WASHINGTON (AP) — Los migrantes que fueron separados de sus hijos bajo la política fronteriza de tolerancia cero del expresidente Donald Trump no han llegado a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, informó un abogado de las familias el jueves, mientras él y otros activistas rechazaban las crecientes críticas a una propuesta de pagarles una indemnización.
El abogado Lee Gelernt, de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus iniciales en inglés), se negó a discutir los detalles de las negociaciones o a confirmar una propuesta reportada previamente en la que se pagarían varios cientos de miles de dólares a cada una de las personas afectadas.
Pero sí dejó abierta la posibilidad de ir a juicio, en el que los padres que fueron separados de sus hijos —algunos de los cuales tenían apenas seis meses de edad— serían llamados a testificar, en caso de no llegar a un acuerdo.
“Lo único que puedo decir es que no hay un acuerdo sobre la mesa y no necesariamente tenemos un plazo”, dijo Gelernt en una conferencia telefónica.
Las negociaciones, que por lo general permanecerían privadas hasta que se finalizara un acuerdo, se han convertido en una nueva línea de ataque para los críticos del gobierno del presidente Joe Biden, quienes buscan vincular el asunto con el creciente número de migrantes que han intentado llegar a Estados Unidos desde México en el último año. Los republicanos arremetieron contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, esta semana cuando compareció ante la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado.
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WASHINGTON (AP) — Al reanudar las cumbres trilaterales de América del Norte luego de cinco años, el presidente estadounidense Joe Biden se unió el jueves a sus homólogos de México y Canadá para declarar que sus naciones pueden trabajar juntas y demostrar que las “democracias cumplen”, aun cuando tratan de resolver sus diferencias en varios asuntos clave.
Pero incluso mientras Biden, el primer ministro canadiense Justin Trudeau y el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador hablaban sobre su respeto mutuo, los tres dignatarios también se encontraron lidiando con nuevas controversias en materia comercial, migratoria y de cambio climático, entre otras.
“Podemos enfrentar todos los desafíos si simplemente nos tomamos tiempo para dialogar el uno con el otro, trabajando juntos”, declaró Biden, quien recibió a sus vecinos en lo que había sido casi una tradición anual en la década previa a que el expresidente Donald Trump asumiera el cargo.
Fue una jornada diplomática que requirió de una cuidadosa coreografía, ya que Trudeau y López Obrador se reunieron cada uno por separado con Biden y con la vicepresidenta Kamala Harris antes de su encuentro trilateral en la Sala Este de la Casa Blanca, donde hubo una combinación de inglés, francés y español.
Los líderes emitieron un comunicado al concluir la cumbre, señalando que han accedido a colaborar en temas de migración, cambio climático y la pandemia de coronavirus, sin especificar cómo resolverían sus diferencias.
Mientras exaltaban los puntos fuertes de su alianza, los desacuerdos también salieron a la luz.
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El gobierno de Estados Unidos tomaba medidas para distribuir varios miles de millones de dólares en ayudas para calefacción y facturas de servicios públicos en invierno, una suma sin precedentes que procede principalmente de su paquete de 1,9 billones de dólares en ayudas por el coronavirus.
La iniciativa destinó 4.500 millones de dólares adicionales al Programa de Asistencia Energética para Hogares de Bajos Ingresos del gobierno, que suele tener un presupuesto anual de entre 3.000 y 4.000 millones de dólares. Las ayudas a los inquilinos pueden cubrir también las facturas de los servicios, mientras que las entregadas por gobiernos estatales, locales y tribales pueden emplearse para abonar las elevadas facturas de calefacción, que no se pueden deducir de otras iniciativas.
“Este es otro ejemplo de cómo el Plan de Rescate de Estados Unidos incluyó precauciones adicionales para garantizar que estaríamos preparados”, dijo Gene Sperling, quien supervisa las ayudas por el coronavirus para la Casa Blanca. “Estos nuevos programas y fondos fueron diseñados para garantizar que si el clima se enfría o los precios suben, tendremos más recursos que nunca para ayudar a tantas familias en apuros como sea posible”.
