BOGOTÁ, Colombia (AP) — Colombia inició el lunes conversaciones de paz con el grupo rebelde Segunda Marquetalia, mientras el gobierno del presidente izquierdista Gustavo Petro intenta pacificar las zonas rurales del país que han experimentado un aumento de la violencia a pesar de los esfuerzos por negociar altos el fuego con varios grupos armados.
Las conversaciones se anunciaron en Caracas, Venezuela, en una ceremonia que incluyó a delegados del gobierno y líderes rebeldes que firmaron un acuerdo de paz en 2016 pero luego tomaron las armas nuevamente después de decir que se habían desilusionado con la implementación del acuerdo.
“Queremos participar en la política sin recurrir al uso de las armas”, dijo el negociador principal de la Segunda Marquetalia, Walter Mendoza. “La condición para ello será que el gobierno cumpla su parte de los acuerdos”.
Con unos 2.000 combatientes, la Segunda Marquetalia es uno de los grupos rebeldes más pequeños del país. La decisión del gobierno de iniciar conversaciones de paz con el grupo ha sido criticada por líderes de la oposición colombiana que acusan a Petro de ser blando con el crimen.
Las negociaciones con la Segunda Marquetalia son controvertidas porque el grupo está liderado por miembros de las ex Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o FARC, que firmaron el acuerdo de paz pero retomaron las armas, ya que algunos de ellos enfrentaban investigaciones por narcotráfico.
“Por el bien de la paz, deseo buena suerte en estas conversaciones”, escribió en la plataforma de redes sociales X Humberto de la Calle, senador que fue el principal negociador del gobierno en las conversaciones de paz con las FARC de 2016. “Pero esto envía un terrible mensaje a la sociedad: que los tramposos y los que no cumplen su palabra pueden salir adelante”.
Los funcionarios del gobierno dijeron que la constitución de Colombia les otorga el mandato de poner fin a los conflictos por medios pacíficos.
“Ninguno de los conflictos actuales en Colombia comenzó con el presidente Petro”, dijo Armando Novoa, el principal negociador del gobierno. "Pero tenemos el deber ético y moral de proteger a las víctimas, las comunidades y las personas en zonas del país que han estado olvidadas durante mucho tiempo".
El grupo Segunda Marquetalia está dirigido por Luciano Marín, un ex comandante de las FARC que fue el principal negociador del grupo en las conversaciones de paz que llevaron al desarme de más de 13.000 combatientes rebeldes.
Los ex rebeldes se libraron de las penas de prisión y se les otorgaron 10 escaños en el Congreso de Colombia como parte del acuerdo de paz de 2016, incluido un escaño en el Senado que fue otorgado a Marín, más conocido por su nombre de guerra de Iván Márquez.
Pero el líder rebelde se cansó del acuerdo de paz en 2018, después de que uno de sus camaradas cercanos, Seuxis Paucias, fuera arrestado por la policía colombiana con una orden de arresto estadounidense, por presuntamente conspirar para exportar 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos.
A medida que la investigación se acercaba a Marin, el comandante rebelde desapareció de los eventos públicos, se retiró a la jungla y anunció la creación de su nuevo grupo rebelde en un video de agosto de 2019 en el que afirmaba haber sido traicionado por el gobierno.
Marín ha estado luchando contra el Estado colombiano desde entonces con su grupo Segunda Marquetalia, pero comenzó a mantener conversaciones en privado el año pasado con funcionarios de la administración Petro en lugares secretos de Venezuela.
El lunes, Marin hizo su primera aparición en público desde su vídeo de 2019.
El líder rebelde lució su característica barba y pronunció un discurso en el que acusó a los funcionarios colombianos de intentar “atrapar” a él y a otros exmiembros de las FARC con investigaciones de narcotráfico.
Marín señaló que Petro estaba haciendo “esfuerzos honestos” para abordar la pobreza y la desigualdad e insinuó que es necesaria una reforma de la constitución de Colombia para que prospere un acuerdo político, haciéndose eco de las declaraciones hechas por Petro en los últimos meses.
“En otros momentos de la historia, (los líderes políticos) han optado por cambiar los marcos legales existentes”, dijo Marín. “En nuestra visión, coincidimos con quienes dicen que es hora de poner en marcha procesos dinámicos que generen las condiciones para una redefinición de las normas que regulan nuestra sociedad”.
TILA, México (AP) — Era de noche cuando los residentes de este remoto pueblo comenzaron a escuchar disparos. Luego llegaron los ruidos de los camiones y las voces de los hombres discutiendo qué casas quemar.
Las llamas comenzaron a saltar alrededor de Tila, un pueblo de unas 10.000 personas que viven en calles empinadas rodeadas de montañas en el estado sureño de Chiapas. A cinco horas de tiroteos les siguieron tres días en los que la gente del pueblo se escondió dentro de sus casas esperando ayuda.
