Elecciones VenezuelaCARACAS, Venezuela (AP) — El gobierno venezolano enfrenta su prueba electoral más difícil en décadas en las elecciones presidenciales del 28 de julio, que podrían dar al presidente Nicolás Maduro otros seis años en el poder, o poner fin a las autodenominadas políticas socialistas que alguna vez impulsaron con éxito los programas contra la pobreza, pero cuya continua mala administración empujó después al país a una persistente crisis económica.
Durante años, los políticos de oposición boicotearon las elecciones, debido a que consideraban que estaban amañadas, pero a medida que se desvanece la popularidad del gobierno, los antiguos rivales se han unido en un intento de cambiar el gobierno desde las urnas.
Una participación de millones de personas en las primarias de la oposición, las encuestas y los grandes mítines políticos indican que la coalición Plataforma Unitaria Democrática cuenta con un importante apoyo entre los votantes. Sin embargo, tendrá que superar las ventajas que el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela ha incorporado al sistema, las cuales van desde imponer límites a las campañas de la oposición hasta ejercer un estrecho control gubernamental sobre el proceso electoral. Además, muchas personas dudan que los votos se cuenten con imparcialidad.
Este es un vistazo a cómo se vota en Venezuela:
¿LAS ELECCIONES SON JUSTAS?
El gobierno de Maduro prometió permitir que los líderes de oposición compitan en la elección, pero sigue inclinando fuertemente la balanza, como cuando declaró que las primarias de la oposición eran ilegales e impidió que su líder más popular estuviera en la boleta.
Observadores de la Unión Europea señalaron que las elecciones regionales recientes habían sido “las más equilibradas en 20 años”, pero dijeron que los candidatos progubernamentales tuvieron ventajas como la financiación estatal y el acceso preferente a la gasolina, lo que facilitó sus campañas en medio de la escasez generalizada. Al igual que en elecciones anteriores, los organizadores del partido en el gobierno también repartieron alimentos y otros beneficios controlados por el Estado a cambio de votos en puntos de control ubicados cerca de los centros de votación.
A finales de mayo, las autoridades electorales rescindieron la invitación a la Unión Europea para observar las próximas elecciones, mencionando las sanciones económicas impuestas por el bloque de 27 naciones.
El partido en el gobierno también ejerce un estricto control en el sistema de votación, y sus partidarios están a cargo del Consejo Nacional Electoral. Muchos centros de votación están dispersos, lo que dificulta que sean supervisados por la oposición. Cerca de una tercera parte de los votantes registrados en esta elección se les asignaron centros de votación con tan sólo una o dos máquinas para emitir su sufragio.
Tradicionalmente, el partido en el gobierno ha obtenido la mayoría de sus votos en estos centros pequeños, y para estas elecciones, el consejo electoral agregó 1.700 centros con una sola máquina. Los informes de los esfuerzos del partido gobernante de coaccionar y controlar la votación en elecciones anteriores se han vinculado principalmente con estos centros de votación de una y dos máquinas.
¿CÓMO FUNCIONA LA VOTACIÓN?
Se calcula que el número de votantes elegibles en el país es de unos 17 millones.
Otros 4 millones de venezolanos que viven en el extranjero están registrados para votar, pero solo unos 69.000 han cumplido los criterios para votar desde el extranjero. Los costosos y prolongados requisitos previos impuestos por el gobierno para registrarse, la falta de información y una prueba de residencia obligatoria en un país anfitrión impiden que muchos migrantes se registren para votar. Los venezolanos que radican en Estados Unidos no tienen forma de emitir su voto, ya que los consulados de Venezuela en Estados Unidos han estado cerrados desde que ambos países rompieron relaciones diplomáticas en 2018.
Casi todos los centros de votación se encuentran en escuelas públicas, y serán vigilados por elementos del ejército el día de la elección.
Los venezolanos votan a través de máquinas electrónicas, que registran los votos y emiten un recibo impreso. Supuestamente, dichos recibos se deben depositar en urnas ubicadas en los centros de votación, pero funcionarios del partido en el gobierno han coaccionado a los votantes para que los conserven a escondidas como una prueba de su apoyo.
