WASHINGTON (AP) — Una investigación del Senado sobre la insurrección del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos encontró extensas fallas de los servicios de inteligencia de múltiples agencias, además de errores generalizados de las fuerzas de seguridad que condujeron a la violenta irrupción.
Hubo advertencias claras y pistas en torno a que los simpatizantes del expresidente Donald Trump, incluidos grupos de extrema derecha, planeaban “irrumpir en el Capitolio” con armas y posiblemente infiltrarse en el sistema de túneles del inmueble. Pero esa información de inteligencia nunca llegó a manos de los altos mandos.
El resultado fue un caos. Un reporte del Senado publicado el martes detalla cómo los policías de primera línea sufrieron quemaduras causadas por sustancias químicas, lesiones cerebrales y fracturas, entre otras heridas, luego de enfrentarse a los agresores, quienes rápidamente los superaron e ingresaron al edificio. Los agentes comentaron a los investigadores del Senado que se quedaron sin liderazgo ni dirección cuando los sistemas de mando se rompieron.
El reporte del Senado es el primer, y quizás el último, análisis bipartidista sobre cómo cientos de partidarios de Trump pudieron ese día abrirse paso con violencia a través de los perímetros de seguridad e irrumpir en el Capitolio, interrumpiendo la certificación de la victoria electoral del actual presidente, Joe Biden. Las fallas señaladas en el reporte destacaron cómo, casi 20 años después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, las agencias de inteligencia estadounidenses siguen padeciendo de un problema fundamental: la falta de imaginación.
El reporte recomienda que se hagan cambios inmediatos para dar más autoridad al jefe de la Policía del Capitolio, así como mejorar la planificación y el equipamiento de las agencias policiales y agilizar la transmisión de información entre agencias federales.
Pero el reporte no se adentra en los motivos del ataque, como la intervención de Trump cuando dijo ese día a sus seguidores que “pelearan con todo” para revocar su derrota electoral. Tampoco describe el ataque como insurrección, aunque lo fue. Y se publicó dos semanas después de que los republicanos bloquearan la creación de una comisión independiente y bipartidista que habría investigado la insurrección más a fondo.
“Este reporte es importante porque nos permite hacer algunas mejoras inmediatas para la situación de seguridad aquí en el Capitolio”, dijo el senador Gary Peters, presidente de la Comisión de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales, la cual realizó la investigación junto con la Comisión de Normas. “Pero no responde algunas de las preguntas más importantes que debemos afrontar, sinceramente, como país y como democracia”.
El líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, dijo el martes que los hallazgos muestran una necesidad aún mayor de una comisión bipartidista para investigar las causas profundas del ataque, refiriéndose a las afirmaciones infundadas de Trump sobre las elecciones de 2020.
“A medida que la ‘gran mentira’ continúa propagándose, mientras la fe en nuestras elecciones sigue disminuyendo, es fundamental que establezcamos un registro fiable e independiente de lo que ocurrió”, señaló Schumer.
Sin embargo, el líder republicano en la cámara alta, Mitch McConnell, y quien encabezó el bloqueo contra la formación de dicha comisión, dijo que confía en que las revisiones en curso por parte de los legisladores y las autoridades serán suficientes.
La Cámara de Representantes aprobó en mayo la creación de una comisión similar a la que investigó los ataques del 11 de septiembre hace dos décadas.
La presidenta de la cámara baja, Nancy Pelosi, comentó a sus colegas en una carta emitida el martes que si el Senado no aprueba la comisión, su cámara llevará a cabo sus propias investigaciones.
El republicano de mayor rango de la Comisión de Normas, el senador Roy Blunt, se ha opuesto a la comisión, alegando que la investigación tomaría demasiado tiempo. Dijo que las recomendaciones hechas en el Senado pueden aplicarse más rápido; por ejemplo, en el proyecto de ley que planean presentar él y la senadora demócrata Amy Klobuchar, presidenta de la Comisión de Normas, el cual daría más autoridad al jefe de la Policía del Capitolio para solicitar asistencia de la Guardia Nacional.
El informe detalla cómo la intervención de la Guardia Nacional se demoró durante horas el 6 de enero, mientras funcionarios de diferentes agencias hacían trámites burocráticos para autorizar el despliegue. El texto detalla horas de llamadas entre funcionarios en el Capitolio y el Pentágono mientras el entonces jefe de la policía del Capitolio, Steven Sund, suplicaba ayuda con desesperación.
