del país, al tiempo que intenta promocionar su historia de éxito como una de las economías de más rápido crecimiento de América Latina. A principios de este mes, la agencia de calificación Moody's se convirtió en la primera en mejorar la calificación crediticia del país a grado de inversión, lo que le dio la victoria al presidente Santiago Peña , un ex funcionario del Fondo Monetario Internacional.

Pero el caos del lunes en Pedro Juan Caballero expuso una vez más “una dimensión muy peligrosa”, dijo Gómez Berniga, el analista. “Los sectores políticos y empresariales y las autoridades judiciales están bajo un intenso escrutinio para ver con qué diligencia terminan resolviendo esto”.

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Por  ISABEL DEBRE

(AP Foto/Jorge Saenz)