TEL AVIV, Israel (AP) — Cuando Ilana Gritzewsky regresó a Israel después de estar cautiva en Gaza durante 55 días en noviembre de 2023, tenía tanta adrenalina corriendo por su cuerpo que no pudo dormir durante dos días.

“No entiendes que todo ha terminado”, recuerda Gritzewsky. “No sabes quién eres ni siquiera cómo te llamas”.

Se está poniendo en marcha un alto el fuego entre Israel y Hamás y se están liberando rehenes en etapas. Pero después del júbilo inicial por la liberación, los cautivos liberados –que llevan más de 15 meses retenidos– probablemente tengan que afrontar una difícil reinserción, según el testimonio de quienes estuvieron retenidos como rehenes.

Gritzewsky, de 31 años, originaria de México, fue secuestrada con su novio del kibutz Nir Oz el 7 de octubre de 2023, cuando militantes liderados por Hamas irrumpieron en la frontera, matando a unas 1.200 personas y secuestrando a unas 250, en un ataque que desató la guerra en Gaza.

Gritzewsky fue liberado después de 55 días durante el único acuerdo de alto el fuego anterior hace un año .

Más de un año después, Gritzewsky tiene problemas de salud persistentes. No ha recuperado todo el peso que perdió, es prediabética y tiene problemas de dolor persistentes por el secuestro, cuando le rompieron la pelvis y la mandíbula y le quemaron la pierna con el escape de la motocicleta. Sufrió pérdida de audición en un oído.

“Todavía no soy capaz de cuidarme a mí misma”, dijo. “No creo que mi cerebro haya asimilado realmente todo lo que he pasado”.

Ella reconoce que ha descuidado su propia recuperación mientras aboga incansablemente por la liberación de su novio.

Quince rehenes han sido liberados de Gaza, a cambio de cientos de prisioneros y detenidos palestinos, mientras el actual alto el fuego por la guerra que ha devastado Gaza entra en su segunda semana completa. Más de 47.000 palestinos han muerto en Gaza y amplias franjas del territorio han sido destruidas. Se espera que Hamás libere a pequeños grupos semanalmente durante la fase inicial de seis semanas del alto el fuego. Quedan aproximadamente 80 rehenes en Gaza, casi la mitad de los cuales Israel cree que están muertos.

La alegría de un cálido abrazo y una nueva realidad se instala.

Cuando Gritzewsky fue liberada, pudo hacer lo que había soñado durante su cautiverio: abrazar a su madre y ver a su familia.

Estaba desesperada por un buen bistec, pero debido a las preocupaciones sobre complicaciones de salud provocadas por comer demasiado o demasiado rápido en personas con deficiencias prolongadas de vitaminas y nutrientes, pasó tiempo antes de que pudiera comer lo que quería.

“Estás acostumbrada a vivir en condiciones de rehenes, así que cuando consigues comida, dejas algo a un lado. Preguntas si puedes ir al baño, si puedes dormir”, dijo.

El período previo a su liberación fue traumático. Gritzewsky dijo que le dijeron cuatro veces que la iban a liberar, pero que luego la llevaron a un lugar diferente. En ninguna de las ocasiones su traslado la llevó a la libertad.

“Pensé que esta sería mi vida para siempre, que sería una muñeca para los terroristas de Hamas, que terminaría teniendo bebés con ellos, simplemente quería estrellarme la cabeza contra la pared y morir”, dijo.

Ver a los rehenes liberados entrar a Israel durante la última semana fue una “tormenta de emociones”, dijo Gritzewsky.

“Por fin está empezando. Nuestros héroes están empezando a salir y se van por sus propios medios”, dijo. Pero también hay incertidumbre sobre si el alto el fuego se mantendrá. El novio de Gritzewsky, Matan Zangauker, de 25 años, no está en la lista de 33 rehenes que se espera que sean liberados en la primera etapa del alto el fuego.