¿SE CONTARÁN LOS VOTOS DE MANERA JUSTA?
La confianza en el sistema se ha visto afectada por acusaciones de manipulación del voto, lo que ha hecho que muchos votantes den por hecho que, aunque la mayoría de los votos se emitan contra Maduro, no hay ninguna garantía de que el gobierno aceptará, o siquiera admitirá, ese resultado.
Ninguna de esas acusaciones de fraude ha sido demostrada por un tercero independiente.
Después de un referendo realizado en diciembre, el gobierno señaló que más de 10 millones de votantes le habían dado un apoyo abrumador, y afirmó que había habido una enorme convocatoria, a pesar de los informes generalizados de centros de votación vacíos. El consejo electoral nunca publicó el recuento de los votos impresos emitidos por las máquinas de votación.
En 2017, la empresa internacional de software que proporcionó la tecnología electoral a Venezuela por más de una década dijo que las cifras relacionadas con el número de votantes probablemente habían sido manipuladas en una importante elección legislativa. La empresa, denominada Smartmatic, informó que el número oficial de votantes anunciado por las autoridades electorales mostraba una diferencia de, por lo menos, un millón. Desde entonces, el gobierno comenzó a usar nuevas máquinas de votación diseñadas localmente.
Aun así, los líderes opositores esperan que, si pueden obtener una mayoría importante de los votos emitidos, los aliados del gobierno decidirán hacerse a un lado. Esto podría depender, según los expertos, de factores como la magnitud del margen obtenido por la oposición, la presión y las concesiones de la comunidad internacional, y si las potencias internacionales como Estados Unidos le ofrecen a Maduro una estrategia de salida que él esté dispuesto a aceptar.
(AP Foto/Ariana Cubillos)
BY  REGINA GARCÍA CANO
Chile frioSANTIAGO (AP) — El presidente chileno, Gabriel Boric, tiene como vecinos, en un sector de moda de Santiago, a personas sin hogar albergadas en una casa de hospedaje.
Primer barrio planificado de la capital chilena, Yungay es sinónimo de vanguardia. Recorrer sus calles supone un viaje estético que mezcla edificios históricos, fachadas barrocas y modernos restaurantes. Pero junto a su inmensa cartelera, ahora las vías de ese barrio patrimonial acumulan también cartones, mantas y utensilios aparentemente abandonados que dan indicio de quienes las habitan por la noche.
El reguero de ropa, peluches, restos de alimentos, basura y “rucos”, como se conocen las carpas en Chile, se repite en otros barrios de la capital, ya sean turísticos, residenciales, pudientes o más humildes.
Aunque la pobreza siempre ha existido, el Estado había conseguido atender, en mayor o menor medida, a la población más vulnerable. Pero entre 2017 y 2020, el porcentaje de la población chile en situación de pobreza por ingresos aumentó de 8,6% a 10,8%, alcanzando un pico de 2,1 millones de personas, en medio de los efectos del estallido social, la crisis de vivienda y una masiva ola inmigratoria.
Con ella, llegó también la vida en la calle, un fenómeno hasta ahora poco habitual en el país, a diferencia de lo que ocurre en otros como Brasil, México o Venezuela.
En el centro de la ciudad, las escaleras de imponentes edificios pasaron a ser punto de encuentro de quienes buscan algo de dinero para un café o desayuno, mientras que los bancos para sentarse de las plazas son ahora codiciados espacios para una siesta. En los parques, los corredores buscan rutas alternativas para atravesar las tiendas que obstaculizan el camino. A menudo se ven obligados a desviar la mirada de los árboles y rincones más escondidos, utilizados como aseo por aquellos que no cuentan con uno.
Ni siquiera los barrios más acaudalados de la capital, como Providencia, Vitacura o Las Condes, han permanecido inmunes a los cambios y ya no es difícil ver escenas de personas que piden limosna o transitan con sus pocos enseres en busca de un sitio para pernotar.
