LIMA (AP) — El presidente peruano Martín Vizcarra disolvió el lunes el Congreso luego de un prolongado enfrentamiento con la oposición legislativa_ suceso que no ocurría en el país andino desde hace 27 años _ acusándola de impedir su cruzada anticorrupción.
Horas más tarde anunció que las nuevas elecciones legislativas se realizarán el 26 de enero de 2020.
En un breve mensaje a la nación desde el palacio presidencial, Vizcarra dijo que se le denegó de forma fáctica un voto de confianza que solicitó y por ello “decidí disolver el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República”. “Estamos haciendo historia y espero que entiendan la importancia de esta lucha, seguirán encontrando a este presidente que dará la lucha por el Perú”.
La decisión fue aclamada por cientos de ciudadanos a las afueras del palacio legislativo, pero también en las calles de las principales ciudades del país, donde los simpatizantes cargaron pancartas con leyendas como “Fuera ratas del Congreso” y “Basta de mentiras, cierre del Congreso” en protestas pacíficas. La policía montó guardia en los alrededores del palacio legislativo.
Vizcarra citó el artículo 134 de la constitución que indica que si se niega el voto de confianza a dos gabinetes de un gobierno, el presidente puede disolver el Parlamento y mantiene una comisión permanente. El Congreso ya negó un voto de confianza al gobierno durante la gestión de Pedro Pablo Kuczynski, a quien Vizcarra reemplazó tras su renuncia por acusaciones de nexos con la constructora brasileña Odebrecht.
En conformidad a la ley peruana, el presidente recibió la renuncia del primer ministro Salvador del Solar y nombró como reemplazo a Vicente Zeballos, cercano del mandatario y quien previamente ejercía el cargo de ministro de Justicia.
Las fuerzas armadas no emitieron comentarios de lo ocurrido. El Comando Conjunto de las Fuerzas armadas no respondió de inmediato a una solicitud de AP en busca de comentarios.
MONTEVIDEO (AP) — El gobierno y las empresas uruguayas están trabajando juntos y con premura para salvar la reputación de sus exportaciones, manchadas por la sombra del narcotráfico, una tarea en la que le va la vida a un país de apenas 3,4 millones de habitantes y cuya economía depende de vender a los mercados internacionales.
Dos escándalos consecutivos encendieron las luces rojas. El 25 de julio se conoció que en mayo un avión que había despegado de Uruguay aterrizó en Francia con 600 kilos de cocaína. Una semana después, se anunció que 4.500 kilos de esa droga habían sido confiscados en Hamburgo dentro de un contenedor despachado en Montevideo. El director de Aduanas renunció al día siguiente en medio del escándalo. Poco después, la cadena alemana Deutsche Welle llamó a Uruguay “nueva bisagra del narcotráfico global” e hizo sonar todas alarmas.
Desde entonces se suceden las reuniones entre autoridades, despachantes de Aduana y exportadores buscando dónde está el error y cómo solucionar el problema, en medio de un gran hermetismo.
“Lo sucedido fue una conmoción y estamos trabajando muy fuerte para mejorar rápidamente los aspectos que debemos mejorar. Ahora es momento de trabajar y no hacer muchas declaraciones”, dijo a la Associated Press el viceministro de Economía, Pablo Ferreri.
Todos asumen que el país, en el afán de agilizar su comercio y bajar los costos, descuidó controles y el narcotráfico lo comprendió.
“Somos una ruta, como hay otras. Pero es cierto que determinados controles están flaqueando o no están en los niveles que deberían”, admitió el fiscal general Jorge Díaz.
En esta materia de narcotráfico el fiscal lo ha visto todo. Cocaína en embarques de carne y de lana; 500 kilos de cocaína disimuladas en redes de pesca que eran enviadas a Vigo y 2.000 kilos embarcados en un yate que se aprestaba a viajar a Serbia.
QUITO (AP) — Varios países latinoamericanos tienen algo en común: han sido protagonistas o receptores de grandes oleadas de migrantes impulsadas por regímenes políticos autoritarios o quizá por duras crisis económicas que han puesto a los ciudadanos en la disyuntiva de buscar vida en otro lado, dejando atrás familia, amigos y unas pocas posesiones.
Aunque quizá no será la última en el continente americano, esta vez millones de venezolanos se han lanzado a otros países, los más afortunados usando medios de transporte convencionales y los menos, haciendo largas travesías a pie con un bulto en la espalda, con lo poco que se podían salvar después de años de trabajo individual o familiar.
Cuando Fabiola Arroyo llegó a Perú hace dos años, decidió seguir haciendo lo que siempre hizo, documentar a través del arte la migración de sus connacionales. De ese trabajo cotidiano, que nunca está ajeno al dolor, surgió una propuesta de arte que une a peruanos y venezolanos en su camino común hacia el exterior.
En la sala 2 del Museo de Arte Contemporáneo de Lima, se exhibe la exposición Crónicas Migrantes, que recoge el trabajo de 30 artistas de los dos países. Allí donde hay conmovedoras obras, dijo “mi historia es similar a la de millones de venezolanos. Decidí salir de Venezuela a finales de 2017, así como esta gran oleada migratoria; formo parte de ella”.
La venezolana aseguró que al percatarse de que le faltaban unos poco meses para que venciera su pasaporte tomó la decisión de irse de su país. “Si no salía para ese momento, me quedaba tres meses de vigencia y posiblemente estuviera encerrada allá”.
Y cuando dice encerrada, es literal, debido a las graves dificultades que afrontan sus compatriotas para poder salir de su patria.
“Las obras seleccionadas son muy diversas y están pensadas para poner en un diálogo desde estos discursos artísticos la experiencia de la migración venezolana y también de la migración peruana”.