Su única información provino de plataformas de redes sociales que rápidamente se llenaron de mensajes amenazantes. Circuló un vídeo que mostraba a un niño parado en un tejado agitando una bandera blanca ante un supuesto helicóptero militar.
Finalmente aparecieron los soldados y unas 5.000 personas huyeron de Tila con lo que podían llevar. Fue uno de los mayores desplazamientos de personas en el sur de México desde la década de 1990 y sólo el último ejemplo de los desafíos de seguridad que aguardan al próximo presidente de México .
Leonel Jiménez, profesor, pasó tres días refugiado con su madre y su hermano de 12 años. Todos los días llamó al 911 y recibió la misma respuesta: estaban a cargo. Tres semanas después, están acampados en un pueblo cercano y temen regresar.
"Tenemos líderes que no quieren hacer nada", dijo.
Tila es uno de los muchos pueblos de Chiapas donde conflictos sociales de décadas de antigüedad se mezclan con grupos armados, corrupción política y, más recientemente, incursiones del crimen organizado en un vacío de autoridad gubernamental.
Los cárteles de los estados norteños de Sinaloa y Jalisco luchan por territorio en todo México y durante más de un año han llevado esa lucha a Chiapas, a lo largo de su frontera con Guatemala . Luchan por controlar las lucrativas rutas de contrabando de drogas, inmigrantes y armas.
Algunos grupos no gubernamentales en el área dicen que no está claro si esos poderosos cárteles se están aprovechando de un conflicto de décadas por la tierra entre los pueblos indígenas y otros en Tila, pero algunos ven señales de su presencia. Otros, como un sacerdote local, sugirieron que una facción de la ciudad podría haber pedido ayuda a un cartel contra sus rivales. O alguien en la disputa podría simplemente estar utilizando la temible reputación de los cárteles para sembrar el terror, como se ha visto en otros estados.
En Tila, la mayoría de las puertas y ventanas permanecen cerradas. Decenas de soldados y policías custodian las entradas de la ciudad y la plaza central. Algunos residentes que huyeron hacen viajes rápidos de regreso para recoger sus pertenencias y volver a irse.
“Hay que irse, porque aquí no hay vida”, dijo entre lágrimas Rafael Gutiérrez mientras vaciaba su casa. Se ganaba la vida conduciendo por las calles de Tila poniendo anuncios en un altavoz grande en la parte superior de su Volkswagen Beetle, pero ahora dice: “No podemos vivir con esta ansiedad”.En Tila, la mayoría de las puertas y ventanas permanecen cerradas. Decenas de soldados y policías custodian las entradas de la ciudad y la plaza central. Algunos residentes que huyeron hacen viajes rápidos de regreso para recoger sus pertenencias y volver a irse.
“Hay que irse, porque aquí no hay vida”, dijo entre lágrimas Rafael Gutiérrez mientras vaciaba su casa. Se ganaba la vida conduciendo por las calles de Tila poniendo anuncios en un altavoz grande en la parte superior de su Volkswagen Beetle, pero ahora dice: “No podemos vivir con esta ansiedad”.En Tila, la mayoría de las puertas y ventanas permanecen cerradas. Decenas de soldados y policías custodian las entradas de la ciudad y la plaza central. Algunos residentes que huyeron hacen viajes rápidos de regreso para recoger sus pertenencias y volver a irse.
“Hay que irse, porque aquí no hay vida”, dijo entre lágrimas Rafael Gutiérrez mientras vaciaba su casa. Se ganaba la vida conduciendo por las calles de Tila poniendo anuncios en un altavoz grande en la parte superior de su Volkswagen Beetle, pero ahora dice: “No podemos vivir con esta ansiedad”.En Tila, la mayoría de las puertas y ventanas permanecen cerradas. Decenas de soldados y policías custodian las entradas de la ciudad y la plaza central. Algunos residentes que huyeron hacen viajes rápidos de regreso para recoger sus pertenencias y volver a irse.
“Hay que irse, porque aquí no hay vida”, dijo entre lágrimas Rafael Gutiérrez mientras vaciaba su casa. Se ganaba la vida conduciendo por las calles de Tila poniendo anuncios en un altavoz grande en la parte superior de su Volkswagen Beetle, pero ahora dice: “No podemos vivir con esta ansiedad”.
Durante más de 60 años, Tila ha estado dividida entre los campesinos indígenas que trabajan las tierras comunales circundantes y los que viven en el pueblo y tienen títulos de propiedad. Los agricultores creen que la ciudad también es tierra comunal, lo que es la raíz del conflicto.
Los agricultores apoyaron el levantamiento zapatista de 1994, una breve insurgencia armada en Chiapas que exigía más derechos para los pueblos indígenas. Algunos habitantes de Tila se aliaron con grupos paramilitares que el gobierno utilizó para tratar de controlar a los guerrilleros después de los acuerdos de paz.
A lo largo de los años han continuado los asesinatos y abusos ocasionales dirigidos especialmente contra los agricultores.