Los rehenes deben adaptarse para recuperar su autonomía

Los rehenes permanecen en el hospital durante varios días mientras se les realizan una serie de pruebas para determinar los próximos pasos a seguir. Los 15 rehenes liberados en las últimas dos semanas regresaron en condición estable, pero sufrían de “inanición leve” y deficiencias vitamínicas, según el Dr. Ami Banov, un médico militar israelí que ha tratado a los rehenes liberados. Dijo que muchos de ellos sufrieron heridas en el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 y que la atención médica que recibieron fue inexistente o de mala calidad. Muchos de ellos todavía tienen trozos de metralla en el cuerpo.

Algunas de las mujeres que han regresado recientemente dijeron que estuvieron retenidas en túneles y privadas de luz solar durante al menos ocho meses seguidos, dijo Banov, lo que puede provocar graves problemas de visión o de piel. Las que estuvieron cautivas con otras personas parecen estar mejor mentalmente que las rehenes que estuvieron solas, dijo.

Cada rehén está acompañado por un equipo dedicado de médicos, enfermeras, especialistas, psicólogos y trabajadores sociales, dijeron funcionarios médicos.

Una de las cosas más importantes es permitir que el rehén que ha regresado lidere la recuperación, explicó Ofrit Shapira, un psicoanalista que dirige un grupo de profesionales de la salud que tratan a los rehenes liberados, a sus familias y a los supervivientes del ataque del 7 de octubre. Todos los que los tratan deben pedirles permiso para cada pequeña cosa, desde apagar una luz hasta cambiar las sábanas o realizar pruebas médicas.

“Les quitaron todo lo que los define como humanos, especialmente la privacidad y la autonomía, y es un desafío ayudarlos a recuperar eso”, dijo.

Los médicos se refieren a este proceso como “conexión a tierra”, dijo Banov, quien lo comparó con un proceso de descompresión, ayudando gradualmente a los rehenes a comprender que han recuperado el control sobre decisiones tales como qué comer, qué vestir y dónde y cuándo reunirse con sus familias.

“Nos sentimos obligados a darles la opción de hacer lo que crean correcto”, dijo. Pero agregó que todo se está haciendo en “pasos muy pequeños”.

Adina Moshe fue liberada después de 49 días de cautiverio. En un relato en primera persona publicado en el sitio de noticias israelí N12, dijo que algunos rehenes regresarán sin saber nada sobre la destrucción de sus hogares o el destino de sus seres queridos. Seguirán desconfiando de la gente y tendrán que enfrentarse a medios agresivos. Cualquier mejora en su condición puede revertirse fácilmente, dijo.

“En sus almas, seguirán permaneciendo en los túneles durante mucho tiempo”, escribió.

Tomará mucho tiempo 'reparar las heridas del alma'

Avichai Brodutch, cuya esposa y tres hijos fueron secuestrados el 7 de octubre del kibutz Kfar Aza, nunca olvidará el momento en que los esperó en el hospital y el momento en que los vio por primera vez.

“Las puertas del ascensor se abrieron y recuperé a mi familia, renacida”, dijo.

Brodutch dijo que el regreso fue a la vez abrumador y alegre porque temía que su familia hubiera sido asesinada durante el ataque inicial de Hamas. Dijo que regresaron delgados y llenos de piojos.

Los problemas físicos fueron tratados rápidamente, pero Brodutch dijo que el cautiverio dejó una huella duradera en el bienestar mental de su familia. Cada día, escucha una nueva historia sobre algo que sucedió en Gaza. Reviven el 7 de octubre una y otra vez, y los desafíos siguen siendo los más grandes para su esposa, Hagar, quien cuidó de sus tres hijos y de la hija de una vecina, Abigail Edan, que entonces tenía 3 años, mientras estaban en cautiverio.

“Tomará mucho tiempo reparar las heridas del alma”, dijo.

MELANIE LIDMAN es un reportero de Associated Press radicado en Tel Aviv, Israel.

(Foto AP/Tsafrir Abayov), Archivo)

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Margarita Raymundo bajó por la rampa trasera de un avión militar Boing de la Fuerza Aérea estadounidense la tarde del lunes en Guatemala. Había sido deportada desde Texas. Migración la detuvo sólo tres días después de cruzar la frontera junto a otros tres migrantes más.

