AURORA, Colorado, EE.UU. (AP) — La policía de Aurora, un suburbio de Denver, asegura que una pandilla venezolana con una pequeña presencia en la localidad no se ha apoderado de una unidad habitacional en mal estado. Sin embargo, la acusación sigue ganando fuerza entre conservadores y el expresidente Donald Trump declaró el miércoles en una audiencia pública transmitida en Fox News que los venezolanos se estaban “apoderando de toda la ciudad”.

La acusación infundada cobró fuerza después de que el mes pasado se difundió un video en el que un residente mostraba a hombres armados tocando en la puerta de un apartamento, intensificando los temores de que la pandilla del Tren de Aragua controlaba la unidad habitacional de seis edificios.

Sin embargo, funcionarios de la ciudad indican que los edificios, junto con otras dos unidades habitacionales, se encontraban en mal estado debido a la negligencia de la empresa administradora, CBZ Management.

Aurora es una ciudad con gran diversidad que lleva mucho tiempo luchando contra la delincuencia y las pandillas, y la policía dijo que hasta el momento había vinculado a 10 personas con el Tren de Aragua y había detenido a seis de ellas, incluidos los sospechosos de un intento de homicidio en julio.

Pero en una visita a los apartamentos donde se grabó a los hombres armados, la jefa interina de la policía de Aurora Heather Morris negó que las pandillas hubieran tomado el control y estuvieran cobrando el alquiler. Las declaraciones se produjeron después de que el alcalde de Aurora, Mike Coffman, dijo que “elementos criminales” se habían apoderado de algunos edificios no especificados y extorsionaban a los residentes.

El agente de policía de Aurora, Matthew Longshore, reiteró el jueves en un correo electrónico a The Associated Press que la policía ha constatado que los residentes no están pagando el alquiler a las pandillas, pero descubrieron que la administración ya no envía a representantes a la unidad habitacional.

La ciudad de Aurora ya ha emprendido acciones legales contra Zev Baumgarten, de CBZ, por haber “descuidado las propiedades durante años y numerosas violaciones de los códigos”, luego de que otro edificio gestionado por la empresa en Aurora fue clausurado después de haber sido declarado inhabitable. Sus residentes fueron desalojados a mediados de agosto. Los juicios contra Baumgarten, previstos para agosto y septiembre, han sido aplazados al menos seis meses.

CBZ no respondió de inmediato una llamada telefónica en busca de comentarios, y los números de teléfono de las dos unidades habitacionales gestionadas por CBZ en Aurora estaban desconectados.

Después de que los residentes realizaron una conferencia de prensa para desmentir los rumores relacionados con las pandillas, Coffman, un exlegislador republicano, admitió que no estaba “seguro de cuál era la verdad en todo esto”. En una entrevista concedida esta semana al canal de televisión Denver7, Coffman dijo que la afirmación de que toda Aurora era insegura no era cierta y perjudicaba a la economía local de una ciudad en rápido crecimiento con más de 400.000 habitantes.

Coffman no estuvo disponible el jueves para hablar del tema.

Trump ha tratado de sacar provecho de las inquietudes en materia de inmigración en momentos en que busca la reelección el próximo mes de noviembre. Durante la audiencia del miércoles repitió su llamado a ordenar deportaciones masivas después de exagerar sobre la presencia de pandillas en Aurora.

“Miren lo que está pasando en Aurora, en Colorado, donde los venezolanos se están apoderando de toda la ciudad, se están apoderando de los edificios, de toda la ciudad”, dijo Trump. “Lo vieron el otro día, están tirando puertas y ocupando los apartamentos de la gente”.

Entre los casi un millón de inmigrantes venezolanos que ingresaron a Estados Unidos en los últimos años había supuestos integrantes de pandillas vinculados a tiroteos con la policía, tráfico de personas y otros delitos, aunque no hay pruebas de que la pandilla haya establecido una estructura organizativa en Estados Unidos, declaró hace unas semanas a la AP Jeremy McDermott, codirector de InSight Crime, con sede en Colombia, quien publicó un informe reciente sobre la expansión del Tren de Aragua.

