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CHICAGO (AP) — Una mujer en estado de shock se acercó a Greg Ring en medio del caos por el tiroteo en un desfile del Día de la Independencia y le entregó un niño de 2 años cubierto de sangre.Ring acababa de huir de la escena en Highland Park con su esposa y sus tres hijos a una zona detrás de un popular restaurante de panqueques.
“Nos miramos a los ojos y no dijimos nada... Extendí los brazos y ella me lo dio”, dijo Ring el miércoles, al describir el intercambio con la mujer que no conocía y quien luego se acostó frente a su auto, en estado de shock.
El niño señaló en dirección a la ruta del desfile, diciendo: “Mami, Papi, Mami, Papi”.
El deseo de Ring de ayudar al pequeño lo llevó de regreso a la escena. Puso la cara del niño en su pecho para que no viera la masacre. Pero Ring rápidamente se dio cuenta de que era demasiado peligroso.
“¡Tirador activo! ¡Agáchate!”, gritó un policía. Ring volvió a huir.
Él y su familia subieron a su automóvil y llevaron al niño a una estación de bomberos de Highland Park. “Tengo un niño. No es nuestro”, le dijo al personal del departamento, que le pidió que se quedara con el pequeño mientras las autoridades buscaban al agresor y ayudaban a los heridos.
AUSTIN, Texas, EE.UU. (AP) — Un policía armado con un fusil observó al responsable de la masacre en la primaria de Uvalde caminar hacia la escuela pero no abrió fuego a la espera de que se lo autorizara un supervisor, según una amplia evaluación difundida el miércoles sobre la respuesta táctica a la tragedia de mayo en esa localidad de Texas.Algunas de las 21 víctimas en la Escuela Primaria Robb —19 de las cuales eran niños— “podrían haberse salvado” el 24 de mayo de haber recibido atención médica inmediata, pero la policía aguardó más de una hora para irrumpir en el aula de cuarto grado, de acuerdo con un análisis que hizo un centro de adiestramiento de la Universidad Estatal de Texas para situaciones con un atacante armado activo.
El informe constituye otra evaluación condenatoria de cómo la policía no actuó en diversas oportunidades que podrían haber salvado vidas en la masacre a tiros más cruenta en una escuela de Estados Unidos desde la perpetrada en la Escuela Primaria Sandy Hook en 2012.
“Un policía sensato habría considerado esta una situación activa y preparado un plan para enfrentar al sospechoso”, se dijo en el documento publicado por el programa de Entrenamiento Avanzado de Respuesta Policial Rápida, perteneciente a la universidad.
Los autores del informe de 26 páginas dijeron haber basado sus conclusiones en videos tomados de la escuela y de las cámaras corporales de los agentes, en los testimonios de policías en el lugar y en declaraciones de los investigadores. Estas son algunas de sus conclusiones:
— Al parecer ninguno de los policías que aguardaban en el pasillo durante la crisis verificó si la puerta del aula estaba cerrada con llave. El jefe de la agencia policial del estado de Texas también culpó a los agentes en el lugar de no haber revisado las puertas.
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NUEVA ORLEANS (AP) — Defensores de los inmigrantes se dirigen a una corte federal de apelaciones en Nueva Orleans para tratar de salvar una disposición de la presidencia de Barack Obama que impide la deportación de miles de personas traídas a Estados Unidos cuando eran niños.Un juez federal en Texas sentenció el año pasado que la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, (DACA por sus siglas en inglés) era ilegal, pero aceptó que la disposición siguiera vigente en su forma actual para los que ya se beneficiaban de ella durante las apelaciones.
Los partidarios de DACA planeaban una vigilia por la madrugada antes de que se presentaran los alegatos en la Corte de Apelaciones del 5to Circuito.
El Departamento de Justicia defiende el programa juntamente con el estado de Nueva Jersey, organizaciones como el Fondo México-Estadounidense para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF) y una coalición de grandes empresas —Amazon, Apple, Google y Microsoft, entre otras— según las cuales los beneficiarios de DACA son “empleados, consumidores y creadores de empleos”.
Texas, el demandante principal juntamente con otros ocho estados de tendencia republicana, alega que se aprobó el DACA sin pasar por los debidos canales legales y administrativos, y que la permanencia ilegal de inmigrantes en el país los perjudica económicamente.