La deportación relámpago le tomó por sorpresa a ella y a otros 62 guatemaltecos adultos más una niña que fueron devueltos a su país. El gobierno del presidente Donald Trump ha movilizado a los militares para aumentar rápidamente su capacidad de deportación, que generalmente depende de vuelos chárter.

En la primera semana del segundo mandato de Trump, el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense informó que ya había deportado a unas 7.300 personas de varias nacionalidades. La forma en que se están haciendo los traslados ya supuso un primer roce el domingo con Colombia, uno de los países emisores de migrantes.

El agente que detuvo a Margarita Raymundo la encontró a tan sólo cinco minutos de que llegara a la carretera en donde la esperaba un vehículo para llevarla a su destino. La joven de 21 años contó que el funcionario le dijo que iba a ser deportada rápido, pero le advirtió que si la volvían a detener intentando entrar a Estados Unidos pasaría cinco años en prisión.

Los aviones militares que el gobierno estadounidenses está usando ahora para las deportaciones ya se han encontrado con cierto rechazo a la hora de aterrizar en América Latina, una región con un historial de intervenciones militares estadounidenses. Sobre todo, cuando los migrantes vuelan encadenados y esposados, según han contado varios de ellos.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, se rehusó el fin de semana pasado a permitir la llegada a su territorio de dos aviones militares que llevaban deportados, lo que desencadenó un episodio de tensión entre ambos países con una amenaza mutua de imponer aranceles al comercio. Apaciguado el impasse, Colombia envió dos aviones militares de su flota para recoger a los migrantes y llevarlos devuelta a su tierra en condiciones, según Petro, de dignidad.

En México, la presidenta Claudia Sheinbaum insistió el lunes en que los cuatro aviones que aterrizaron en Ciudad de México con deportados eran todos civiles.

“No podemos negarnos y es nuestra obligación (recibir a los migrantes)”, explicó Danilo Rivera, director del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) sobre la llegada del vuelo del lunes con Raymundo y los demás connacionales.

Jorge Santos, de la Convergencia de Derechos Humanos que aglutina a varias organizaciones en Guatemala, dice éste es un tema que debería ser manejado desde lo civil, sin aviones militares y sin engrilletar a migrantes, algo que ya ocurre en los vuelos chárter civiles operados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

“El tema de los grilletes no debiese ser una condición en esta situación, ni encadenarlos de pies y manos y mucho menos que una autoridad militar asuma competencias en el marco de una acción que debería ser enteramente civil”, señaló Santos.

Trump ha dicho que está deportando a criminales a sus países de origen y ha justificado esas medidas en razones de seguridad. En enero, Estados Unidos deportó a 2.795 guatemaltecos, pero solo 22 de ellos —menos del 0,9%— estaban sujeto a un proceso judicial en el país.

Según Migración de Guatemala, el perfil del migrante que es deportado es de amas de casa, trabajadores de la construcción, cocineros, pilotos, jardineros.

Lesly Ramírez, de 35 años, contó que los grilletes que le pusieron estaban muy apretados y le habían lastimado y dejado señales en las manos. Dentro del avión les dieron alimentos, pero no les quitaron las esposas, lo que les dificultó comer. Además de los grilletes, estaban encadenados en la cintura y los pies. Les quitaron las cadenas poco antes de que el avión aterrizara en su país, dijo.

Ramírez es madre soltera de dos niños y relató que había saltado el muro en la frontera entre México y Estados Unidos el viernes pasado. Después caminó un par de horas en territorio estadounidense, junto a otros dos guatemaltecos, hasta que fue detenida.

Con pocas palabras, recuerda, los agentes de migración la subieron a una patrulla, luego la llevaron a un centro de detención donde estuvo tres días y fue devuelta de regreso a Guatemala.

Ramírez no piensa en volver a intentar migrar porque dice que arriesgó su vida.

“No está bien el trato; todos somos seres humanos e íbamos a trabajar, no somos ningunos delincuentes”, recalcó Ramírez.