Publicaciones en redes sociales de un video en el que supuestamente se muestra a inmigrantes apoderándose de un autobús escolar en San Diego, y de una llamada al número de emergencias 911 para informar que inmigrantes venezolanos se habían apoderado de un edificio residencial en Chicago también han llamado la atención últimamente. Ambos casos resultaron ser infundados.

Muchos de los inmigrantes venezolanos y de otros países latinoamericanos que viven en la unidad habitacional de Aurora aseguran que allí no hay pandillas y que se les tacha injustamente como delincuentes.

Culpan a CBZ Management, con sede en Nueva York, por negarse a eliminar las plagas de chinches y roedores y a reparar las constantes fugas de agua en los edificios, a pesar de que el alquiler mensual cuesta 1.200 dólares o más. Los residentes temen que puedan ser desalojados, pero las autoridades dijeron el miércoles que no había planes inmediatos para llevar a cabo un desalojo.

“El único delincuente aquí es el propietario del edificio”, dijo el martes Moisés Didenot, de origen venezolano, a través de un traductor, en una rueda de prensa realizada en un polvoriento patio de la unidad habitacional.

Didenot mostró a los periodistas algunos de los ratones que había atrapado recientemente en trampas adhesivas que colocó en el apartamento del sótano donde vive con su esposa y su hija de 11 años. Sólo dos de las hornillas de su estufa funcionan, al ventilador del techo le falta un aspa y no terminan de limpiar la tina cuando ya se encuentra nuevamente llena de moho.

Las autoridades locales afirmaron en una publicación en redes sociales el 30 de agosto que se tomaban en serio la presencia de la pandilla venezolana e indicaron que se esperaban más detenciones. También dijeron que iban a “seguir abordando los problemas que los propietarios de estos inmuebles han permitido que se multipliquen sin control”.

El video que contribuyó a alimentar la acusación infundada mostraba a hombres armados, uno de ellos con un arma larga, subiendo por las escaleras y tocando en la puerta de un apartamento. Los antiguos residentes que lo grabaron dijeron al canal de televisión KDVR-TV que lo grabaron antes de un tiroteo en la unidad habitacional el 18 de agosto en el que un hombre de 25 años fue baleado y posteriormente murió.

Una vocera de la policía de Aurora, Sydney Edwards, dijo que la policía tiene el video y que ha incautado evidencia mostrada en las imágenes. Añadió que no podía hacer más comentarios de una investigación en curso.

La policía de Aurora también ha anunciado la creación de un grupo de trabajo conjunto con agencias policiales a nivel local, estatal y federal para abordar específicamente las preocupaciones relacionadas con el Tren de Aragua y otras actividades delictivas que afectan a las comunidades de inmigrantes.

“Seguiremos investigando, persiguiendo y arrestando a quienes cometan delitos, y mantendremos una fuerte presencia en estos inmuebles”, dijeron las autoridades locales en un comunicado el jueves.

Hanson informó desde Helena, Montana.

Foto AP/David Zalubowski).

By  COLLEEN SLEVIN and AMY BETH HANSON

WINDER, Georgia, EE.UU. (AP) — Hace más de un año, la policía de Georgia interrogó a un chico de 13 años tras recibir información sobre publicaciones en internet que amenazaban con un tiroteo en una escuela, pero los investigadores no contaban con pruebas suficientes para arrestarlo. El miércoles, el chico abrió fuego en su escuela secundaria en las afueras de Atlanta y mató a cuatro personas e hirió a nueve, según las autoridades.

El adolescente ha sido acusado como adulto por las muertes de los estudiantes de Apalachee High School, Mason Schermerhorn y Christian Angulo, ambos de 14 años, y los instructores Richard Aspinwall, de 39 años, y Christina Irimie, de 53, dijo el director de la Oficina de Investigaciones de Georgia, Chris Hosey, en una conferencia de prensa.

Al menos otras nueve personas (ocho estudiantes y un profesor de la escuela de Winder, a una hora en coche al noreste de Atlanta) fueron trasladadas a hospitales con heridas. Se espera que todos sobrevivan, dijo el sheriff del condado de Barrow, Jud Smith.