Las cosas se intensificaron en 2015 cuando los agricultores, cuyo reclamo territorial sobre las tierras de la ciudad llegó hasta la Corte Suprema, expulsaron a las autoridades electas de Tila e impusieron el autogobierno comunal. El tribunal superior aún no ha tomado una decisión en el caso de la tierra.
En las afueras de Tila, los agricultores se reunieron la semana pasada para discutir la situación. Los agricultores, que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron a The Associated Press que quemaron las casas en Tila en la violencia del 4 de junio, pero dijeron que fue un acto selectivo que siguió a un ataque a una de sus patrullas de la policía comunal. Dijeron que las casas quemadas pertenecían a personas aliadas con el cartel de Sinaloa.
"Hubo disparos porque no había otra opción", dijo un agricultor. “Nosotros, los legítimos nativos de Tila, los expulsamos. Esos asesinos necesitan salir de aquí”. Dijo que los atacados contaban con el apoyo de las autoridades locales, estatales y federales, así como del cartel.
Algunos de los habitantes que huyeron de Tila sostienen que fueron los agricultores quienes llevaron a los cárteles a las largas disputas de la ciudad, acusándolos de aliarse con el cártel Jalisco Nueva Generación. Los agricultores niegan tener vínculos con el cártel.
El presidente Andrés Manuel López Obrador restó importancia al conflicto la semana pasada, diciendo que se trataba de una disputa local. En mayo, algunos residentes de Tila le pidieron al presidente que interviniera mientras estaba de gira por Chiapas, diciendo que sentían que el conflicto estaba a punto de estallar.
Ese mismo mes, un grupo de personas enmascaradas en otras partes de Chiapas detuvo el convoy de Claudia Sheinbaum (entonces candidata aliada de López Obrador y ahora presidenta electa) para quejarse de que el gobierno no está haciendo nada respecto de los problemas de seguridad de la zona.
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La Iglesia católica está intentando mediar en el conflicto, abriendo un diálogo con las facciones.
El reverendo Alejandro Ornelas, sacerdote del Santuario Señor de Tila, dijo que cree que el crimen organizado ahora puede estar involucrado con ambos lados. Sin nombrarlos, dijo que el grupo armado de agricultores, conocido como “Autónomos”, así como un grupo de pueblos circundantes apoyado por algunos habitantes de Tila, llamado “Karma”, están tratando de obtener armas.
Los cárteles pueden estar interesados en controlar el territorio porque conecta la frontera sur con el Golfo de México y la capacidad de mover drogas a través de allí.
Elisabeth Vázquez, que regenta una pequeña tienda de comestibles frente a la iglesia y no huyó, ha notado un cambio. "Disparan por todos lados, las clases (escolares) son inconsistentes, van y vienen en motocicletas y no sabemos quiénes son", dijo.
Lo que está claro es que la violencia del 4 de junio dio credibilidad a las amenazas gráficas que circularon en línea en los días siguientes para crear un pánico masivo.
Jiménez, la maestra, dijo que en grupos de WhatsApp y Facebook había “amenazas de muerte, amenazas de violación de mujeres y niñas, de reclutamiento forzado”, todas atribuidas a los “Autónomos”, el grupo apoyado por los campesinos.
Seis agricultores han sido arrestados en relación con el ataque, pero los miembros de la comunidad indígena dicen que las amenazas en las redes sociales no tuvieron nada que ver con los agricultores y califican la atribución a “Autonomos” como mentira. Fue información errónea proveniente de sus enemigos, dicen.
Los mensajes advertían que todo Tila iba a arder y circularon grabaciones de audio hablando de las poderosas armas calibre .50 que usarían y diciendo que Jalisco Nueva Generación se sumaba a la lucha.
Una foto de una familia asesinada circuló. Los desplazados también compartieron rumores espantosos, pero no confirmados, de que le arrancaron un corazón y bebieron sangre durante la noche de caos.
Si bien las autoridades solo confirmaron que dos personas (un hombre y un niño) murieron, además del incendio de 17 casas y 21 vehículos, muchos habitantes creyeron todo lo que vieron en línea. Entonces, cuando 500 soldados aparecieron tres días después del ataque y retiraron los árboles talados que bloqueaban las salidas de la ciudad, aproximadamente la mitad de los residentes huyeron.
“Cuando llegó el ejército nos dijeron que nos fuéramos porque podía empeorar”, dijo Eduardo Pérez, otro maestro y padre de cinco hijos. “Evacuamos”.
También se fue Miguel Ángel Lugo, empleado del Instituto Nacional Electoral. “No sabíamos lo que podría pasar. Hubo amenazas de que todos los que se quedaran iban a ser perjudicados”, dijo.
Las autoridades están luchando por convencer a los desplazados de que es seguro regresar a Tila.
