WASHINGTON (AP) — Cuando el líder del Senado Mitch McConnell se levantó para anunciar su voto y absolver a Donald Trump en el juicio político sobre el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, el republicano aseguró a la población que el expresidente tendría su día en la corte.

“No se ha librado de nada todavía, todavía”, prometió McConnell.

“Tenemos un sistema de justicia penal en este país. Tenemos litigación civil. Y los expresidentes no son inmunes a rendir cuentas ante ninguno de ellos”.

Pero mientras Trump se preparaba para comparecer el jueves por cargos federales de que orquestó un esfuerzo sin precedentes de revocar la victoria electoral en 2020 del actual presidente, Joe Biden, el favorito de las primarias republicanas a la Casa Blanca no enfrenta esas advertencias sombrías ni recriminaciones de sus compañeros de partido.

Es un silencio atronador que llama la atención. Y mientras tanto, el expresidente abre una amplia ventaja sobre los demás aspirantes republicanos a la presidencia. Los que plantaban cara a Trump han desaparecido. En lugar de eso, el partido que lidera el magnate básicamente ha renunciado a criticar sus acciones, contrarrestar sus impulsos o poner límites a su creciente poder.

Los académicos expertos en autoritarismo advierten que es un ejemplo clásico de una democracia en deterioro.

“Volverá a hacerlo”, afirmaba un nuevo anuncio del Proyecto Responsabilidad Republicana, un grupo activista. “A menos que enfrente consecuencias”.

Al encausar a Trump, el Departamento de Justicia ofreció nuevos detalles sobre hasta qué punto el presidente derrotado recurrió a un elaborado plan para revocar la victoria de Biden, hasta culminar con la letal insurrección del 6 de enero en el Capitolio, un ataque interno sin igual en la historia de Estados Unidos.

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WASHINGTON (AP) — Donald Trump fue acusado formalmente de delitos graves el martes por tratar de anular los resultados de las elecciones de 2020 en los días previos a la violenta revuelta de sus simpatizantes en el Capitolio federal, ya que el Departamento de Justicia está tomando medidas para que rinda cuentas por un intento sin precedentes de bloquear la transferencia pacífica del poder presidencial y por poner en riesgo a la democracia estadounidense.

El acta de acusación con cuatro cargos, el tercer caso penal en contra de Trump, revela nuevos detalles sobre un oscuro momento en la historia de Estados Unidos que ya ha sido objeto de minuciosas investigaciones federales y cautivadoras audiencias públicas. Describe una campaña de mentiras de varios meses en torno a los resultados electorales y asegura que, incluso cuando esas falsedades culminaron en una caótica insurrección en el Capitolio, Trump intentó sacar provecho a esos actos de violencia al señalarlos como una razón para demorar todavía más el conteo de votos colegiados que selló su derrota.

En un año de problemas legales en rápida sucesión para Trump, el caso penal presentado el martes fue particularmente impactante por las acusaciones de que un exmandatario arremetió contra la “función fundamental” de la democracia. Es la primera vez que el mandatario derrotado, quien encabeza los sondeos por la nominación presidencial republicana para el próximo año, enfrenta consecuencias legales por su intento desesperado, y eventualmente fallido, de aferrarse al poder, el cual culminó con el ataque al Capitolio.

“El ataque al Capitolio de nuestra nación el 6 de enero de 2021 fue un asalto sin precedentes a la sede de la democracia estadounidense”, dijo el fiscal especial Jack Smith, cuya oficina dedicó meses a investigar a Trump. “Fue impulsado con mentiras, mentiras del acusado dirigidas a obstaculizar una función fundamental del gobierno federal de Estados Unidos: El proceso nacional de recolectar, escrutar y certificar los resultados de la elección presidencial”.

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ALBANY, Nueva York, EE.UU. (AP) — Un obispo jubilado de Albany, de 84 años, que ha sido acusado de abuso sexual y ha buscado sin éxito ser apartado del sacerdocio, dijo el martes que recientemente se casó con una mujer en una ceremonia civil.

