MILÁN (AP) — Silvio Berlusconi, el magnate multimillonario y fanfarrón de los medios de comunicación que fue el primer ministro italiano que más tiempo estuvo en el cargo a pesar de los escándalos por sus fiestas cargadas de sexo y por varias denuncias de corrupción, falleció el lunes, informó su medio de comunicación. Tenía 86 años.

La cadena de televisión Mediaset de Berlusconi anunció su muerte con una foto sonriente del hombre en su página web y el titular: “Berlusconi ha muerto”.

Habrá un funeral de Estado el miércoles en la catedral Duomo de Milán, anunció la arquidiocesis de esa ciudad.

Berlusconi fue hospitalizado el viernes por segunda vez en meses para que recibiera tratamiento por una leucemia crónica. A lo largo de los años también padeció dolencias cardíacas, cáncer de próstata y fue hospitalizado por COVID-19 en 2020.

Berlusconi —que alguna vez fue cantante de cruceros— usó sus cadenas de televisión y su riqueza inmensa para lanzar su larga carrera política, inspirando tanto lealtad como aversión.

Para sus admiradores, el tres veces primer ministro era un estadista capaz y carismático que buscaba elevar a Italia al escenario mundial. Para sus críticos, era un populista que amenazaba con socavar la democracia ejerciendo el poder político como una herramienta para enriquecerse a sí mismo y a sus negocios.

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CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Varios cientos de manifestantes salieron el jueves a marchar en el centro de la capital mexicana en rechazo a la violencia que se ha recrudecido en el estado sureño de Chiapas, donde a inicios de mes fueron asesinados siete indígenas desplazados.

Levantando pancartas en las que se leía “alto a la guerra contra los pueblos zapatistas” y bajo la consigna “Chiapas no es cuartel, fuera el Ejército de él”, varios cientos de integrantes de organizaciones civiles e indígenas se movilizaron por el céntrico Paseo de la Reforma, rumbo al la plaza del Zócalo capitalino, para exigir al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que tome acciones para contener la violencia en ese estado fronterizo con Guatemala.

Algunos de los hechos de violencia se han registrado en zonas en las que tiene presencia la guerrilla del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) -alzada en armas hace casi 30 años- que cuenta con un fuerte respaldo popular, y donde también operan paramilitares y otros grupos delictivos dedicados al tráfico de drogas y de personas.

Desde su silla de ruedas, Dulce García, una activista de 48 años, exigió justicia para los habitantes de Chiapas y denunció que los “hermanos zapatistas están en un altísimo riesgo”.

García atribuyó la violencia en el estado fronterizo a grupos paramilitares y narcotraficantes que aseguró tienen “intereses económicos en toda esa zona”.

El 2 de junio fueron asesinados siete indígenas en el poblado de Polhó, en las montañas de Chiapas, por un grupo armado.

Hasta la fecha las autoridades no han informado sobre quiénes ejecutaron el ataque a los indígenas que desde el año pasado se habían desplazado a Polhó. Huían de la violencia en Santa Martha, una comunidad del municipio de Chenalhó donde en octubre pasado las viviendas de muchas familias fueron quemadas, aparentemente, por un grupo de los considerados “autodefensas”.

Chenalhó está enfrentado desde hace años con la vecina localidad de Aldama por un conflicto de tierras y aunque el gobierno federal y estatal han intentado establecer acuerdos de paz entre las partes involucradas, los hechos de violencia persisten.

A finales de mayo se registraron choques entre militares y pobladores del municipio de Frontera Comalapa, en Chiapas, en medio de unos operativos que estaban realizando los uniformados para combatir a cárteles del narcotráfico que mantienen disputas territoriales en esa región.

QUITO (AP) — Cuatro abogados fueron retenidos en un nuevo amotinamiento de presos en una cárcel de Ecuador, que terminó el jueves a media tarde con la intervención de la policía para liberar a los defensores que visitaban a clientes en el centro penitenciario del norte de Quito.

Los 64 presos relacionados con el levantamiento exigían el traslado a otra cárcel aduciendo amenazas de grupos rivales. Los enfrentamientos entre privados de libertad han sido recurrentes en el país sudamericano en los últimos tres años, dejando entre 2021 y 2022 un total de 446 reclusos muertos.

Ante el episodio del jueves en la cárcel de El Inca, ubicado en la capital en medio de barrios residenciales, se desplegó un fuerte contingente policial para someter a los internos que lograron salir del pabellón donde se encontraban, confirmó a la prensa el subcomandante de la policía del distrito, coronel Juan Orquera.

Durante dos horas, grupos tácticos de la policía intervinieron con bombas lacrimógenas, “munición no letal y agentes químicos”, según el jefe policial, que permitieron retomar el control y “recuperar” a los aprehendidos. Los cuatro abogados fueron liberados y no presentaban afectación a su salud.

Tampoco se registraron víctimas o heridos.

El sistema penitenciario ecuatoriano enfrenta una crisis desde 2019, debido a violentos enfrentamientos que las autoridades atribuyen a disputas de poder entre grupos de delincuencia organizada. En febrero de 2021, 79 reos fueron asesinados en dos centros carcelarios de Guayaquil y en Latacunga. Fue la primera gran masacre en el sistema carcelario.

El amotinamiento con más víctimas se produjo en septiembre de ese año en la Penitenciaría del Litoral de Guayaquil, la más grande del país, cuando 119 internos fueron asesinados por enfrentamientos con otros reos. Dos meses después, 68 presos murieron en la misa cárcel.

El último motín con víctimas se produjo en abril pasado, también en la Penitenciaría del Litoral, dejando 12 reclusos fallecidos.

PIURA, Perú (AP) — Echada en la cama de una cabaña de caña, en uno de los pueblos más pobres de la costa del Pacífico, María Galán cierra los ojos y mira el techo de zinc mientras se estremece por el dolor que siente en los huesos durante la mayor epidemia de dengue registrada en la historia de Perú.

La mujer de 47 años ha tenido fiebre por siete días, mareos y dolor estomacal. “Cuando camino me quieren venir los vómitos”, dijo con un hilo de voz el ama de casa, una de los más de 129.000 contagiados de la enfermedad transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti, cifra que convierte al país en el segundo con más casos en las Américas después de Brasil, según datos de la Organización Panamericana de la Salud.

La cifras oficiales en lo que va del año -129.634 casos y 191 muertos- ha superado el más reciente pico histórico de 2017 cuando las autoridades registraron 67.280 casos y 89 decesos, de acuerdo con el Ministerio de Salud peruano. En Piura, ubicada a 861 kilómetros al norte de Lima, se han detectado casi un tercio de los casos de todo el país. Hace un mes se declaró la emergencia sanitaria en el país para movilizar recursos.

Galán no acudió al hospital porque ha visto en la televisión las filas de enfermos que esperan atención y porque desconfía de los servicios sanitarios debido a que durante la pandemia de COVID-19 su madre murió en un hospital y le avisaron horas después. Tampoco puede ir a un consultorio privado porque el dinero que gana vendiendo una bebida fermentada de maíz de la época de los Incas alcanza apenas los 100 dólares mensuales. Su única opción, confesó, es tomar paracetamol, beber agua de arroz tostado e infusiones de manzanilla.

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