LA HAYA (AP) — Fiscales de la Corte Penal Internacional dijeron el lunes que están “monitoreando de forma activa” los acontecimientos en Venezuela, donde las fuerzas de seguridad han emprendido una campaña contra la oposición tras las disputadas elecciones presidenciales del país.
Fuerzas leales al presidente, Nicolás Maduro, han detenido a más de 2.000 personas por manifestarse contra el mandatario o cuestionar sus afirmaciones de que ganó un tercer mandato en las elecciones del 28 de julio pese a las sólidas pruebas de que perdió la votación por un margen de más de dos a uno.
En un comunicado escrito a periodistas, la oficina del fiscal de la CPI, Karim Khan, dijo que “monitorea de forma activa los acontecimientos actuales y ha recibido múltiples reportes de casos de violencia y otras acusaciones tras las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela”.
El comunicado añadió que la fiscalía está “en contacto con el gobierno de Venezuela al más alto nivel para subrayar la importancia de garantizar que se respeta el estado de Derecho en este momento y hace hincapié en que todas las personas deben ser protegidas de violaciones que puedan constituir crímenes según el Estatuto de Roma”.
El Estatuto de Roma es el tratado fundacional de la corte y detalla los crímenes sobre los que tiene jurisdicción.
Maduro ha pedido a los venezolanos que denuncien a los escépticos con el resultado electoral a través de una app del gobierno diseñada en principio para reportar cortes de electricidad. También dijo que el gobierno estaba reformando dos prisiones dominadas por pandillas para alojar al incremento previsto en opositores detenidos.
“No habrá más perdón”, dijo Maduro en la televisora estatal.
La CPI tiene una investigación abierta sobre la violencia que siguió a los comicios venezolanos de 2017, pero por ahora no ha emitido ninguna orden de detención.
Khan anunció a finales de 2021 que abriría una investigación tras una prolongada pesquisa preliminar y una solicitud de investigación formal presentada en 2018 por Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú.
Su oficina dijo el lunes que “esas pesquisas continúan centradas”. Recalcó que existe un sitio web donde se pueden presentar posibles pruebas.
“Si cualquier individuo u organización tiene información que pueda ser relevante para esta investigación en marcha, les invitamos a enviarlo”, indicó la fiscalía en un comunicado.
SAO PAULO (AP) — El gobierno de Brasil expulsó el jueves al embajador de Nicaragua en represalia por una medida similar del presidente del país centroamericano, Daniel Ortega .
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil informó que decidió expulsar a la embajadora de Nicaragua, Fulvia Patricia Castro Matu, en “aplicación del principio de reciprocidad a la medida adoptada por el gobierno de Nicaragua respecto al embajador de Brasil en Managua”. El comunicado del ministerio indicó que el embajador de Brasil, Breno da Costa, ya abandonó el país.
El gobierno de Nicaragua dijo que tanto el embajador nicaragüense como el brasileño dejaron sus cargos, pero no mencionó que fueron expulsados ni dio detalles sobre las razones de esos movimientos.
La brecha entre Ortega y el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva , dos antiguos aliados, ha crecido durante el último año.
Dos fuentes diplomáticas en Brasilia dijeron a la AP que el gobierno de Nicaragua protestó hace dos semanas por la ausencia de da Costa de las celebraciones del 45 aniversario de la revolución sandinista de Nicaragua, abriendo el camino para expulsarlo.
Ortega, cuyos críticos lo ven como un líder autoritario, era un guerrillero de ese movimiento.
Las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a hablar sobre el asunto públicamente, agregaron que el embajador brasileño estaba siguiendo órdenes del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El Ministerio de Relaciones Exteriores no había confirmado previamente los informes de los medios locales sobre la expulsión del embajador brasileño.
Lula, quien anteriormente apoyó la presidencia de Ortega, se alejó de Ortega después de que el líder nicaragüense ignoró una solicitud del Papa Francisco para detener la represión contra los clérigos católicos en la nación centroamericana.
Amnistía Internacional dijo en abril que el gobierno de Ortega arrestó arbitrariamente al menos a 119 personas, incluido el obispo católico Rolando Álvarez, por presunta conspiración y difusión de información falsa.
Brasil ha congelado sus relaciones con el país centroamericano, lo que implica que no habrá visitas ni reuniones entre líderes y diplomáticos de los dos países.