Los que huyeron exigen que se establezca un puesto militar permanente en Tila para protegerlos, algo que los agricultores rechazan porque no confían en el ejército.
“Queremos que nos den garantías de seguridad”, dijo Dora María Hernández, una ingeniera que vivió con su familia durante más de dos semanas cerca del pueblo de Yajalon después de huir de Tila. “La pequeña (su hija) está traumatizada. Dice que ve hombres armados en sus sueños”.
Un hombre que vende ropa y repara motocicletas dijo: “No tengo a dónde regresar”. El hombre, que habló bajo condición de anonimato por temor a represalias, huyó con 14 familiares después de que su casa fuera incendiada.
Cuestionado sobre si era miembro de Karma, sólo dijo que se llevaba bien con todos, pero agregó que “si hubieran llegado los narcos esto no hubiera pasado. Habrían defendido el pueblo”.
TEL AVIV, Israel (AP) — La viabilidad de una propuesta respaldada por Estados Unidos para poner fin a la guerra de ocho meses en Gaza quedó en duda el lunes después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijera que sólo estaría dispuesto a aceptar una Acuerdo de alto el fuego “parcial” que no pondría fin a la guerra, comentarios que provocaron un alboroto entre las familias de los rehenes retenidos por Hamás.
En una entrevista transmitida el domingo por la noche en el Canal 14 israelí, una estación conservadora pro-Netanyahu, el líder israelí dijo que estaba "preparado para hacer un acuerdo parcial -esto no es ningún secreto- que nos devolverá a parte del pueblo". en referencia a los aproximadamente 120 rehenes que aún se encuentran retenidos en la Franja de Gaza. “Pero estamos comprometidos a continuar la guerra después de una pausa, para completar el objetivo de eliminar a Hamás. No estoy dispuesto a renunciar a eso”.
Los comentarios de Netanyahu no se desviaron dramáticamente de lo que había dicho anteriormente sobre los términos de un acuerdo. Pero llegan en un momento delicado en el que Israel y Hamas parecen estar cada vez más distanciados por la última propuesta de alto el fuego, y podrían representar otro revés para los mediadores que intentan poner fin a la guerra.
Los comentarios de Netanyahu contrastaron marcadamente con las líneas generales del acuerdo detalladas a fines del mes pasado por el presidente estadounidense Joe Biden, quien enmarcó el plan como israelí y al que algunos en Israel se refieren como “el acuerdo de Netanyahu”. Sus comentarios podrían tensar aún más los vínculos de Israel con Estados Unidos , su principal aliado, que lanzó un importante impulso diplomático para la última propuesta de alto el fuego.
El plan de tres fases supondría la liberación de los rehenes restantes a cambio de cientos de palestinos encarcelados por Israel. Pero persisten las disputas y la desconfianza entre Israel y Hamas sobre cómo se desarrollará el acuerdo.
Hamás ha insistido en que no liberará a los rehenes restantes a menos que haya un alto el fuego permanente y una retirada total de las fuerzas israelíes de Gaza. Cuando Biden anunció la última propuesta el mes pasado, dijo que incluía ambas.
Pero Netanyahu dice que Israel todavía está comprometido a destruir las capacidades militares y de gobierno de Hamás y a garantizar que nunca más pueda llevar a cabo un ataque al estilo del 7 de octubre. Una retirada total de las fuerzas israelíes de Gaza, donde los máximos dirigentes de Hamás y gran parte de sus fuerzas siguen intactas, casi con seguridad dejaría al grupo en control del territorio y en condiciones de rearmarse.
En la entrevista, Netanyahu dijo que la actual fase de combates está terminando , preparando el escenario para que Israel envíe más tropas a su frontera norte para enfrentar al grupo militante libanés Hezbollah , en lo que podría abrir un nuevo frente de guerra. Pero dijo que eso no significaba que la guerra en Gaza hubiera terminado.
Durante la fase inicial de seis semanas, se supone que las partes negociarán un acuerdo sobre la segunda fase, que según Biden incluiría la liberación de todos los rehenes vivos restantes, incluidos los soldados varones, y la retirada total de Israel de Gaza. El alto el fuego temporal pasaría a ser permanente.
Hamás parece preocupado de que Israel reanude la guerra una vez que sus rehenes más vulnerables sean devueltos. E incluso si no lo hace, Israel podría hacer exigencias en esa etapa de las negociaciones que no formaban parte del acuerdo inicial y que son inaceptables para Hamás, y luego reanudar la guerra cuando Hamás las rechace.
Los comentarios de Netanyahu reforzaron esa preocupación. Después de que fueron emitidos, Hamás dijo que representaban una “confirmación inequívoca de su rechazo” al acuerdo apoyado por Estados Unidos, que también recibió el respaldo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas .
