BOGOTÁ (AP) — El presidente colombiano, Gustavo Petro, decidió hacer tres cambios en su gabinete el lunes cuando intenta impulsar reformas sociales ambiciosas. Entre los que salen se encuentra el ministro Alejandro Gaviria, uno de los más fuertes críticos de la reforma a la salud que el Congreso se alista para debatir.El mandatario agradeció los servicios prestados durante seis meses de gestión a Gaviria, quien dirigía la cartera de Educación, a María Isabel Urrutia, como ministra del Deporte, y a Patricia Ariza, en el ministerio de Cultura.
“Con sus aportes, han contribuido a enriquecer el debate y a iniciar los cambios por los que votó el país”, dijo Petro en una alocución presidencial acompañado del resto de su gabinete. Y añadió: “Los invito a que desde el lugar donde estén nos ayuden a construir este pacto social”.
Se trata del primer cambio de ministros que hace Petro desde que asumió el poder en agosto de 2022 como el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia.
Petro designó a la socióloga Aurora Vergara Figueroa, actualmente viceministra de Educación Superior, para dirigir el ministerio de Educación; a la licenciada en Educación Física Astrid Bibiana Rodríguez para liderar el ministerio del Deporte y al maestro de músicos Ignacio Zorro como ministro encargado de Cultura.
Antes de anunciar los cambios en los ministerios, el mandatario defendió las reformas a la salud, el sistema laboral y de pensiones y aseguró que su gobierno “no va a renunciar” a mejorar la salud y dar “condiciones laborales justas” para todos los colombianos.
STECCATO DI CUTRO, Italia (AP) — La cifra de muertos por un naufragio de migrantes frente al sur de Italia aumentó a por lo menos 63 personas luego de que los rescatistas hallaron varios cuerpos más el lunes, en una nueva tragedia derivada de los peligrosos trayectos en bote de personas que intentan llegar a Europa. Se cree que hay decenas de desaparecidos.Por lo menos ocho de los muertos eran niños que perecieron tras romperse el domingo una embarcación de madera en medio de un mar tormentoso cerca de la costa calabresa. Ochenta personas sobrevivieron.
“Muchos de ellos no sabían nadar y vieron a personas desaparecer en las olas; los vieron morir”, comentó Giovanna Di Benedetto, vocera de la ONG Save The Children.
Se temía que hubiera más muertos, ya que, según los sobrevivientes, la embarcación, que zarpó de Turquía la semana pasada, transportaba a unas 170 personas.
La televisión estatal reportó que la policía dijo el lunes por la noche que se habían recuperado dos cadáveres más, pero unas horas más tarde el centro de coordinación de rescates dijo que sólo se había recuperado un cadáver por la tarde. No hubo explicación de momento sobre la discrepancia.
Las autoridades de la ciudad sureña de Crotona pidieron a los familiares proporcionar descripciones y fotografías de sus seres queridos para ayudarles a identificar a los muertos en una morgue improvisada instalada en un estadio deportivo.
QUITO (AP) — El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, dijo el domingo que defenderá la estabilidad democrática del país y aseguró que no permitirá que vuelva a caer en la anarquía, en respuesta a las advertencias del principal movimiento indígena que convocó a una movilización y abandonó las mesas de diálogo instaladas ocho meses atrás.Durante una ceremonia militar que representó su primer acto público en la capital desde que fue operado por una fractura de su peroné izquierdo, el jefe de Estado formuló un discurso marcado por la defensa a la estabilidad institucional.
“Mi gobierno jamás permitirá que el Ecuador descienda una vez más por la espiral de la anarquía”, señaló Lasso, al tiempo en que llamó a la ciudadanía y a todos los sectores civiles y militares a defender la paz de la nación andina.
Su mensaje lo dirigió a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) —la mayor organización de su tipo en el país— que resolvió el viernes romper las mesas de diálogo conjuntas instaladas en junio de 2022 como condición para poner fin a una violenta paralización de 18 días que dejó pérdidas millonarias y al menos cinco muertos y varios heridos, según las autoridades.
Fue la peor crisis que enfrentó el gobernante que asumió su gestión en mayo del 2021.
El líder de la organización indígena y uno de los opositores más visibles, Leonidas Iza, aseguró que “no ha existido voluntad política del gobierno” para el cumplimiento de los acuerdos en torno a las exigencias planteadas durante la paralización. Entre los temas de conversación conjuntos se encontraban la focalización del costo de los combustibles, la condonación de créditos productivos, la suspensión de entrega de licencias mineras y de presupuesto para salud y educación, entre otros.
