EEUU El SalvadorSAN SALVADOR (AP) — La principal diplomática estadounidense en El Salvador, Jean Manes, anunció su retiro del país y dijo que las relaciones entre ambas naciones están en pausa porque el gobierno del presidente Nayib Bukele “no está mostrando ningún tipo de interés” en mejorarlas.
La diplomática afirmó a periodistas el lunes que regresa a su cargo como subcomandante del Comando Sur de Estados Unidos. Explicó que la Casa Blanca y el Departamento de Estado la enviaron por tres meses, pero que ya van seis y tiene que retornar a su misión previa. “¿Para qué voy a seguir aquí si no tenemos una contraparte en este momento? Cuando El Salvador quiera conversar, nuestras puertas están abiertas”, manifestó.
Refirió que la enviaron para ofrecer un canal de comunicación al gobierno de Bukele a fin de seguir el camino democrático. Agregó que al principio sostuvieron reuniones privadas dos o tres veces por semana pero que después eso cambió. “Me mandaron como un puente y el gobierno ha decidido no tomarlo”, subrayó.
Manes criticó que mientras sostenían conversaciones con el presidente Bukele, se cancelaba la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) creada en septiembre de 2019, se limitaba el acceso a la información pública y sacaron a más de 200 jueces y fiscales por razones de edad y años de servicio, añadió. Después —agregó— empezaron a utilizar su maquinaria de medios de comunicación pagados para atacarla a ella y a su gobierno. Reiteró que el futuro de la relación bilateral dependerá del gobierno salvadoreño.
La diplomática también cuestionó que El Salvador no esté cumpliendo con sus compromisos y se niegue extraditar a criminales de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) requeridos por la justicia estadounidense. Estados Unidos ha pedido extraditar, entre otros, al pandillero de la MS-13 Armando Eliú Melgar Díaz, alias “Blue”, reclamado por el Tribunal del Distrito Este de Virginia, pero el caso sigue en suspenso.

EEUU liberaraWASHINGTON (AP) — La Casa Blanca anunció el martes que había ordenado la liberación de 50 millones de barriles de crudo de la reserva estratégica del país para rebajar los costes de la energía, en coordinación con otros países, como China.
La decisión es un esfuerzo por bajar los crecientes precios del gas. Los precios de la gasolina en todo el país han alcanzado una media de unos 3,40 dólares el galón, más del doble que el año anterior, según la Asociación Estadounidense del Automóvil.
La liberación se ha coordinado con otros países, como India, Japón, Corea del Sur y Gran Bretaña, grandes consumidores de energía.
El Departamento de Energía de Estados Unidos ofrecerá el crudo de la Reserva Estrátegica de Petróleo a través de dos vías: 32 millones de barriles se liberarán en los próximos meses y volverán a la reserva en los años siguientes, según la Casa Blanca. Otros 18 millones barriles formarán parte de una venta de crudo que el Congreso ya había autorizado.

Republicanos usanTALLAHASSEE, Florida, EE.UU. (AP) — Los republicanos que se oponen a los mandatos de las vacunas contra el COVID-19 están recurriendo a un nuevo argumento contra los intentos del gobierno estadounidense de hacerlas obligatorias: la inmunidad natural.

Sostienen que la gente que se ha recuperado del virus tiene la inmunidad y anticuerpos suficientes para no necesitar las vacunas contra el COVID-19, y el concepto ha sido invocado por los republicanos como una especie de sustituto de las vacunas.

Florida incorporó la inmunidad natural a la ley estatal esta semana mientras legisladores republicanos de otras partes del país están impulsando medidas similares para eludir los mandatos de vacunas. Las demandas contra los mandatos también han empezado a tomar en consideración la idea. Los legisladores federales conservadores han implorado a los reguladores que la tengan en cuenta a la hora de formular los mandatos.

Los científicos reconocen que quienes hayan padecido el COVID-19 tienen cierto nivel de inmunidad, pero insisten en que las vacunas ofrecen un nivel de protección más consistente. Además, la inmunidad natural dista mucho de ser uniforme, por lo que resulta complicado promulgar exenciones aplicables a todos.