Después de Colombia, con 1.4 millones de venezolanos, Perú se ha convertido en el segundo país a donde han llegado, con más de 800.000.
La muestra lo recoge con obras de video, textiles, dibujos, obras sonoras, collage, libros y fotolibros que evidencian la sensibilidad de los autores acerca de la realidad del pueblo venezolano y lo que fue el éxodo de miles de peruanos en la década de 1980, forzados por la violencia armada de la guerrilla.
De acuerdo con cifras de Naciones Unidas, alrededor de cuatro millones de venezolanos han abandonado su país en años recientes.
LIMA (AP) — El presidente peruano Martín Vizcarra afirmó el domingo que usará poderes constitucionales para cerrar al Congreso opositor en caso de que se le niegue el voto de confianza que solicitó su gobierno, el mayor conflicto entre dos poderes del Estado en lo que va del siglo XXI.
En una entrevista nocturna en la televisora local América, Vizcarra dijo que en “aplicación estricta de la Constitución” cerraría el Parlamento dirigido por el opositor partido Fuerza Popular, que el lunes buscará elegir a seis magistrados del Tribunal Constitucional en abierta oposición a la solicitud del presidente, quien el viernes presentó un proyecto de ley para afinar las reglas de elección de magistrados a través del voto de confianza, un poderoso mecanismo constitucional.
Si el Congreso prosigue con la elección de magistrados, el mandatario considerará las acciones como una negativa del voto de confianza y cerrará el Parlamento.
“Si nos niegan la confianza tendríamos que actuar según la constitución”, dijo Vizcarra.
Según la Constitución, un presidente puede cerrar el Congreso y convocar a elecciones parlamentarias en caso de que el Legislativo rechace en dos ocasiones un voto de confianza, el cual implica el respaldo al ejecutivo en un determinado proyecto de ley.
El parlamento ya negó un voto de confianza al gobierno durante la gestión de Pedro Pablo Kuczynski, a quien Vizcarra reemplazó en 2018 luego de su renuncia por acusaciones de nexos con la constructora brasileña Odebrecht.
El mandatario ha cuestionado que varios de los candidatos al Tribunal Constitucional “tienen vínculos con personajes investigados por corrupción” y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está preocupada por la falta de información sobre los criterios de selección de los candidatos. Vizcarra lanzó en julio de 2018 una cruzada anticorrupción que ha provocado el aumento del descrédito del parlamento peruano, el cual ha protegido a jueces y políticos acusados de corrupción.
La elección de seis de los siete miembros del Tribunal Constitucional es clave para el manejo del país debido a que es la máxima instancia en asuntos constitucionales y es el órgano que ha decidido en los últimos tiempos la libertad o cárcel de políticos en investigaciones de la fiscalía.
El caso más importante en la agenda del Tribunal es la excarcelación de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular y quien permanece detenida mientras se le investiga por presunto lavado de dinero de Odebrecht.
El Tribunal también decidirá pronto si un acuerdo de colaboración entre la fiscalía y Odebrecht _ que ha llevado a prisión a dos expresidentes y decenas de políticos_ también puede incluir a varios parlamentarios cuyas identidades aún se desconocen y podrían ser descubiertas en las próximas semanas, cuando se realicen los de la fiscalía anticorrupción a exgerentes de la constructora brasileña.
Vizcarra asumió el poder en marzo de 2018 y su mandato debería culminar en 2021.
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Cinco años después de la desaparición de los 43 estudiantes que se preparaban para ser maestros desde la Escuela de la Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, al sur de México, se desconoce el destino de los jóvenes y hay más dudas que certezas de lo que pasó la noche del 26 de septiembre de 2014.
Se sabe que fueron atacados y secuestrados por policías locales en un operativo criminal que involucró a varias corporaciones de seguridad y que fueron entregados después a miembros del crimen organizado, pero la versión de la anterior administración --irónicamente conocida como “verdad histórica”-- decía que esas personas llevaron a los jóvenes al basurero de la localidad de Cocula, los quemaron y echaron sus restos a un río. Sin embargo, expertos internacionales descartaron esta teoría porque no había evidencias que la sustentaran. Además, aunque quedó constatado que un trozo de hueso hallado en una bolsa era de un estudiante, no se ha podido probar cómo llegó ese resto al lugar del hallazgo.
Ahora la investigación inicia una nueva fase. Estas son algunas claves a tener en cuenta.
LAS BUSQUEDAS
La búsqueda de los normalistas técnicamente nunca se detuvo pero los padres criticaban que se hacía con total desinterés y eludiendo indicios importantes aunque se utilizaban algunas de las tecnologías más avanzadas, como drones que muestran cualquier movimiento inusual del terreno. Ahora, se dice, se organizan sin obstáculos y basándose en información tamizada y contrastada.
Según la exfiscal colombiana Ángela Buitrago, miembro del equipo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que apoya la investigación, una de las ventajas actuales es que “se está trabajando sin necesidad de esconder nada” y basándose sólo en las evidencias que aparezcan. Además se espera que ningún lugar sea bloqueado, como sí ocurrió en el pasado.
El gobierno ha informado que están en marcha distintas acciones, tanto para buscar a los jóvenes como evidencias importantes para el caso, en lugares como el basurero de Tepecuacuilco o la localidad de Huitzuco, ambos en una de las aparentes rutas utilizadas por los criminales para desaparecer a los jóvenes.
El gobierno indicó que se preparan otros operativos, algunos en áreas complicadas por la gran presencia del crimen organizado, que se llevarán a cabo cuando se pueda garantizar la seguridad de quienes participen en ellos.