Leticia Bessa, asistente administrativa de la embajada de Nicaragua en la capital de Brasil, dijo que Matu abandonó el país antes de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil finalizara su decisión.
Más tarde, la Cancillería brasileña agregó que se espera que Da Costa abandone Nicaragua al final del día. También aclaró que la salida de su embajador no representa una ruptura total de las relaciones diplomáticas con Managua.
La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, quien también es primera dama y principal portavoz del gobierno, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la disputa diplomática.
Durante una conferencia de prensa con agencias de noticias internacionales en Brasilia el 22 de julio, Lula dijo a los periodistas que Ortega no respondía a sus llamadas telefónicas.
Benjamin Gedan, director del programa de América Latina del Wilson Center, dijo que el incidente convierte a Ortega en un “paria aún más con pocos amigos en la región”.
“Lula es un ícono de la izquierda, pero no apoya ciegamente a todos sus compañeros de viaje”, dijo Gedan. “Hace dos años, tras la última farsa de reelección de Ortega, prácticamente ningún líder de la región se presentó en Managua para su toma de posesión. El colapso de la democracia en Nicaragua y Venezuela ha ofrecido a la izquierda latinoamericana una oportunidad de priorizar la democracia por sobre la ideología”.
La periodista de Associated Press Gabriela Sá Pessoa contribuyó a este informe.
BARCELONA (AP) — El expresidente catalán Carles Puigdemont, que huyó de España tras organizar un referendo de independencia en la acomodada región española hace siete años que fue declarado ilegal, regresó al país el jueves pese a la orden de detención en su contra.
Puigdemont hizo una desafiante aparición en Barcelona tras viajar desde Bélgica y ofreció un discurso ante una gran multitud de seguidores. Enfrenta cargos de malversación de fondos por su participación en el intento de separar a Cataluña del resto de España en 2017.
El líder independentista apareció en un parque de Barcelona donde se habían congregado miles de partidarios de la independencia en espera de su llegada, ondeando banderas independentistas catalanas. Él alzó el puño entre vítores en un día soleado y luminoso.
En su intervención, Puigdemont acusó a las autoridades españolas de librar una “durísima represión” contra el movimiento independentista catalán.
“Hace siete años que nos persiguen por querer escuchar la voz del pueblo de Cataluña”, dijo Puigdemont. “Han convertido el ser catalán en una cosa sospechosa”.
Tras su discurso, Puigdemont entró en una carpa contigua y allí salió deprisa para entrar en un auto que le esperaba y se puso en marcha con rapidez, según un fotógrafo de Associated Press que presenció su salida. Se desconocía el paradero de Puigdemont, y la policía no hizo comentarios en un primer momento.
El referendo convocado por el líder independentista en 2017 fue declarado ilegal en su momento tanto por el gobierno central español como por el Tribunal Constitucional.
Puigdemont ha dedicado su carrera al objetivo de crear un nuevo país en el nordeste de España, un esfuerzo que lleva décadas en marcha. Su enfoque en general sin concesiones ha provocado choques tanto con otros partidos separatistas como con el gobierno central español.
El acto fue organizado por su partido político, Juntos por Cataluña (Junts per Catalunya), horas antes de que el nuevo gobierno regional asumiera el cargo en el cercano parlamento catalán.
La policía local estableció un perímetro de seguridad en torno a una zona del parque donde se encuentra el parlamento. Puigdemont caminó hacia el edificio seguido por masas de seguidores.
Puigdemont había anunciado públicamente que regresaría a España, aunque sin revelar los detalles de su viaje.
Era probable que su presencia en el país generase tensiones políticas sobre el asunto latente de la independencia de Cataluña. El intento fallido de secesión provocó una prolongada crisis constitucional.
En un primer momento no estaba claro cómo procederían las autoridades si Puigdemont era detenido.
Una controversial ley de amnistía redactada por el gobierno español de coalición, liderado por socialistas, podría exonerar a Puigdemont y a cientos de independentistas más de cualquier acusación en torno a la consulta ilegal de 2017.
Pero la norma, aprobada este año en el Congreso español, ha sido impugnada por el Tribunal Supremo, que alega que el indulto no incluye la malversación, a diferencia de otros crímenes de los que se había acusado antes a Puigdemont. El líder catalán podría quedar en un principio en detención a la espera de juicio si es arrestado.
