CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El presidente de México dijo a los periodistas el martes que ha puesto "en pausa" las relaciones con las embajadas de Estados Unidos y Canadá luego de que los dos países expresaron preocupaciones sobre una propuesta de reforma judicial que, según los críticos, podría socavar la independencia del poder judicial.

El presidente Andrés Manuel López Obrador no dio más detalles sobre lo que implicaría una pausa. No es un término que se utilice en los códigos diplomáticos formales, y la cancillería mexicana no respondió a una solicitud de The Associated Press para que comentara sobre lo que implicaría.

La propuesta de reforma judicial, sugerida por el presidente mexicano durante sus últimas semanas en el cargo, incluye la elección de jueces, algo que analistas, jueces y observadores internacionales temen que llenaría los tribunales de jueces políticamente sesgados y con poca experiencia. La medida ha provocado importantes protestas y huelgas , así como numerosas críticas de inversores e instituciones financieras.

La semana pasada, el embajador estadounidense Ken Salazar calificó la propuesta como un “riesgo” para la democracia que pondría en peligro la relación comercial de México con Estados Unidos. López Obrador arremetió contra el embajador , diciendo que violaba la soberanía mexicana. Salazar desde entonces ha bajado el tono y ha escrito en X que estaba abierto a un diálogo.

López Obrador dijo durante su conferencia de prensa matutina del martes que creía que los duros comentarios no provenían de Salazar, sino del Departamento de Estado de Estados Unidos.

“No le vamos a decir (a Salazar) que se vaya del país”, dijo, “espero que se comprometan a ser respetuosos con la independencia de México, con la soberanía de nuestro país. Pero hasta que eso suceda y sigan con estas políticas, esto está en pausa”.

Añadió con picardía: “Vamos a tomarnos nuestro tiempo”, provocando las risas de algunos periodistas.

López Obrador también acusó a Canadá de interferir en un asunto interno por expresar su aprensión ante la propuesta. Los tres países comparten una relación comercial crucial que alcanzó un intercambio estimado de 1,8 billones de dólares en 2022. Hasta ahora, las tensiones no muestran señales claras de cómo pueden afectar la relación económica y diplomática de larga data entre ellos.

Salazar ha suavizado su tono desde entonces y ha escrito en X que está abierto al diálogo y que respeta la soberanía mexicana. Pero mientras lo hacía, los miembros del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, que es un organismo bipartidista y que incluye al senador republicano Marco Rubio y al senador demócrata Tim Kaine, emitieron una declaración conjunta en la que afirman que están “profundamente preocupados” por la reforma judicial y otras reformas propuestas a la Constitución, que según ellos podrían “contradecir los compromisos” asumidos en su acuerdo comercial.

Es probable que los comentarios sólo irriten aún más al líder populista.

La secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, dijo en una publicación en X que apoya a López Obrador en su crítica a lo que llamó una política “intervencionista” de Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, agregó en la misma publicación que la relación trilateral era una “prioridad” y que los vínculos continúan con “normalidad”.

No es la primera vez que el mandatario mexicano utiliza esta frase. En 2022 anunció una pausa diplomática con España por una disputa con empresas energéticas. En ese momento, López Obrador dijo que la pausa “no es una ruptura de relaciones” con España, sino “nada más que una protesta respetuosa y fraternal contra los abusos y agravios cometidos contra el pueblo de México y nuestro país”.

Sin embargo, los últimos comentarios dirigidos al embajador estadounidense se producen en medio de tensiones intensificadas entre los dos gobiernos en los últimos meses, después de que Estados Unidos atrapara al capo mexicano de la droga Ismael "El Mayo" Zambada en una serie de eventos peculiares. A medida que se ha revelado más información sobre el caso, López Obrador ha adoptado un tono cada vez más beligerante, dijo Carlos Pérez Ricart, analista político del Centro de Investigación y Docencia Económicas de México.

“En otras circunstancias, en otro contexto, podría haberse limitado a escuchar y no haber intensificado el conflicto”, dijo Pérez Ricart. “En los últimos meses hemos visto declaraciones mucho más radicales hacia Estados Unidos”.

