LIMA (AP) — La presentación del segundo gabinete ministerial del presidente peruano Pedro Castillo, que buscaba su aprobación ante el Congreso opositor, se suspendió el lunes por 10 días tras la sorpresiva muerte del legislador oficialista Fernando Herrera por un paro cardiorespiratorio.
La presidenta del Congreso, María Alva, dijo a los congresistas en el hemiciclo que el debate se suspendía “en señal de duelo”. La sesión se reprogramó para el jueves 4 de noviembre. La noticia se conoció en vivo poco antes, cuando los legisladores debatían sobre el destino del equipo ministerial.
Waldemar Cerrón, líder de la bancada oficialista, explicó que Fernando Herrera falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio. El presidente Pedro Castillo dijo que antes de su muerte que Herrera “se ha sentido mal en el hemiciclo”, Otro legislador, Alex Paredes, añadió que su colega murió en su hogar.
El martes el Parlamento rendirá homenaje al congresista fallecido, quien según Paredes había sufrido de COVID-19 en septiembre y estuvo hospitalizado.
El equipo ministerial se presentó ante el Congreso para pedir los votos de aprobación, a menos de 100 días del inicio de su gestión, en un ambiente marcado por la incertidumbre causada por la fricción dentro del bloque oficialista.
La primera ministra Mirtha Vásquez, una moderada abogada izquierdista que en el pasado defendió a campesinos contra multinacionales mineras, dijo más temprano a los legisladores que su objetivo es “corresponder al anhelo ciudadano de que logremos consensos y trabajar incansablemente”.
HUIXTLA, México (AP) — Más de 2.000 migrantes, en su mayoría centroamericanos, continuaban el lunes caminando por el sur de México hacia el norte y llegaron por la tarde a la localidad de Huixtla, en Chiapas, en medio de una intensa lluvia y tras nueve horas de caminata.
El ayuntamiento de este municipio, a poco más de 40 km de Tapachula, de donde partió el grupo el sábado, había sanitizado el parque central como medida preventiva para evitar contagios de COVID-19.
En torno a un centenar de efectivos de la Guardia Nacional, el ejército y el Instituto Nacional de Migración y al menos un autobús se habían desplegado por la mañana en la carretera unos kilómetros antes de Huixtla, una zona donde han sido disueltos los anteriores grupos que salieron de también de Tapachula, casi en la frontera con Guatemala, en los últimos meses.
El lunes las fuerzas de seguridad no actuaron para intentar frenar a los migrantes y se limitaron a observar el paso del grupo a cierta distancia. En todas las anteriores ocasiones este año, las caravanas han sido disueltas antes de salir de Chiapas.
En agosto algunos operativos fueron denunciados por organizaciones internacionales por el uso excesivo de la fuerza. En otras ocasiones tuvieron lugar durante la noche, deteniendo a los migrantes de los lugares públicos donde dormían.
El lunes el gobierno mexicano aseguró que se respetarían los derechos humanos. “Se va a actuar con prudencia, respetando de los derechos de las personas” y con apego a la ley, garantizó el canciller Marcelo Ebrard cuando se le preguntó al respecto en una conferencia de prensa y tras lamentar que los migrantes estén siendo alentados a caminar hacia Estados Unidos mediante engaños.
EL CAIRO (AP) — El general de mayor rango en Sudán disolvió el lunes el gobierno y anunció que el ejército dirigirá al país luego de que sus fuerzas arrestaran al primer ministro en funciones y a otros funcionarios, mientras miles de sudaneses protestaron en las calles en contra del golpe de Estado.
La toma del poder amenaza con descarrilar el largo e inestable intento de transicionar a la democracia dos años después de que manifestantes forzaron la salida del autócrata Omar al-Bashir. La medida sucedió justo antes de que el ejército debiera entregar a civiles el próximo mes el liderazgo del gobierno conjunto entre el ejército y civiles.
Después de los arrestos en la mañana de funcionarios públicos, miles de personas protestaron en las calles de la capital, Jartum, y su ciudad hermana Omdurman. Imágenes compartidas en internet parecían mostrar a manifestantes que bloquearon calles y prendieron fuego a neumáticos mientras las fuerzas de seguridad utilizaban gas lacrimógeno para dispersarlos.
La gente coreaba “El pueblo es más fuerte, más fuerte” y “¡La retirada no es una opción!” mientras el humo de los neumáticos en llamas cubría el aire. En videos compartidos en redes sociales se veían grandes grupos de personas cruzando puentes sobre el Nilo rumbo al centro de la capital.
Al menos 12 manifestantes resultaron heridos en manifestaciones, según el Comité Sudanés de Médicos, que no dio más detalles.