El obispo emérito Howard Hubbard hizo el sorpresivo anuncio durante un momento tumultuoso para la diócesis de Albany. Se declaró en bancarrota este año después de una oleada de demandas de personas que dicen haber sufrido abusos sexuales cuando eran niños, a veces hace décadas.

El actual obispo de la diócesis del norte del estado de Nueva York dijo que no consideraba válido el matrimonio de Hubbard.

Hubbard, quien se jubiló en 2014, reconoció que encubrió las denuncias de abuso por parte de sacerdotes, en parte para evitar el escándalo. Ha negado rotundamente las acusaciones de que abusó de menores.

Hubbard dijo el otoño pasado que quería ser laicizado , o regresar al estado laico, porque ya no podía funcionar como sacerdote debido a una política de la iglesia estadounidense que prohíbe el ministerio a los sacerdotes acusados. También lo habría relevado de sus obligaciones de celibato.

Pero su solicitud al Vaticano fue rechazada en marzo y se le animó a esperar pacientemente mientras se resuelven las siete demandas civiles en su contra, dijo Hubbard en una declaración preparada.

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OKLAHOMA CITY (AP) — Las tribus nativas americanas en Oklahoma podrán mantener sus acuerdos existentes sobre cómo comparten el dinero de las ventas de tabaco con el estado.

La Cámara de Representantes de Oklahoma votó el lunes para anular el veto del gobernador Kevin Stitt a un proyecto de ley que extiende los acuerdos sobre la venta de tabaco por un año más. En una votación bipartidista durante una sesión especial, la Cámara controlada por los republicanos obtuvo los dos tercios de los votos necesarios para anularla. El Senado anuló el veto del gobernador la semana pasada.

Como resultado, cualquier tribu con un acuerdo existente sobre la venta de tabaco puede optar por extender los términos de ese acuerdo hasta el 31 de diciembre de 2024. Los líderes de varias de las tribus más poderosas del estado estuvieron en la galería para la votación del lunes.

La anulación es el último acontecimiento en una disputa en curso entre el gobernador republicano y varias tribus con sede en Oklahoma. Stitt, ciudadano de la Nación Cherokee , ha dicho que quiere ajustar el lenguaje compacto para asegurarse de que las tribus no se expandan donde venden tabaco como resultado de una decisión histórica de la Corte Suprema de EE. UU. de 2020 que determinó que la Nación Muscogee (Creek) reserva histórica todavía existía.

Desde esa decisión, los tribunales inferiores han determinado que las reservas de varias otras tribus nativas americanas, incluidas Cherokee, Chickasaw, Choctaw y Seminole, aún están intactas.

“No creo que los habitantes de Oklahoma quieran que el este de Oklahoma se convierta en una reserva”, dijo Stitt. “Lucharé mientras sea gobernador para asegurarme de que seamos un estado con un conjunto de reglas”.

Los pactos de tabaco actuales, que permiten que el estado y las tribus dividan en partes iguales los ingresos fiscales sobre la venta de tabaco en tierras tribales, generan decenas de millones de dólares cada año en ingresos tanto para el estado como para las tribus.

El presidente interino del Senado, Greg Treat, dijo la semana pasada que quiere darle al gobernador más tiempo para renegociar los términos del acuerdo y ha criticado abiertamente las disputas de Stitt con las tribus. Treat, un republicano, también dijo que consideraría cambiar la ley estatal para darle a la Legislatura un papel más importante en las negociaciones compactas si el gobernador no negocia de buena fe.

Stitt también anunció el lunes que su oficina presentó una demanda contra Treat y el presidente de la Cámara de Representantes, Charles McCall, en la Corte Suprema de Oklahoma en busca de aclaraciones sobre quién tiene la autoridad para negociar pactos con las tribus.

POR  SEAN MURPHY

 (Foto AP/Sue Ogrocki, archivo)