Raymundo piensa lo mismo. La joven está devastada tras fracasar en su intento por entrar a Estados Unidos, sobre todo, por lo que significa para ella y para sus padres, indígenas maya chalchitecos, haber tenido que obtener prestados casi 25.000 dólares con los que pagaron a un coyote para realizar el trayecto. Ahora no tiene ninguna esperanza sobre cómo pagará la deuda.

En Estados Unidos, ya tenía acordado que trabajaría en un restaurante. “Solo tengo otra oportunidad para ir, sí voy a intentar (migrar de nuevo)”, dijo entre lágrimas, en referencia una práctica común de los traficantes de personas de ofrecer varias oportunidades de intentar migrar si la primera fracasa.

La joven quería instalarse en Estados Unidos porque su familia es muy pobre y así podría ayudar a sus padres.

“Por eso salí de Guatemala, para darles una mejor vida. No fue así”, se lamentó Raymundo.

POR  SONIA PÉREZ D.

(AP Foto/Moises Castillo)

WASHINGTON (AP) — La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo el miércoles que el gobierno de Trump revocó una decisión que habría protegido de la deportación a aproximadamente 600.000 personas de Venezuela, poniendo a algunas en riesgo de ser expulsadas del país en unos dos meses.

Noem firmó un aviso que revierte una medida que tomó su predecesor, Alejandro Mayorkas, en los últimos días de la administración Biden para extender el Estatus de Protección Temporal . El cambio entra en vigencia de inmediato y se produce en medio de una serie de acciones mientras la administración Trump trabaja para cumplir las promesas de acabar con la inmigración ilegal y llevar a cabo el mayor esfuerzo de deportación masiva en la historia de Estados Unidos.

“Antes de irse de la ciudad, Mayorkas firmó una orden que decía que durante 18 meses iban a extender esta protección a las personas que están en Estatus de Protección Temporal, lo que significaba que iban a poder quedarse aquí y violar nuestras leyes durante otros 18 meses”, dijo Noem a “Fox and Friends”.

“Lo detuvimos”, dijo Noem.

Los expertos y defensores dijeron que el impacto inmediato entre los afectados sería la incertidumbre y el miedo.

“Tengo miedo a pesar de que estoy aquí legalmente y llegué legalmente”, dijo Caren Añez, una madre soltera de 41 años que solicitó el TPS en 2023 y lo recibió en 2024, después de llegar a Estados Unidos con una visa de turista. “Estoy angustiada, viendo de qué otra manera puedo quedarme aquí legalmente”.

Añez dijo que abandonó Venezuela porque temía ser arrestada por trabajar como reportera de noticias independientes para un sitio venezolano. Ahora trabaja como gerente de oficina en Texas y dijo que regresar a su país no es una opción.

“No puedo entrar a Venezuela porque mi vida corre peligro”, dijo.

Más de 7,7 millones de venezolanos han abandonado su país natal desde 2013, cuando su economía se desmoronó y el presidente Nicolás Maduro asumió el cargo. La mayoría se estableció en América Latina y el Caribe, pero después de la pandemia, los migrantes apuntaron cada vez más a Estados Unidos.

Se espera que el deseo de los venezolanos de mejores condiciones de vida y su rechazo a Maduro y sus políticas sigan impulsando a la gente a emigrar.

Antes de las elecciones presidenciales del año pasado, una encuesta nacional realizada por la firma de investigación venezolana Delphos mostró que aproximadamente una cuarta parte de la población pensaba en emigrar si Maduro era reelegido. A principios de este mes, Maduro juró su cargo para un tercer mandato de seis años a pesar de que había evidencia creíble de que había perdido las elecciones de julio por un margen de dos a uno.

Con la extensión de la administración Biden, las protecciones para los venezolanos se extendieron hasta octubre de 2026. Ahora eso vuelve a dos designaciones separadas: una que vence en abril y otra en septiembre.

Los venezolanos perderían su capacidad de trabajar en EE.UU. y estarían en riesgo de ser deportados.

