WASHINGTON (AP) — El Departamento de Justicia de Estados Unidos revirtió el martes su propia opinión legal y señaló que permitirá que los reclusos federales que fueron colocados en confinamiento domiciliario durante la pandemia de coronavirus permanezcan fuera de prisión.El secretario de Justicia Merrick Garland anunció la medida después de meses de presión sobre el presidente Joe Biden de parte de grupos de justicia penal, legisladores y otros activistas. En los últimos días del gobierno de Donald Trump, el Departamento de Justicia señaló que los reclusos enviados a prisión domiciliaria tendrían que volver a la cárcel al concluir el periodo de emergencia que fue declarado durante la pandemia. Casi 3.000 reclusos habrían sido enviados de regreso a la cárcel.
La Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia señaló el martes que no se “alejó a la ligera de nuestros precedentes y le hemos dado a las posturas expresadas en nuestra opinión previa una cuidadosa y respetuosa consideración”.
La oficina llegó a la conclusión de que las autoridades preexistentes de la Oficina de Prisiones (BOP por sus siglas en inglés) “no requieren que los reclusos en confinamiento domiciliario extendido sean enviados de regreso de forma multitudinaria a las instalaciones correccionales una vez que finalice el periodo de emergencia”.
Los confinamientos domiciliarios originales se autorizaron en virtud de la ley CARES que firmó Trump en marzo de 2020. A medida que el virus se propagaba, el entonces secretario de Justicia William Barr instruyó a las prisiones federales incrementar el uso de confinamiento domiciliario y acelerar la liberación de reclusos en alto riesgo de infección que cumplieran ciertos requisitos a medida que aumentaban los casos de coronavirus, particularmente en ambientes de detención. Se les dio prioridad a aquellos en prisiones de seguridad baja e intermedia en donde el virus se propagaba con mayor velocidad.
AUSTIN, Texas, EE.UU. (AP) — Dar indultos es una tradición de fin de año para el gobernador de Texas, Greg Abbott, quien cada Navidad los otorga a un puñado de ciudadanos comunes, generalmente por delitos menores cometidos hace años o décadas.Pero un nombre destaca en su escritorio: George Floyd.
Abbott no ha dicho si perdonará póstumamente a Floyd este año por un arresto por drogas en 2004 en Houston por un expolicía en cuyo trabajo ya no confían los fiscales. La junta de libertad condicional de Texas, repleta de personas designadas por Abbott, recomendó unánimemente un perdón para Floyd en octubre.
Desde entonces, el gobernador republicano —quien lleva dos mandatos y buscará la reelección en 2022— no ha dado indicios de si otorgará el segundo indulto póstumo en la historia de Texas. Floyd, quien era negro, pasó gran parte de su vida en Houston antes de mudarse a Minnesota, donde su muerte tras ser detenido el año pasado generó protestas sobre la violencia racial en Estados Unidos.
“No importa quién creas que era George Floyd”, dijo Allison Mathis, defensora pública de Houston que presentó la solicitud de indulto de Floyd. “Lo que importa es que él no hizo esto. Es importante que el gobernador corrija el registro para demostrar que él no hizo esto”.
Una portavoz de Abbott no respondió a las solicitudes de comentarios.
Los indultos restablecen los derechos de los condenados y los perdonan a los ojos de la ley. La familia y los partidarios de Floyd dijeron que un perdón póstumo para él en Texas demostraría un compromiso con la rendición de cuentas.
En febrero de 2004, Floyd fue arrestado en Houston por vender 10 dólares de crack en una operación policial. Se declaró culpable de un cargo de drogas y cumplió 10 meses de prisión.
Abbott tiene varios contendientes de extrema derecha y su silencio sobre un posible perdón para Floyd ha planteado dudas a Mathis y otros sobre si hay cálculos políticos en juego.
El gobernador asistió al servicio conmemorativo de Floyd el año pasado en Houston, donde se reunió con la familia y planteó la idea de una “Ley George Floyd” que apuntaría a la brutalidad policial. Pero Abbott nunca apoyó públicamente una medida de este tipo meses después, cuando los legisladores regresaron al Capitolio, donde los republicanos dieron prioridad a la financiación policial.
