TAPACHULA, México (AP) — Un grupo de unos 2.000 migrantes partió el domingo de la frontera sur de México con la esperanza de llegar al norte del país y, en última instancia, a Estados Unidos. El hecho se produce semanas antes de las elecciones presidenciales estadounidenses, en las que la inmigración ha sido un tema clave.
Algunos migrantes, como el venezolano Joel Zambrano, creen que una nueva administración en Estados Unidos podría poner fin a las citas de asilo a través de un sistema en línea llamado CBP One.
“Eso es lo que nos da miedo. Dicen que esto podría cambiar porque podrían cerrar tanto la cita de CBP One como todos los servicios que están ayudando a los migrantes”, dijo.
Tanto la falta de empleos en el sur de México debido a una nueva ola de extranjeros que llegan como el retraso en las citas de asilo en Estados Unidos han motivado a más grupos de migrantes a abandonar la región en el último mes.
“La situación en mi país es muy mala, el presidente no hace nada por nosotros. Estuvimos una semana en la frontera, pero conseguir documentos lleva tiempo”, dijo el hondureño Roberto Domínguez, de 48 años. “Los documentos que nos dan son sólo para estar en Tapachula y no podemos salir de la ciudad”.
El grupo que salió el domingo fue el tercero y el más grande desde el inicio del gobierno de la nueva presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, quien hasta ahora no ha realizado cambios en las políticas migratorias establecidas por su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.
Grupos de 800 y 600 migrantes abandonaron la región a principios de octubre.
El activista Luis García Villagrán estima que unos 40.000 migrantes se encuentran actualmente varados en el sur de México.
LA HABANA (AP) — Los cubanos esperaban angustiados este domingo el restablecimiento del servicio eléctrico caído tras fallas técnicas el viernes, una situación que podría a su vez tornarse más tensa debido a la llegada de un huracán en el oriente de la isla.
En la noche se desarrollaron protestas en algunos puntos de La Habana, donde vecinos molestos demandaban la normalización del servicio batiendo cacerolas, constató AP.
“La luz hace tres días que no la tenemos y la comida se nos está pudriendo. Cuatro días sin corriente es un abuso con los niños”, dijo a la AP una vecina, que sólo quiso identificarse como Mary Carla para evitar ser plenamente identificada, durante una manifestación de varias decenas de personas en el barrio de Santos Suárez.
También allí estaba Rachel, madre de un bebé. “Tengo un niño de tres meses y lo tengo de picaduras hasta el pelo (lleno), ya no da para más. No hay luz, no hay agua, no hay nada”, indicó la mujer angustiada.
También se produjeron algunas protestas en el popular barrio de Centro Habana, donde los inconformes cortaron una calle esparciendo basura.
Las autoridades trabajaban para poder levantar el sistema energético nacional que colapsó luego de una avería en la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, el lunes o el martes por la mañana, indicó en una conferencia de prensa el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O.
Sin embargo, De la O reconoció que la llegada del huracán Oscar, que tocó tierra la noche del domingo en la localidad de Baracoa, a unos 1.000 kilómetros de la capital, afectará al este del país agregará un “inconveniente adicional” a la recuperación eléctrica, pues —refirió— en esa área se encuentra un “polo fuerte de generación” del fluido.
Precisamente en esa zona se encuentran las plantas de Felton, en Holguín; Renté, en Santiago de Cuba; la de Moa, y una de las patanas que las autoridades tienen contratadas a Turquía para la producción.
La emergencia energética comenzó el jueves por la noche cuando en horario pico, el 50% del país se vio a oscuras por falta de generación eléctrica, una situación que provocó una comparecencia especial del primer ministro Manuel Marrero para disponer medidas de ahorro como la suspensión de las clases o actividades no vitales, así como el anuncio de incrementos en la tarifa.
Sin embargo, la situación más crítica se desató el viernes por la mañana con el colapso total del sistema energético a nivel nacional ocasionado por el salidero de una caldera en la central Antonio Guiteras de Matanzas, explicó el domingo el titular de Energía.
El domingo, algunos vecindarios de la capital La Habana, con unos dos millones de habitantes, ya tenían electricidad, pero la mayoría seguía en la oscuridad. El impacto del apagón va más allá de la iluminación, ya que servicios como el suministro de agua también dependen de la corriente y miles de hogares la usan para preparar alimentos.