López Obrador se dispone a pasarle la posta a su aliada política y presidenta electa Claudia Sheinbaum , quien asumirá el cargo el 1 de octubre. Pérez Ricart dijo que si bien las tensiones recientes pueden afectar a la primera mujer presidenta de México, también pueden ayudarla a diferenciarse como una jefa de estado más moderada. ___

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Por  MEGAN JANETSKY

(Foto AP/Eduardo Verdugo)

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un exjefe de investigaciones de la Procuraduría General de la República de México dijo a los funcionarios que investigan la desaparición de 43 estudiantes en 2014 que la llamada “verdad histórica” presentada al público semanas después fue inventada por las más altas autoridades del gobierno durante reuniones presididas por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, informó el lunes un medio de comunicación mexicano.

Tomás Zerón, un prófugo que se encuentra actualmente en Israel fuera del alcance de la policía mexicana, dijo a los investigadores que el presidente y miembros de su gabinete de seguridad estaban presentes, informó el colectivo de periodismo independiente Fábrica de Periodismo.

Citó las respuestas de Zerón a un extenso cuestionario que le envió en 2022 el principal funcionario de derechos humanos de México en ese momento, Alejandro Encinas, que se publicó bajo una solicitud de libertad de información.

La versión de la “verdad histórica” sostiene que los estudiantes fueron entregados por la policía local a una banda de narcotraficantes en la ciudad de Iguala. La banda supuestamente mató a los estudiantes, incineró sus cuerpos en un vertedero en la cercana Cocula y arrojó los restos a un río.

Investigaciones posteriores realizadas por expertos independientes y la Fiscalía General de la Nación, y corroboradas por la Comisión de la Verdad creada para el caso, han descartado la idea de que los cuerpos fueron quemados en el vertedero.

Determinaron que efectivamente estaba involucrada una banda local de narcotraficantes, pero la Comisión de la Verdad también cree que también lo estaban miembros corruptos del ejército mexicano, así como de la policía en todos los niveles.

Encinas, el funcionario de derechos humanos, se refirió anteriormente a reuniones de funcionarios de alto nivel para discutir la versión de la “verdad histórica”, pero sin identificar a todos los presentes.

Según Zerón, a las reuniones asistieron el presidente, así como su gabinete de seguridad y el entonces fiscal general Jesús Murillo Karam. A Murillo Karam se le atribuye haber calificado la explicación de la desaparición de los estudiantes como la “verdad histórica” y ha estado bajo arresto domiciliario a la espera de su juicio. Peña Nieto vive ahora en España.

Zerón, acusado de tortura y desaparición forzada , no proporcionó ningún detalle sobre la participación de Peña Nieto más allá de decir que estuvo en las reuniones.

Encinas, quien renunció a su cargo el año pasado, ha dicho que le ofreció a Zerón un acuerdo por su cooperación en la investigación.

Cuando se le preguntó sobre el caso el lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Zerón debería entregarse.

“Sería de mucha ayuda si viniera a hacer una declaración y asumir su responsabilidad”, dijo el presidente.

López Obrador tenía previsto reunirse el martes con las familias de los estudiantes desaparecidos, la última vez antes de dejar el cargo a fines de septiembre.

Las familias de los estudiantes desaparecidos realizaron el lunes su marcha mensual por justicia en la capital.

(Foto AP/Felix Márquez)

CARACAS, Venezuela (AP) — El presidente venezolano Nicolás Maduro nombró el martes a un jefe del gobernante partido socialista para supervisar las fuerzas policiales del país, empoderando a un partidario de línea dura que ha prometido perseguir a los opositores del gobierno como parte de una ofensiva que ha alarmado a grupos de derechos humanos.

Maduro nombró a Diosdado Cabello ministro del Interior como parte de una reorganización del gabinete tras las controvertidas elecciones presidenciales del mes pasado .

Junto con Maduro, Cabello es uno de los más fervientes defensores de la llamada revolución bolivariana iniciada por el fallecido Hugo Chávez y durante mucho tiempo ha sido considerado la segunda persona más poderosa de Venezuela después de Maduro. Teniente retirado del ejército, luchó junto a Chávez en un levantamiento militar fallido en 1992 y más tarde se desempeñó como presidente interino cuando el propio Chávez fue derrocado en un breve golpe de Estado una década después.

Sin embargo, Chávez lo pasó por alto cuando eligió a Maduro —un civil sin pedigrí militar— como su sucesor poco antes de que muriera de cáncer en 2013. Desde entonces, Cabello ha desempeñado varios cargos, entre ellos el de presidente de la Asamblea Nacional y jefe del partido socialista gobernante. Hasta ahora, nunca había formado parte del gabinete de Maduro, una omisión que ha alimentado durante mucho tiempo las especulaciones sobre una rivalidad tácita entre ellos.

