SAN SALVADOR, El Salvador (AP) — Varias organizaciones no gubernamentales lanzaron el miércoles un registro de personas desaparecidas en El Salvador, una herramienta destinada a ayudar a las familias con parientes que desaparecieron durante el prolongado estado de emergencia declarado en el país para combatir a las pandillas callejeras.
Bajo el estado de emergencia, declarado originalmente en 2022 y aún vigente , el gobierno del presidente Nayib Bukele ha detenido a más de 81.000 presuntos pandilleros en redadas que, según grupos de derechos humanos, a menudo son arbitrarias y se basan en la apariencia de una persona o en su lugar de residencia.
Las autoridades tuvieron que liberar a unas 7.000 personas por falta de pruebas.
Aunque se acusa al gobierno de cometer abusos masivos contra los derechos humanos durante la represión, Bukele sigue siendo muy popular en El Salvador porque las tasas de homicidios se redujeron drásticamente tras las detenciones. El país centroamericano pasó de ser uno de los países más peligrosos del mundo a tener la tasa de homicidios más baja de la región.
Bukele aprovechó esa popularidad para ser reelegido en febrero , a pesar de que la constitución del país prohíbe un segundo mandato para los presidentes.
El mes pasado, una organización de derechos humanos dijo que al menos 261 personas habían muerto en las cárceles de El Salvador durante los dos años y medio de represión contra las pandillas callejeras.
Entre las ocho ONG que apoyan el registro se encuentra el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Católica José Simeón Cañas. La organización dijo que espera que el registro recopile datos para apoyar la creación de políticas y programas de prevención, tratamiento y mitigación de problemas sociales, y que ayude en la búsqueda de víctimas de desapariciones forzadas.
Los familiares de las personas desaparecidas pueden llenar un registro en línea con los datos de sus familiares, creando un registro único que ayudará en la búsqueda de los familiares desaparecidos.
El Salvador no ha contado con un registro único de personas desaparecidas que permita estandarizar los datos reportados por la Policía Nacional, la Fiscalía General de la República, el Instituto de Medicina Legal y otras dependencias gubernamentales.
Se trata de un esfuerzo inicial “para estandarizar los datos y registros de los casos”, explicó Silvia Elizondo, portavoz de la ONG.
Datos presentados por las ONG muestran que entre enero y septiembre de 2023, el número de personas desaparecidas reportadas aumentó 9.9%, en comparación con el mismo periodo de 2022. En su último informe, la Fiscalía General de la Nación reportó 366 delitos de personas privadas de la libertad entre el 1 de junio de 2023 y el 31 de mayo de 2024, sin dar detalles sobre las circunstancias.
Según el informe más reciente de la Fundación de Estudios para la Aplicación de la Ley, una organización sin fines de lucro con sede en El Salvador, durante los primeros tres años de la administración de Bukele (que asumió el poder por primera vez el 1 de junio de 2019), el grupo registró aproximadamente 6.443 denuncias de personas desaparecidas. Más de un tercio de esas personas no han sido encontradas.
Además, el informe también señala que organizaciones de derechos humanos documentaron 327 denuncias de desapariciones forzadas desde el 27 de marzo de 2022, cuando Bukele lanzó su ofensiva contra las pandillas.
Grupos de derechos humanos han expresado su preocupación por los abusos dentro de las cárceles de El Salvador , y dicen que personas inocentes están siendo atrapadas en redadas dirigidas contra las notorias y violentas pandillas callejeras.
CIUDAD DE PANAMÁ (AP) — Panamá deportó el martes a 29 colombianos en un vuelo que, según el gobierno, fue el primero pagado por Estados Unidos bajo un acuerdo que ambos países firmaron en julio.
Los colombianos habían ingresado a Panamá de manera ilegal a través de la selva del Darién, una ruta utilizada por más de 500.000 migrantes que se dirigieron al norte el año pasado. La gran mayoría de ellos eran venezolanos.
Pero al menos por ahora, Panamá no puede deportar a los venezolanos porque la relación entre los dos países se ha tensado desde que Panamá, como la mayoría de los demás países de la región, se ha negado a reconocer los resultados de las elecciones de Venezuela que le dieron al presidente Nicolás Maduro un nuevo mandato. Los dos países han suspendido sus relaciones diplomáticas.