El adolescente, que ahora tiene 14 años, iba a ser llevado a un centro de detención juvenil regional el jueves.

Armado con un rifle de asalto, el adolescente apuntó con el arma a los estudiantes en un pasillo de la escuela cuando sus compañeros se negaron a abrirle la puerta para que regresara a su aula de álgebra, dijo su compañera de clase Lyela Sayarath.

Pero regresó más tarde y quiso volver al aula. Algunos estudiantes fueron a abrir la puerta cerrada, pero en lugar de eso se alejaron.

"Supongo que vieron algo, pero por alguna razón no abrieron la puerta", dijo Sayarath.

Cuando lo miró a través de una ventana de la puerta, vio que el estudiante se giraba y escuchó una ráfaga de disparos.

“Eran unos 10 o 15 a la vez, uno tras otro”, dijo.

Los estudiantes de matemáticas se agacharon en el suelo y gatearon esporádicamente, buscando un rincón seguro donde esconderse.

Dos agentes de policía de la escuela se encontraron con el tirador minutos después de que se difundiera un informe sobre disparos, dijo Hosey. El adolescente se entregó de inmediato y fue detenido.

El adolescente había sido entrevistado después de que el FBI recibiera información anónima en mayo de 2023 sobre amenazas en línea para cometer un tiroteo escolar no especificado, dijo la agencia en un comunicado.

El FBI redujo las amenazas y remitió el caso al departamento del sheriff del condado de Jackson, adyacente al condado de Barrow.

La oficina del alguacil entrevistó al joven de 13 años y a su padre, quienes dijeron que había armas de caza en la casa, pero que el adolescente no tenía acceso a ellas sin supervisión. El adolescente también negó haber hecho amenazas en línea.

La oficina del sheriff alertó a las escuelas locales para que siguieran vigilando al adolescente, pero no hubo causa probable para su arresto o acciones adicionales, dijo el FBI.

Hosey dijo que la División de Servicios para la Familia y la Infancia del estado también había tenido contacto previo con el adolescente e investigará si eso tiene alguna relación con el tiroteo. Los medios de comunicación locales informaron que el miércoles la policía registró la casa familiar del adolescente en Bethlehem, Georgia, al este de la escuela secundaria.

“Todos los estudiantes que tuvieron que ver morir a sus maestros y a sus compañeros de clase, los que tuvieron que salir de la escuela cojeando, que parecían traumatizados”, dijo Sayarath, “esa es la consecuencia de la acción de no tomar el control”.

Las autoridades todavía estaban investigando cómo el adolescente obtuvo el arma utilizada en el tiroteo y la llevó a la escuela con aproximadamente 1.900 estudiantes en el condado de Barrow, un área en rápida suburbanización al borde de la expansión cada vez mayor del área metropolitana de Atlanta.

Se trata del último de una serie de tiroteos ocurridos en escuelas de Estados Unidos en los últimos años, entre ellos los especialmente mortales de Newtown (Connecticut) , Parkland (Florida ) y Uvalde (Texas) . Los asesinatos en las aulas han desencadenado fervientes debates sobre el control de armas y han irritado a los padres cuyos hijos crecen acostumbrados a simulacros de tiradores activos en las aulas, pero no han contribuido a cambiar las leyes nacionales sobre armas.

Hasta el miércoles, se habían producido 29 asesinatos en masa en Estados Unidos en lo que va de año, según una base de datos mantenida por The Associated Press y USA Today en colaboración con la Universidad Northeastern. Al menos 127 personas han muerto en esos asesinatos, que se definen como incidentes en los que mueren cuatro o más personas en un período de 24 horas, sin incluir al asesino, la misma definición que utiliza el FBI.

El miércoles por la tarde, cientos de personas se reunieron en el parque Jug Tavern, en el centro de Winder, para una vigilia. Los voluntarios repartieron velas, agua, pizza y pañuelos de papel. Algunos se arrodillaron mientras un ministro metodista dirigía la oración de la multitud después de que un comisionado del condado de Barrow leyera una oración judía de duelo.