Grupos de derechos humanos temen que el nombramiento de Cabello como ministro del Interior, con supervisión de las fuerzas policiales de Venezuela, intensificará la dura respuesta del gobierno a las protestas que estallaron después de las elecciones presidenciales del mes pasado, cuando Maduro fue declarado ganador a pesar de la fuerte evidencia presentada por la oposición de que su candidato prevaleció por un margen de 2 a 1.

“Si el nuevo gabinete es un indicador de lo que Maduro pretende hacer, el nombramiento de Cabello es un indicio de que habrá aún más represión”, señaló Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch.

Más de 2.000 personas, entre ellas periodistas, políticos y trabajadores humanitarios, han sido detenidas desde las elecciones del 28 de julio. Es probable que la ola de arrestos ocupe un lugar destacado en una reunión especial que la Organización de los Estados Americanos celebrará el miércoles en Washington para analizar un informe sobre la represión elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El último opositor detenido es un abogado de la poderosa oposición María Corina Machado , a quien se le prohibió postularse para un cargo contra Maduro y en su lugar hizo campaña en apoyo de un candidato suplente de último momento, el ex diplomático Edmundo González.

“Están tratando de someternos, de distraernos y de aterrorizarnos”, dijo Machado el martes al denunciar lo que llamó el “secuestro” del asistente, Perkins Rocha.

“Seguiremos adelante, por Perkins, por todos los presos y perseguidos, y por toda Venezuela”, escribió Machado en la plataforma de redes sociales X. “Seremos libres”.

Cabello, de 61 años, ha estado entre los principales dirigentes que han pedido una respuesta contundente a quienes ponen en duda la victoria de Maduro. Con profundas raíces en las fuerzas de seguridad, su influencia se ha expandido a medida que los venezolanos se han cansado de Maduro y lo culpan de arruinar la economía rica en petróleo.

“Están escondidos como ratas, pero los vamos a atrapar”, dijo Cabello sobre varios opositores destacados en un discurso ante la legislatura controlada por Maduro un día después de las elecciones.

Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y Suiza son algunos de los gobiernos que han sancionado a Cabello por una serie de supuestos delitos que van desde lavado de dinero hasta violaciones de los derechos humanos. Estados Unidos también ha ofrecido una recompensa de 10 millones de dólares por su arresto para que enfrente cargos federales por liderar lo que los fiscales estadounidenses han llamado el “Cártel de los Soles”, una supuesta red de narcotráfico en la que participan militares venezolanos.

Cabello es quizás más conocido —y temido— por un programa de entrevistas semanal en la televisión estatal, llamado “Golpeándolo con un mazo”, en el que difama y ataca a los opositores del gobierno .

Maduro dijo que la reestructuración del gabinete tiene como objetivo “acelerar y profundizar los cambios que el pueblo necesita”. Como parte de la reestructuración, su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, también será ministra de Petróleo. Héctor Rodríguez, gobernador del estado Miranda, que rodea a Caracas y a quien algunos veían como una alternativa más joven a Maduro, fue elegido para ocupar el cargo de ministro de Educación.

Goodman informó desde Miami.

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Josué Goodman

Goodman es un periodista de investigación radicado en Miami que escribe sobre la intersección del crimen, la corrupción, el narcotráfico y la política en América Latina. Anteriormente, pasó dos décadas informando desde América del Sur.

Por  JORGE RUEDA y JOSHUA GOODMAN

(Foto AP/Cristian Hernández)

MIAMI (AP) — Un funcionario electoral venezolano denunció lo que llama una “grave falta de transparencia y veracidad” en los resultados electorales del mes pasado, reprendiendo a las autoridades que declararon ganador al presidente Nicolás Maduro pese a la fuerte evidencia de lo contrario presentada por sus oponentes y las dudas de varios gobiernos extranjeros.

Juan Carlos Delpino es uno de los cinco miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el único que previo a la votación había mostrado voluntad de ir en contra de los deseos del gobierno de Maduro.

El lunes, publicó una carta en las redes sociales en la que detalla varias supuestas irregularidades antes y durante las elecciones del 28 de julio. Dijo que los centros de votación tardaron en informar los resultados de las máquinas de votación automatizadas y que varios voluntarios de la oposición fueron expulsados, en violación de las reglas electorales que garantizan la transmisión transparente de los resultados a la sede del CNE.