Ello se debe a que el grado de inmunidad de los supervivientes del COVID-19 depende de cuánto tiempo hace que se infectaron, de la gravedad de sus síntomas y de si la variante del virus que tenían es diferente de las que circulan ahora. Por ejemplo, una persona que tuvo un caso menor hace un año es muy diferente a una persona que tuvo un caso grave durante el verano, cuando la variante delta hacía estragos en el país. También es difícil comprobar de forma fiable si alguien está protegido de futuras infecciones.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) reportaron en agosto que las personas que sobrevivieron al COVID-19 y que ignoraron la recomendación de vacunarse contra la enfermedad tenían más del doble de probabilidades de volver a infectarse. Un estudio más reciente de los CDC, que revisó información de casi 190 hospitales en nueve estados, determinó que la gente que no estaba vacunada contra el virus y que había contraído la enfermedad meses antes tenía cinco veces más probabilidades de infectarse de COVID-19 que las personas completamente vacunadas que no tuvieron una infección previa.

LimiteWASHINGTON (AP) — Trabajadores y familias estadounidenses que cuenten con un seguro médico privado podrán ahorrar en medicamentos recetados gracias a una disposición poco conocida del amplio proyecto de ley de la agenda social del presidente Joe Biden. Su objetivo es romper el ciclo de aumentos anuales de los precios de los medicamentos más utilizados.
La disposición obligaría a las farmacéuticas a pagar reembolsos al programa federal Medicare si aumentan los precios de sus medicamentos por encima de la tasa de inflación. Los medicamentos vendidos en planes privados incluirían la penalización como si fuera un impuesto sobre el aumento de los precios. El tema está dividiendo a los grupos empresariales en una fuerte batalla de presión política.
Los grupos empresariales centrados en las prestaciones asequibles para los empleados quieren mantener el lenguaje tal y como está, de modo que proporcione protección contra el aumento de precios para las empresas y sus trabajadores, y no sólo para los afiliados a Medicare. Otros grupos, como la influyente Cámara de Comercio, apoyan la iniciativa de la industria farmacéutica de bloquear las restricciones a los precios, incluidos los topes de inflación, alegando que ahogarían la innovación.
Los demócratas de la Cámara de Representantes aprobaron la propuesta de la agenda social de aproximadamente 2 billones de dólares el viernes y la enviaron al Senado. La iniciativa restablece las prioridades nacionales en temas que van desde el clima hasta la vida familiar y se enfrenta a un mayor escrutinio en la cámara alta, dividida por igual. Los medicamentos recetados no son más que uno de sus componentes, y la mayor parte de la atención se ha centrado en las disposiciones de Medicare para reducir los gastos de bolsillo de los ancianos y permitir que el programa negocie los precios de un número limitado de medicamentos.
Pero los topes a la inflación tendrían un impacto de gran alcance para nada menos que 180 millones de estadounidenses con seguro privado.
“Muchas personas no se dan cuenta de que el proyecto de ley se aplica y ayudará a los asegurados privados”, comentó Shawn Gremminger, director de políticas de salud en el Purchaser Business Group on Health. “Pero eso no es algo seguro. Tal y como está estructurada actualmente, ese sería el escenario. Pero hemos estado preocupados y seguiremos preocupados de que eso cambie”. Su coalición representa a casi 40 grandes empresas que dan cobertura a más de 15 millones de trabajadores, jubilados y sus familias.
EEUU aunWASHINGTON (AP) — Los migrantes que fueron separados de sus hijos bajo la política fronteriza de tolerancia cero del expresidente Donald Trump no han llegado a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, informó un abogado de las familias el jueves, mientras él y otros activistas rechazaban las crecientes críticas a una propuesta de pagarles una indemnización.
El abogado Lee Gelernt, de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus iniciales en inglés), se negó a discutir los detalles de las negociaciones o a confirmar una propuesta reportada previamente en la que se pagarían varios cientos de miles de dólares a cada una de las personas afectadas.
Pero sí dejó abierta la posibilidad de ir a juicio, en el que los padres que fueron separados de sus hijos —algunos de los cuales tenían apenas seis meses de edad— serían llamados a testificar, en caso de no llegar a un acuerdo.
“Lo único que puedo decir es que no hay un acuerdo sobre la mesa y no necesariamente tenemos un plazo”, dijo Gelernt en una conferencia telefónica.
Las negociaciones, que por lo general permanecerían privadas hasta que se finalizara un acuerdo, se han convertido en una nueva línea de ataque para los críticos del gobierno del presidente Joe Biden, quienes buscan vincular el asunto con el creciente número de migrantes que han intentado llegar a Estados Unidos desde México en el último año. Los republicanos arremetieron contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, esta semana cuando compareció ante la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado.

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