El informe indica que el Pentágono pasó horas “planificando la misión” y pidiendo autorizaciones de distintos niveles mientras la Policía del Capitolio era rebasada y sufría brutales golpizas de los insurrectos. También indica que la respuesta del Departamento de Defensa se vio “influida por las críticas” a su agresiva respuesta a las protestas en el verano de 2020 tras la muerte de George Floyd a manos de la policía.
Los senadores fueron muy críticos de la Junta de la Policía del Capitolio, un comité de tres miembros que incluye a los responsables de seguridad de la Cámara de Representantes y el Senado y de la administración del Capitolio. Actualmente, las peticiones del jefe de policía deben ser autorizadas por la junta, incluso en caso de urgencia. El reporte recomienda que sus miembros “revisen adecuadamente las políticas y procedimientos” después de que los senadores determinaran que ninguno de los miembros de la junta el 6 de enero comprendía su autoridad ni podía detallar qué se requería para solicitar ayuda de la Guardia Nacional.
Dos de los tres miembros de la junta, los jefes de seguridad de las dos cámaras, fueron destituidos en los días posteriores al ataque. Sund también renunció bajo presiones.
El reporte también recomienda crear una unidad de inteligencia consolidada en la Policía del Capitolio después de errores generalizados de distintas agencias, que no predijeron el ataque a pesar de que los insurrectos lo estaban planificando abiertamente en internet.
La unidad de inteligencia de la policía “sabía de publicaciones en redes sociales que llamaban a la violencia en el Capitolio el 6 de enero, lo que incluía un plan para allanar el recinto, el intercambio en internet de mapas de los sistemas de túneles del complejo del Capitolio y otras amenazas específicas de violencia”, según el reporte, pero los agentes no informaron adecuadamente a los mandos de todo lo que habían encontrado.
El 28 de diciembre, por ejemplo, el reporte señala que alguien envió un correo electrónico a una cuenta pública de la Policía del Capitolio en el que alertó sobre “innumerables tuits de los simpatizantes de Trump en los que dicen que estarán armados el 6 de enero” y “tuits de personas que se están organizando para irrumpir en el Capitolio”. También hubo advertencias internas de un aumento de publicaciones en varios sitios web que mostraban mapas del Capitolio, incluidos sus túneles. Pero esos detalles nunca se difundieron ampliamente.En respuesta al reporte, la Policía del Capitolio reconoció la necesidad de mejoras, algunas de las cuales ya se estaban implementando. “Las agencias policiales de todo el país dependen de la información de inteligencia, y la calidad de esa información puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte”, señala el comunicado.
Durante el ataque, señaló el reporte, la Policía del Capitolio se vio muy expuesta por la mala información de inteligencia, equipo inadecuado y falta de liderazgo. La cadena de mando “se rompió durante el ataque”, lo que dejó a los agentes en el frente sin órdenes. No había comandantes operativos dirigiendo la situación y algunos mandos estaban peleando en lugar de dar órdenes. “Los mandos de la Policía del Capitolio no tomaron el control del sistema de radio para transmitir órdenes a los agentes de primera línea en ningún momento”, concluyó la investigación.
“Me horrorizó que ningún subjefe o superior estuviera en la radio o nos ayudara”, comentó un policía a la comisión en una declaración anónima. “Durante horas los gritos por la radio eran horribles, las vistas eran inimaginables y había una pérdida total del control... Durante horas ningún jefe o superior tomó el mando o el control. Los policías suplicaban y pedían ayuda para el triaje médico”.
CIUDAD DE MÉXICO (AP) —La vicepresidenta estadounidense Kamala Harris intentó asegurarles el martes a las poblaciones pobres y amenazadas de Latinoamérica que Estados Unidos tiene “la capacidad de darles a las personas una sensación de esperanza” en la región para que puedan tener una mejor vida sin tener que huir hacia territorio estadounidense.Harris concluyó su primera gira en el extranjero como vicepresidenta sin mostrar remordimientos por su decisión de no visitar la frontera entre México y Estados Unidos como parte de su misión de atender la migración hacia Estados Unidos.
“Si quieren atender las necesidades de una persona, deben conocer a esas personas, deben pasar tiempo con ellas, porque la única manera en que en verdad puedes arreglar el problema es entendiéndolo”, dijo en una conferencia de prensa antes de abordar un vuelo rumbo a Washington.
Previamente, desestimó preguntas sobre su decisión de no incluir una visita a la frontera como parte de su labor para combatir el incremento migratorio, señalando que aunque es “válido” expresar preocupación sobre la situación en la frontera, no se atenderá con una simple visita.
