QUITO (AP) — La campaña electoral con miras a la segunda vuelta presidencial del 15 de octubre en Ecuador, en la que Luisa González y Daniel Noboa medirán sus fuerzas políticas en busca de reemplazar al presidente Guillermo Lasso, arrancó oficialmente el domingo, en medio de un proceso que se vio impactado por la peor crisis de inseguridad en la historia del país andino.

El 9 de agosto y a pocas semanas de la jornada electoral, Fernando Villavicencio, quien postulaba a la presidencia de Ecuador y se ubicaba cuarto en las preferencias electorales, fue asesinado al norte de Quito a la salida de un mitin político, en un inédito hecho que conmocionó a los ecuatorianos.

González, una abogada de 45 años que representa al movimiento de izquierda Revolución Ciudadana, liderado por el ex presidente Rafael Correa (2007-2017), interpuso recientemente una denuncia en la Fiscalía por un presunto plan para atentar contra su vida y accedió a utilizar chaleco antibalas.

La candidata, que lideró la primera vuelta con casi el 34% de los votos, aseguró que tuvo conocimiento del supuesto plan a través de la declaración de un detenido quien portaba una granada y confesó que iba a ser usada contra la candidata en un encuentro político. Dicha declaración constaría en grabaciones de audio en poder de la Fiscalía que no se han hecho públicas, aseguró.

La violencia e inseguridad que han ubicado a Ecuador entre los países más peligrosos de la región, con una tasa récord de 25,3 muertes por cada 100.000 habitantes en 2022 y que se prevé será ampliamente superada a finales de 2023, pone entre las prioridades de las ofertas de los canditatos el combate al crimen organizado, según los expertos.

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CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Las protestas de miles de guatemaltecos esta semana en apoyo al presidente electo Bernardo Arévalo sugieren que los esfuerzos de algunos funcionarios para descarrilar su presidencia han despertado una nueva voluntad entre muchos ciudadanos para defender la democracia.

Las manifestaciones públicas de rechazo a las maquinaciones de la Fiscalía General habían sido modestas en el mes transcurrido desde la resonante victoria de Arévalo. Pero el lunes, miles de personas marcharon pacíficamente por las calles de la capital y el martes los manifestantes bloquearon las principales carreteras de todo el país.

Históricamente, Guatemala ha tenido una puntuación entre los más bajos de los países latinoamericanos en su apoyo a la democracia, según la encuesta del Barómetro de las Américas, que ha estado midiendo las actitudes allí durante tres décadas. En los últimos 15 años, el apoyo medido a la democracia como la mejor forma de gobierno alcanzó un 62,9% en 2014 y un 48,4% en 2017.

Incluso en las semanas previas a las elecciones de este año, sólo el 48% de los encuestados dijo que la democracia era la mejor forma de gobierno, lo que sitúa a Guatemala en el último lugar de la región, según datos aún no publicados compartidos por investigadores del Laboratorio LAPOP de la Universidad de Vanderbilt. que realiza las encuestas del Barómetro de las Américas.

Pero desde las elecciones, los guatemaltecos han visto intentos por parte de los partidos perdedores y de la fiscalía general de impugnar los resultados. Arévalo ha caracterizado las investigaciones sobre su partido y las autoridades electorales como un intento de golpe de estado y la misión de observación de la Organización de Estados Americanos dijo que las acciones de los fiscales parecían tener como objetivo impedir que Arévalo asumiera el cargo .

Sandra Paz, de 55 años, marchó el lunes por la capital ondeando la bandera guatemalteca.

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IRAPUATO, México (AP) — Unos 5.000 migrantes tratando de llegar a Estados Unidos, la mayoría venezolanos, se alistaron en cuanto escucharon el tren a lo lejos.

Familias con niños pequeños durmiendo en cajas de cartón, hombres y mujeres jóvenes apretujados en casas de campaña bajo un puente cercano recogieron sus cosas a toda prisa. Cuando el tren llegó a las afueras de Irapuato, una ciudad den el centro de México, algunos se encaramaron a los vagones de metal con facilidad, mientras que otros lanzaron sus bolsas y alzaban en brazos a sus hijos pequeños envueltos en abrigos de invierno.

“Que suba, que suba”, decían algunos inmigrantes que iban arriba del tren a los que seguían todavía abajo. Otros gritaban “Dios te bendiga, México”.

Después de tres días esperando un tren que muchos en el grupo temían que no llegaría nunca, ese era su pasaje al norte, a la frontera de México con Estados Unidos.

Otros miles de migrantes se quedaron varados en otras zonas del país la semana pasada después de que la mayor compañía ferroviaria de México detuvo 30 convoyes de mercancías. La firma, Ferromex, dijo que había tantos migrantes trepando a los trenes que resultaba inseguro moverlos. La empresa dijo que se “han registrado cerca de media docena de casos de lesionados o fallecidos entre los grupos de personas que abordaron trenes de carga en su camino hacia la frontera norte a pesar del grave peligro que ello implica”.

Cuando el tren llegó el sábado, en muchos de los vagones se leía “Ferromex”. Había policías locales apostados en torno al campamento improvisado donde esperaban los migrantes, pero cuando el tren hizo su parada de unos 30 minutos no trataron de impedir que los migrantes se encaramaran.

Pese a la violencia de cárteles de la droga y a los peligros asociados a subirse a los vagones, hace mucho que los migrantes utilizan esos trenes de mercancías para viajar al norte. Muchos llaman a este tren “La Bestia”.

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RÍO DE JANEIRO (AP) — Los pueblos indígenas celebraron el jueves después de que la Corte Suprema de Brasil dictaminó consagrar sus derechos territoriales, eliminando la amenaza inminente de que esas protecciones pudieran ser revertidas.

Los jueces habían estado evaluando una demanda presentada por el estado de Santa Catarina, respaldada por agricultores, que buscaba impedir que un grupo indígena ampliara el tamaño de su reclamo territorial. Casi todos los jueces del tribunal superior votaron a favor del grupo indígena, lo que tiene implicaciones de gran alcance para los territorios de todo el país.

Decenas de indígenas con tradicionales tocados de plumas amarillas y pintura corporal bailaron, cantaron y saltaron frente a una multitud de cámaras con flashes en la capital de Brasilia después de que se emitiera la votación decisiva. Algunos se secaron las lágrimas de alegría.

"Estoy temblando. Nos llevó un tiempo, pero lo logramos. Es un sentimiento muy hermoso y fuerte. Nuestros antepasados ​​están presentes, de eso no hay duda”, dijo Jéssica Nghe Mum Priprá, del grupo indígena Xokleng-Laklano.

En el caso ante el tribunal, el estado de Santa Catarina argumentó una teoría legal impulsada por quienes se oponen a nuevas asignaciones de tierras para los grupos indígenas. Dijo que la fecha en que se promulgó la Constitución de Brasil (5 de octubre de 1988) debería ser la fecha límite para que los pueblos indígenas ya hayan ocupado físicamente tierras o estén luchando legalmente para volver a ocupar territorios. También afirmaron que proporcionaría seguridad jurídica a los propietarios de tierras.

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