Christopher Vasquez, de 15 años, dijo que asistió a la vigilia porque necesitaba sentirse arraigado y estar en un lugar seguro.

Estaba practicando con la banda cuando se emitió la orden de cierre. Dijo que parecía un simulacro normal cuando los estudiantes hicieron fila para esconderse en el armario de la banda.

“Cuando escuchamos golpes en la puerta y llegó el equipo SWAT para sacarnos, supe que la cosa iba en serio”, dijo. “Comencé a temblar y a llorar”.

Finalmente se tranquilizó cuando llegó al estadio de fútbol. “Solo estaba rezando para que todos mis seres queridos estuvieran a salvo”, dijo.

Los periodistas de Associated Press Sharon Johnson, Mike Stewart y Erik Verduzco en Winder; Beatrice Dupuy en Nueva York; Russ Bynum en Savannah, Georgia; Charlotte Kramon, Kate Brumback y Jeff Martin en Atlanta; y Mark Thiessen en Anchorage, Alaska, contribuyeron a este despacho.

Jeff Amy cubre la política y el gobierno de Georgia.

(Foto AP/Mike Stewart)

Antes incluso de que los votantes comiencen a emitir sus votos, demócratas y republicanos están inmersos en una extensa batalla legal sobre cómo se desarrollarán las elecciones de 2024, una serie de disputas judiciales que podrían extenderse incluso más allá del día de las elecciones si el resultado es ajustado.

Ambos partidos han reforzado sus equipos legales para la lucha. Los republicanos han presentado más de 100 demandas impugnando diversos aspectos de la emisión de votos después de haber sido reprendidos repetidamente por los jueces en 2020 por presentar quejas sobre cómo se llevaron a cabo las elecciones solo después de que se contaron los votos.

Después de que Donald Trump hizo de la " integridad electoral " una parte clave de la plataforma de su partido tras sus falsas afirmaciones de fraude electoral generalizado en 2020, el Comité Nacional Republicano dice que tiene más de 165.000 voluntarios listos para vigilar las urnas en noviembre.

Los demócratas están respondiendo con lo que llaman “protección del votante”, acudiendo a los tribunales para luchar contra los casos del Partido Republicano y formando su propio equipo con más de 100 empleados, varios cientos de abogados y lo que dicen son miles de voluntarios para noviembre.

A pesar de la oleada de litigios, los casos han tendido a ser de menor envergadura, con pocas probabilidades de tener impacto para la mayoría de los votantes.

“Cuando tienes todo ese dinero para gastar en litigios, terminas litigando cada vez cosas menos importantes”, dijo Derek Muller, profesor de derecho en la Universidad de Notre Dame.

Las apuestas aumentarían drásticamente si Trump perdiera las elecciones y luego intentara revocar el resultado. Eso fue lo que intentó en 2020 , pero el sistema judicial lo rechazó en todos los casos. Trump y sus aliados perdieron más de 60 demandas tratando de revertir la victoria del presidente Joe Biden.

Según los expertos, el éxito de este año dependerá del resultado de las elecciones. Una diferencia de unos 10.000 votos —aproximadamente la cantidad que separó a Biden y Trump en Arizona y Georgia hace cuatro años— es casi imposible de revertir mediante un litigio. Es mucho más probable que una diferencia más ajustada de unos pocos cientos de votos, como el margen de 547 votos que separó a George W. Bush y Al Gore en Florida en 2000, dependa de decisiones judiciales sobre qué papeletas son legítimas.

“Si pierde, dirá que ganó. No hace falta decirlo”, dijo Rick Hasen, profesor de Derecho de la Universidad de California en Los Ángeles, sobre Trump. “Si se parece a lo que tuvimos la última vez… espero que veamos lo mismo”.

Trump no ha hecho nada para desalentar esa expectativa mientras busca regresar a la Casa Blanca. Ha dicho que aceptaría los resultados de las elecciones solo si son “libres y justas”, lo que plantea la posibilidad de que no lo sean, algo que sigue afirmando falsamente que fue el caso en 2020. También siguió insistiendo en que solo podría perder debido a un fraude.