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, quien asumió el cargo el 1 de julio , se comprometió a detener ese flujo migratorio, un interés que comparte con el gobierno de Estados Unidos.
Mulino había dicho originalmente que los vuelos serían repatriaciones “voluntarias”, pero los deportados el martes tenían antecedentes penales, dijeron las autoridades.
Roger Mojico, director del Servicio Nacional de Migración de Panamá, dijo a los periodistas el martes que Panamá está hablando con otros países como Ecuador e India para coordinar vuelos de repatriación.
ASUNCION, Paraguay (AP) — Una redada policial de madrugada contra la casa de un legislador paraguayo en un conocido paraíso del narcotráfico cerca de la frontera con Brasil se convirtió el lunes en un tiroteo caótico, dijeron las autoridades, dejando al legislador muerto y al país en vilo.
El asesinato de Eulalio “Lalo” Gomes, un ganadero de 67 años y legislador del Partido Colorado, que gobernó durante mucho tiempo en Paraguay , también sirvió como un triste recordatorio de la red de colusiones entre las familias de los políticos y el crimen organizado en Paraguay, dijeron los expertos.
“Este no es un caso aislado, al contrario, es la continuación de muchos otros casos que vinculan la política con el narcotráfico y el crimen organizado”, afirmó el abogado y analista político paraguayo Leonardo Gómez Berniga.
Fuerzas de seguridad equipadas con armas de fuego y órdenes de registro llegaron simultáneamente a las casas separadas de Gomes y su hijo, Alexandre Rodrigues Gomes, de 32 años, la madrugada del lunes en la exuberante zona fronteriza para buscar pruebas en lo que las autoridades describieron como una investigación a gran escala sobre el contrabando de drogas y el lavado de dinero en el sector inmobiliario local.
Los agentes dijeron que Gomes los recibió con una lluvia de disparos. La policía respondió a los disparos, hiriendo mortalmente al legislador conservador de Colorado.
“Tenemos una comunidad convulsionada, un público que necesita respuestas”, dijo Emiliano Rolón, fiscal general de Paraguay, al salir de la morgue de Asunción, la calurosa capital de Paraguay, a unos 445 kilómetros al suroeste de Pedro Juan Caballero, el puesto fronterizo donde se llevó a cabo la redada. “Estamos lidiando con el crimen organizado, y eso no es algo fácil”.
Rolón dijo que su oficina había emitido una acusación justo antes de la redada del lunes acusando a Gomes y a su hijo, junto con otros tres sospechosos, en el plan de tráfico que involucra a la banda de un destacado capo de la cocaína brasileña encarcelado al otro lado de la porosa frontera.
Las autoridades brasileñas han ayudado a investigar el caso, dijo, el último ejemplo de cómo la creciente cooperación regional contra el narcotráfico ha aumentado la presión sobre Paraguay para que cumpla su parte.
Como legislador, Gomes no podía ser procesado. Su hijo Alexandre había abierto fuego contra los agentes y huido del lugar antes de entregarse finalmente a la policía en el departamento de Amambay, según las autoridades. No hubo otros heridos en los tiroteos, que estallaron en las dos casas, a unas diez cuadras de distancia.
La familia Gomes niega las acusaciones de narcotráfico y acusa a la policía de uso excesivo de la fuerza.
“Mi padre estaba escondido y la policía simplemente lo mató”, dijo entre sollozos Larisa Gomes, la hija del legislador asesinado, antes de regresar a la morgue para esperar los resultados de la autopsia.
El abogado de la familia, Oscar Tuma, cuestionó que la policía haya realizado los allanamientos en plena noche, derribando a patadas las puertas de las casas en lugar de citar al padre y al hijo para ser interrogados. “Las condiciones no eran las adecuadas y no había urgencia para que se realizara este allanamiento a las 3 de la mañana cuando nuestro diputado nacional estaba durmiendo con su esposa”, dijo.
El fiscal Rolón dijo que la policía no tuvo otra opción que realizar el allanamiento cuando lo hizo. Durante el día, dijo, Gomes tenía guardaespaldas armados hasta los dientes que patrullaban su mansión blanca en Amambay, una provincia aislada con una tasa de homicidios aproximadamente diez veces superior a la media nacional de Paraguay, según cifras del gobierno.