Las personas comenzaron a cocinar en las calles con estufas a leña improvisadas antes de que la comida se echara a perder en los refrigeradores ya descongelados, constató The Associated Press durante un recorrido.
“Mi hija no ha comido, no puede dormir, no está yendo al colegio”, dijo a la AP Ylenis de la Caridad Nápoles, ama de casa de 40 años, entre lágrimas y aseguró que ha llegado al punto de la “desesperación”.
Pero la falla del viernes en la planta Antonio Guiteras, que provocó el colapso del sistema de toda la isla, fue sólo la más reciente en una serie de problemas con la distribución energética en un país donde la electricidad ha estado restringida, los apagones son frecuentes y donde incluso existe desde hace meses un cronograma de cortes por sectores de cuatro horas diarias.
Muchas personas se formaron durante varias horas la mañana del domingo para comprar pan en las pocas panaderías que pudieron reabrir.
“Son millones y millones de problemas que tenemos y ninguno se resuelve”, dijo Rosa Rodríguez mientras esperaba en una de estas filas para adquirir este producto.
El apagón se considera el peor de Cuba en dos años, después de que el huracán Ian tocó tierra como una tormenta de categoría 3 en 2022 y dañó las instalaciones energéticas del occidente del país, ocasionando otra desconexión nacional.
Este año, algunos hogares ya pasaron jornadas de más de ocho horas al día sin electricidad.
De la O dijo que ya se había reconectado el servicio para unos 160.000 clientes en la capital, y que estarían en mejor situación si el sistema no hubiera tenido otras dos caídas parciales mientras trataban de levantarlo el sábado. Por la tarde la cifra había aumentado a 260.000, pero una nueva desconexión complicó otra vez el escenario, dijo un reporte de la Unión Eléctrica.
El ministro también aseguró que habían recibido comunicaciones con disposición a cooperar por parte de México, Colombia, Venezuela y Rusia, entre otras naciones.
La emergencia energética obedece principalmente a tres motivos: un aumento de la demanda, la falta de combustible en el país y las frecuentes averías en las viejas centrales termoeléctricas. Los dos últimos factores están ocasionados por las sanciones de Estados Unidos, que le impiden a Cuba comprar combustible o adquirir las piezas de repuesto.
Y a su vez la situación forma parte de una dura crisis económica en la isla que se hizo sentir en la población por el desabastecimiento, inflación y apagones.
El reclamo de energía estuvo detrás de las protestas de julio de 2021, las más importantes de la isla en casi tres décadas. Otras manifestaciones más pequeñas y localizadas se desarrollaron en octubre del 2022 y marzo de 2024.
El presidente, Miguel Díaz-Canel, reconoció durante una comparecencia el domingo que la gente estaba disgustada por la falta de luz y hubo quejas más o menos enérgicas.
“Hay toda una capacidad desde el partido y otras organizaciones para dar respuesta a las inquietudes de la población, siempre que sea de manera decente, organizada, civilizada y disciplinada”, dijo el mandatario, que advirtió que “no vamos a permitir que nadie actúe provocando hechos vandálicos y mucho menos alterando la tranquilidad ciudadana de nuestro pueblo”.
Oscar tocó tierra con vientos sostenidos de 130 kilómetros por hora, informó el servicio meteorológico nacional. En las provincias orientales se reportaron lluvias, chubascos y tormentas eléctricas con acumulados de unos 200 milímetros en la zonas montañosas. Hubo fuertes marejadas de dos metros de altura e inundaciones moderadas en las zonas bajas del litoral, incluyendo el Malecón de Baracoa, según la prensa local.
De igual forma se indicó que se habilitaron casi una veintena de albergues y se observaban daños en techos y paredes en la región. No se reportaron fallecidos.
Oscar se formó el sábado frente a la costa de las Bahamas y pasó al lado de las islas Turcas y Caicos al sur.
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CARACAS, Venezuela (AP) — Venezuela detuvo a cinco extranjeros más, incluidos tres ciudadanos estadounidenses, por su presunta conexión con un complot para desestabilizar al país, anunció el jueves el ministro del Interior, lo que marca la última ronda de arrestos por lo que las autoridades han caracterizado como actividades antigubernamentales tras las disputadas elecciones presidenciales de julio.