Las cifras oficiales del Ministerio de Desarrollo Social muestran que el país tiene 21.126 personas en situación de calle frente a las 15.435 registradas en 2020, aunque organizaciones no gubernamentales estiman que el número sea mucho mayor y ronde los 40.000.
La mayoría de ellas vive en la Región Metropolitana de Santiago, la más poblada del país, donde los individuos en esa condición saltaron de los 6.803 a 8.780 en tan solo cuatro años. A falta de cifras exactas, lo que se ha hecho evidente es que ha cambiado el perfil de quienes terminan en la calle.
LA CALLE SE TRANSFORMA
En los últimos años, se ha visto un “incremento sustancial” en el número de mujeres y familias en situación de vulnerabilidad, señala Ximena Torres, de la ONG Hogar de Cristo. El perfil “es muy diverso, muy heterogéneo y aún muy desconocido”.
Muchas de esas familias afrontan por primera vez la vida en la calle. Ya sea por vergüenza o impotencia, les cuesta hablar de su condición y prefieren apartarse de la cámara y evitar el contacto.
“La calle es difícil, es peligrosa. Si eres mujer o tienes hijos, es peor”, sintetiza Victoria Azevedo, madre de dos adolescentes que se fueron a vivir con parientes en las afueras de Santiago.
Cuando visita a sus hijos, Azevedo se percata de la transformación en los pocos más de 20 kilómetros que separan San Bernardo de la carpa en la que vive con su compañero, Óscar, en una empobrecida área de la capital. En los 40 minutos que dura el trayecto, suele ver “30 ó 40 rucos de aquí para allá” y cada vez con “gente nueva”.
Algunos caminantes pasaron a utilizar gimnasios deportivos, plazas y centros comunitarios como techo improvisado, pero a menudo encuentran problemas con el personal de seguridad y con la policía, que no tardan en expulsarlos a fin de mantener la “buena imagen” de estos barrios. Ocurre tanto en la capital como en ciudades más turísticas.
De la noche al día, las autoridades de las comunas expulsan a esas personas, que se vuelven una suerte de itinerantes que transitan por los barrios.
“Hay una presión muy grande de los vecinos por la recuperación de los espacios públicos. No podemos convertir nuestros espacios públicos en hábitat”, reconoció la concejala de Santiago Rosario Carvajal en alusión a la disposición de desalojar a quienes viven en la calle, durante una reunión para tratar el tema.
Los tiendas de campaña alineadas en filas brotan también en codiciados destinos turísticos como la popular Viña del Mar. En esta ciudad costera, famosa por sus rutas del vino y extensa escena artística, los alrededores de los puntos más visitados pasaron a ser ocupados por infraviviendas improvisadas bajo los árboles de las plazas o toldos de comercios cerrados.
LA CRISIS DE LA VIVIENDA
La pandemia de COVID-19 supuso un punto de inflexión para Chile, que empezó a lidiar desde 2020 con un caldo de cultivo que combinó el estallido social para reivindicar reformas estructurales y una nueva Constitución con el cierre del país por el coronavirus, el consecuente desempleo y el encarecimiento de la vida.
La crisis de vivienda se profundizó en los últimos años con precios subieron cerca del 70% en la última década mientras los salarios aumentaron en menos de un 20% en el mismo período, afirma el economista de la Fundación SOL, Gonzalo Durán.
“Eso nos lleva a entender un poco más cómo hay muchas familias trabajadoras que finalmente no tienen acceso a la vivienda y terminan muchos de ellos en campamentos y, también, en la calle”, agrega.
La cocinera Claudia Rubio, de 55 años, pasó la pandemia en uno de esos campamentos de viviendas improvisadas en el sur de Chile y, tras la emergencia sanitaria, se mudó a Santiago. Lleva un par de años viviendo en una carpa a los márgenes de un canal en la comuna Estación Central, una zona popular con alta concentración de comercio informal.