La CONAIE resolvió, además, convocar a una gran movilización para finales de marzo y solicitó el enjuiciamiento político del presidente en la Asamblea Nacional, según dijo, “por su incapacidad para gobernar y resolver los problemas más sentidos de los ecuatorianos”.
El dirigente llamó a las denominadas “guardias comunitarias” a permanecer alertas para la defensa de sus territorios ante el avance de la actividad minera. El gobierno ha desmentido al dirigente y asegura que el 90% de los acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo se han cumplido.
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Cada mes, Antón Martínez reserva 200 dólares de su salario como lavaplatos en Estados Unidos para enviárselos a su madre en Nicaragua.Martínez, de 38 años, desearía que fuera más, pero todavía está tratando de encontrar un lugar en su nuevo país y pagar la deuda de sus trámites de migración.
Su contribución mensual a la familia fue parte de un aumento del 50% en las remesas a Nicaragua en 2022, un salto masivo que los analistas atribuyen a los miles de nicaragüenses que emigraron a Estados Unidos en los últimos dos años.
Esa migración ha ocurrido a medida que el gobierno de Daniel Ortega ha intensificado la represión de las voces de la oposición desde principios de 2021. Además, la alta inflación mundial golpea el poder adquisitivo de las familias y las oportunidades de empleo siguen siendo limitadas en el país centroamericano.
Esta oleada de migrantes nicaragüenses a Estados Unidos fue en parte la razón por la que el gobierno de Joe Biden anunció en enero que comenzaría a rechazarlos en la frontera, si no se registraban primero en línea para hacer peticiones de asilo. Desde entonces, su número ha descendido vertiginosamente.
Pero Martínez, que llegó a finales de 2021, y otros que ya están allí mantienen a flote la economía de Nicaragua con los más de 3.200 millones de dólares que enviaron a su país el año pasado.
Este enorme incremento “sólo puede explicarse por el aumento desproporcionado de los emigrantes”, dijo a The Associated Press el economista nicaragüense Enrique Sáenz.
La emigración “se ha convertido en la principal política macroeconómica (de Ortega) y en su principal política social”, añadió.
BOGOTÁ (AP) — El gobierno colombiano exhortó el jueves a la Corte Penal Internacional a que actúe frente a las “violaciones” del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua luego de que despojara de su nacionalidad a más de 300 de sus opositores, indicó la Cancillería en un comunicado.“El autoritarismo que se ha impuesto en la hermana república ha infringido normas… Al señor Fiscal de la Corte se le pide tomar cartas en tan alarmante asunto”, apelaba el mensaje por escrito de la Cancillería, aludiendo a que esas reglas son “imperantes, inderogables, absolutas, perentorias, inmutables en esencia” y “precisamente aquellas de cuyas violaciones debe conocer la Corte Penal Internacional”.
Colombia recalcó que “rechaza los dictatoriales procederes” de Ortega tras haber “exiliado de manera sorpresiva e inhumana a conciudadanos” y les ofreció la nacionalidad colombiana a quienes la deseen, uniéndose a países como Chile y México. La víspera, el escritor Sergio Ramírez Mercado, exvicepresidente de Nicaragua en la década de 1980, aceptó la nacionalidad colombiana. El jueves la también escritora Gioconda Belli aceptó la chilena.
Colombia hace el pedido al fiscal pese a que Nicaragua no ha ratificado el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, un órgano judicial que encausa graves crímenes del Derecho internacional.
El gobierno de Ortega excarceló, desterró y luego envió a Estados Unidos a 222 personas, entre ellas, líderes políticos, sacerdotes, estudiantes y activistas, y días después declaró “traidores a la patria” a otros 94 opositores a quienes les quitó la nacionalidad y ordenó confiscarles sus bienes inmuebles.
“Esta aberración jurídica va contra los principios que norman la vida de las naciones y los derechos humanos”, agregó Ecuador en un comunicado el 17 de febrero.
El gobierno del chileno Gabriel Boric también fue contundente con su rechazo al accionar de Ortega a través de un pronunciamiento en la prensa de su canciller Antonia Urrejola: “Cada día más se trata de una dictadura totalitaria”.
Desde México, el presidente Andrés Manuel López Obrador mantuvo cautela al hablar de la situación de Nicaragua, pero expresó que “la nacionalidad no se puede perder por decreto” y ofreció asilo o nacionalidad a los nicaragüenses que la perdieron.