El presidente Joe Biden ordenó el martes al Departamento de Justicia que ponga fin al uso de prisiones privadas y reconozca el papel central que el gobierno ha desempeñado en la aplicación de políticas de vivienda discriminatorias.

 

En declaraciones vertidas antes de firmar la orden, Biden dijo que el gobierno estadounidense debe cambiar “su enfoque general” hacia el tema de la igualdad racial. Añadió que el país es menos seguro y menos próspero debido al racismo sistémico.

 

“Debemos cambiar ahora”, señaló el mandatario. “Sé que tomará tiempo, pero sé que podemos lograrlo. Y creo firmemente que la nación está lista para el cambio. Pero el gobierno debe cambiar también”.

 

Biden fue elegido presidente en un periodo en el que el país realizó un profundo examen de conciencia sobre el racismo institucionalizado. Las medidas anunciadas el martes reflejan su empeño en cumplir sus promesas de campaña de combatir la injusticia racial.

 

Además de pedirle al Departamento de Justicia que deje de usar cárceles privadas y que aborde la discriminación en vivienda, las nuevas medidas buscan afianzar el compromiso del gobierno para respetar la autonomía de las tribus y repudiar la discriminación que se ha generado contra las comunidades asiático-estadounidense y de las islas del Pacífico a raíz de la pandemia del coronavirus.

 

Biden además instruyó al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD por sus siglas en inglés) que tome medidas para promover una política de vivienda más equitativa. En un memorando le pide al departamento que evalúe los efectos de las acciones regulatorias de Trump que puedan haber socavado las políticas y leyes de vivienda justa.

 

Meses antes de las elecciones de noviembre, el gobierno de Trump retiró una regla implementada bajo la presidencia de Barack Obama que exigía a las comunidades que querían recibir fondos del HUD que documentaran e informaran patrones de discriminación racial.

 

La orden de cesar la práctica de privatizar el manejo de las prisiones contiene instrucciones al secretario de Justicia de no renovar los contratos firmados con empresas privadas para ese fin. La medida devolverá al Departamento de Justicia a la misma postura que tenía al final del gobierno de Obama.

 

“Este es el primer paso hacia impedir que las corporaciones lucren en base al encarcelamiento de personas”, dijo Biden.

 

Los más de 14.000 reclusos federales que se encuentran en instalaciones operadas de manera privada representan una fracción de los cerca de 152.000 reclusos federales que están tras las rejas.

 

La Agencia Federal de Prisiones ya había optado por no renovar algunos contratos con prisiones privadas en los últimos meses a medida que el número de reclusos disminuía y miles fueron liberados a un arresto domiciliario debido a la pandemia de coronavirus.