“La única forma en que pueden vencernos es haciendo trampa”, dijo Trump en un mitin en Las Vegas en junio.

Para ser claros, no hubo fraude generalizado en 2020 ni en ninguna elección desde entonces. Las revisiones , recuentos y auditorías en los estados en disputa donde Trump impugnó su derrota hace cuatro años confirmaron que Biden ganó , y el propio fiscal general de Trump dijo que no había evidencia de que el fraude inclinara la balanza en las elecciones.

Trump nombró a su nuera, Lara Trump, copresidenta del Comité Nacional Republicano, que luego nombró a la abogada Christina Bobb como directora de su división de integridad electoral. Bobb es una ex reportera de la cadena conservadora One America News Network que ha sido acusada por el fiscal general de Arizona por ser parte de un esfuerzo para promover una lista de electores de Trump en el estado, a pesar de que Biden lo ganó.

Haciéndose eco de su candidato presidencial, el RNC dijo que está tratando de contrarrestar las travesuras demócratas.

“La iniciativa del presidente Trump en materia de integridad electoral está dedicada a proteger cada voto legal, mitigar las amenazas al proceso de votación y asegurar la elección”, dijo la portavoz del RNC Claire Zunk en un comunicado. “Mientras los demócratas continúan con su interferencia electoral contra el presidente Trump y el pueblo estadounidense, nuestra operación está confrontando sus planes y preparándose para noviembre”.

Esta vez, los demócratas dicen que están preparados para lo que Trump y el RNC puedan hacer.

“Durante cuatro años, Donald Trump y sus aliados del movimiento MAGA han estado conspirando para sembrar la desconfianza en nuestras elecciones y socavar nuestra democracia para poder protestar cuando pierdan”, dijo Jen O'Malley Dillon, directora de campaña de la vicepresidenta Kamala Harris, en un comunicado. “Pero también durante cuatro años, los demócratas nos hemos estado preparando para este momento y estamos listos para cualquier cosa”.

El litigio de más alto perfil hasta ahora ha sido en Georgia, sobre las nuevas reglas de una mayoría designada por los republicanos en la Junta Estatal de Elecciones de Georgia que se ha hecho eco de las teorías conspirativas del expresidente sobre 2020. Las reglas podrían permitir que los miembros de las juntas electorales locales intenten negarse a certificar las elecciones, una táctica que los partidarios de Trump han intentado, sin éxito, revertir las derrotas en 2020 y 2022.

Un grupo alineado con Trump ha presentado una demanda para que los tribunales declaren que los miembros de la junta electoral tienen ese poder, mientras que los demócratas han demandado para revocar las nuevas reglas. El secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, un republicano, ha cuestionado la conveniencia de que la junta cambie los procedimientos tan cerca de las elecciones. Los expertos legales dicen que las reglas de la junta estatal entran en conflicto con la ley de larga data de Georgia que establece que la certificación no es opcional.

La preocupación creciente es si las juntas locales retrasarán o se negarán a certificar los resultados de las elecciones presidenciales de este año , especialmente después de que un puñado de funcionarios locales adoptaran esa medida durante las primarias de este año. Pero los expertos electorales dicen que los temores de una crisis de certificación este otoño son exagerados, en gran parte porque la mayoría de las leyes estatales son claras en cuanto a que las juntas estatales o locales deben certificar los resultados oficiales que les presentan las oficinas electorales. Los tribunales siguen siendo el lugar más importante para los candidatos que quieren impugnar los resultados electorales.

Hasta la fecha, los litigios han tratado a menudo sobre cuestiones relativamente esotéricas, pero algunos casos podrían tener implicaciones después de noviembre si Trump pierde las elecciones. El RNC ha presentado demandas en Michigan, Nevada y Carolina del Norte alegando que los estados deben eliminar de sus listas a los votantes inactivos o no elegibles. A fines del mes pasado, los republicanos demandaron a Carolina del Norte por un tema favorito : el riesgo de que voten los no ciudadanos, lo cual es poco común . Sostienen que el estado no estaba haciendo lo suficiente para protegerse contra eso.