El ministro del Interior, Diosdado Cabello, no aportó pruebas que respalden las acusaciones de que los detenidos estaban vinculados a actividades terroristas. Como en anuncios similares anteriores, también afirmó, sin mostrar evidencia alguna, que agencias de inteligencia estadounidenses planificaron las actividades.
Cabello no dijo cuándo fueron detenidas las cinco personas. Dijo que un ciudadano peruano y otro boliviano fueron detenidos junto con los tres estadounidenses. Dijo que todos “hablan español perfectamente” y viajaron al país diciendo que estaban “enamorados de Venezuela” y que planeaban “ver a su pareja”.
El mes pasado, Cabello anunció la detención de tres estadounidenses, dos españoles y un ciudadano checo a quienes acusó de viajar a Venezuela para asesinar al presidente Nicolás Maduro . Cabello dijo que los ciudadanos extranjeros eran parte de un complot liderado por la CIA para derrocar al gobierno venezolano y matar a varios miembros de su liderazgo.
El anuncio de mediados de septiembre se produjo dos días después de que Estados Unidos impusiera sanciones a 16 aliados de Maduro a quienes el gobierno de Biden acusó de obstruir la votación durante las elecciones presidenciales del 28 de julio y de cometer abusos contra los derechos humanos.
Las autoridades electorales, fieles al partido gobernante, declararon a Maduro vencedor horas después del cierre de las urnas, pero no publicaron un desglose de los resultados como lo habían hecho en elecciones presidenciales anteriores. Afirmaron que no podían divulgar la información detallada porque su sitio web había sido hackeado.
Sin embargo, la principal coalición opositora obtuvo actas de más del 80% de las máquinas de votación y las publicó en línea. La coalición dijo que los registros mostraban que su candidato, Edmundo González, derrotó a Maduro por un margen de 2 a 1.
El gobierno de Maduro ha utilizado anteriormente a ciudadanos estadounidenses presos en Venezuela para obtener concesiones del gobierno de Estados Unidos. En un acuerdo alcanzado el año pasado con el gobierno de Biden, Maduro liberó a 10 estadounidenses y a un fugitivo buscado por el gobierno de Estados Unidos para asegurar un indulto presidencial para Alex Saab, un aliado cercano de Maduro que estaba detenido en Florida por cargos de lavado de dinero.
Según los fiscales estadounidenses, Saab también habría ayudado a Maduro a evitar sanciones del Tesoro de Estados Unidos a través de una compleja red de empresas fantasma.
"La seguridad de los ciudadanos estadounidenses en cualquier parte del mundo es nuestra primera prioridad, y vamos a recopilar más información sobre esto en las próximas horas", dijo a los periodistas el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, refiriéndose al anuncio del jueves de Cabello.
BANGKOK (AP) — Un grupo de casi tres docenas de grupos de derechos humanos pidió el viernes al primer ministro de Tailandia que libere a un activista vietnamita cuya extradición fue ordenada a su país para enfrentar una pena de prisión por cargos de terrorismo, afirmando que enfrenta la posibilidad de ser torturado si es devuelto.
Y Quynh Bdap, que tiene el estatus de refugiado de las Naciones Unidas en Tailandia, fue detenido por las autoridades tailandesas en virtud de una orden de arresto vietnamita en junio cuando solicitaba asilo en Canadá. Se encuentra detenido en Bangkok a la espera de su extradición.
En la carta enviada al Primer Ministro Paetongtarn Shinawatra, así como a otros funcionarios tailandeses y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Amnistía Internacional y otros 32 grupos de derechos humanos sugirieron que Bdap “enfrenta un riesgo real de tortura, detención arbitraria prolongada u otras graves violaciones de los derechos humanos” si es devuelto a Vietnam.
El portavoz de Paetongtarn, Jirayu Houngsub, dijo que la oficina del primer ministro aún no había recibido la carta y que no tenía comentarios inmediatos.
Bdap es cofundador del grupo Montagnards Stand for Justice. Huyó a Tailandia en 2018 para escapar de la persecución en Vietnam, que ha sido criticado durante mucho tiempo por su trato a la minoría montañesa predominantemente cristiana del país.