En una declaración el domingo por la noche después de la larga entrevista televisiva de Netanyahu, el grupo militante palestino dijo que su posición estaba "en contraste" con lo que la administración estadounidense dijo que Israel había aprobado. El grupo dijo que su insistencia en que cualquier acuerdo debería incluir un alto el fuego permanente y la retirada de todas las fuerzas israelíes de toda la Franja de Gaza "era una necesidad inevitable para bloquear los intentos de Netanyahu de evadir, engañar y perpetuar la agresión y la guerra". de exterminio contra nuestro pueblo”.
Netanyahu respondió y en un comunicado de su oficina dijo que Hamás se oponía a un acuerdo. Dijo que Israel no se retirará de Gaza hasta que los 120 rehenes sean devueltos.
Hamás acogió con agrado las líneas generales del plan estadounidense, pero propuso lo que calificó de “enmiendas”. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, durante una visita a la región a principios de este mes, dijo que algunas de las demandas de Hamas eran “viables” y otras no, sin dar más detalles.
Tanto Netanyahu como Hamás tienen incentivos para mantener la devastadora guerra a pesar del catastrófico costo que ha tenido entre los civiles en Gaza y la creciente ira en Israel porque después de tantos meses Israel no ha logrado sus objetivos de devolver a los rehenes y derrotar a Hamás.
Las familias de los rehenes se han impacientado cada vez más con Netanyahu, considerando que su aparente renuencia a seguir adelante con un acuerdo está contaminada por consideraciones políticas. Un grupo que representa a las familias condenó los comentarios de Netanyahu, que consideró como un rechazo israelí a la última propuesta de alto el fuego.
"Esto es un abandono de los 120 rehenes y una violación del deber moral del Estado hacia sus ciudadanos", dijo, señalando que responsabilizaba a Netanyahu de devolver a todos los cautivos.
En su ataque transfronterizo del 7 de octubre, los militantes liderados por Hamás mataron a 1.200 personas y tomaron cautivas a 250, entre ellas mujeres, niños y ancianos. Decenas de rehenes fueron liberados en un acuerdo de alto el fuego temporal a finales de noviembre y de los 120 rehenes restantes, las autoridades israelíes dicen que alrededor de un tercio están muertos.
La guerra de represalia de Israel ha matado a más de 37.000 palestinos, según el Ministerio de Salud en el territorio gobernado por Hamás. Ha provocado una crisis humanitaria y ha desplazado a la mayor parte de los 2,3 millones de habitantes del territorio.
Goldenberg es reportero y productor de Associated Press que cubre Israel y los territorios palestinos. Anteriormente informó sobre África Oriental y Occidental desde Nairobi.
LA PAZ, Bolivia (AP) — Los manifestantes llegaron a la capital de Bolivia, con la garganta ronca por los cánticos y los pies llenos de ampollas después de una semana de caminar por la carretera nacional.
Las multitudes de vendedores ambulantes de la vasta fuerza laboral informal del país sudamericano terminaron su marcha de casi 100 kilómetros (60 millas) desde las llanuras montañosas de Bolivia con un llamado que provocó años de creciente ira por las reservas de divisas del país, que se están agotando peligrosamente. : “¡Queremos dólares!”
Con los precios en alza, los dólares escasos y las colas que se alejan de las gasolineras con escasez de combustible, las protestas en Bolivia se han intensificado por el precipitado declive de la economía, que pasó de ser una de las de más rápido crecimiento del continente hace dos décadas a una de las más afectadas por la crisis en la actualidad .
“Podemos cambiar el país porque somos el motor de la producción”, dijo Roberto Ríos Ibáñez, secretario general de la Confederación de Comerciantes de Bolivia, mientras los cansados manifestantes se detenían para almorzar a su alrededor en el centro de la capital, congestionado por el tráfico. “El gobierno no escucha. Por eso estamos en las calles”.
El atolladero financiero de Bolivia se debe, al menos en parte, a una brecha sin precedentes en los niveles más altos del partido de gobierno.
El presidente Luis Arce y su antiguo aliado, el ícono izquierdista y expresidente Evo Morales , están luchando por el futuro del escindido Movimiento al Socialismo de Bolivia, conocido por su acrónimo en español MAS, antes de las elecciones de 2025.
La lucha política ha paralizado los esfuerzos del gobierno para hacer frente a la creciente desesperación económica y los analistas advierten que el malestar social podría explotar en la históricamente turbulenta nación de 12 millones de habitantes.
Las grietas en el partido de gobierno se abrieron en 2019 , cuando Morales, entonces el primer presidente indígena de Bolivia, se postuló para un tercer mandato inconstitucional . Ganó una votación disputada y plagada de acusaciones de fraude, lo que desató protestas masivas que causaron 36 muertes y llevaron a Morales a renunciar y huir del país.
Después de que un gobierno interino tomó el control en lo que el MAS llamó un golpe de estado , el sucesor elegido por Morales, Arce, ganó las elecciones con una promesa de campaña de restaurar la prosperidad en Bolivia, que alguna vez fue la principal fuente de gas natural de América Latina.
