WASHINGTON (AP) — El gobierno de Estados Unidos ordenó el lunes un cierre de emergencia nacional de su sistema de prisiones federales después de que dos reclusos murieron y otros dos resultaron heridos durante un altercado entre pandilleros en una cárcel federal de Texas.
El incidente ocurrió alrededor de las 11:30 de la mañana del lunes en la prisión federal de Beaumont, Texas. Miembros de la violenta pandilla MS-13 estuvieron involucrados en el altercado, informaron a The Associated Press dos personas al tanto del asunto que hablaron bajo condición de anonimato al no estar autorizadas a discutir públicamente sobre una investigación en curso.
El ataque es sólo el ejemplo más reciente de la grave violencia que enfrenta la Oficina Federal de Prisiones. La agencia ha tenido que lidiar con múltiples crisis en los últimos años, incluyendo una escasez generalizada de personal, comportamiento indebido de sus empleados y una serie de fugas y fallecimientos de reos.
El cierre de emergencia, que es aplicable en las más de 120 prisiones federales que gestiona la agencia en todo el país, fue provocado por temores de que posibles represalias y actos de violencia se extiendan a otras instalaciones.
En un cierre de emergencia nacional, los reclusos permanecen dentro de sus celdas durante buena parte del día y las visitas quedan canceladas. Debido a un incremento en los casos de coronavirus al interior de las prisiones federales, ya se habían cancelado las visitas sociales en casi todas las instalaciones.
Los cierres de emergencia nacionales son relativamente raros. La agencia implementó la medida en abril de 2020 a medida que los casos de coronavirus comenzaban a aumentar drásticamente en las cárceles de todo el país, y una vez más después de la insurrección en el Capitolio federal del 6 de enero de 2021, así como pocos días antes de la investidura del presidente Joe Biden ese mismo mes.
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WASHINGTON (AP) — El gobierno del presidente Joe Biden emitió el lunes una guía para ayudar a funcionarios de los gobiernos federal, estatales y municipales a saber cómo tener acceso a casi un billón de dólares disponibles por medio del acuerdo bipartidista de infraestructura.
Mitch Landrieu, un asesor sénior de la Casa Blanca que supervisa el gasto en infraestructura, dijo que el objetivo del libro de 461 páginas es garantizar que todas las comunidades sepan cómo cumplir los requisitos para los fondos, sin importar su tamaño ni tendencia política.
“Es un mapa de ruta absoluto”, indicó Landrieu, exalcalde de Nueva Orleans.
El libro tiene la intención de ayudar a igualar las condiciones para que ciudades pequeñas, líderes de tribus, organismos no gubernamentales y grupos religiosos compitan por dinero al que generalmente solo los cabilderos saben cómo tener acceso.
El acuerdo de infraestructura es único en su alcance y va más allá de caminos y puentes a fin de incluir iniciativas como internet de banda ancha, el reemplazo de tuberías de plomo para el agua y planes para una mayor resistencia contra el cambio climático.
Biden recibió a gobernadores en la Casa Blanca el lunes. Los mandatarios estatales acudieron a Washington para la reunión de invierno de la Asociación Nacional de Gobernadores y Biden los instó a hacer uso del dinero para infraestructura.
“Ustedes saben cómo construir carreteras y puentes”, les dijo el presidente demócrata. “Bueno, nosotros tenemos mucho para que construyan”.
Funcionarios federales editaron el libro rápidamente al tiempo que el paquete para infraestructura se convertía en ley el 15 de noviembre. Copias de la guía están disponibles en línea en el sitio build.gov, si bien el gobierno trabaja por medio de asociaciones y contactos directos para asegurarse de que llegue a manos de funcionarios de gobiernos de comunidades de todo tamaño. Landrieu dijo que él de antemano ha hablado con 43 gobernadores y más de 250 alcaldes como parte del esfuerzo.
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WASHINGTON (AP) — La Casa Blanca y las funcionarios de Estados Unidos han amenazado a Rusia con sanciones financieras que conllevarían “graves consecuencias” si invade Ucrania, pero por el momento las represalias occidentales han recaído en muchas personas.
Los expertos ven improbable que Estados Unidos y sus aliados acepten algo tan general como una prohibición completa del comercio con Rusia o un embargo. En lugar de eso, es probable que industrias y personas concretas carguen con el grueso de las sanciones al agravarse la crisis.