Su grupo abogó por los derechos religiosos y otros derechos de los montañeses, capacitándolos en el derecho internacional y vietnamita y en cómo documentar los abusos, lo que, según las ONG, lo convirtió en un objetivo del gobierno vietnamita.
El hombre de 32 años fue declarado culpable en ausencia en Vietnam en enero por terrorismo y sentenciado a 10 años de prisión por acusaciones de estar involucrado en la organización de disturbios antigubernamentales en la provincia montañosa central de Dak Lak, en Vietnam, el año pasado.
En septiembre, un tribunal de Bangkok ordenó su extradición. Su apelación contra esa decisión aún está pendiente.
Pham Thu Hang, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Vietnam, dijo a los periodistas en Hanoi el jueves que era “apropiado” extraditar a Bdap “para garantizar que todos los criminales sean castigados por la ley”.
“Vietnam trabajará con las oficinas pertinentes en Tailandia para abordar esto de acuerdo con la ley de ambos países”, dijo.
Bdap se escondió en Tailandia después de que le alertaran de que las autoridades vietnamitas estaban haciendo investigaciones sobre él a principios de este año, y publicó un video poco antes de ser detenido diciendo que no tenía "absolutamente nada que ver con ese incidente violento".
“Soy un activista de derechos humanos que lucha por la libertad religiosa y defiende los derechos de las personas”, afirmó. “Mis actividades son pacíficas y consisten únicamente en recopilar y redactar informes sobre las violaciones de los derechos humanos en Vietnam”.
En el proceso judicial de enero en Vietnam, cerca de otras cien personas fueron juzgadas por su presunta participación en disturbios ocurridos en dos oficinas gubernamentales de distrito en los que murieron nueve personas, incluidos cuatro agentes de policía y dos funcionarios del gobierno. Cincuenta y tres fueron condenados por cargos de “terrorismo contra el gobierno del pueblo”, informó el periódico estatal Vietnam News.
Días después de los veredictos, Pham Thu Hang, del Ministerio de Asuntos Exteriores, rechazó las críticas de que Vietnam había utilizado el juicio como una oportunidad para reprimir a las minorías étnicas, diciendo que el gobierno necesitaba "abordar estrictamente el terrorismo de acuerdo con el derecho internacional".
“Todas las etnias que viven en el territorio de Vietnam son iguales”, afirmó.
En la carta conjunta, las ONG subrayaron que los expertos de derechos humanos de la ONU han expresado su preocupación de que el juicio puede haber tenido motivaciones políticas (señalando que Bdap estaba en Tailandia cuando se cometieron los presuntos crímenes en Vietnam) y no cumplió con las garantías de un juicio justo.
También señalaron que Tailandia acaba de ser elegida para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para un período de tres años que comenzará el 1 de enero.
“Ser elegido para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU conlleva serias responsabilidades para implementar políticas y acciones que respeten los derechos humanos”, dijo Prakaidao Phurksakasemsuk de la Cross Cultural Foundation, que fue uno de los grupos que envió la carta.
“Lo que le sucede a Y Quynh Bdap es una prueba de ese compromiso tailandés, y el primer ministro debería hacer lo correcto y ordenar que se le permita reasentarse de manera segura con su familia en un tercer país donde pueda recibir protección”.
Phil Robertson, director del grupo Asia Human Rights and Labor Advocates, que también firmó la carta, dijo que Bdap debería ser liberado bajo fianza mientras su apelación está pendiente para reunirse con su esposa y sus tres hijos pequeños.
“No hay absolutamente ninguna razón suficiente para mantener a un padre refugiado detenido, separado de sus hijos, y someterlo a un sufrimiento continuo basándose en acusaciones falsas y afirmaciones con motivaciones políticas impulsadas por el gobierno autoritario de Vietnam”, dijo Robertson.
Jintamas Saksornchai contribuyó a esta historia.
DavidRising cubre noticias regionales de Asia y el Pacífico para The Associated Press. Ha trabajado en todo el mundo, incluyendo la cobertura de las guerras en Irak, Afganistán y Ucrania, y vivió durante casi 20 años en Berlín antes de mudarse a Bangkok.