Noem tiene hasta el sábado para decidir qué hacer con el grupo cuyas protecciones expiran en abril y hasta el 12 de julio para aquellos cuyas protecciones expiran en septiembre. Si no hace nada, las protecciones se extenderán automáticamente por otros seis meses.

Estados Unidos no tiene relaciones diplomáticas con Venezuela, lo que limita las opciones de deportación.

Las regulaciones federales permiten que las extensiones se terminen antes de tiempo, aunque eso rara vez se ha hecho y los grupos demandaron cuando Trump tomó medidas para terminar las protecciones durante su primer mandato.

La Alianza Nacional TPS, un grupo de defensa, dijo el miércoles que está preparada para impugnar esta decisión ante los tribunales.

El Congreso creó el TPS en 1990 para evitar deportaciones a países que sufren desastres naturales o conflictos civiles, dando a las personas autorización para trabajar en incrementos de hasta 18 meses a la vez.

Alrededor de un millón de inmigrantes de 17 países están protegidos por el TPS, entre ellos personas de Venezuela, Haití, Honduras, Nicaragua, Afganistán, Sudán, Ucrania y Líbano. Los venezolanos son uno de los mayores beneficiarios.

La designación TPS otorga a las personas la autoridad legal para estar en el país, pero no ofrece un camino a largo plazo hacia la ciudadanía. Dependen de que el gobierno renueve su estatus cuando este expire. Los críticos han dicho que, con el tiempo, la renovación del estatus de protección se vuelve automática, independientemente de lo que esté sucediendo en el país de origen de la persona.

Además de los venezolanos, la administración Biden en sus últimos días también extendió las protecciones a más de 230.000 salvadoreños, 103.000 ucranianos y 1.900 sudaneses que ya viven en Estados Unidos.

Noem no dijo qué pasaría con ellos, y el aviso del DHS sólo se refiere a los venezolanos.

El cambio de política fue informado por primera vez el martes por The New York Times.

Regina García Cano colaboró ​​desde Caracas, Venezuela

Rebecca Santana

Santana cubre el Departamento de Seguridad Nacional para The Associated Press. Tiene una amplia experiencia informando sobre lugares como Rusia, Irak, Afganistán y Pakistán.

Gisela Salomón

Salomon es un reportero radicado en Miami que cubre América Latina y asuntos de inmigración para The Associated Press.

Salomon es un periodista que desde Miami cubre asuntos latinoamericanos y de inmigración.

(Foto AP/John Raoux, Archivo)

BOGOTÁ, Colombia (AP) — Los migrantes colombianos que regresaron a casa el martes en vuelos militares colombianos describieron haber sido encadenados durante vuelos estadounidenses anteriores que fueron bloqueados por el líder de su país en una disputa con el presidente Donald Trump que casi desató una guerra comercial .

Los vuelos de deportación entre Estados Unidos y Colombia se reanudaron el martes después del drama diplomático del fin de semana que proporcionó pistas sobre cómo la administración Trump lidiaría con los países que bloquean planes a gran escala para devolver a los migrantes que ingresaron ilegalmente.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, se negó inicialmente a aceptar dos aviones militares estadounidenses con migrantes, lo que llevó a Trump a amenazar con aranceles del 25% a las exportaciones colombianas y otras sanciones. Colombia cedió después y dijo que aceptaría a los migrantes, pero que los transportaría en vuelos militares colombianos que, según Petro, les garantizarían dignidad.

Migrantes colombianos regresan a “un país que los ama”

Dos aviones de la Fuerza Aérea colombiana aterrizaron el martes en Bogotá con más de 200 migrantes, muchos de ellos mujeres y niños. Petro les dio la bienvenida con un mensaje en X, en el que dijo que ahora son “libres” y “están en un país que los ama”.

El canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, dijo que ninguno de los 200 colombianos que fueron devueltos el martes tenía antecedentes penales en Estados Unidos o Colombia.

“Los migrantes no son criminales”, escribió Petro. “Son seres humanos que quieren trabajar y salir adelante en la vida”.