La fallida redada antidrogas del lunes y el tiroteo mortal cautivaron a los paraguayos debido al estatus de Gomes como legislador del dominante partido de derecha Colorado liderado por el magnate del tabaco Horacio Cartes, quien se desempeñó como presidente del país entre 2013 y 2018.
Pero los expertos dijeron que el dramático episodio revela algo bastante común en Paraguay, que ocupa el puesto 136 entre 180 países en el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, uno de los más bajos de América del Sur.
La corrupción y el clientelismo han caracterizado durante mucho tiempo el gobierno de Colorado en el país sudamericano, donde las carreteras y las líneas eléctricas de la capital están en condiciones precarias y la malversación de fondos en pequeña escala corre desenfrenada entre los servidores públicos mal pagados.
“Esto está arraigado en todos los partidos políticos, en todos los niveles”, dijo Christopher Newton, investigador de la organización de investigación InSight Crime, con sede en Colombia. “Cuando se trata de personas que tienen el poder de hacer cambios, muchas de esas personas son las que probablemente se beneficiarán de no hacer cambios”.
A medida que la lucha contra la corrupción en el país se estanca, la presión externa aumenta.
El año pasado, el gobierno estadounidense acusó a Cartes y al ex vicepresidente Hugo Velázquez de “corrupción significativa” y prohibió a las empresas estadounidenses hacer negocios con ellos . Este mes, la administración Biden dio a conocer nuevas sanciones a Tabesa, un importante productor de cigarrillos paraguayo, por canalizar millones de dólares en pagos a Cartes . El ex presidente niega las acusaciones de que construyó su enorme riqueza mediante el lavado de dinero.
Durante la última década, Europol, la agencia policial de la Unión Europea, ha rastreado cada vez más importantes redadas de drogas transatlánticas hasta los puertos fluviales de Paraguay.
Las incautaciones ponen de relieve las debilidades institucionales y la inseguridad del país, al tiempo que intenta promocionar su historia de éxito como una de las economías de más rápido crecimiento de América Latina. A principios de este mes, la agencia de calificación Moody's se convirtió en la primera en mejorar la calificación crediticia del país a grado de inversión, lo que le dio la victoria al presidente Santiago Peña , un ex funcionario del Fondo Monetario Internacional.
Pero el caos del lunes en Pedro Juan Caballero expuso una vez más “una dimensión muy peligrosa”, dijo Gómez Berniga, el analista. “Los sectores políticos y empresariales y las autoridades judiciales están bajo un intenso escrutinio para ver con qué diligencia terminan resolviendo esto”.
Hace un año esta semana, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, subió a un escenario en la región de Kursk para conmemorar el 80mo aniversario de uno de los momentos más orgullosos del ejército soviético en la II Guerra Mundial.
Ante un público entregado que incluía soldados recién llegados de combatir en Ucrania, Putin describió la decisiva victoria en la Batalla de Kursk como “una de las grandes hazañas de nuestro pueblo”.
Ahora, mientras Rusia se prepara para celebrar el 81er aniversario de esta batalla de 1943, Kursk vuelve a ser noticia, pero por un motivo muy diferente.
Las fuerzas ucranianas iniciaron el 6 de agosto una incursión relámpago en la región, tomaron poblados, capturaron a cientos de prisioneros y provocaron la evacuación de decenas de miles de civiles. La operación tomó por sorpresa a Rusia, que según reportes está llamando a filas a reclutas para combatir a algunas de las unidades más curtidas de Ucrania.
En el pasado, Putin ha respondido despacio a otras crisis durante su mandato y por ahora ha restado importancia al ataque. Pero dos años y medio después de iniciar una guerra en Ucrania para eliminar lo que describió como una amenaza para Rusia, es su propio país el que se ve más turbulento.
En una reunión con su personal de seguridad sobre Kursk televisada el 12 de agosto se le veía incómodo, e interrumpió al gobernador regional en funciones, que había empezado a enumerar las poblaciones tomadas por Ucrania. El presidente y sus funcionarios se refirieron a “los sucesos en la región de Kursk” como una “situación” o “provocación”.