La Casa Blanca convocó una conferencia telefónica el jueves en la tarde para discutir con representantes de distintas oficinas gubernamentales el reparto de los fondos y la coordinación entre programas. Entre los participantes están Sperling: la secretaria del Departamento de Energía, Jennifer Granholm; el titular del de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra y los gobernadores de Connecticut, Maine y Michigan.
Los fondos ayudan a crear un colchón que limita el impacto del alto costo de la energía con la llegada del invierno. Legisladores republicanos habían dicho que el paquete de ayudas, que se convirtió en ley en marzo, aumentó la inflación, con los precios de octubre un 6,2% más altos que con respecto a un año antes.
SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — El fiscal general de California le pidió el miércoles a la corte federal de apelaciones del 9no Circuito que reconsidere un fallo que rechazó la prohibición de prisiones privadas y de centros privados de detención de inmigrantes en el estado.
El fallo del mes pasado por un panel de tres jueces de apelaciones mantuvo en vigor una importante pieza del mayor sistema de detención de inmigrantes en el mundo, pese a una ley del 2019 en el estado que apunta a eliminar gradualmente las prisiones privadas para inmigrantes para el 2028.
“Ellos tratan a las personas como animales, representan un riesgo inaceptable para la salud y el bienestar de los californianos, dan prioridad a las ganancias sobre la rehabilitación, haciéndonos a todos menos seguros”, declaró el fiscal general Rob Bonta, que redactó la ley cuando estaba en la Asamblea del estado y que presentó el pedido de revisión del fallo por un panel más amplio de la corte de apelaciones.
El gobernador demócrata Gavin Newsom, que firmó la ley, expresó en una declaración que el uso de prisiones privadas para inmigrantes “no refleja los valores de nuestro estado e impacta desproporcionalmente a minorías y comunidades de bajos ingresos”.
La Oficina de Control de Inmigración y Aduanas y The Geo Group Inc., que demandaron a California por la ley, no respondieron de momento a correos electrónicos en busca de comentario.
El panel de tres jueces, en una decisión dividida, falló que la ley del estado interfiere con la autoridad federal.
Dos jueces nombrados por el expresidente republicano Donald Trump rechazaron la ley, mientras que un nominado por el demócrata Barack Obama la apoyó.
La ley fue aprobada como parte de una serie de esfuerzos de los demócratas en California para limitar la cooperación del estado con el gobierno federal en materia de inmigración durante el gobierno de Trump.
WASHINGTON (AP) — Un reo en la mayor prisión federal de Estados Unidos fue apuñalado en un globo ocular por un compañero este mes, en el último ejemplo de violencia en un sistema penitenciario plagado problemas como disturbios crónicos, falta de personal, corrupción y abusos.
El preso, de 27 años, fue atacado por la espalda en FCI Fort Dix, una cárcel de baja seguridad en el condado de Burlington, Nueva Jersey, que está gestionado por el mismo director que estaba al frente de una prisión federal de Manhattan cuando el encarcelado financiero Jeffrey Epstein se suicidó, dijeron a The Associated Press tres personas familiarizadas con el asunto.
El recluso, a quien la AP no identifica, está hospitalizado desde el incidente del 5 de noviembre, añadieron. Se espera que sobreviva al ataque. Las fuentes hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a discutir el asunto en público.
El apuñalamiento es el último ejemplo de violencia grave en el asediado Departamento de Prisiones federal. La oficina ha enfrentado múltiples crisis en los últimos años, incluyendo escasez generalizada de personal, graves problemas de conducta en empleados, una serie de fugas y decesos.
El presidente del Comité Judicial del Senado, el demócrata Dick Durbin, pidió el martes el cese del director del departamento, Michael Carvajal, tras una investigación de la AP que descubrió una actividad delictiva descontrolada entre los empleados ante la mala supervisión de los funcionarios de la agencia.
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