Arce había sido ministro de Finanzas de Morales y supervisó años de fuerte crecimiento y baja inflación, pero al asumir la presidencia en 2020 se encontró con un panorama económico sombrío debido a la pandemia de coronavirus . La disminución de la producción de gas selló el fin del modelo económico boliviano que arruinaba el presupuesto.
Aún muy popular entre las comunidades indígenas, los cultivadores de coca y los trabajadores sindicales de Bolivia , Morales vio una oportunidad. Después de regresar del exilio , el carismático populista anunció el año pasado planes para presentarse a las elecciones de 2025, poniéndose en camino de colisión con Arce, de quien se espera que busque la reelección.
“Bolivia tiene una mayoría indígena y la gente apoyará instintivamente a alguien como Morales basándose en lo que representa”, dijo Diego von Vacano, experto en política boliviana de la Universidad Texas A&M y ex asesor informal de Arce. “Ahora tienen el factor de empuje, la falta de éxito de la administración de Arce”.
A principios de este mes, Morales atrajo a decenas de miles de leales a Cochabamba, al sureste de La Paz, galvanizando su bastión rural.
“Vamos a ganar las elecciones y vamos a salvar a Bolivia”, bramó un Morales triunfante en un estadio lleno de seguidores que agitaban wiphalas, los tableros de ajedrez de colores brillantes que representan a los muchos pueblos de Bolivia.
Arce cuestiona la legitimidad de la campaña de Morales, argumentando que un fallo de la Corte Constitucional de 2023 le impide postularse.
Los expertos legales dicen que no está tan claro.
"Hemos visto a ambos políticos manipular los tribunales para decidir cuestiones políticas que tienen una importante relación con la constitución", dijo Eduardo Rodríguez Veltzé, un juez boliviano que sirvió como presidente en 2005-2006.
Morales, quien proclamó en su discurso que “hemos cumplido las reglas”, ha amenazado con desatar disturbios masivos si es descalificado para postularse.
Mientras tanto, con la crisis de liquidez negando el acceso a dólares para pagar a los proveedores en el extranjero, los comerciantes bolivianos han producido escenas extraordinarias en la frontera con Brasil y Perú al clamar por comprar la moneda estadounidense a precios inflados en los países vecinos.
Cuando las casas de cambio en La Paz se agotaron el año pasado , los bolivianos hicieron fila toda la noche frente al Banco Central para obtener divisas.
Es un contraste sorprendente con el auge de Bolivia a principios del siglo XXI. Animado por una ganancia inesperada de ingresos por exportaciones, el gobierno de Morales redujo la tasa de pobreza al 15%, amplió la clase media y construyó ciudades y carreteras en expansión.
Los problemas comenzaron en 2014, cuando los precios de las materias primas se desplomaron y el gobierno recurrió a sus reservas de divisas para sostener el gasto. Luego recurrió a sus reservas de oro e incluso vendió sus bonos en dólares a nivel local.
"Nos comimos los ahorros y ahora estamos raspando la olla", dijo Gonzalo Chávez, profesor de economía en la Universidad Católica de Bolivia.
Ahora que el gobierno desembolsa 2.000 millones de dólares al año para importar gasolina fuertemente subsidiada en un esfuerzo por sofocar el descontento público, la presión se ha intensificado. En febrero, la agencia de calificación Fitch rebajó aún más la calificación de la deuda de Bolivia hasta el territorio de basura, asignándole una calificación CCC.
Y la lucha por el MAS está exacerbando los problemas económicos .
Los aliados de Morales en el Congreso de Bolivia han frustrado sistemáticamente los intentos de Arce de asumir una deuda que aliviaría la presión. Bolivia tiene un tesoro escondido de litio , pero los legisladores no darán la aprobación a Arce para permitir que empresas extranjeras lo extraigan.
Arce califica el estancamiento como un “boicot económico” destinado a subvertir su presidencia.
Buscando calmar los temores de los inversores, el ministro de Hacienda, Marcelo Montenegro, niega que haya crisis. Pero las largas colas de automovilistas frustrados frente a las gasolineras sugieren lo contrario. En los últimos días, camioneros enojados bloquearon carreteras y quemaron neumáticos.
“Arce ha desmantelado nuestras organizaciones sociales y al mismo tiempo ha abandonado su gestión de la economía”, dijo Jorge Cucho, líder y activista indígena. “Los precios han aumentado un 70%. Nuestros salarios ya no alcanzan para ir al mercado”.
Las tensiones que desgarran al MAS ofrecen a la oposición boliviana su primera oportunidad real de llegar al poder desde que Morales ganó una mayoría electoral sin precedentes en 2005. Políticos centristas y conservadores han saltado al campo. Pero la oposición está fracturada y su legitimidad está en duda, con decenas de sus políticos tras las rejas .
