PORTLAND, Oregon, EE.UU. (AP) — Un juez federal otorgó el martes una medida cautelar que bloquea la entrada en vigor de una proclama del gobierno del presidente Donald Trump que requeriría que los inmigrantes demostraran que cuentan con un seguro de salud a fin de obtener una visa.

 

El juez de distrito Michael Simon dijo en una opinión por escrito que la proclama no entrará en vigor en lo que se resuelve una demanda que impugna su constitucionalidad.

 

La proclama emitida por Trump en octubre sólo aplicaría a las personas que aspiran a una visa de inmigrante desde el extranjero y no a aquellas que ya se encuentran dentro del país.

 

Siete personas con nacionalidad estadounidense y una organización sin fines de lucro interpusieron una demanda para evitar que la norma entrara en vigor, bajo el argumento de que la regla impediría que casi dos terceras partes de los inmigrantes elegibles recibieran la visa.

 

La querella también señalaba que la norma eliminaría o reduciría significativamente el número de migrantes que ingresa a Estados Unidos con visas patrocinadas por sus familiares.

 

“La decisión es un control importante al intento del gobierno de Trump de reescribir las leyes de inmigración y de salud de nuestra nación que violan los límites establecidos en la Constitución”, dijo Esther Sung, abogada de la organización Justice Action Center.

 

La Casa Blanca había dicho que estaba en total desacuerdo con la decisión de Simon de impedir que el decreto entrara en vigor, declarando que era “incorrecto e injusto” que un juez en un solo distrito judicial emita un fallo que frenara una política a nivel nacional.

 

Previamente, Simon emitió un interdicto temporal de emergencia el 3 de noviembre en respuesta a la demanda y escuchó argumentos antes de la opinión del martes.

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WASHINGTON (AP) — Los testigos han hablado y los actores políticos han dejado claras sus posiciones. Ahora, los investigadores le explicarán al público por qué creen que debe llevarse a cabo un juicio político.

 

El lunes, se estaban compilando cientos de páginas de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes para preparar un amplio informe, en el cual se empezará a perfilar si el presidente Donald Trump cometió “traición, soborno o crímenes y delitos menores desde una posición de poder” al retener 400 millones de dólares en ayuda a Ucrania mientras presionaba a ese país para que investigara a su oponente político Joe Biden. El informe podría ser dado a conocer incluso la semana próxima.

 

Lo que cada bando se juega es cada vez más grande. Los estadounidenses siguen profundamente divididos en torno a la cuestión del juicio político, a pesar de horas de testimonios, y ahora parece que la polarización del país tendrá un desenlace: los demócratas están listos para votar en favor de enjuiciar al presidente, mientras que los republicanos respaldan firmemente a Trump.

 

El envío del caso a la Comisión de Asuntos Jurídicos de la cámara baja, que está lista para iniciar su propia ronda de audiencias de testigos en diciembre, proporciona una oportunidad más de influir en la opinión pública antes de una votación en la Cámara de Representantes prevista para Navidad y de un juicio en el Senado en 2020.

 

“La evidencia que hemos recabado hasta ahora de que el presidente procedió de manera ilegal e ímproba es clara y difícilmente refutable”, les dijo el presidente de la Comisión de Inteligencia Adam Schiff a sus colegas el lunes en una carta. “Lo que nos falta es decidir si este comportamiento es congruente con la oficina de la Presidencia, y si ello garantiza aplicar el proceso constitucional de juicio político”.

 

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BALTIMORE (AP) - Tres hombres encarcelados durante 36 años en Maryland fueron exonerados el lunes por el asesinato de un adolescente de Baltimore después de una revisión de su caso.

 

Alfred Chestnut, Ransom Watkins y Andrew Stewart fueron liberados de la prisión horas después de que un juez despejó sus condenas y los fiscales retiraron los cargos. Eran adolescentes cuando fueron sentenciados a cadena perpetua en 1984.

 

"En nombre del sistema de justicia penal, y estoy seguro de que esto significa muy poco para ustedes, señores, voy a disculparme", dijo el juez del tribunal de circuito Charles Peters a los hombres, informó el Baltimore Sun.

 

Chestnut, Watkins y Stewart fueron arrestados en noviembre de 1983 por el asesinato de DeWitt Duckett, de 14 años. El adolescente fue abordado por su chaqueta de Georgetown y recibió un disparo en el cuello mientras caminaba a clase en una escuela de Baltimore.

 

El caso fue reabierto a principios de este año por la oficina de la Fiscal del Estado de la ciudad de Baltimore, Marilyn Mosby, después de que Chestnut envió una carta a la Unidad de Integridad de Convicciones. El Washington Post informó que Chestnut incluyó evidencia exculpatoria que descubrió el año pasado.

 

Los fiscales ahora dicen que los informes policiales muestran que varios testigos le dijeron a la policía que ese sospechoso, que tenía 18 años en el momento del crimen, era el tirador. Un estudiante lo vio huir de la escena y arrojar un arma cuando la policía llegó a Harlem Park Junior High School, pero las autoridades en ese momento centraron su investigación en el trío.

 

El nuevo sospechoso fue asesinado a tiros en 2002.

 

Un fiscal asistente que trabajaba en el caso le dijo a la corte en 1984 que el estado no tenía ningún informe que hubiera generado dudas sobre la culpabilidad de los acusados ​​a pesar de que los registros policiales tenían declaraciones que involucraban al joven de 18 años y también mostraban que los testigos del juicio habían fallado. para identificar a los adolescentes en alineaciones de fotos. Un juez selló esos documentos, pero Chestnut los obtuvo a través de una solicitud de registros públicos el año pasado.

 

"Todos los involucrados en este caso, funcionarios escolares, policías, fiscales, jurados, medios de comunicación y la comunidad, se apresuraron a juzgar y permitieron que su visión del túnel ocultara problemas obvios con la evidencia", dijo Shawn Armbrust, director ejecutivo de Mid- Proyecto de inocencia atlántica, que representa a Watkins. Armbrust agregó que "este caso debería ser una lección para todos de que la búsqueda de respuestas rápidas puede conducir a resultados trágicos".

FORT LAUDERDALE, Florida, EE.UU. (AP) — Una mujer arrestada por entrar sin permiso en el resort del presidente Donald Trump en Florida será sentenciada el lunes.

 

Yujing Zhang, una empresaria china, fue arrestada por entrar sin permiso al club Mar-a-Lago cerca de Palm Springs, en Florida en marzo pasado.

 

La fiscalía ha pedido una pena de 18 meses de cárcel. Está acusada de ingresar ilegalmente allí y de mentirle a los agentes del Servicio Secreto, pues les ocultó que llevaba 50.000 dólares.

 

La mujer de 33 años, una consultora basada en Shanghái, fue su propia abogada en el juicio en septiembre y no ha introducido documento alguno en su caso.

 

No tiene prontuario policial, y eso le puede beneficiar. Podría ser sentenciada a seis años de cárcel, aunque las directrices federales contemplan entre cero y seis meses.

 

Cuando Zhang fue arrestada, llevaba consigo cuatro teléfonos celulares, una computadora y un disco duro externo, y en su hotel tenía más dispositivos y más dinero en efectivo. Ello despertó conjeturas de que era una espía, pero no fue acusada de espionaje.