Uno de los migrantes, José Montaña, de Medellín, dijo que los habían encadenado en los primeros vuelos estadounidenses. “Nos encadenaron desde los pies, los tobillos hasta las caderas, como criminales”, dijo Montaña. “Había mujeres cuyos hijos tenían que ver a sus madres encadenadas como si fueran narcotraficantes”.

Algunos de los migrantes dijeron a los periodistas que habían estado en Estados Unidos por menos de dos semanas y que habían pasado la mayor parte del tiempo en centros de detención.

“Fuimos por el sueño americano y terminamos viviendo la pesadilla americana”, dijo Carlos Gómez, un migrante de la ciudad de Barranquilla que salió de Colombia hace dos semanas, voló a México y cruzó la frontera ilegalmente hacia California, con la ayuda de contrabandistas.

Trump dice que migrantes están siendo retenidos por razones de seguridad

El lunes por la noche, Trump recordó el conflicto con Petro y sostuvo que los migrantes deberían ser restringidos cuando vuelan de regreso a casa, argumentando que es por razones de seguridad.

“Nos regañaron porque los teníamos esposados ​​en un avión y él dijo ‘esta no es forma de tratar a la gente’”, dijo en una conferencia de política para los republicanos de la Cámara de Representantes celebrada en su club de golf de Doral, en Florida. “Hay que entender que estos son asesinos, capos de la droga, pandilleros, las personas más duras que jamás haya conocido o visto”. Los funcionarios colombianos han cuestionado esa afirmación y han dicho que los inmigrantes deportados no tenían antecedentes penales.

El gobierno de Trump ha dicho que priorizará la expulsión de inmigrantes con antecedentes penales en las fases iniciales de su prometida deportación masiva, pero ha ampliado las prioridades de arresto a cualquier persona que se encuentre en el país ilegalmente, no solo a personas con antecedentes penales, amenazas a la seguridad pública o nacional y a inmigrantes detenidos en la frontera.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo el martes que los delincuentes violentos “deberían ser la prioridad de ICE”, o el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

"Pero eso no significa que los demás criminales ilegales que ingresan a las fronteras de nuestro país estén fuera de la ecuación", dijo Leavitt.

Se llega a un acuerdo para reanudar los vuelos de deportación

El domingo por la noche se llegó a un acuerdo entre ambos países para reanudar los vuelos de deportación, y la Casa Blanca dijo en un comunicado que Colombia había "aceptado todos los términos del presidente Trump", incluida la llegada de los deportados en vuelos militares.

Colombia envió el lunes dos aviones de su fuerza aérea a El Paso, Texas y San Diego para recoger a los migrantes cuya deportación se había retrasado durante el fin de semana, así como a decenas de otros que tenían deportaciones pendientes. En total, 201 migrantes fueron transportados a Bogotá el martes, según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. El grupo incluía a 21 menores de edad y dos mujeres embarazadas.

El año pasado, Colombia recibió más de 120 vuelos de deportación, pero se trataba de vuelos chárter operados por contratistas del gobierno estadounidense.

Grilletes y esposas

Wolfram Díaz, un migrante de Bucaramanga, Colombia, que había estado en Estados Unidos durante menos de dos semanas, dijo que los funcionarios estadounidenses los hicieron subir a bordo de un Hércules C-130 encadenados.

“Iba camino a Colombia, pero no sé qué pasó. Nos devolvieron”, dijo, y agregó que los mantuvieron esposados ​​hasta el momento en que fueron entregados a las autoridades colombianas.

Gómez, el migrante que salió de Colombia hace dos semanas, dijo que se entregó a los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y solicitó una audiencia de asilo, pero estuvo retenido durante siete días en centros de detención antes de ser deportado. Hizo el viaje con su hijo de 17 años.

“Sólo queremos un futuro mejor para nuestros hijos”, dijo Gómez.

Gómez Licon informó desde Fort Lauderdale, Florida.

ADRIANA GOMEZ LICÓN

Gómez Licon escribe sobre política nacional para The Associated Press. Vive en Florida.

(Foto AP/Fernando Vergara)