LA PAZ, Bolivia (AP) — Evo Morales cayó por “traiciones”, “errores” y porque “algunos se emborracharon de poder”, dijo el martes a The Associated Press la presidenta del Senado, Mónica Eva Copa, quien hoy ocupa el cargo político más alto en el partido del expresidente, quien renunció el 10 de noviembre cercado por protestas y se exilió en México.“Evo y los actores principales del Movimiento al Socialismo (MAS) deben responder qué paso con el partido. Yo veo que el expresidente convivió con el enemigo, pero también hubo errores y uno ellos fue que algunos se emborracharon de poder”, aseguró la legisladora.
Entre los enemigos, Copa incluyó al mando militar y policial, con cuyos jefes Morales se reunía cada lunes. “Que las FFAA le pidan que renuncie es traición; que la policía se amotine, es traición. Eso me sorprendió”, comentó.
Copa explicó que esos hechos vienen a reforzar la tesis de un golpe de Estado, pero también reconoce que, finalmente, “la historia nos dirá qué fue”.
Con 32 años, Copa es una de las senadoras más jóvenes y hasta antes de su designación era desconocida. Tras la renuncia de Morales y el desbande de su gobierno, esta trabajadora social emergió del anonimato y ayudó a encaminar una ley para llamar a nuevas elecciones junto con la oposición, lo que apaciguó las protestas.
Morales renunció tras acusaciones de haber orquestado un fraude para reelegirse a un cuarto mandato consecutivo. Una auditoria de la Organización de Estados Americanos ratificó irregularidades y recomendó repetir la votación. Tras su huida a México, sus partidarios iniciaron una ofensiva que derivó en la muerte de 33 personas, según el último recuento del Defensor del Pueblo.
El país comenzó a recobrar la normalidad el lunes tras 35 días efervescencia social.
LIMA (AP) — El Tribunal Constitucional de Perú aprobó el lunes una solicitud de habeas corpus para liberar a la líder opositora Keiko Fujimori.El presidente del Tribunal, Ernesto Blume, anunció que el recurso legal presentado por Sachi Fujimori, hermana de la política encarcelada, fue declarado “fundado” con cuatro votos a favor y tres en contra. Se espera que Keiko salga del penal en los próximos días _cinco meses antes de que se cumpla el plazo máximo de la medida_ luego de que concrete una serie de formalidades legales.
El habeas corpus es un derecho que tienen los detenidos o reos a ser presentados de inmediato y públicamente ante un juez o tribunal para que, escuchándolos, resuelva si su arresto se ajustó o no a la ley, y si la medida de encarcelamiento debe levantarse o ratificarse.
Fujimori, de 42 años, había estado encarcelada de manera preventiva desde octubre de 2018 mientras era investigada por presunto lavado de activos. De acuerdo a la Fiscalía, recibió dinero sucio de la constructora brasileña Odebrecht para sus campañas presidenciales de 2011 y 2016, en las cuales resultó derrotada.
Su detención marcó el declive de una líder considerada la mujer más poderosa del país y que en ese momento dirigía un Parlamento contrario al gobierno.
Según se esperaba, sus partidarios aplaudieron el fallo, mientras que sus detractores lo criticaron. De todas formas la investigación continuará.
En la noche, cientos de manifestantes salieron a las calles del centro de Lima para protestar contra la liberación de Keiko. A través de las redes sociales, las personas, jóvenes en su mayoría, se coordinaron para mostrar que no estaban satisfechas con la decisión.
La marcha, que no estaba autorizada, trató de avanzar a la sede del Tribunal Constitucional, pero agentes de la Policía Nacional la enfrentaron con golpes y empujones. Algunos manifestantes arrojaron piedras y botellas, y la policía usó sus escudos para repeler el ataque.
BUENOS AIRES (AP) — A tres años de que un escándalo por supuestos abusos sexuales a niños sordos sacudiera a Argentina, un tribunal decidirá el lunes si los dos curas acusados son condenados a penas que podrían llegar a los 50 años de prisión para cada uno.El sacerdote italiano Nicola Corradi, de 83 años, y el argentino Horacio Corbacho, de 59, escucharán el fallo condenatorio o absolutorio de un tribunal penal de la provincia de Mendoza, unos 1.100 kilómetros al oeste de Buenos Aires. La corte formada por tres jueces también dictará sentencia al laico argentino Armando Gómez, de 49 años, a quien le podrían caer 30 años de prisión.
Los imputados no quisieron decir sus últimas palabras ante los jueces ante de que éstos pasaran a deliberar sobre el fallo que darán a conocer en las próximas horas. Los tres llegaron con semblante serio y esposados a la sala de audiencias. Corradi lo hizo en una silla de ruedas que era empujada por un guardia de seguridad, con la mirada fija en el suelo.
El fallo llega después de un juicio histórico que duró más de tres meses y en el que se ventilaron los aberrantes hechos presuntamente sufridos entre 2005 y 2016 por una decena de alumnos del Instituto Antonio Próvolo para niños sordos y con problemas de audición de la localidad mendocina de Luján de Cuyo.
Sobre estas acusaciones, que tienen como protagonistas a dos clérigos en su tierra natal, el papa Francisco no ha hecho comentarios públicos.