Hasta ahora, ninguna de las demandas ha prosperado, pero si Trump pierde las elecciones en esos estados por un margen estrecho, ese tipo de litigio preelectoral podría allanar el camino para que alegue en los tribunales que el voto fue inválido.

El otro aspecto que podría tener ramificaciones en noviembre y más allá es si las papeletas enviadas por correo que llegan después del día de las elecciones pueden ser contabilizadas. Diecinueve estados lo permiten siempre que las papeletas se envíen antes del cierre de las urnas. El RNC presentó una demanda para revocar esta disposición en Nevada y Mississippi , pero ambos casos fueron desestimados por los jueces.

El Comité Nacional Republicano ha apelado esos casos, y el primero de ellos está previsto que sea visto por el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos a finales de este mes. Es el tipo de asunto que podría acabar ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Algunos aliados de Trump en 2020 esperaban que la corte lo declarara ganador, pero el litigio sobre el voto por correo, que llegó tarde en ese momento, mostró los límites de esa táctica.

La Corte Suprema de Pensilvania dictaminó que el estado tenía que contar las papeletas de voto por correo que llegasen hasta cuatro días después del día de las elecciones. Los republicanos apelaron esa decisión ante el tribunal más importante del país y el correo que llegó tarde se contabilizó por separado en noviembre de 2020 mientras todos esperaban a que la Corte Suprema se pronunciara.

Al final, la Corte Suprema no se hizo cargo del caso. Trump perdió en Pensilvania por más de 80.000 votos, por lo que las 10.000 papeletas de voto por correo que llegaron tarde ni siquiera habrían hecho una diferencia.

(Arvin Temkar/Atlanta Journal-Constitution vía AP, Archivo)/

Por  NICHOLAS RICCARDI

MEDFORD, Oregon (AP) — Los abogados que representan a pacientes vivos y fallecidos de un hospital de Oregon presentaron el martes una demanda por 303 millones de dólares contra el establecimiento después de que una enfermera fuera acusada de reemplazar el fentanilo recetado con agua del grifo no esterilizada en goteos intravenosos.

La demanda por muerte por negligencia y mala praxis médica acusa al Asante Rogue Regional Medical Center en Medford de negligencia. La demanda dice que el hospital no supervisó los procedimientos de administración de medicamentos ni evitó el desvío de medicamentos por parte de sus empleados, entre otras acusaciones.

Un portavoz dijo que el hospital no tenía comentarios.

Dani Marie Schofield, ex enfermera del hospital, fue arrestada en junio y acusada de 44 cargos de agresión en segundo grado . Los cargos se derivaron de una investigación policial sobre el robo y el uso indebido de sustancias controladas que provocaron infecciones en los pacientes. Se declaró inocente.

Schofield no figura como acusado en la denuncia presentada el martes. A principios de este año se presentó una demanda por separado contra Schofield y el hospital en nombre de los herederos de un hombre de 65 años que falleció.

Entre los 18 demandantes de la nueva demanda se encuentran nueve pacientes y los herederos de nueve pacientes que fallecieron. Según la demanda, el hospital comenzó a informarles en diciembre que un empleado había reemplazado el fentanilo por agua del grifo, lo que provocó infecciones bacterianas.

“Todos los pacientes demandantes estaban infectados con una bacteria asociada exclusivamente con la transmisión a través del agua”, dice la denuncia.

Todos los demandantes experimentaron angustia mental, según la demanda, que busca millones de dólares en daños por gastos médicos, pérdida de ingresos y el dolor y sufrimiento de los fallecidos.

La policía de Medford comenzó a investigar a fines del año pasado, después de que los funcionarios del hospital notaron un aumento preocupante en las infecciones de la vía central desde julio de 2022 hasta julio de 2023 y le dijeron a la policía que creían que un empleado había estado desviando fentanilo.

El fentanilo es un potente opioide sintético que ha contribuido a alimentar la epidemia de sobredosis en el país, pero también se utiliza en entornos médicos legítimos para aliviar dolores intensos. El robo de medicamentos en los hospitales es un problema de larga data.

 (Janet Eastman/The Oregonian vía AP, Archivo)