WASHINGTON (AP) — El senador demócrata Joe Manchin declaró el domingo que no puede respaldar el proyecto social y ambiental de 2 billones de dólares de su partido, asestando un golpe posiblemente letal a la principal iniciativa interna del presidente Joe Biden de cara a un año electoral y en un momento en que el estrecho control demócrata en el Congreso ya está en riesgo.En declaraciones al programa “Fox News Sunday”, Manchin dijo que, luego de cinco meses y medio de negociaciones entre los demócratas en las que él fue el principal obstáculo de su partido para la aprobación, “no puedo votar para seguir adelante con este proyecto de ley. Simplemente no puedo. He intentado todo lo humanamente posible”.
Las palabras del senador por Virginia Occidental parecieron abrir la puerta para continuar con las negociaciones con Biden y los líderes demócratas en el Congreso para reformar la iniciativa. Pero también dijo que la medida moriría a menos que se cumplan sus exigencias de que el paquete sea menos costoso y extenso, algo que sería difícil de aceptar para muchos demócratas en un Congreso dividido por un margen de diferencia muy estrecho.
La iniciativa brindaría cientos de miles de millones de dólares para ayudar a millones de familias con hijos al extender un crédito fiscal por hijos más generoso, crear un sistema de preescolar gratuito e impulsar la ayuda a la atención infantil. Ofrece más de 500.000 millones de dólares en exenciones fiscales y gastos dirigidos a frenar las emisiones de carbono, que los expertos consideran la mayor inversión federal en la historia en el combate al cambio climático.
Otras disposiciones limitarían el incremento de precios de medicamentos por receta, crearían prestaciones para que personas inscritas en el sistema Medicare obtengan auxiliares de audición, e impulsaría la asistencia a los ancianos, la vivienda y la capacitación laboral. Prácticamente todo ello se pagaría con mayores impuestos a los más ricos y a las grandes corporaciones.
MIAMI (AP) — La vida de la venezolana Carolina Luengo en Miami dio un giro total en cuestión de meses: de vivir por casi una década aterrorizada en las sombras, a tener una licencia de conducir, un trabajo estable y seguro médico.Luengo, que llegó a Estados Unidos escapando de la inseguridad y la falta de insumos básicos de Venezuela en 2011, es una de los más de 229.000 venezolanos que han solicitado acogerse al TPS, un programa de protección temporal que les permite permanecer legalmente en el país hasta septiembre de 2022.
“El TPS era la única manera para estar legal de alguna manera, de tener una licencia de conducir, un permiso de trabajo”, expresó Luengo, quien en noviembre recibió la aprobación del pedido que presentó a finales de marzo, días después que el programa gubernamental se abrió para los venezolanos. “Estoy tranquila en la calle, sin miedo a que me agarre la policía”, dijo en una reciente entrevista con The Associated Press.
Unos 323.000 venezolanos podrían beneficiarse con el programa, reclamado durante años por la comunidad de inmigrantes sudamericanos para proteger a los que no han podido aún regularizar su situación migratoria en Estados Unidos. En apenas nueve meses desde que el gobierno del presidente Joe Biden lo lanzó a comienzos de marzo, hasta diciembre más del 70% de los venezolanos que podrían acogerse al TPS lo ha solicitado, de acuerdo con el Servicio de Inmigración y Ciudadanía.
Las autoridades, sin embargo, por ahora sólo han aprobado un puñado de las solicitudes presentadas: unas 15.700 entre marzo y finales de septiembre, cuando terminó el año fiscal 2021.
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WILMINGTON, Delaware, EE.UU. (AP) — La variante ómicron del coronavirus “está propagándose por todo el mundo”, dijo el domingo el asesor médico de la Casa Blanca, y el presidente Joe Biden planea emitir “una severa advertencia sore lo que será el invierno” para los estadounidenses no vacunados.El doctor Anthony Fauci, principal experto en enfermedades infecciosas en el país, le dijo al programa “Meet the Press” de la NBC que el “problema real” para el sistema de hospitales en Estados Unidos es que “tenemos a mucha gente elegible para vacunarse que no lo ha hecho”.
El prospecto de un invierno ensombrecido por una ola de infecciones es una grave inversión del optimismo proyectado por Biden hace 10 meses, cuando él le dijo a la CNN que el país pudiera estar de regreso a la normalidad para esta Navidad. Biden se ha cuidado de no prometer excesivamente, pero la confianza en el país ha sido vapuleada por una ola implacable de mutaciones del coronavirus que han dejado a muchos en el país emocionalmente exhaustos, desanimados y preocupados por nuevas infecciones.
Fauci, director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas, trató de defender la promesa previa del presidente en una entrevista separada el domingo con la CNN.