SANTIAGO (AP) — Los chilenos deciden el domingo si aprueban el plebiscito que dotará al país sudamericano de una nueva ley fundamental o lo rechazan y, entonces, seguiría vigente la Constitución legada por la dictadura militar. Es una consulta obligatoria, cuyo resultado también marcará la ruta del novato gobierno del presidente Gabriel Boric.Boric, quien apenas lleva seis meses en el poder, abrigó el “apruebo” del plebiscito y lo amarró a lo que sería su cuatrienio. El líder izquierdista de 36 años sostiene que aprobar una nueva carta magna es un mandato después de que el 78% de los chilenos votaron a favor de esa vía hace dos años y luego del estallido social de 2019.
Sin embargo, la aprobación del plebiscito tiene a un país dividido y se perfila como algo complicado de lograrse. Las últimos sondeos de opinión indican que la opción del “Apruebo” obtendría alrededor del 35% de los votos, cerca de un 10% menos que el “Rechazo”. Las encuestas se realizaron basados en modelos de voto voluntario, aunque este plebiscito, al que están convocados 15 millones de votantes, es de asistencia obligatoria.
Analistas consultados por The Associated Press coinciden en señalar que en el proceso constituyente se juntaron una serie de factores que incrementaron el rechazo a la nueva Constitución, como las críticas que surgieron por el comportamiento de algunos miembros de la convención izquierdista que redactó el borrador del nuevo texto constitucional.
Jaime Arancibia, académico de la Universidad de Los Andes, dijo que la convención “se desprestigió” por el actuar “poco decoroso y agresivo” de algunos de sus miembros y que el órgano redactor “despreció” consejos de constitucionalistas y expertos.
BUENOS AIRES (AP) — Un hombre fue detenido el jueves después de apuntar con un arma de fuego a la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, en lo que el mandatario Alberto Fernández calificó como un atentado que se frustró porque la pistola no se disparó.El presidente calificó el intento de atentado frente a la casa de Fernández de Kirchner como “el hecho más grave desde que hemos recuperado la democracia” y llamó a la sociedad y todos los sectores políticos a repudiar el ataque. Lo sucedido ocurre en momentos en que la vicepresidenta enfrenta un juicio por presuntos actos de corrupción que ella niega y que ha llevado a sus seguidores a acudir a diario a las inmediaciones de su vivienda en Buenos Aires para mostrar su apoyo.
El agresor —identificado por un funcionario de Seguridad como Fernando André Sabag Montiel, de nacionalidad brasileña— fue detenido segundos después de haber apuntado a Cristina Fernández y justo cuando la exmandataria se acercaba a saludar a la multitud que la esperaba en la calle. La vicepresidenta salió ilesa.
En un mensaje a la nación, el presidente dijo que el arma tenía cinco balas, “y no se disparó pese a haber sido gatillada”.
Poco antes, los ministros del gobierno de Fernández ya habían calificado el hecho como un intento de homicidio. “Lo sucedido esta noche es de una gravedad que atenta contra la democracia, las instituciones y el estado de derecho”, señalaron en una declaración escrita.
SAN SALVADOR (AP) — Seis organizaciones sociales documentaron más de 3.100 denuncias de violaciones a los derechos humanos durante la vigencia del régimen de excepción decretado en El Salvador para combatir a las pandillas, a las que el gobierno responsabiliza de la mayoría de los crímenes que se cometen en el país.Según estas organizaciones, además de las vulneraciones del derecho a la defensa y el debido proceso, se suman otras violaciones como el derecho a la identidad, la dignidad y la privacidad.
El informe elaborado por Cristosal, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, el Servicio Social Pasionista, la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos, AMATE y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas reveló haber documentado 3.186 casos desde el 27 de marzo al 31 de julio.
De acuerdo con las denuncias, más del 86% de los detenidos son hombres de entre los 18 y 30 años, pero también se han identificado 12 mujeres trans y tres hombres trans.
En una conferencia de prensa los representantes de las organizaciones denunciaron además que en abril las autoridades de seguridad divulgaron las fotografías de dos mujeres trans detenidas, con el torso desnudo y sin usar el nombre con el que se identifican.
El estado de excepción fue aprobado el 27 de marzo por el Congreso a pedido del presidente Nayib Bukele luego de una ola de crímenes que sacudió al país.
LIMA (AP) — Activistas peruanos por los derechos de las personas LGBT exigieron el miércoles frente a la fiscalía en Lima realizar una necropsia al cadáver de un peruano transgénero fallecido en la isla de Bali, quien fue detenido por la policía de Indonesia luego de que arribó para celebrar su luna de miel.La muerte de Rodrigo Ventocilla, de 32 años y estudiante de posgrado de la Universidad de Harvard, ocurrió el 11 de agosto en un hospital de esa isla turística del país asiático. Posteriormente su esposo peruano Sebastián Marallano también fue detenido cuando llegó para ayudarlo. La pareja había contraído matrimonio previamente en Chile.
“Fue detenido por su identidad de género. Su documento de identidad no coincidía con su aspecto; eso hizo que fuera un sospechoso para la policía de Indonesia. Fue extorsionado, torturado y ha muerto”, dijo a The Associated Press Luzmo Henríquez, representante de la familia del fallecido.
El cuerpo de Ventocilla partió de Indonesia y deberá llegar a Lima en los primeros días de septiembre, confirmó la AP. Los familiares del fallecido piden la necropsia en Perú para conocer las verdaderas razones de su muerte.
Las autoridades de Indonesia niegan haber cometido cualquier acto de violencia y discriminación.
“Todo fue conforme a la operación estándar. No podemos actuar mal con él, sobre todo porque es un extranjero”, indicó el lunes Stefanus Satake Bayu Setianto, portavoz de la policía de Bali.
BOGOTÁ (AP) — El gobierno del presidente Gustavo Petro radicó el martes en el Congreso colombiano un proyecto de ley con el que define una nueva política de paz que busca cimentar el camino para posibles negociaciones y acuerdos con grupos armados ilegales.Petro, el primer presidente de izquierda en Colombia, busca una “paz total”, con la apertura de negociaciones y sometimiento a la justicia de los grupos armados ilegales que aún delinquen en el país. La meta es ambiciosa y sucede cuando el Estado aún está implementando el acuerdo de paz firmado en 2016 con la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El gobierno propone al Congreso, donde goza de una coalición mayoritaria, elevarla a política de Estado, para que comprometa a todas las ramas del poder -Legislativa, Ejecutiva y Judicial-, de manera que con cada cambio de gobierno se garantice la continuidad de las políticas públicas de paz.
El proyecto, que modifica una ley de orden público existente, avala a que representantes autorizados por el gobierno puedan entablar diálogos con estructuras o grupos armados ilegales. Además, en medio de un proceso de paz los representantes podrán acordar con voceros de los armados su ubicación temporal en algunas zonas de Colombia que determinen. En esos lugares quedará suspendida la ejecución de las órdenes de captura contra los actores armados, incluidas las que tienen fines de extradición, algo novedoso en la propuesta del gobierno.