Delpino dijo que le informaron que el retraso de varias horas se debió a un supuesto hackeo de la plataforma del CNE y que solo se había recopilado el 58% de los resultados. Dijo que decidió en protesta no unirse a sus colegas rectores para monitorear el recuento de votos desde el centro de datos del CNE ni asistir a la conferencia de prensa de medianoche cuando el presidente del CNE, Elvis Amoroso, un leal al partido gobernante, declaró a Maduro como ganador.

“Lamento profundamente que los resultados no sirvan al pueblo venezolano, que no ayuden a resolver nuestras diferencias ni promuevan la unidad nacional sino que alimenten dudas en la mayoría de los venezolanos y la comunidad internacional”, escribió Delpino.

Delpino, un experto electoral cercano a uno de los partidos tradicionales de oposición de Venezuela, fue nombrado para el CNE por la Asamblea Nacional controlada por los aliados de Maduro el año pasado después de que varios predecesores fueron removidos.

Su carta llega en un momento en que Maduro redobla sus afirmaciones de que ganó la reelección por más de un millón de votos. Su gobierno ha desafiado los llamados de Estados Unidos, la Unión Europea e incluso de aliados izquierdistas de Brasil, Colombia y México para que publique los registros de votación que respaldarían tales afirmaciones.

Mientras tanto, la oposición ha publicado en línea lo que parecen ser recuentos auténticos del 80% de las máquinas de votación que muestran que su candidato, Edmundo González , ganó por un margen de más de 2 a 1.

La semana pasada, el Tribunal Supremo de Venezuela certificó los resultados y dijo que los recuentos de votos publicados en línea por la oposición fueron falsificados. El fiscal general Tarek William Saab ordenó a González que testificara esta semana en una investigación penal por supuestos intentos de sembrar el pánico en la nación sudamericana impugnando los resultados.

El domingo, González indicó que no tenía intención de cumplir con la orden, y afirmó que se estaban pisoteando sus derechos al debido proceso y la constitución venezolana y que la única autoridad a la que debe rendir cuentas son los votantes. Reiteró sus llamados a Maduro para que publique los registros de votación de unas 30.000 máquinas en todo el país para que los resultados puedan ser verificados independientemente por expertos internacionales.

“Venezuela vive momentos de incertidumbre y desasosiego por sus intentos de violentar la voluntad de cambio”, dijo González dirigiéndose directamente a Maduro en un video publicado en las redes sociales. “La divulgación del escrutinio es garantía de paz”.

El ex diplomático González y su principal partidaria, la poderosa opositora María Corina Machado, se escondieron después de las elecciones mientras las fuerzas de seguridad arrestaron a más de 2.000 personas y reprimieron las manifestaciones en todo el país que protestaban por los resultados.

Ambos han llamado a los venezolanos a salir a las calles el miércoles para conmemorar un mes desde su supuesta victoria en las urnas.

Mientras tanto, las madres de varias personas detenidas por las fuerzas de seguridad se congregaron el lunes en el exterior de una prisión de alta seguridad en el centro de Venezuela, a donde han comenzado a llegar decenas de detenidos como resultado de una orden de traslado. Con carteles que decían “No son terroristas” y “Liberen a nuestros niños”, varias dijeron que sus seres queridos fueron arrestados lejos de cualquier manifestación contra Maduro.

Eliana Pérez dijo que sus dos hijos adultos regresaban a casa del trabajo y estaban sentados dentro de un automóvil cuando fueron arrestados en un puesto de control policial.

“No había restricciones de tránsito, ni toque de queda”, dijo Pérez mientras contenía las lágrimas. “Están en agonía porque nunca antes habían tenido problemas con la ley”.

Delpino, en una entrevista con The New York Times publicada el lunes, dijo que él también se había escondido.

Su carta también destacó lo que llamó una serie de decisiones irregulares del CNE, incluida la falta de reuniones previas a la votación, lo que dificultó establecer reglas claras sobre la participación de los trabajadores electorales de la campaña, los observadores internacionales y los millones de venezolanos que viven en el exterior. ___

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Josué Goodman

Goodman es un periodista de investigación radicado en Miami que escribe sobre la intersección del crimen, la corrupción, el narcotráfico y la política en América Latina. Anteriormente, pasó dos décadas informando desde América del Sur.

(Foto AP/Ariana Cubillos, Archivo)