El regreso del expresidente catalán amenazaba con complicar un acuerdo mediado tras meses de bloqueo entre el Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) de Salvador Illa y el otro principal grupo independentista catalán, el izquierdista Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).
El acuerdo había garantizado apenas apoyo suficiente en el parlamento catalán para que Illa se convierta en el siguiente presidente regional, en un debate de investidura el jueves.
CARACAS, Venezuela (AP) — El presidente Nicolás Maduro dijo que ordenó bloquear durante 10 días el acceso a X en Venezuela, acusando al propietario Elon Musk de usar la red social para promover el odio después de las disputadas elecciones presidenciales del país.
Periodistas de Associated Press en Caracas descubrieron que el jueves por la noche las publicaciones en X habían dejado de cargarse en dos servicios telefónicos privados y en el estatal Movilnet.
“Elon Musk es el dueño de X y ha violado todas las reglas de la propia red social”, dijo Maduro en un discurso tras una marcha de grupos progubernamentales. Maduro alegó que Musk “ha incitado al odio”.
Maduro también acusó a la red social de ser utilizada por sus opositores para crear malestar político.
El presidente de Venezuela dijo que firmó una resolución “con la propuesta hecha por CONATEL, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, que ha decidido sacar de circulación en Venezuela por 10 días a la red social X, antes conocida como Twitter, para que puedan presentar sus documentos”. Maduro no brindó más detalles sobre el proceso seguido contra X.
La oficina de prensa de X no respondió de inmediato a un correo electrónico de AP solicitando comentarios.
“¡X fuera por 10 días! ¡Elon Musk fuera!”, dijo Maduro.
El anuncio del presidente se produce después de que Maduro y Musk intercambiaran acusaciones sobre las controvertidas elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio. Las autoridades electorales declararon a Maduro como ganador, pero aún no han publicado los recuentos de votos . Mientras tanto, la oposición afirma haber recopilado registros de más del 80% de las 30.000 máquinas de votación electrónica en todo el país que muestran que el ganador fue su candidato, Edmundo González.
Musk utilizó la red social para acusar al autoproclamado líder socialista de un “gran fraude electoral”.
“Qué vergüenza para el dictador Maduro”, dijo Musk el lunes en una publicación.
Desde las elecciones, Maduro ha expresado la necesidad de “regular” las redes sociales en Venezuela.
Maduro también denunció que la plataforma social fue utilizada por sus adversarios para amenazar a familiares de sus seguidores y aliados políticos, militares, policías y generar un estado de zozobra en Venezuela.
CARACAS, Venezuela (AP) — La última vez que alguien supo de Edni López fue el domingo. La profesora de ciencias políticas y poeta galardonada, de 33 años, se preparaba para embarcar en un vuelo a Argentina para visitar a una amiga cuando escribió desde el aeropuerto que había un problema con su pasaporte.
“El de migración se llevó mi pasaporte y que porque le sale vencido”, escribió a su novio en un mensaje compartido con The Associated Press. “En el nombre de Dios no salga yo jodida por un error del sistema”.
Lo que ocurrió después sigue siendo un misterio, que contribuye al clima de temor y represión que ha envuelto a Venezuela desde las disputadas elecciones presidenciales, la oleada más grave de abusos de los derechos humanos en el país desde las dictaduras militares latinoamericanas en la década de 1970.
Cuando la madre de López, Ninoska Barrios, y sus amigos supieron que no había tomado el vuelo, empezaron una frenética búsqueda en centros de detención. Finalmente el martes —más de 48 horas después— supieron que estaba retenida e incomunicada por la temida policía de inteligencia militar venezolana por cargos penales desconocidos, sin acceso a un abogado ni poder hablar con su familia.
“Por favor, devuélvanme mi hija”, pidió el martes entre sollozos Barrios ante la principal oficina venezolana de derechos humanos, en un video que se hizo viral en redes sociales. “No es justo que una madre venezolana tiene que pasar por eso”.
La detención de López no es un caso único. Desde las elecciones presidenciales del 28 de julio, las fuerzas de seguridad han detenido a más de 2.000 personas por manifestarse contra el presidente, Nicolás Maduro, o cuestionar sus afirmaciones de que ganó un tercer mandato pese a los sólidos indicios de que perdió la votación por un margen de más de 2 a 1. Otras 24 personas han muerto, según el grupo local de derechos humanos Provea.