Al principio, conseguía sustentarse con trabajos de ese tipo, como la venta de materiales reciclables, pero con el paso del tiempo su salud se debilitó y hoy sobrevive gracias a organizaciones sociales que le llevan alimento tres veces a la semana. Cuando no van, solo le queda “el hambre y el frío”.
En una situación similar se encuentra Moka Valdés, quien se quedó sin hogar hace siete meses ante la falta de nuevas oportunidades profesionales y la imposibilidad de pagar el alquiler del piso que compartía con su fallecido abuelo.
“Yo recibí mucha violencia, he pasado tortura, amenazas, me amenazaron con apuñalarme. Estoy extremadamente rota por dentro”, relata sobre su vida en las aceras.
MIGRACIÓN IRREGULAR AL ALZA
A las dificultades internas de Chile, se sumó la intensificación de una llegada sin precedentes de inmigrantes que escapaban de la crisis en sus países. Muchos de ellos ingresaron de forma irregular, lo que llevó al gobierno de Boric a desplegar al Ejército en las frontera con Perú y Bolivia en un intento de controlar el paso.
Con unos 18 millones de habitantes, el país vio su población extranjera expandirse desde los 1,3 millones de personas en 2018 hasta 1,6 millones en diciembre de 2022, según los datos del Servicio Nacional de Migraciones. A este número hay que añadir los migrantes indocumentados, que más que se triplicaron al pasar de 16.000 en 2020 a 53.875 en 2022, de acuerdo al Observatorio de la Migración Responsable.
En un continente marcado por consecutivas crisis humanitarias, muchos de esos inmigrantes llegaron atraídos por promesas de oportunidad. Pero una vez en el país, sin papeles y sin apoyo, se vieron relegados a campamentos de migrantes, centros de detención o, directamente, a la calle, como pasó con la venezolana Karen Salazar y su marido Luis Henrique.
La pareja decidió emprender el viaje el pasado marzo: más de 5.500 kilómetros desde Ecuador hacia Chile con sus dos hijos pequeños, de 4 y 6 años, seducidos por la oferta laboral de una amiga. Su peregrinación de casi dos meses pasó por Ecuador, Perú y Bolivia y contó con “asaltos, amenazas, redadas policiales y veladas en la calle”.
Finalmente llegaron al norte de Chile, donde estuvieron veinte días durmiendo en una carpa de plástico hasta que un desconocido les regaló billetes de autobús rumbo a Santiago. Una vez en la capital, quedaron abandonados a su propia suerte y pasaron algunas noches en un parque bajo las gélidas temperaturas que castigaron la ciudad por esos días de inicios de junio.
“Lo más difícil ha sido dormir en la calle, ver a mis hijos así, porque uno sabe por qué estamos aquí en esta situación y todo eso, pero ver a los niños en eso ha sido lo más difícil. Porque hambre nos hemos aguantado, siempre pedimos, compramos, conseguimos”, relata la mujer a The Associated Press durante un desayuno, interrumpido en diversas ocasiones por el pequeño Sebastián, a veces por el hambre, otras por la inquietud de no tener una compañía para jugar.
Karen y Luis consiguieron, al recurrir a la Municipalidad de Santiago, una habitación provisional por dos meses porque tienen niños, cuyos derechos están ampliamente protegidos en Chile. Hay más opciones de albergues estatales y organizaciones específicas dedicadas a atender esas situaciones.
Para otros, la calle fue la única alternativa. Para cuántos, exactamente, se desconoce.
ALBERGUES INSUFICIENTES
La única herramienta oficial utilizada para su conteo es el Registro Social de Hogares, un instrumento usado por los municipios para contar las entregas de ayudas sociales y no el número de personas que viven en la calle, explica el Andrés Millar, director de inclusión en la ONG Hogar de Cristo.
“Y estos servicios registran a los que tienen RUT (cédula de identidad chilena), pero generalmente las personas en situación de calle no tienen RUT y tampoco los migrantes ilegales”, dice.