Las denuncias generaron un escándalo mayúsculo que se intensificó luego de saberse que Corradi ya había sido señalado por supuestos delitos similares en el Instituto Antonio Próvolo de Verona, Italia, sin que fuera juzgado y que Francisco había sido notificado que el religioso dirigía un centro similar en Argentina.
Los exalumnos del Próvolo mendocino creen que pueden lograr la primera condena de cárcel para clérigos de esa institución católica, con sedes en distintas partes del mundo.
LA PAZ (AP) — Familiares de los 32 fallecidos durante más de un mes protestas en Bolivia han pedido justicia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que llegó al país para investigar los sucesos que precipitaron la renuncia del presidente Evo Morales tras unas elecciones calificadas de fraudulentas.La Comisión llegó en lunes a Sacaba, en las afueras de Cochabamba en el centro del país, donde murieron nueve manifestantes cuando las fuerzas del orden repelieron a seguidores de Morales.
“Estamos escuchando a todas las partes para tener una visión amplia y plural de lo que pasó en las protestas y emitir recomendaciones”, dijo Paolo Abrao, secretario ejecutivo de la CIDH.
“Es nuestro deber empujar a las autoridades a cumplir con su deber de hacer justicia, reparar a las víctimas y aclarar los hechos”, les dijo Abrao a los familiares con quienes se reunió la víspera en Senkata, un suburbio de La Paz donde murieron otras nueve personas en una arremetida de las fuerzas del orden.
En un comunicado la semana pasada la CIDH condenó el “uso excesivo de la fuerza” policial y militar para reprimir las manifestaciones y manifestó su “profunda preocupación” por un decreto gubernamental que eximió de responsabilidades al ejército.
Según las pericias, los fallecidos murieron por impactos de bala, pero el gobierno negó que los proyectiles sean de uso del ejército.
“Soy la viuda de Juan José Tenorio, me ha dejado un hijo huérfano. Suplico que hagan justicia. Esto no puede quedar así, nos matan como si no tuviéramos derechos”, declaró María Cristina Quispe en Senkata ante los comisionados.
Desde su exilio en México Morales acusó a la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez de violar los derechos humanos. A su vez, las autoridades acusan al político de promover las protestas desde México y le iniciaron una demanda por “terrorismo y sedición”.
En tanto, las últimas barricadas en las carreteras eran levantadas el lunes y el país regresaba de a poco a la normalidad a medida que los políticos definen una ruta hacia nuevos comicios en cuatro meses y medio.
La fecha de las elecciones será definida por un nuevo Tribunal Supremo Electoral (TSE). “No fue fácil consensuar” con los parlamentarios del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Morales y que controla el Congreso, reconoció Áñez, cuyo gobierno transitorio tiene la misión de organizar los comicios.
Morales no podrá participar como candidato. En enero de 2020 iba a cumplir 14 años en el poder y buscaba un cuarto mandato. La constitución sólo permite una reelección continua.
BUCAREST, Rumania (AP) — Klaus Iohannis fue reelegido presidente de Rumania el domingo después de ganar fácilmente la segunda ronda de votaciones luego de que prometió seguir combatiendo la corrupción y fortalecer el estado de derecho.Con el 88% de los votos contabilizados, el mandatario centroderechista tenía el 63,2% de las preferencias, mientras que Viorica Dancila, exprimera ministra recientemente destituida y líder del Partido Socialdemócrata, llevaba el 36,8%.
“¡Rumania ganó! La Rumania moderna, europea y normal ganó hoy”, declaró Iohannis en las instalaciones del Partido Nacional Liberal después de que se diera a conocer una encuesta de salida que pronosticaba su victoria. “Los rumanos fueron los héroes del día. Salieron a votar en números impresionantes y esta es la ganancia más importante del día”.
“Recibo esta victoria con alegría, agradecimiento, modestia y con fe en Rumania”, dijo el exalcalde de Sibiu de 60 años, miembro de la minoría étnica germana de Rumania y profesor de física en una secundaria antes de ingresar a la política.
La participación electoral fue del 49,87%, un descenso respecto al 53,17% de 2014.
Por su parte, en declaraciones tras votar por la mañana, Dancila había prometido “mayor participación, trabajo y compromiso con el pueblo rumano”.
El gobierno de Dancila fue destituido el 10 de octubre después de perder una votación de confianza en el Parlamento. Había quedado inmersa en acusaciones de corrupción, y la Unión Europea la criticó por sus reformas judiciales que daban la impresión de poner en riesgo el estado de derecho y la independencia del poder judicial.
A principios de mes, los legisladores respaldaron el gobierno minoritario que encabeza el primer ministro Ludovic Orban, del Partido Nacional Liberal, que solía encabezar Iohannis.
Iohannis se enfrentó a Dancila y su partido debido a las reformas judiciales y otras medidas. Los detractores expresaron preocupación por el debilitamiento de leyes anticorrupción que en años anteriores habían derivado en el encausamiento de decenas de miembros del gabinete, legisladores e incluso un miembro rumano del Parlamento Europeo.
Debido a la indignación popular se efectuaron constantes protestas en Bucarest y otras ciudades del país.