PARÍS (AP) — La operadora nacional francesa de ferrocarril recomendó a los pasajeros que se quedaran en casa el martes para evitar las huelgas contra la reforma de las pensiones, que se esperaba causaran fuertes complicaciones en los transportes, aunque las conexiones de alta velocidad con Gran Bretaña, Bélgica y Holanda apenas se verían afectadas.Los sindicatos que movilizaron protestas masivas en una primera ronda de acciones nacionales este mes esperaban tener un éxito similar el martes para mantener la presión sobre los planes del gobierno de subir la edad de jubilación.
Las posiciones se enconaban en ambas partes mientras los legisladores iniciaban el debate sobre la propuesta. La primera ministra de Francia, Elisabeth Borne, insistió este fin de semana en que la intención de su gobierno de subir la edad de jubilación de los 62 a los 64 años “ya no es negociable”. La oposición en el parlamento y los líderes sindicales estaban decididos a demostrar lo contrario.
La operadora ferroviaria SNCF advirtió de graves interrupciones en la red desde el lunes por la noche al miércoles por la mañana y recomendó a los pasajeros que cancelaran o aplazaran desplazamientos y trabajaran a distancia si era posible.
PESHAWAR, Pakistán (AP) — Al menos 28 personas murieron y 150 resultaron heridas, la mayoría policías, en un ataque suicida el lunes en una mezquita en la ciudad de Peshawar, en el noroeste de Pakistán, según las autoridades.El ataque provocó condenas en todo el país de partidos de oposición y funcionarios del gobeirno. Se temía que la cifra de muertos siguiera subiendo, indicó Ghulam Ali, gobernador de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, que tiene a Peshawar como capital.
La mayoría de las víctimas eran agentes o trabajadores de la policía, ya que el templo atacado se encontraba dentro de un amplio complejo que servía de sede de la policía local. En el momento del ataque había entre 300 y 350 personas en la mezquita, según las autoridades.
Nadie reclamó de inmediato la autoría del ataque en Peshawar, indicó Saddique Khan, un oficial de policía en Peshawar que dio la última cifra de víctimas. Las sospechas en ataques de esa clase suelen recaer en el Talibán paquistaní, que ha cometido ataques parecidos con bombas en el pasado.
El complejo policial se encuentra en una zona de alta seguridad en la ciudad, al igual que varios edificios del gobierno, y no estaba claro cómo había conseguido el atacante adentrarse tanto en el recinto.
LIMA (AP) — El centro de Lima volvió a ser el jueves epicentro de protestas de cientos de manifestantes y una organización defensora de los derechos humanos calificó de “brutalidad sin precedentes” la reacción del gobierno de Dina Boluarte para contener el clamor de los ciudadanos que exigen su renuncia y la de los miembros del Parlamento.La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, un colectivo de instituciones civiles, aseguró el jueves en un informe que la contundencia con la que ha respondido el gobierno a las movilizaciones no se ha visto “en la historia de la democracia en el país, en el presente siglo”.
Las recientes movilizaciones antigubernamentales han dejado 56 muertos a la fecha, según la cifra oficial más reciente. Además de la renuncia de Boluarte y el cierre del Congreso, los inconformes también exigen la realizacion adelantada de comicios.
En una conferencia de prensa, Mar Pérez, investigadora de la ong, indicó por la mañana que nunca en Perú “hemos vivido niveles de represión como los que estamos viviendo en estos momentos”. El país retornó a la democracia en el año 2000 al finalizar el gobierno de mano dura de Alberto Fujimori (1990-2000).
A la denuncia de la ong de la mañana le sobrevino una nueva jornada de confrontación entre manifestantes y las fuerzas del orden en Lima.
La policía lidiaba por la tarde con al menos tres grupos conformados por cientos de manifestantes con intenciones de acercarse al Parlamento desde diferentes partes del centro histórico. El grupo más lejano estaba a casi 20 cuadras del Congreso y el más cercano a 12, pero fueron repelidos con decenas de bombas lacrimógenas, atestiguaron periodistas de The Associated Press.
BOGOTÁ (AP) — El temido ex jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, declaraba el jueves ante la Jurisdicción Especial para la Paz colombiana en la que sería su última oportunidad para intentar ser admitido en el tribunal y recibir sanciones que no incluyen cárcel a cambio de hablar detalladamente sobre su participación en el conflicto armado interno.“Supervivientes y víctimas, desde mi más esencial intimidad, quiero declararles solemnemente que me siento profunda y sinceramente arrepentido por todo el dolor causado a cada uno de ustedes”, dijo Tovar Pupo en una audiencia pública realizada en Ibagué, al centro del país, ciudad donde permanece en la cárcel.
Tovar Pupo fue uno de los más temidos paramilitares en Colombia como jefe del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un grupo armado que luchaba contra guerrilleros de izquierda.
En 2006, Tovar Pupo depuso las armas como parte de un acuerdo entre el Estado y las AUC. Dos años después fue extraditado a Estados Unidos donde cumplió una condena de 12 años en una prisión por tráfico de drogas y en el 2020 fue deportado a Colombia para que respondiera por decenas de crímenes que incluyen masacres.
Los exparamilitares no suelen ingresar a la Jurisdicción Especial para la Paz, porque luego de desmovilizarse tuvieron su propio sistema de justicia y fueron juzgados. La JEP nació tras la firma del proceso de paz en 2016 entre el Estado y la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) para juzgar los delitos de lesa humanidad y de guerra cometidos en cinco décadas de confrontaciones.
Sin embargo, en el caso de Tovar Pupo, existe la posibilidad de que ingrese bajo la figura de “tercero civil” si prueba que como ex comandante paramilitar estuvo “incorporado a la fuerza pública para poner el grupo armado al servicio del Estado”, detalló el Tribunal en un comunicado.
La audiencia se extenderá hasta el viernes. Luego, una sala del tribunal contrastará la información suministrada por Tovar Pupo y decidirá si acepta o no su ingreso a la JEP.
La Comisión de la Verdad, entidad extrajudicial encargada de esclarecer los hechos ocurridos durante el conflicto, concluyó que los paramilitares fueron responsables de más de 205.000 homicidios, 63.000 víctimas de desaparición forzada y 9.500 secuestros.
PANAMÁ (AP) — Estados Unidos implicó el miércoles al expresidente panameño Ricardo Martinelli en actos de corrupción “significativa” al señalar que aceptó sobornos a cambio de contratos para proyectos durante su gobierno, el mismo día que dos hijos del exmandatario regresaron al país luego de cumplir una condena en Nueva York por lavar millones de dólares en coimas de la constructora brasileña Odebrecht.Debido a ese señalamiento, el exlíder panameño de 70 años y que aspira a presentarse nuevamente como candidato presidencial en los comicios generales de mayo del 2024, y familiares inmediatos no podrán entrar en los Estados Unidos, de acuerdo con una comunicado del secretario norteamericano de Estado, Antony Blinken, difundida por la embajada estadounidense en Panamá.
“Aceptar sobornos a cambio de contratos para proyectos de gobierno socava la integridad de las instituciones democráticas de Panamá y alimenta las percepciones de corrupción e impunidad”, indicó Blinken.
Aunque no lo menciona, el gobierno estadounidense se estaría refiriendo al escándalo de los multimillonarios sobornos pagados por Odebrecht en Panamá durante la administración de Martinelli, quien gobernó entre 2009 y 2014. La trama de los sobornos también salpicó a políticos y empresarios de 12 países de América Latina y África.