Los medios estatales adoptaron esa línea editorial y mostraron a personas evacuadas que hacían fila para recibir ayuda o donar sangre como si los acontecimientos en Kursk fueran un desastre humanitario y no el mayor ataque a Rusia desde la II Guerra Mundial.
En sus 24 años en el poder, Putin se ha presentado como la única persona que puede garantizar la seguridad y la estabilidad rusa, pero esa imagen ha sufrido desde que comenzó la guerra.
Varias ciudades rusas han sido atacadas por drones y proyectiles de las fuerzas de Kiev. El líder mercenario Yevgeny Prigozhin lideró un breve alzamiento el año pasado para intentar deponer a los líderes del ejército. Hombres armados asaltaron una sala de conciertos en Moscú y mataron a 145 personas en marzo.
El Kremlin ha dado su aprobación tácita a una amplia purga de funcionarios del Ministerio de Defensa, con acusaciones de corrupción contra muchos de ellos. También se ha detenido y acusado de fraude a oficiales de menor nivel, como el teniente coronel Konstantin Frolov, un condecorado comandante de una brigada aerotransportada. “Preferiría estar en Kursk (...) que aquí”, dijo cuando se le escoltaba esposado a una comisaría de Moscú.
En otro recordatorio de que la fortuna puede cambiar deprisa en Rusia, las autoridades abrieron pesquisas penales contra otros funcionarios y trataban de confiscar terrenos a algunas de las personas más adineradas del país en una zona lujosa de Moscú cerca de una residencia de Putin.
Aunque la televisora estatal fomenta un apoyo aún fuerte a Putin pese a reveses como la incursión en Kursk, resulta más difícil controlar las opiniones de un electorado crucial: la élite rusa.
Putin depende de su aprobación, dijo Ekaterina Schulmann, académica adjunta en el Carnegie Russia Eurasia Center en Berlín.
“El cálculo que está pasando por su cabeza todo el tiempo es si el status quo les favorece o no”, dijo.
Desde que comenzó la guerra, la vida para esas élites —el círculo más próximo a Putin, burócratas de alto nivel, mandos militares y de seguridad y líderes empresariales— ha ido a peor, no a mejor. Aunque muchos se han enriquecido con la guerra, tienen menos lugares donde gastar su dinero debido a las sanciones occidentales.
La pregunta que se hacen sobre Putin, dijo Schulmann, “es si el viejo sigue siendo un activo o ya es un lastre”.
El estado de la élite rusa podría describirse como de “conformidad descontenta”, dijo Nigel Gould-Davies, experto del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos en Londres. Están descontentos con la situación, señaló, pero temen quién ganaría si hubiera una lucha por el liderazgo.
Podrían tener la esperanza, señaló el analista, de que la reacción de Putin a los acontecimientos en Kursk encaje en un patrón en el que tarda en responder a una crisis antes de terminar imponiéndose.
Es algo que se ha visto desde sus primeros días en el poder, que comenzaron hace 24 años con el hundimiento de un submarino nuclear bautizado por la Batalla de Kursk.
El 19 de agosto de 2000, menos de un año después de que Putin se convirtiera en presidente, el Kursk se hundió en el Mar de Barents después de que uno de sus torpedos estallara, lo que mató a los 118 marinos que iban a bordo. Putin continuó sus vacaciones al inicio de la crisis —lo que fue muy criticado— y esperó cinco días antes de aceptar las ofertas occidentales de ayuda que podrían haber salvado a algunos marinos que sobrevivieron a la explosión inicial.
Putin también pareció tardar en responder al alzamiento en junio de 2023 del jefe de Wagner, Prigozhin, que supuso el desafío más serio a su autoridad hasta ahora.
Después de que el motín perdiera fuerza, en un principio se permitió que Prigozhin siguiera libre, pero Schulmann dijo que Putin terminó “riendo el último” cuando el líder mercenario murió un mes más tarde en un choque de su avión privado que sigue envuelto en misterio.
Mientras la ofensiva ucraniana iniciaba su tercera semana, Putin intentaba mantener su agenda e incluso hizo un viaje de dos días a Azerbaiyán, sin mencionar la crisis. El martes hizo una breve referencia en la que prometió “combatir a los que cometen crímenes en la región de Kursk”.
Con la disidencia interna aplastada y los medios firmemente bajo su control, Putin puede permitirse la decisión “absolutamente cínica” de ignorar lo que ocurre en la región de Kursk.