“Para nosotros, debe ser una prioridad entender por qué se va la gente”, dijo en su conferencia. “No puedo subrayarlo lo suficiente. La mayoría de las personas no quieren irse de su casa”.
WASHINGTON (AP) — La Corte Suprema de Estados Unidos falló por unanimidad el lunes que miles de personas que viven en el país por razones humanitarias no pueden solicitar la residencia permanente.La jueza Elena Kagan escribió en el fallo que la ley federal de inmigración prohíbe que las personas que ingresaron al país sin permiso y ahora están bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) soliciten “green cards” para quedarse en el país de forma permanente.
El TPS se otorga a personas que provienen de países devastados por guerras o desastres naturales. Los protege de la deportación y les permite trabajar legalmente. Hay unas 400.000 personas de 12 países bajo dicho estatus.
El fallo concierne al caso de una pareja de El Salvador que vive en Estados Unidos desde principios de la década de 1990, y giró en torno a la cuestión de si las personas que ingresaron sin permiso en el país y recibieron protección humanitaria alguna vez fueron “admitidas” en Estados Unidos, de acuerdo con las leyes migratorias.
Kagan escribió que no. “El programa TPS otorga a los extranjeros el estatus de no inmigrantes, pero no los admite. Entonces, la concesión del TPS no hace que una persona con ingreso ilegal... sea elegible” para un permiso de residencia, escribió.
La Cámara de Representantes ya aprobó una legislación que permitiría que los beneficiarios del TPS se conviertan en residentes permanentes, señaló Kagan. El proyecto de ley enfrenta perspectivas inciertas en el Senado.
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SAN DIEGO (AP) — El gobierno de Estados Unidos dijo el martes que ha identificado a más de 3.900 menores migrantes separados de sus padres en la frontera con México bajo la política de “tolerancia cero” del expresidente Donald Trump hacia las entradas ilegales al país. Las autoridades proporcionaron uno de los conteos más detallados en un capítulo de la historia migratoria estadounidense que recibió una condena generalizada.El conteo del grupo de trabajo para la reunificación familiar del gobierno de Joe Biden de 3.913 menores separados entre el 1 de julio de 2017 y el final de la presidencia de Trump está muy por debajo de los más de 5.500 identificados por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) en documentos judiciales, basándose en información gubernamental.
El grupo de trabajo dijo que identificó a “casi todos” los menores que fueron separados en base a esa política pero revisará otros 1.723 casos desde julio de 2017, lo que podría elevar el numero total de expedientes examinados a 5.636, más parecido al conteo de la ACLU . La discrepancia parece radicar principalmente en el fallo de una corte federal en San Diego que excluyó a 1.723 niños que fueron apartados por otros motivos, como riesgo de que estuviesen en peligro o dudas sobre paternidad.
Las autoridades también tratarán de determinar si hubo separaciones familiares durante los primeros seis meses de la presidencia de Trump, a partir de enero de 2017, algo que está fuera de la demanda de ACLU. Esto podría elevar también la cifra final.
De los 3.913 menores, 1.786 han regresado con uno de sus padres, en su mayoría durante la presidencia de Trump, se ha contactado con los padres de otros 1.965, y se desconoce el paradero de 391 más. Muchos de los contactados fueron entregados a otros familiares.
WASHINGTON (AP) — En su primer viaje al extranjero como vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris pretende profundizar los lazos diplomáticos con Guatemala y México, dos naciones latinoamericanas clave para los esfuerzos del gobierno estadounidense por frenar el arribo de migrantes a su país.Harris, quien partió de Washington el domingo después de una demora por un problema técnico en el avión vicepresidencial, desea asegurar compromisos para una mayor cooperación en seguridad fronteriza e inversión económica, pero la corrupción en la región —un desafío mucho más intratable— complicará sus esfuerzos.
De hecho, ya ha tenido un impacto significativo en su trabajo en la región. Harris aún no ha tenido contactos sustanciales con los líderes de Honduras y El Salvador, que se encuentran involucrados en escándalos de corrupción. Y es un asunto que los expertos de la región aseguran debe atenderse para crear cualquier cambio perecedero.
“La corrupción es un cáncer en la región”, dijo Jason Marczak, director del Centro para América Latina Adrienne Arsht del Atlantic Council. “Abordar la corrupción es fundamental para generar esperanza y crear oportunidades potenciales”.
Marczak señaló que la corrupción en la región afecta los derechos humanos, las oportunidades de empleo, el costo de los bienes y mucho más. El empleo, dijo, vendrá “con la inversión, y la inversión llega cuando hay certeza en el estado de derecho”.