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GINEBRA (AP) — El gobierno de Venezuela ha intensificado sus esfuerzos por socavar la libertad democrática con el empleo de amenazas, vigilancia y acoso antes de que el presidente, Nicolás Maduro, se presente a la reelección el año que viene, reportaron el miércoles expertos en derechos humanos respaldados por Naciones Unidas.La misión investigadora internacional autorizada oír el Consejo de Derechos Humanos de la ONU dijo que el gobierno ha cambiado de táctica desde la pandemia de COVID-19, cuando terminaron las protestas masivas de la oposición y los posteriores arrestos y tortura de manifestantes.
Ahora, dice el informe, las autoridades reprimen a miembros de la sociedad civil, políticos, dirigentes sindicales, periodistas, defensores de los derechos humanos y otros opositores reales o percibidos. Estos han sido sometidos a arresto, vigilancia, amenazas, campañas de difamación y procesos criminales arbitrarios bajo cargos de discurso de odio o terrorismo.
“Al criminalizar la participación en actividades legítimas, el gobierno acalla y atemoriza a cualquiera que piense en participar en alguna actividad que se considere de crítica al gobierno”, dijo Patricia Tappatá Valdez, miembro de la misión, a la prensa el miércoles.
El gobierno no respondió de inmediato a un pedido de declaraciones de la Associated Press. Tampoco respondió directamente a la misión, a la que no ha dado permiso para entrar al país.
La misión no tiene autoridad judicial, pero las pruebas que ha reunido pueden ser utilizadas por la Corte Penal Internacional o por cualquier país que aplique la “jurisdicción universal”, como la Argentina, para juzgar presuntos crímenes de lesa humanidad. La misión ha denunciado anteriormente los “crímenes de lesa humanidad” en la Venezuela de Maduro.
La oleada de migrantes que suspendió trenes en México comienza en la industria migratoria del Darién
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HUEHUETOCA, México (AP) — Los miles de migrantes viajan subidos al techo de vagones en México o que esperan en filas kilométricas junto a las vías para subir a un tren en el que llegar a Estados Unidos provocaron esta semana el cierre de uno de los pasos fronterizos y obligaron a la mayor empresa ferroviaria mexicana a suspender docenas de trenes de mercancías.Pero han revelado también un fenómeno mucho más grande: una cadena casi ininterrumpida de migrantes que van desde Colombia a través de la selva del Darién hasta Panamá a una escala industrial que podría rondar las 500.000 personas este año.
Esos migrantes se mueven sin interrupción a través de América Central hasta México y, de ahí, a la frontera con Estados Unidos.
Pero han revelado también un fenómeno mucho más grande: una cadena casi ininterrumpida de migrantes que van desde Colombia a través de la selva del Darién hasta Panamá a una escala industrial que podría rondar las 500.000 personas este año.
Esos migrantes se mueven sin interrupción a través de América Central hasta México y, de ahí, a la frontera con Estados Unidos.
“Detrás de nosotros vienen miles más. Es continuo”, dijo Juan Carlos Leal, un migrante venezolano que el miércoles esperaba junto a las vías con su hijo de 5 años, a unos 55 kilómetros (35 millas) al norte de la Ciudad de México.
Él y otros migrantes que aguardaban para trepar los trenes que pasan — a algunos incluso en marcha — en la localidad de Huehuetoca apuntaron que 3.500 personas salen a diario de los campamentos en la selva organizados por traficantes en el lado colombiano de la selva del Darién, porque esa es la capacidad de cada asentamiento.
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HUEHUETOCA, México (AP) — La empresa ferroviaria más grande de México, Ferromex, anunció el martes la suspensión de las operaciones de sus trenes de carga que cubren las rutas hacia el norte del país debido a la enorme aglomeración de migrantes que suben a los vagones de mercancías para desplazarse hacia Estados Unidos, acciones que han dejado varios heridos.Ferromex, que forma parte de la corporación Grupo México, dijo en un comunicado que paralizó temporalmente las operaciones de 60 trenes — que tienen una capacidad equivalente a la de 1.800 camiones — debido al “severo riesgo” que representa el uso de trenes de carga por parte de los migrantes para su traslado.
La decisión coincidió con un incidente que ocurrió la mañana del martes, cuando las fuerzas policiales detuvieron un tren de Ferromex cerca de la ciudad de Monclova — en el estado de Coahuila que colinda con Estados Unidos — el cual llevaba en el techo a cientos de migrantes, en su mayoría venezolanos.
El Instituto Nacional de Migración no respondió de momento a una solicitud de comentarios por parte de The Associated Press.