Aun así, “es improbable” que el asidero de Putin sobre el poder “se vea debilitado como resultado de esta humillación”, escribió en un análisis Eugene Rumer, experto y director del Carnegie Russia and Eurasia Program. “Toda la jerarquía política y militar rusa es cómplice en esta guerra y responsable por este desastre”.
Cuanto más dura la ofensiva ucraniana, sin embargo, más desafíos militares y políticos plantea.
Rusia parece estar teniendo problemas para encontrar fuerzas adecuadas para repeler el ataque ucraniano. Pese a prometer que no se enviarían reclutas al frente, Rusia los está desplegando en la región de Kursk sin instrucción suficiente, según un grupo de derechos humanos que ayuda a los reclutas.
Los analistas dicen que también se está llamando a filas a reservistas para que Rusia pueda evitar sacar tropas de la región ucraniana del Donbás, donde las fuerzas de Moscú avanzan poco a poco.
La falta de efectivos ha hecho que las autoridades rusas intenten persuadir a la población de que se aliste ofreciendo grandes salarios y reclutando a delincuentes en prisiones y a extranjeros que viven en el país.
Mientras Ucrania continúa su ofensiva, podría ser difícil para el Kremlin ignorar las muchas consecuencias de la guerra. Una cuestión clave, dijo Gould-Davies, es qué ocurre si la élite rusa decide que el conflicto “no se puede ganar (...) o nunca terminará mientras Putin esté en el poder”.
En Sudzha, una localidad rusa en la región de Kursk ahora controlada por tropas ucranianas, el sufrimiento de la población estaba claro. Periodistas de AP que participaron en un viaje organizado por el gobierno ucraniano vieron la semana pasada edificios bombardeados, una estación de bombeo de gas natural dañada y residentes ancianos refugiados en sótanos con sus pertenencias y comida, imágenes similares a las que se han visto en Ucrania durante los últimos 29 meses.
Por ahora no está claro si la segunda batalla de Kursk, como la primera, se convertirá en un puno de inflexión en la guerra que inició Putin.
Sin embargo, Schulmann dijo que dentro de “una serie de eventos desafortunados, aumenta la sensación de que las cosas no marchan bien”.
EMMA BURROWS
Burrows is an Associated Press reporter covering Russia, Belarus, Central Asia and the Caucasus. She is based in London.
(Gavriil Grigorov/Sputnik, Kremlin Pool Foto via AP, Archivo)
JERUSALÉN (AP) — El ejército de Israel dijo el martes que recuperó los cadáveres de seis rehenes capturados en el ataque transfronterizo de Hamás del 7 de octubre, que desencadenó la guerra en Gaza, mientras mediadores árabes y estadounidenses trataban de avanzar en un acuerdo para frenar los combates y liberar a docenas cautivos que siguen en manos de insurgentes.
Las tropas israelíes recuperaron los cuerpos durante una operación nocturna en el sur de la Franja, explicó el ejército, que no indicó cómo o cuándo fallecieron. Un grupo de familiares dijo que fueron capturados con vida. Hamás sostiene que algunos de los rehenes murieron o resultaron heridos en ataques aéreos israelíes.
Por otra parte, un ataque aéreo israelí mató el martes a al menos 10 personas en una escuela reconvertida en refugio en la Ciudad de Gaza, en lo que el ejército calificó como un ataque preciso contra un centro de mando de Hamás. Otro ataque mató a una madre y a sus cinco hijos en el centro del sitiado enclave.
La recuperación de los restos mortales de los rehenes es un revés para Hamás, que espera intercambiar a los cautivos por presos palestinos, la retirada de las tropas israelíes y una tregua duradera. También es probable que esto eleve la presión sobre el gobierno israelí para llegar a un acuerdo que libere a las docenas de rehenes que se cree que siguen vivos.
El ejército dijo que identificó los restos mortales de Chaim Perry, de 80 años; Yoram Metzger, de 80; Avraham Munder, de 79; Alexander Dancyg, de 76; Nadav Popplewell, de 51, y Yagev Buchshtav, de 35. Metzger, Munder, Popplewell y Buchshtav tenían familiares que fueron secuestrados en el ataque pero quedaron libres durante una tregua de una semana en noviembre.
