CIUDAD DE MÉXICO (AP) — A ocho días del derrumbe en una mina de carbón del norte de México donde permanecen atrapados diez mineros, sus familiares se aferran a su fe para tratar de soportar la extenuante espera y el retraso de la operación de rescate que fue pospuesta la víspera tras el hallazgo de numerosos obstáculos en el socavón.
Luego de pasar cuatro noches durmiendo sentada en una silla de plástico a las afueras de esta mina ubicada en el municipio Sabinas del estado norteño de Coahuila, Liliana Torres se niega a abandonar el lugar y sigue aferrada a una fe inquebrantable de que su tío, Jaime Montelongo, saldrá con vida junto a sus nueve compañeros.
“A ratitos me siento cansada, pero de a poco me vuelve a dar fuerza”, le dijo la docente, de 32 años, a The Associated Press el jueves por teléfono, y admitió que la fuerza que la mantiene en pie es “la esperanza de que mi tío regrese”.
Montelongo ha sido considerado el héroe de la tragedia debido a que, tras escucharse el fuerte estruendo que generó el derrumbe e inundación de la mina la tarde del 3 de agosto, el minero de 61 años decidió descender al socavón para buscar a sus compañeros, pero nunca regresó.
KIEV, Ucrania (AP) — Las naciones de Occidente se comprometieron el jueves a enviar más armas a Ucrania y el veto total de la Unión Europea al carbón ruso entró en vigor, reforzando las sanciones contra Moscú que según reportes de inteligencia están perjudicando sus exportaciones de defensa.
Alemania, que en las primeras semanas del conflicto había dado cierta impresión de ser un aliado displicente de Ucrania, está en un proceso que el canciller Olaf Scholz describió como un rompimiento “en gran escala” con su pasado al enviar armas a la nación devastada por la guerra.
Scholz dijo que Berlín “está enviando armas, una gran, gran cantidad, aplastantes y muy efectivas. Y seguiremos haciéndolo en el futuro cercano”. Su gobierno ha aprobado exportaciones militares de armas por al menos 710 millones de dólares y planea brindar ayuda financiera adicional a Ucrania, añadió el canciller.
En un encuentro en Copenhague, Gran Bretaña y Dinamarca también realizaron compromisos adicionales para ayudar a la defensa de Ucrania contra la invasión rusa, la cual ha devastado a la nación y repercutido en el resto del mundo.
“No los defraudaremos”, señaló la primera ministra danesa Mette Frederiksen al inaugurar la conferencia internacional de donantes. Dinamarca señaló que una nueva contribución por 113 millones de dólares aumentará el total de financiamiento de parte de la pequeña nación de 5,8 millones de habitantes a más de 500 millones de dólares. Dijo que se trata de una “enorme donación”.
En comparación, el principal donador a Ucrania, Estados Unidos, ha comprometido 9.100 millones de dólares en ayuda para seguridad desde que Rusia lanzó su invasión el 24 de febrero.
LIMA (AP) — La cuñada del presidente peruano Pedro Castillo se entregó el miércoles a la fiscalía luego de que la policía la buscara sin éxito la víspera en el palacio presidencial para detenerla por supuestamente integrar un grupo de lavado de activos que estaría liderado por el mandatario.
José Dionicio, abogado de Yenifer Paredes —la cuñada de 26 años del presidente y a quien la pareja presidencial crió como hija desde niña_, dijo a la radio local RPP que su defendida se presentó de forma voluntaria y no se convertirá en delatora porque se considera inocente.
Dionicio no dio detalles sobre dónde pernoctó Paredes ni dónde estaba durante la intervención policial en el palacio presidencial.
La fiscalía acusa a Castillo, a varios familiares, al actual ministro de Transportes Geiner Alvarado y a un alcalde del pueblo donde vivía el mandatario de integrar un grupo criminal. La coordinadora del mismo sería la primera dama y los testaferros tres cuñados de Castillo, incluida Paredes. Las empresas fachada serían propiedad de personas cercanas a la familia presidencial.
La fiscalía presume que Paredes ayudó al dueño de una de las supuestas empresas fachada a obtener obras públicas pese a no tener la capacidad económica para garantizar la ejecución de las obras ni la experiencia.