"La oposición tiene ahora muchas más oportunidades debido a la división", dijo Fernando Mayorga, sociólogo de la universidad pública de Bolivia en Cochabamba. "Hasta ahora, no hemos visto señales de que pueda actuar sobre ellos".
Los bolivianos que están indignados por Morales pero decepcionados por Arce dicen que el país se encuentra en una encrucijada peligrosa.
“La gente está dormida”, dijo Ibáñez, el líder sindical. "Pronto empezarán a levantarse".
BUENOS AIRES, Argentina (AP) — Javier Milei, que hizo campaña el año pasado como un marginado libertario, electrizó las manifestaciones con sus promesas de destruir a la élite política corrupta de Argentina. Pero el excéntrico economista convertido en presidente ahora enfrenta acusaciones de hipocresía por su nominación a la Corte Suprema.
Lo que hace que su elección de Ariel Lijo, de 55 años, sea tan extraordinaria no es sólo la falta de experiencia del juez en apelaciones o sus escasas publicaciones académicas, sino que ha sido acusado de conspiración, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, y ha sido objeto de escrutinio por más violaciones éticas. que casi cualquier otro juez en la historia de su tribunal.
"Se trata de una regresión masiva, un esfuerzo por socavar el poder judicial y la lucha contra la corrupción", dijo Juan Pappier, subdirector para las Américas de Human Rights Watch. “Ésta es la mayor contradicción de Milei”.
La reacción violenta a la nominación de Lijo el 28 de mayo no se hizo esperar. Los manifestantes se concentraron frente a la Corte Suprema. Organismos de control legal, grupos empresariales y periódicos criticaron a Milei por elevar a un ejemplo de la clase que había prometido alterar.
Pero Lijo tiene aliados en todo el espectro político, y Milei predice una confirmación fácil, a pesar de que el aislamiento político del presidente ha frustrado sus esfuerzos por lograr que se apruebe un solo proyecto de ley en seis meses. Después de una explosión de protestas violentas, la reforma estatal radical de Milei, un proyecto de ley de 232 artículos que otorga al presidente poderes ampliados sobre la economía, logró aprobarse en el Senado la semana pasada .
“Lijo es especial porque puede conseguir los votos”, dijo Alberto Garay, presidente del Colegio de Abogados de Buenos Aires. "No se trata de conseguir juristas respetados en el tribunal, se trata de amigos".
Un asistente de Lijo dijo a The Associated Press que el juez no hablaría con los periodistas hasta después de su audiencia de confirmación en el Senado, prevista para las próximas semanas.
Tan pronto como asumió el cargo, Milei, quien rifó su salario mensual como legislador, lanzó lo que calificó de un ajuste económico impactante para abordar las fallidas finanzas de Argentina, pero su éxito depende de una ola de impugnaciones judiciales.
Sin aliados en el Congreso, el presidente se basó en un controvertido decreto de emergencia para desregular el mercado laboral. Los jueces suspendieron importantes secciones de la medida después de que los sindicatos se quejaran de que era inconstitucional. Milei sostiene que a medida que la inflación anual se acerca al 300%, la crisis económica de Argentina constituye una emergencia que justifica el amplio decreto bajo la constitución argentina. Los abogados no están de acuerdo.
“Toda democracia constitucional se basa en la noción de un poder ejecutivo limitado”, dijo Ricardo Gil Lavedra, abogado constitucionalista y ex ministro de Justicia. "Si Milei puede conseguir que los jueces que quiere pasen por el Senado, tendrá un tribunal que no deshará sus reformas".
Milei dice que las investigaciones de Lijo sobre altos funcionarios han demostrado sus credenciales anticorrupción. Pero por lo demás, su tibia defensa de Lijo contra la avalancha de ataques ha hecho poco para sofocar las especulaciones.
Cuando una emisora de radio de Buenos Aires le preguntó por qué Lijo era una buena elección, Milei hizo una pausa antes de decir: “Hay una ventaja relativa en que Lijo sabe cómo funciona el sistema de justicia”.
Incluso los aliados de Milei han contraatacado. El economista libertario Alberto Benegas Lynch, mentor intelectual de Milei, dijo estar “alarmado”. La vicepresidenta Victoria Villarruel expresó su decepción.
La Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense advirtió que la nominación podría dañar los esfuerzos de Milei para asegurar la inversión internacional.
Lijo está plagado de acusaciones de mala conducta.
Quizás lo más desconcertante, dicen los críticos, sea un caso penal de 2018 que acusa a Lijo y su hermano millonario, Alfredo, de conspirar para realizar favores oficiales a empresarios ricos a cambio de dinero y empresas fantasma. Los fiscales los acusaron de amasar una fortuna perturbando los procedimientos judiciales contra magnates y funcionarios.
La agencia antilavado de dinero de Argentina investigó las asociaciones comerciales y propiedades de los hermanos, diciendo que su “inexplicable aumento de activos” levantaba sospechas. Pero en 2021, con las investigaciones en pleno apogeo, el caso fue desestimado por falta de pruebas a pedido de Mariano Cúneo Libarona, el entonces abogado de Lijo, quien ahora es ministro de Justicia de Argentina.