El Kremlin ha restado importancia a las sanciones contra funcionarios y líderes empresariales rusos impuestas por Estados Unidos y sus aliados. El vocero Dmitry Peskov señaló esta semana que los congresistas parecían no haberse dado cuenta de que la ley rusa prohíbe a los miembros del gobierno tener activos en el extranjero.
Estados Unidos insiste en que las personas señaladas pierden ingresos y valor de activos considerables por las sanciones financieras, que por ejemplo limitarían sus compras e inversiones.
La geopolítica, la dependencia europea del gas natural ruso y el enorme tamaño de Rusia son algunos de los motivos que impiden a Estados Unidos someter a Moscú a un embargo más amplio como los que pesan sobre Cuba, Corea del Norte e Irán.
A continuación, un vistazo a cómo y por qué podría optar Occidente por sancionar a personas o industrias concretas en Rusia, en lugar de medidas más generales.
¿POR QUÉ PERSEGUIR A PERSONAS Y NO A ORGANIZACIONES?
En ocasiones, esa medida más ajustada pretende evitar daños involuntarios a gente corriente o provocar acciones que perjudiquen a su vez a intereses occidentales.
CONROE, Texas, EE.UU. (AP) — El expresidente Donald Trump planteó la posibilidad de indultar a los que participaron en el violento asalto contra el Capitolio estadounidense si gana de nuevo la presidencia.
“Si me postulo y gano, trataremos a esa gente del 6 de enero con justicia”, declaró Trump el sábado por la noche en un evento en Conroe, Texas. “Y si se requieren indultos, les daré indultos porque están siendo tratados injustamente”.
Fue el más reciente intento de Trump de restarle importancia al peor ataque contra el gobierno estadounidense desde la guerra de 1812.
Ese día, el 6 de enero del 2021, los seguidores del entonces mandatario rompieron ventanas, atacaron a policías y obligaron a legisladores y sus asistentes a huir. Los insurrectos intentaban impedir la certificación de la victoria de Joe Biden en las elecciones.
Más de 700 personas han sido arrestadas y acusadas penalmente en conexión con el motín, siendo la mayor investigación jamás emprendida por el Departamento de Justicia. Entre ellos hay más de 150 acusados de agredir a policías, más de 50 acusados de conspiración y cargos se sedición contra el líder fundador de la milicia ultraderechista Oath Keepers y otros 10 miembros o allegados.
Más de 100 policías resultaron heridos, algunos de gravedad.
El suceso se desató luego que Trump organizó un mitin cerca de allí, denunciando falsamente que hubo fraude electoral.
WASHINGTON (AP) — El presidente estadounidense Joe Biden ratificó el jueves su compromiso de nominar a la primera mujer de raza negra a la Corte Suprema de Estados Unidos, señalando que debió hacerse “hace mucho tiempo”. Elogió al juez jubilado Stephen Breyer como un servidor público modelo y prometió contar con una nominada para finales de febrero.
Breyer, de 83 años, acompañó a Biden en la Casa Blanca un día después que se difundiera la noticia de su próximo retiro.
Desde que Biden asumió la presidencia en enero de 2021, se ha dedicado a nominar a un grupo diverso de jueces federales, no solo en cuanto a raza sino también en experiencia profesional. Nombró a cinco mujeres de raza negra en cortes federales de apelación, y tres nominaciones más continúan pendientes ante el Senado.
“No he tomado ninguna decisión excepto que la persona que nominaré será alguien con calificaciones, carácter, experiencia e integridad extraordinarios”, dijo Biden, acompañado por Breyer. “Y esa persona será la primera mujer de raza negra en ser nominada a la Corte Suprema de Estados Unidos. Es algo que debió hacerse hace mucho tiempo”.
Para finales de su primer año en el cargo, Biden había obtenido la confirmación para 40 jueces, la mayor cantidad desde el gobierno del presidente Ronald Reagan. De ellos, 80% son mujeres y 53% son personas no blancas, de acuerdo con la Casa Blanca.
El reemplazo de Breyer por otro juez liberal no cambiará la conformación ideológica de la corte. Los conservadores superan en número a los liberales 6-3, y los tres nominados por el entonces presidente Donald Trump llevó a la Corte Suprema incluso más a la derecha.
Biden de antemano se ha reunido con al menos una de las principales candidatas, Ketanji Brown Jackson, de 51 años, La exasistente de Breyer trabajó en la Comisión de Sentencias de Estados Unidos y ha sido una jueza federal de tribunal de primera instancia desde 2013 en el Distrito de Columbia.
El periodista de The Associated Press Mark Sherman contribuyó a este despacho.