WASHINGTON (AP) — Los miembros de la comisión de la Cámara de Representantes que investigan el asalto al Capitolio dijeron el domingo haber encontrado suficiente evidencia para que el Departamento de Justicia considere encausar penalmente al expresidente Donald Trump por intentar anular el resultado de las elecciones de 2020.
El panel anunció que el jefe de campaña de Trump, Bill Stepien, está entre los testigos que declararán el lunes en una audiencia enfocada en los intentos de Trump por diseminar sus mentiras de que le robaron los comicios. Stepien recibió una citación para su testimonio público.
Conforme se desarrolla las audiencias, el representante demócrata Adam Schiff dijo que le gustaría que el departamento “investigue cualquier acusación creíble de actividad criminal por parte de Donald Trump”. Schiff, que también encabeza la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, dijo que hay “ciertas acciones, partes de estas líneas distintas del intento de anular los comicios de las que no veo evidencia de que el Departamento de Justicia esté investigando”.
La semana pasada, la comisión llevó a cabo su primera audiencia pública, en la que sus miembros expusieron sus argumentos contra Trump para mostrar cómo el presidente derrotó impulsó implacablemente su aseveración falsa de que las elecciones fueron amañadas a pesar de que muchos asesores le decían lo contrario y cómo intensificó un plan insólito para revocar la victoria de Joe Biden.
Hay evidencias adicionales que serán expuestas en audiencias esta semana que muestran cómo Trump y sus asesores realizaron un “intento a gran escala” para propalar desinformación, presionaron al Departamento de Justicia para que aceptea las aseveraciones falsas del entonces presidente, y exhortaron al vicepresidente Mike Pence a que rechazara a los electores estatales y bloqueara la certificación electoral el 6 de enero de 2021.
Stepien, viejo aliado de Trump, es ahora un alto asesor de la campaña de Harriet Hageman, candidata respaldada por Trump en las primarias republicanas de Wyoming y quien busca obtener el escaño de la representante federal Liz Cheney, vicepresidenta de la comisión y abierta detractora del expresidente Un portavoz de Trump, Taylor Budowich, insinuó que la decisión del panel de citar a Stepien tuvo motivos políticos.
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LOS ÁNGELES (AP) — El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y otros líderes del hemisferio occidental presentarán el viernes lo que se anuncia como una hoja de ruta para los países que reciben a un gran número de migrantes y refugiados.
La “Declaración de Los Ángeles” es quizás el mayor logro de la Cumbre de las Américas, que se ha visto mermada por las diferencias que despertó la lista de líderes invitados por Biden. Las delegaciones de México y de varias naciones centroamericanas estuvieron encabezadas por sus principales representantes diplomáticos tras la negativa de sus mandatarios a participar en un evento del que se excluyó a Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Entre los principios que se anunciarán en el último día de la cumbre, se incluyen las vías legales para entrar en los países, ayudas a las comunidades más afectadas por la migración, una gestión humana de las fronteras y respuestas de emergencia coordinadas, según un alto funcionario estadounidense que informó a los reporteros antes del anuncio oficial.
Es un modelo que ya siguen en gran medida Colombia y Ecuador, cuyos líderes conservadores recibieron una calurosa bienvenida en la cumbre por acoger gran parte de los seis millones de personas que se han marchado de Venezuela en los últimos años.
Estados Unidos ha sido el destino más popular para los solicitantes de asilo desde 2017, lo que ha supuesto importantes retos para Biden y sus dos predecesores inmediatos, Donald Trump y Barack Obama.
Pero Washington no está solo en esto: Colombia y sus vecinos albergan a los millones de venezolanos que abandonaron su país; México recibió más de 130.000 solicitudes de asilo el año pasado, muchas de haitianos, el triple que en 2020: muchos nicaragüenses escapan a Costa Rica y los venezolanos desplazados representan casi una sexta parte de la población de la pequeña Aruba.