Durante años, los comentaristas políticos han bromeado sobre el talento de Lijo para desestimar casos delicados de corrupción contra funcionarios poderosos, llamándolo el “anestesiólogo de la corte”. Los expertos legales dicen que su historial de casos archivados personifica lo que está mal en los lentos poderes judiciales de toda la región.
“Vemos un patrón en las autocracias de toda América Latina, donde lo primero que hacen los líderes es socavar la independencia y la integridad del poder judicial”, dijo María Eugenia Talerico, ex subdirectora de la Unidad de Investigaciones Financieras. "Para proteger la democracia, se necesitan jueces capacitados, honestos y sólidos".
Desde su formación en 1999, el consejo de magistrados, el máximo organismo de control judicial de Argentina, se ha topado con sólo dos jueces federales de Buenos Aires perseguidos por más denuncias de mala conducta que Lijo, quien ha enfrentado 32 denuncias formales en sus 20 años de carrera , según la Asociación Cívica Argentina por la Igualdad. y Justicia (ACIJ) encontró. El año pasado, Lijo enfrentó cinco solicitudes de juicio político, sin precedentes en su tribunal.
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Una auditoría realizada en 2016 por el consejo de magistrados reveló que Lijo provocó retrasos “injustificados” en 29 casos, algunos de los cuales se prolongaron durante 14 años. De 89 casos de corrupción en su tribunal, poco más del 15% llegaron a juicio, una de las proporciones más bajas para los jueces argentinos, informó la ACIJ.
Lijo ha negado haber retrasado el proceso y culpa a la complejidad de los casos judiciales por los retrasos.
Algunos de los casos que aún languidecen involucran a la enemiga política de Milei, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner .
Un caso que acusa al ícono de izquierda de defraudar al Estado al apoderarse de la petrolera argentina YPF de la energética española Repsol se ha estancado desde que Lijo lo abrió en 2006. Su investigación sobre presunto lavado de dinero durante la campaña presidencial de Kirchner en 2007 llegó a un callejón sin salida justo antes de iniciarse. a juicio en 2018.
Kirchner ha sido investigado por aproximadamente una docena de cargos , en su mayoría relacionados con corrupción, y fue sentenciado a seis años de prisión en 2022 por un plan que involucraba contratos de obras públicas amañados.
Ella apeló, calificando las acusaciones como una caza de brujas política. El caso eventualmente llegará ante la Corte Suprema de Argentina.
La reticencia del expresidente, típicamente franco, a condenar al elegido por Milei para el máximo tribunal ha aparecido en los titulares locales, al igual que el silencio del expresidente de centroderecha Mauricio Macri . Lijo se desempeñó como juez en un caso que alegaba que la empresa familiar de Macri se benefició de favoritismo en las negociaciones para el pago de una deuda multimillonaria con el Estado. Lijo nunca citó a Macri a declarar y el caso sigue sin resolverse y la deuda impaga.
Un portavoz de Macri no respondió a una solicitud de comentarios.
Que Milei pueda acelerar la nominación de Lijo a través del Senado depende de los votos de los legisladores alineados con los poderosos exlíderes, particularmente Kirchner, cuya coalición tiene 33 de 72 escaños. En las últimas semanas, febriles informes sobre un pacto entre Milei y Kirchner han cautivado a los medios argentinos.
"Es imposible para ella emitir esos votos si no obtiene una garantía de impunidad en sus casos", dijo el destacado comentarista político argentino Carlos Pagni.
Un portavoz de Milei no respondió a una solicitud de comentarios. Un asesor de Kirchner rechazó la sugerencia de que la confirmación de Lijo podría aliviar sus cargas legales.
A medida que se acerca la audiencia de confirmación, algunos senadores han presionado al consejo de magistrados para que acelere sus investigaciones sobre las quejas y solicitudes de impeachment aún pendientes contra Lijo.
El presidente del Consejo, Héctor Recalde, negó sus peticiones en abril, posponiendo indefinidamente las investigaciones sobre la conducta de Lijo.
“El juez Lijo es candidato a la Corte Suprema”, dijo Recalde. "No es apropiado en este momento".
Radio América es una emisora de habla hispana que transmite desde la ciudad de Laurel en el estado de Maryland cubriendo con sus 1,900 vatios de potencia toda el área metropolitana de Washington D.C. en la cual residen cerca de 1 millón de Latinos.
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BOGOTÁ, Colombia (AP) — Colombia inició el lunes conversaciones de paz con el grupo rebelde Segunda Marquetalia, mientras el gobierno del presidente izquierdista Gustavo Petro intenta pacificar las zonas rurales del país que han experimentado un aumento de la violencia a pesar de los esfuerzos por negociar altos el fuego con varios grupos armados.