Según los datos oficiales, Chile cuenta oficialmente con 192 albergues o centros de alojamiento, la mayoría en Santiago. Los refugios ofrecidos por el gobierno serían suficientes para brindar atención a tan solo un 13 % de la población en situación de calle, agrega el presidente de la ONG Acción Diversa, Rodrigo Ibarra Montero.
Asimismo, entre viviendas colectivas y camas de emergencia, el país dispone de cerca de 5.000 lechos frente a más de 30.000 personas en situación de calle, en cálculos del director de inclusión de Hogar de Cristo.
Así, en un intento de contabilizar de forma más precisa a las personas en situación de calle y diseñar políticas más eficaces, por primera vez en la historia Chile decidió incluir a esa población en el censo oficial —cuyos resultados se conocerán el año que viene—, lo que apunta a poder medir y perfilar la necesidad real.
La medida fue recibida positivamente por los trabajadores sociales, que ven una oportunidad de alcanzar respuestas más eficaces frente a un fenómeno cuya tendencia es seguir al alza. “Si no tenemos viviendas públicas disponibles para las personas y las familias más pobres y vulnerables, o un sistema de arriendo protegido para que puedan acceder a un techo digno, el problema de calle, tal como ocurre a nivel mundial, seguirá aumentando”, matiza Millar.
BY  NAYARA BATSCHKE
(AP Foto/Esteban Félix)
Ataca IsraelDEIR AL-BALAH, Franja de Gaza (AP) — Veinte palestinos murieron en ataques aéreos israelíes contra el centro de Gaza el miércoles de madrugada, incluidos seis niños y tres mujeres, según autoridades hospitalarias. Algunos de ellos estaban dentro de la denominada “zona segura” designada por el ejército israelí.
La segunda noche seguida de bombardeos letales en la localidad central de Deir al-Balah y los campos de refugiados cercanos coincidía con una reunión de mediadores de Estados Unidos, Egipto y Qatar con funcionarios israelíes en la capital catarí, Doha, para intentar alcanzar un esquivo acuerdo de cese al fuego y liberación de rehenes.
Israel y Hamás parecían haber acercado posiciones en los últimos días, aunque aún quedaban obstáculos.
Los ataques del miércoles de madrugada golpearon tres casas en el campo de refugiados de Nuseirat y mataron a 12 personas, incluidos cinco niños, según autoridades del hospital Mártires de al-Aqsa, donde fueron llevadas las víctimas. Un reportero de Associated Press contó los cuerpos.
El campamento, como otros en Gaza, se levantó en un principio para alojar a los palestinos expulsados de sus hogares durante la guerra de 1948 en torno a la creación de Israel. En las décadas que han pasado desde entonces se ha convertido en un vecindario urbanizado.
Un cuarto ataque la mañana del miércoles mató a cuatro hombres, tres mujeres y un niño cuando golpeó una casa en Deir al-Balah, una zona situada dentro de la “zona humanitaria segura” donde Israel dijo a los palestinos que se cobijaran mientras realiza ofensivas en varias partes de la Franja de Gaza.
El bombardeo nocturno se produjo horas después de que los aviones de combate israelíes golpearan la entrada de una escuela que acogía a familias desplazadas a las afueras de la ciudad sureña de Jan Yunis. La cifra de muertos en ese ataque subió a 31, incluidos ocho niños, además de más de 50 heridos según dijeron el miércoles responsables del cercano hospital Nasser.
Imágenes emitidas por la televisora Al-Jazeera mostraban a niños jugando al fútbol en el patio de la escuela cuando un estallido repentino remeció la zona, provocando gritos de “¡un ataque, un ataque!”.
El ejército israelí dijo que estaba revisando el ataque aéreo cerca de la escuela y los reportes de bajas civiles, y afirmó que la operación iba dirigida contra un miliciano de Hamás que participó en el ataque del 7 de octubre contra Israel, aunque no presentó pruebas en un primer momento. El ejército culpa a Hamás de las muertes civiles porque los milicianos combaten en zonas urbanas y densamente pobladas. Pero el ejército rara vez hace comentarios sobre cuál es el blanco de cada ataque, que a menudo matan a mujeres y niños.