LA PAZ, Bolivia (AP) — La región cocalera del Chapare y una carretera secundaria en el centro de Bolivia estaban tomadas el lunes por manifestantes tras el llamado a un bloqueo nacional de vías por parte de seguidores del expresidente Evo Morales para evitar que sea detenido después de negarse a comparecer ante la fiscalía que lo investiga por supuesto estupro, trata y tráfico de menores.
La policía dispersó a manifestantes que pretendían cortar una ruta vital entre el occidente y el oriente del país. Las organizaciones sociales que respaldan a Morales convocaron a los bloqueos “para resguardar la libertad, integridad y el secuestro de nuestro hermano Evo Morales”, según la resolución adoptada el fin de semana en un encuentro que presidió el propio líder cocalero.
“Es una medida desesperada para evitar que la justicia cumpla su trabajo”, dijo el ministro de Justicia, César Siles.
El político que gobernó Bolivia por 14 años (2006-2019) acusa a su heredero y sucesor, el presidente Luis Arce, de “armar” el caso para invalidar su postulación a los comicios presidenciales de 2025 por el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS).
“A través de sentencias buscan arrebatarnos la sigla” del partido y pretenden “inhabilitarme con procesos judiciales”, dijo Morales en X, antes Twitter, el lunes. Sus seguidores instalaron vigilias en el Chapare para evitar su aprehensión.
La acusación se enmarca en una guerra política entre Arce y Morales por el control del aparato partidario de cara a los comicios que tendrán lugar en 10 meses. El MAS ha quedado dividido y con su hegemonía política debilitada.
Morales aduce falta de garantías para presentarse a declarar y la fiscal que lo investiga Sandra Gutiérrez dijo que corresponde emitir una orden de detención, aunque según el ministro Siles hasta ahora no ha sido emitida.
El padre de la entonces menor con la que Morales habría sostenido una relación en 2016 está detenido y la policía busca a la madre.
Arce ha convocado a Morales para la tarde del lunes a dialogar sobre sus peticiones, dijo la ministra de la Presidencia, María Nela Prada. Hasta ahora no ha prosperado ningún acercamiento. El diputado Renán Cabezas, afín a Morales, dijo que puede ser una “trampa” y descartó que Morales acuda a la cita.
Opositores y analistas alegan que el gobierno usa el caso para desviar el foco de los problemas económicos del país como el aumento en el costo de vida, el desabastecimiento de diésel y la escasez de dólares que encarecen las importaciones.
“Morales apunta a Arce como su enemigo político; Arce cree que su enemigo es Morales, pero el enemigo de Arce es la economía”, comentó el ex vocero presidencial del mandatario, Jorge Richter.
Mientras el caso acapara la atención mediática, el lunes se iniciaba un juicio oral en contra de los líderes de la protesta de 2019 que derivó en la renuncia del entonces presidente Evo Morales, entre ellos la presidenta interina Jeanine Áñez y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ambos en prisión.
Áñez ya fue condenada a 10 años en otro caso similar mientras Camacho lleva casi dos años en prisión sin sentencia.
Las protestas que dejaron 37 muertos estallaron en 2019 tras unas elecciones denunciadas de fraudulentas por la Organización de los Estados Americanos (OEA) en las que Morales buscaba un tercer mandato. Áñez, Camacho y otros demandados deben responder por cargos de terrorismo, sedición y conspiración y han denunciado faltas al debido proceso y violación de sus derechos.
Radio América es una emisora de habla hispana que transmite desde la ciudad de Laurel en el estado de Maryland cubriendo con sus 1,900 vatios de potencia toda el área metropolitana de Washington D.C. en la cual residen cerca de 1 millón de Latinos.
Su propietario es Alejandro Carrasco considerado como la personalidad radial hispana mas influyente en Washington, Maryland y Virginia.
Su frecuencia, 900 AM una Ubicación ideal en el dial para alcanzar a toda la comunidad latina en el area metropolitana de Washington.
TAPACHULA, México (AP) — Un grupo de unos 2.000 migrantes partió el domingo de la frontera sur de México con la esperanza de llegar al norte del país y, en última instancia, a Estados Unidos. El hecho se produce semanas antes de las elecciones presidenciales estadounidenses, en las que la inmigración ha sido un tema clave.