El deceso de Munder fue confirmado el martes por el kibutz Nir Oz, una comunidad agrícola donde era uno de los cerca de 80 residentes capturados. Murió “tras soportar meses de tortura física y mental”, explicó. Las autoridades israelíes habían determinado previamente que las otras cinco personas habían fallecido.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, elogió la operación y dijo “nuestros corazones sufren por la terrible pérdida”.
“El Estado de Israel continuará haciendo todo lo posible para el regreso de todos nuestros rehenes, tanto vivos como muertos”, apuntó en un comunicado.
El ministro israelí de Defensa, Yoav Gallant, elogió también el operativo que, según dijo, se llevó a cabo dentro de la vasta red de túneles de Hamás. No se reportaron de inmediato víctimas israelíes o palestinas en la operación.
Se cree que Hamás tiene aún a alrededor de 110 cautivos. Las autoridades israelíes estiman que alrededor de un tercio están muertos.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, que realiza su novena visita a la región desde el inicio de la guerra, dijo el lunes que Netanyahu había aceptado la propuesta para salvar las diferencias en las conversaciones para el alto el fuego, que comenzaron hace meses, y pidió a Hamás que hiciese lo mismo.
Hamás ha acusado a Estados Unidos de aceptar las exigencias israelíes y de intentar imponérselas al grupo insurgente. Parece que sigue habiendo grandes discrepancias entre los bandos, como la exigencia israelí de un control duradero sobre dos corredores estratégicos en Gaza, algo que el grupo palestino ha rechazado.
Insurgentes liderados por Hamás superaron las defensas israelíes el 7 de octubre e irrumpieron en el sur del país, matando a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y tomando a otras 250 como rehenes. Durante la tregua temporal de noviembre, más de 100 rehenes fueron liberados a cambio de palestinos encarcelados en Israel.
La ofensiva israelí se ha cobrado la vida de más de 40.000 palestinos, de acuerdo con el Ministerio de Salud gazatí, que no distingue entre víctimas civiles y combatientes. Las operaciones militares aéreas y terrestres han causado una destrucción generalizada y obligaron a la inmensa mayoría de los 2,3 millones de residentes en la Franja a huir de sus hogares, a menudo en varias ocasiones. Los grupos de ayuda temen brotes de enfermedades como la polio.
La Defensa Civil Palestina, los servicios de emergencia del gobierno de Hamás, indicó que el ataque contra la escuela Mustafa Hafez de la Ciudad de Gaza causó al menos 10 muertos y que seguían buscando sobrevivientes. En el momento del incidente, en el recinto había unos 700 refugiados.
Según el ejército israelí, el ataque iba dirigido a insurgentes de Hamás que habían establecido un centro de mando dentro de la escuela y planeaban y perpetraban atentados.
Un ataque aéreo israelí en el centro de la Franja acabó con la vida de cinco menores y su madre, de acuerdo con el cercano hospital de los Mártires de Al-Aqsa, donde un reportero de Associated Press contó los cadáveres. Según el centro, el padre, Alaa Abu Zeid, maestro de escuela, está detenido en Israel desde hace nueve meses.
Los mediadores están tratando de cerrar un plan en tres fases por el que Hamás liberaría a los demás rehenes a cambio de un alto el fuego duradero, de la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza y de la liberación de palestinos encarcelados por Israel. Pero parece que las diferencias entre los dos bandos siguen siendo amplias.
Blinken viajó a Egipto el martes y se espera que mantenga conversaciones en Qatar. Los dos países han jugado un papel clave en la mediación con Hamás.
Los periodistas de The Associated Press Wafaa Shurafa en Deir al-Balah, Gaza; Samy Magdy en El Cairo, Egipto y Matthew Lee en el-Alamein, Egipto, contribuyeron a este despacho.
JULIA FRANKEL
Frankel is an Associated Press reporter in Jerusalem.
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SAN SALVADOR, El Salvador (AP) — Varias organizaciones no gubernamentales lanzaron el miércoles un registro de personas desaparecidas en El Salvador, una herramienta destinada a ayudar a las familias con parientes que desaparecieron durante el prolongado estado de emergencia declarado en el país para combatir a las pandillas callejeras.