En la tarde, el jefe del ejército, el general Abdel-Fatá Burhan, anunció en televisión nacional que disolvería el Consejo Soberano, el órgano de transición militar y civil formado para liderar al país desde la destitución de al-Bashir. El general dijo que las diferencias entre facciones políticas llevaron al ejército a intervenir.
EL ESTOR, Guatemala (AP) — El gobierno de Guatemala impuso un estado de sitio en el municipio de El Estor, en el departamento de Izabal, al norte de la capital guatemalteca, luego de enfrentamientos registrados desde el pasado viernes entre pobladores que defienden sus territorios de megaproyectos extractivos y policías enviados por el gobierno. Entre las primeras acciones están allanamientos a casas y oficinas de la población.
El estado de sitio fue publicado el domingo en el Diario Oficial y durará 30 días a partir de que entre en vigencia este domingo y deberá ratificarse por el Congreso de la República en los próximos tres días. La presidencia dispuso también que el Ejército participe de las acciones de seguridad mientras duré el estado de sitio.
Entre los derechos constitucionales limitados están la libertad de acción, detención legal, interrogatorio a detenidos, de reunión y manifestación, la tenencia de armas y de locomoción, implantando también un toque de queda desde las 6 de la tarde a las 6 de la mañana del día siguiente.
El domingo aún se podían observar residuos de llantas quemadas y piedras amontonadas en los lugares donde ocurrieron los enfrentamientos. El mismo domingo, el Ministerio Público, acompañado de policías y militares, realizaba allanamientos en una casa y por lo menos dos oficinas comunitarias, algo permitido por el decreto fuera del horario establecido por la ley y sin que medie orden de juez competente.
La Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas denunció que se allanaban las instalaciones de la radio comunitaria Xyaab´ Tzuultaq´a y oficinas de la Defensoría Maya Q´eqchí, la organización local que defiende los territorios.
El decreto justifica la imposición del estado de sitio debido a “acciones que afectan el orden, la gobernabilidad y seguridad de los habitantes en virtud de que personas y grupos armados han realizado actos de violencia contra las fuerzas de seguridad y la libertad de locomoción de los habitantes”.
Durante dos días, miles de policías se enfrentaron con pobladores, campesinos e indígenas, lanzándoles gases lacrimógenos y reprimiéndoles violentamente, mientras se lanzaban piedras desde ambos lados, lo que dejó varios heridos.
Algunos periodistas locales denunciaron que, durante los enfrentamientos, recibieron amenazas de las fuerzas policiales para que no fueran grabados o fotografiados.
La Procuraduría de Derechos Humanos denunció el sábado que el conflicto es en torno a la consulta de pueblos indígenas sobre las operaciones de la mina Fénix, operada por la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), subsidiaria de Solway Investment Group de capital ruso y suizo, que extrae metales como níquel, y que estos pueblos no habían sido consultados para la implementación de estos megaproyectos.
La Corte de Constitucionalidad confirmó la suspensión de operaciones de la mina debido a que no se consultó a los pueblos originarios del lugar, por lo que ordenó que se realizara la consulta.
La procuraduría dijo que, desde principios de mes, pobladores realizan plantones y manifestaciones en el área para exigir que sean incluidos en el proceso de consulta ordenado por la Corte de Constitucionalidad.
QUITO (AP) — La Fiscalía General de Ecuador confirmó el jueves que abrió una indagación previa para determinar una presunta defraudación tributaria cometida por el presidente Guillermo Lasso, tras la información revelada por los Papeles de Pandora.
Esa entidad confirmó que la averiguación atiende una denuncia presentada por el excandidato presidencial de los indígenas, Yaku Pérez, con quien Lasso disputó voto a voto el paso al balotaje presidencial a inicios de este año.
La investigación previa es una fase preliminar de un proceso penal que cumple la Fiscalía como responsable de la acción penal pública y que puede tener como base hechos o denuncias de una infracción penal.
Ante el requerimiento “bajo prevención de ley” formulado esta semana por una comisión de la Asamblea para que acuda el viernes a ese organismo para declarar acerca del tema, el mandatario ratificó su decisión de no ir, tal como respondió a un primer llamado aduciendo que no “es necesario abundar en más argumentos”.
A inicios de octubre, un grupo de periodistas de investigación reveló los denominados Papeles de Pandora en los que consta información de que Lasso habría tenido vínculos con paraísos fiscales. Poco después el presidente argumentó que antes de ser candidato presidencial deshizo todas las compañías en las que tenía inversiones cumpliendo con las leyes ecuatorianas, que desde 2017 impiden a funcionarios públicos tener intereses en paraísos fiscales. Además pidió a la Contraloría General y a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea analizar sus cuentas y sus declaraciones de impuestos.
En los Papeles de Pandora consta también información de políticos, artistas y personajes internacionales con intereses en paraísos fiscales.