La oleada de detenciones, fomentada por el propio Maduro, no tiene precedentes y a este ritmo superará con mucho los arrestos durante tres campañas anteriores contra la oposición a Maduro.
Entre los afectados hay periodistas, líderes políticos, personal de campaña y un abogado que defendía a manifestantes. Otros han visto anulados sus pasaportes venezolanos cuando intentaban salir del país. Una activista local incluso retransmitió en vivo su detención por parte de agentes de inteligencia que allanaron su casa con una palanca.
“Están ingresando a mi hogar de forma arbitraria. Sin ninguna orden de allanamiento”, dijo María Oropeza, líder de una campaña opositora en el estado rural de Portuguesa, en una retransmisión que termina de forma abrupta después de tres minutos. “No soy una delincuente. Solo soy un ciudadano más que quiere un país distinto”.
La represión, que en buena parte parece arbitraria y aleatoria, está teniendo un efecto paralizante, dijo Phil Gunson, analista del International Crisis Group afincado en Caracas.
“No sólo disuade de las protestas. La gente tiene miedo de salir a la calle, punto”, dijo Gunson, añadiendo que los padres de chicos adolescentes están especialmente preocupados. “Hay una sensación de que la policía tiene una cuota que cubrir y cualquiera puede ser detenido y llevado como sospechoso de subversión”.
Las amenazas empiezan desde arriba.
“Andan como ratas escondiéndose (…) pero lo vamos agarrar”, dijo al día siguiente de los comicios el líder del partido socialista en el gobierno, Diosdado Cabello, sobre varios opositores destacados, en un mensaje ante la legislatura controlada por Maduro.
Entre tanto, Maduro ha pedido a los venezolanos que denuncien a los que cuestionan el resultado electoral a través de una app gubernamental creada en un principio para reportar apagones y quejas sobre servicios proporcionados por el gobierno. También dijo que el gobierno estaba reacondicionando dos prisiones dominadas por pandillas para alojar a lo que esperaba fuera un gran número de guarimberos, su término despectivo para manifestantes de clase media que tomaron las calles durante semanas en 2014 y 2017.
“No habrá mas perdón”, dijo Maduro en la televisora estatal.
Sin embargo, la naturaleza cambiante de los opositores del gobierno complica los esfuerzos por aplastar la disidencia.
Aunque las manifestaciones ha sido mucho más pequeñas y tranquilas que en episodios previos de protestas, ahora son más espontáneas, a menudo sin líderes y formadas por jóvenes, algunos apenas adolescentes, de las barriadas en las colinas de Caracas, que antes era una base tradicional de apoyo al gobierno.
“No me importa ni los muertos”, dijo Cleiver Acuna, tatuador de 21 años, en una marcha reciente en la que los manifestantes treparon a farolas para arrancar carteles de campaña de Maduro. “Lo que más quiero es mi libertad. Lo que quiero es mi patria. Yo quiero vivir esa Venezuela que una vez mis abuelos me contaron”.
María Corina Machado, la estrella opositora que movilizó a Venezuela para apoyar a un candidato de última hora tras el veto a su candidatura contra Maduro, también ha hecho una llamada a la moderación, en un reflejo del miedo que sienten muchos.
“Hay momentos para salir, momentos para encontrarnos, y así demostrar toda nuestra fuerza y determinación y abrazarnos, así como hay momentos de preparación, para organizarnos, comunicarnos y concertar con nuestros aliados alrededor del mundo que son muchísimos. Una pausa operativa en ocasiones es necesaria”, dijo en un mensaje grabado y publicado el martes.
Pero la rapidez de la represión del gobierno parece estar dando resultado. En apenas 10 días, las fuerzas de seguridad han detenido casi a tanta gente como a lo largo de cinco meses en 2017, según Provea.
“La operación Tun-Tun es el mecanismo de terrorismo de Estado y control social por excelencia”, dijo Óscar Murillo, líder de Provea, en referencia a las detenciones inesperadas y en plena noche, descritas como una táctica de miedo de Cabello y otras personas.
En el humilde vecindario de Catia, en Caracas, que antes era un bastión del partido en el gobierno, ya nadie habla de política. Una mujer cerró su negocio cuando comenzaron unas protestas cerca y corrió a su casa. Los videos de las manifestaciones llenaron su celular durante las siguientes horas, pero los borró por temor a que el gobierno estuviera siguiendo las publicaciones en redes sociales para identificar a los críticos.