Imágenes de varias televisoras mostraron a la cuñada del presidente ingresando a la fiscalía mientras decenas de personas la apoyaban, varias de ellas dirigentes campesinos que se reunieron con Castillo por la mañana.
SANTIAGO (AP) — El Congreso chileno redujo el miércoles los votos necesarios para reformar la constitución sancionada durante la última dictadura militar, que seguirá vigente si en un próximo plebiscito sobre la aprobación de un nuevo texto se impone el rechazo, como anticipan coincidentes sondeos.
El proyecto de ley para rebajar los quórums fue aprobado por 130 votos a favor, 15 en contra y una abstención. El Senado lo había sancionado el 20 de julio.
La iniciativa, que redujo los quórums de 103 a 89 votos en la Cámara de Diputados y de 33 a 29 en el Senado, quedó lista para que el presiente Gabriel Boric la promulgue y entrará en vigor luego de que sea publicada en la gaceta oficial.
Los chilenos decidirán el próximo 4 de septiembre si aceptan una nueva carta magna elaborada por una convención constitucional afín al mandatario de izquierda, o si la rechazan para que siga vigente la actual impuesta por la dictadura militar de 1973 a 1990.
La norma aprobada el miércoles es clave para el gobierno, especialmente después de que Boric dijo que de ganar el “Rechazo” el proceso constitucional tendrá que “empezar de cero” y habrá que elegir una segunda Convención Constituyente para que escriba otro proyecto.
Coincidentes encuestadoras locales señalan que en el referendo se impondría el “Rechazo” frente al “Apruebo”, aunque un estudio de opinión pública divulgado la víspera señala que la diferencia entre ambas opciones se ha estrechado.
Sin embargo, el mandatario necesitaría la concurrencia del Congreso para implementar otro proceso constituyente y es minoría entre los diputados, mientras el Senado está dividido en partes iguales entre el oficialismo y la oposición. La rebaja de votos abre más posibilidades de que Boric logre otra ley fundamental si pierde el plebiscito.
Leer más: Congreso chileno aprueba rebajar votos para reformas
CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — La inflación, la corrupción y la persecución de los defensores de derechos humanos, funcionarios judiciales y periodistas desencadenaron el martes una protesta en Guatemala de la que participaban miles de campesinos, indígenas, estudiantes y organizaciones sociales.
La Dirección General de Protección y Seguridad Vial del Ministerio de Comunicaciones informó que se registraban nueve bloqueos de vías en ocho de los 22 departamentos del país.
La Asamblea Social y Popular -que aglutina a varias organizaciones- dijo que la protesta responde a las acciones del gobierno de Alejandro Giammattei y denunció un sistemático debilitamiento del sistema político y de justicia.
Diversos gobiernos y entidades -entre ellos Estados Unidos, la Unión Europea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Human Rights Watch- han manifestado su alarma por el debilitamiento del estado de derecho en Guatemala, especialmente por el exilio al que se han visto forzados funcionarios de justicia perseguidos por su labor en la lucha contra la corrupción.
Más de 20 funcionarios judiciales se exiliaron tras denunciar una persecución por parte de la Fiscalía General. Consuelo Porras, titular del Ministerio Público, ha sido señalada por el gobierno de Estados Unidos de socavar el estado de derecho y obstaculizar la lucha contra la corrupción. En 2021 Porras fue sancionada por ese país, que le retiró la visa de entrada.
Durante el gobierno de Giammattei -que comenzó en enero de 2020- el Congreso aprobó una ley que regula a las organizaciones no gubernamentales a discreción del gobierno y actualmente debate una norma que, entre otras cosas, le daría a la policía y el ejército la facultad de usar armas contra los manifestantes.
Defensores de derechos humanos han denunciado que se busca criminalizar la protesta. En los primeros meses de 2022 la fiscalía dirigida por Porras llevó ante la justicia a tres personas que se manifestaron contra el gobierno en 2020 tras acusarlas de daños al patrimonio. Fueron liberadas posteriormente ante la falta de evidencia en su contra.