“DACA impone clásicos perjuicios al bolsillo de los estados a través del costo de los servicios sociales, la salud pública y la educación”, sostuvieron los abogados de Texas en un acta, según la cual el estado gasta decenas de millones de dólares en servicios médicos para los inmigrantes que se encuentran ilegalmente en el país.
Los defensores de DACA sostienen que el estado no ha demostrado que el fin del programa no traería una reducción de esos costos. Dicen que Texas debilitó su argumento de perjuicio financiero al esperar seis años antes de cuestionar el programa. Además, sostienen que los beneficiarios de DACA reducen los costos de Texas porque muchos de ellos tienen empleos con beneficios de salud y muchos son propietarios de viviendas cuyos impuestos sobre la propiedad sostienen las escuelas.
DACA ha enfrentado numerosos juicios desde que el entonces presidente Obama lo creó por decreto en 2012. Su sucesor Donald Trump trató de eliminarlo, pero la Corte Suprema sentenció que no lo había hecho debidamente, lo devolvió a la vida y permitió nuevas demandas, como la de Texas.
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La foto de Aiden McCarthy se compartió en todas las redes sociales del área metropolitana de Chicago durante las horas posteriores al tiroteo en el desfile del 4 de julio en Highland Park, acompañada de peticiones para ayudar a identificar al niño de 2 años que había sido localizado en el lugar ensangrentado y solo, así como para reunirlo con su familia.El martes, amigos y autoridades confirmaron que los padres del niño: Kevin McCarthy, de 37 años, e Irina McCarthy, de 35, se encontraban entre las siete personas asesinadas.
“A los 2 años, Aiden se queda en una situación inconcebible: crecer sin sus padres”, escribió Irina Colon en una cuenta de GoFundMe que creó para la familia y para Aiden, quien se reunió con sus abuelos el lunes por la noche.
Amigos de los McCarthy dijeron que los padres de Irina cuidarían del niño de ahora en adelante.
Otras cuatro personas que murieron fueron identificadas el martes como Katherine Goldstein, de 64 años; Jacquelyn Sundheim, de 63; Stephen Straus, de 88; y Nicolás Toledo Zaragoza, de 78. Todas las víctimas eran de Highland Park, excepto Toledo, quien estaba visitando a su familia en la ciudad desde Morelos, México.
Las autoridades aún no han identificado a la séptima víctima.
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LOS ÁNGELES (AP) — Un extenso centro de detención operado por una empresa privada en Adelanto, un poblado del desierto de California, tiene la capacidad de albergar a casi 2.000 inmigrantes que enfrenten la posibilidad de ser deportados. Pero estos días luce casi vacío.La instalación de Adelanto es un ejemplo extremo de cómo los pagos mínimos garantizados a los que recurre el gobierno de Estados Unidos en contratos con empresas privadas para albergar a inmigrantes detenidos pueden tener desventajas financieras. En esos contratos, el gobierno se compromete a pagar por una cierta cantidad de camas, ya sea que se usen o no.
El gobierno paga por al menos 1.455 camas al día en Adelanto, pero en lo que va del año fiscal reporta una población diaria promedio de 49 detenidos. Los defensores de los inmigrantes dicen que en las instalaciones de esa localidad hay actualmente unas dos docenas de personas porque las autoridades no pueden traer a más inmigrantes debido a un fallo de un juez federal en 2020 relacionado con la pandemia del COVID-19.
El gobierno de Estados Unidos paga con el fin de garantizar que 30.000 camas estén disponibles para inmigrantes detenidos en cuatro docenas de instalaciones en todo el país, pero en lo que va del año fiscal sólo se han ocupado aproximadamente la mitad, en promedio, de acuerdo con datos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). En los últimos dos años, los centros de detención de inmigrantes en el país han sido subutilizados debido a que las autoridades se vieron obligadas a dar más espacio a los detenidos para limitar la propagación del COVID-19, a veces por orden judicial, como en el caso de Adelanto.
“El gobierno todavía les está pagando para mantener abiertas las instalaciones”, dijo Lizbeth Abeln, directora de defensa contra la deportación de la Coalición Justicia Para Inmigrantes, en el sur de California. “Es realmente preocupante que todavía les paguen por todas las camas cada día. Está vacío”.