En en comunicado, Ferromex reconoce que en días recientes han registrado cerca de media docena de casos de lesionados o fallecidos entre los grupos de personas que abordaron trenes de carga en su camino hacia la frontera norte “a pesar del grave peligro que ello implica”.
De acuerdo con el reporte de la empresa, en los patios de operaciones de la ciudad de Torreón, también en Coahuila, hay concentradas más de 1.500 personas; en la localidad de Irapuato, en el centro del país, hay más de 800; en San Francisco de los Romo, estado de Aguascalientes, alrededor de 1.000, y en la ruta entre Chihuahua y Ciudad Juárez, otros 1.000 en las góndolas de carga.
BUENAVENTURA, Colombia (AP) — En toda Colombia, las décadas de conflicto entre las guerrillas de izquierdas, los paramilitares de derechas, los grupos de traficantes y el gobierno convirtieron a más de 9,5 millones de personas — casi un 20% de la población — en víctimas de desplazamientos forzados, homicidios o violencia sexual, entre otros.A medida que el conflicto se vuelve más complejo, con grupos armados cambiantes que se disputan el control del territorio, Gustavo Petro, un exrebelde convertido en presidente, se ha comprometido a consolidar una “paz total” y a poner fin a uno de los conflictos armados más prolongados del mundo.
Petro busca cambiar la forma en la que Colombia enfoca la violencia endémica, reemplazando las operaciones militares por programas sociales que aborden las raíces del conflicto, incluyendo la pobreza en zonas asoladas por la violencia como Buenaventura, una ciudad costera con 450.000 habitantes y el puerto con más actividad del país.
También está negociando con los grupos armados más poderosos — desde las guerrillas izquierdistas a pequeñas mafias de traficantes — en un esfuerzo por lograr su desmovilización simultánea. Más de 31.000 combatientes de milicias armadas se han presentado para empezar conversaciones de paz, según las estimaciones del gobierno. Ningún grupo ha firmado aún un acuerdo de paz completo, aunque el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Bogotá acordaron reciente una tregua de seis meses.
Como parte del plan de “paz total” se pondrán en marcha programas para frenar el reclutamiento en ciudades con altas tasas de violencia y pobreza, incluyendo Buenaventura, dijo la asesora gubernamental Carolina Hoyos a la AP, describiendo la iniciativa como fundamental para el panorama general.
Jóvenes en Paz entregará un estipendio mensual de 1 millón de pesos (unos 250 dólares) a 100.000 colombianos de entre 14 y 28 años “vinculados o en riesgo de vincularse” a grupos criminales, apuntó Hoyos. A cambio, se les exigirá que estudien y realicen algún tipo de trabajo social.
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BUENOS AIRES (AP) — Un tribunal superior ordenó el lunes que la vicepresidenta y exmandataria argentina Cristina Fernández de Kirchner vaya a juicio por supuesta asociación ilícita y lavado de dinero, en una causa vinculada a sus propiedades, y en otro caso por la firma de un acuerdo de cooperación judicial con Irán para esclarecer el atentado contra un centro comunitario judío en 1994.La Cámara de Casación, máximo tribunal penal de Argentina, dejó sin efecto los sobreseimientos que habían dictaminado los tribunales orales encargados de juzgar a la vicepresidenta en 2021.
Esta resolución no será de efecto inmediato, ya que Fernández de Kirchner —presidenta entre 2007 y 2015— puede apelar ante la Corte Suprema de Justicia. Si el máximo tribunal confirma los fallos, la dirigente peronista deberá ser juzgada.
El primer caso se vincula a la renta de hoteles y propiedades de los Kirchner a empresarios ligados al negocio de la obra pública. Según la investigación de un juez de primera instancia, este era el mecanismo que utilizaba la familia Kirchner para lavar el dinero de sobornos obtenidos por la licitación de obras públicas.
En el otro caso, Fernández de Kirchner había sido procesada por el delito de encubrimiento de ciudadanos de origen iraní a los que la justicia argentina acusa de perpetrar el atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de Buenos Aires en julio de 1994, que dejó 85 muertos y más de 300 heridos.
La acusación apuntaba al Memorando de Entendimiento firmado en 2012 entre Argentina e Irán, el cual la entonces presidenta presentó como vía para destrabar la causa judicial por el atentado, ya que entre otros puntos permitía interrogar a los sospechosos en el exterior. El pacto contó con el respaldo del Congreso argentino, mientras Teherán, que siempre negó su vinculación con el ataque, no otorgó aprobación parlamentaria.