“Pueden llevarme detenida solo por tenerlos”, dijo.
El silencio repentino es un fuerte contraste con el ánimo esperanzador que precedió a las elecciones, cuando partidarios de la oposición se atrevían a confrontar a fuerzas de seguridad que intentaban bloquear marchas contra Maduro. Servían comida, prestaban vehículos a líderes opositores y les abrieron sus negocios pese a saber que sufrirían represalias de la policía o se cerrarían sus negocios.
Antes incluso de la actual ronda de protestas, el respeto a los derechos humanos en Venezuela estaba bajo un intenso escrutinio. Maduro es objeto de una investigación de la Corte Penal Internacional por crímenes contra la humanidad supuestamente cometidos en el pasado.
Las tácticas de Maduro se han comparado con las empleadas en la década de 1970 en América Central y del Sur, cuando dictaduras militares detenían a sus rivales y en ocasiones a transeúntes inocentes. Muchos fueron asesinados, y en Argentina algunos fueron incluso drogados y arrojados desde aviones al océano, sin dejar rastro siquiera de que hubieran sido detenidos.
Los supuestos abusos de Maduro tienen poco en común con esas campañas de la Guerra Sucia de las fuerzas estatales de seguridad.
Pero el objetivo de sembrar el miedo es el mismo, dijo Santiago Cantón, abogado argentino y secretario general de la Comisión Internacional de Juristas, un grupo supervisor con sede en Ginebra.
Cantón dijo que el Caso de López le recordaba a la desaparición en Argentina en 1977 de una activista que fue desalojada de un avión con destino a Venezuela, y nunca se la volvió a ver. Venezuela, un país rico en petróleo, era en esa época el país más adinerado de América del Sur y refugio democrático para exiliados que huían de regímenes militares en toda la región.
“Lo que pasaba hace 50 años es muy difícil que pase de nuevo”, dijo Canton, que antes dirigía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “Pero el social media te cambia todo, tiene un efecto multiplicador, así que puedes ser mas selectivo con el uso de la fuerza y obtener los mismos objetivos”.
Entre tanto, los amigos y familiares no logran explicar por qué fue perseguida.
Desde 2020 realiza tareas de ayuda en comunidades pobres, por lo que fue reconocida como una de las “100 mujeres protagonistas” de Venezuela por parte de la embajada holandesa en Caracas. Su labor es estrictamente humanitaria, y López no pertenece a ningún movimiento político.
Su perfil en redes sociales está igualmente vacío de contenido contra el gobierno y consiste principalmente en dibujos alegres de mariposas, poemas que escribe y fotos de playas y dunas de arena de sus viajes por Venezuela.
Cristina Ramírez, que se mudó de Argentina a Caracas hace ocho años, sumándose a un éxodo de más de 7 millones de venezolanos que han abandonado el país, dijo haber comprado un pasaje a López en mayo para que su amiga pudiera disfrutar de unas merecidas vacaciones.
Las dos estaban deseando reencontrarse tras una larga separación y un año difícil para López, cuya familia tiene dificultades económicas. Le preocupa que su amiga, que toma medicamentos para la diabetes, esté sufriendo en prisión sin saber qué ha provocado esa pesadilla.
“Iba ser su primer viaje fuera de país”, dijo Ramírez en una entrevista telefónica. “La estoy esperando todavía
Goodman informó desde Miami.
JOSHUA GOODMAN and REGINA GARCIA CANO
Goodman is a Miami-based investigative reporter who writes about the intersection of crime, corruption, drug trafficking and politics in Latin America. He previously spent two decades reporting from South America.
Radio América es una emisora de habla hispana que transmite desde la ciudad de Laurel en el estado de Maryland cubriendo con sus 1,900 vatios de potencia toda el área metropolitana de Washington D.C. en la cual residen cerca de 1 millón de Latinos.
Su propietario es Alejandro Carrasco considerado como la personalidad radial hispana mas influyente en Washington, Maryland y Virginia.
Su frecuencia, 900 AM una Ubicación ideal en el dial para alcanzar a toda la comunidad latina en el area metropolitana de Washington.
LA HAYA (AP) — Fiscales de la Corte Penal Internacional dijeron el lunes que están “monitoreando de forma activa” los acontecimientos en Venezuela, donde las fuerzas de seguridad han emprendido una campaña contra la oposición tras las disputadas elecciones presidenciales del país.