En nueve meses de bombardeos y ofensivas en Gaza, Israel ha matado a más de 38.200 personas y herido a más de 88.000, según el Ministerio de Salud del territorio, que no distingue entre civiles y combatientes en su conteo. Casi toda la población ha sido expulsada de sus hogares. Muchos se han visto desplazados muchas veces. Cientos de miles están hacinados en sofocantes campamentos de carpas.
La ofensiva israelí fue desencadenada por el ataque transfronterizo de Hamás del 7 de octubre, en el que los milicianos mataron a 1.200 personas en el sur de Israel, la mayoría civiles, según las autoridades israelíes. Los milicianos se llevaron a unos 250 rehenes. Unos 120 siguen cautivos, de los que un tercio se cree que están muertos.
Tropas israelíes también han emprendido esta semana un nuevo ataque por tierra sobre Ciudad de Gaza, en el norte del territorio, en un nuevo esfuerzo de combatir a milicianos de Hamás que se reagrupan en zonas que el ejército ya había dado por controladas.
Gran parte de Ciudad de Gaza y de otras zonas urbanas cercanas han quedado arrasadas o convertidas en un paisaje de destrucción por operaciones israelíes previas, y muchos de sus habitantes huyeron en fases previas de la guerra. Sin embargo, las nuevas incursiones y bombardeos han provocado otro éxodo.
Después de que Israel ordenara el lunes la evacuación de partes en el este y el centro de Ciudad de Gaza, el personal de dos hospitales —el de Al-Ahli y el de la Asociación de Amigos de los Pacientes— se apresuraron a trasladar a sus pacientes y cerrar, según Naciones Unidas.
El ejército israelí dijo el martes que ha dicho a los hospitales y otros centros médicos en Ciudad de Gaza que no tienen que evacuar. Pero a menudo, los hospitales en Gaza han cerrado y trasladado a sus pacientes ante cualquier indicio de acciones militares israelíes por miedo a ser asaltados.
Las tropas israelíes han atacado al menos ocho hospitales en los últimos nueve meses, lo que ha causado muertes de pacientes y personal médico, así como una destrucción masiva de instalaciones y equipamiento. Israel ha afirmado que Hamás utiliza los hospitales con fines militares, aunque sólo ha presentado pruebas limitadas.
Apenas 13 de los 36 hospitales de Gaza están en funcionamiento, y sólo de forma parcial, según la oficina humanitaria de Naciones Unidas.
Mientras tanto, los mediadores internacionales hacían un nuevo esfuerzo coordinado de impulsar una propuesta de acuerdo de alto al fuego.
Un funcionario egipcio dijo que el responsable del Servicio General de Inteligencia de Egipto, Abbas Kamel, había viajado a Doha para participar en las conversaciones sobre el acuerdo. El funcionario dijo que también asistirían funcionarios israelíes y estadounidenses. La persona habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a informar a la prensa sobre las reuniones.
El director de la CIA, William Burns, que ha liderado el equipo negociador estadounidense, se reunió el día anterior en El Cairo con el presidente de Egipto, Abdul Fatá el Sisi.
Aún quedan obstáculos en las conversaciones, incluso después de que Hamás renunciara a su demanda crucial de que Israel se comprometa a poner fin a la guerra como parte del acuerdo. Hamás aún quiere que los mediadores garanticen que las negociaciones concluirán con un cese el fuego permanente.
Israel ha rechazado cualquier acuerdo que obligue a poner fin a la guerra mientras Hamás siga intacto. Hamás acusó el lunes al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de “poner más obstáculos en las negociaciones”, lo que incluye las operaciones en Ciudad de Gaza.
Magdy informó desde El Cairo.
AP Foto/Jehad Alshrafi)
Por  WAFAA SHURAFA AND SAMY MAGDY
Mexico FentaniloCIUDAD DE MÉXICO (AP) — Aunque el fentanilo de fabricación mexicana sigue llegando en grandes cantidades a Estados Unidos, los esfuerzos de México por incautar la droga han disminuido drásticamente, según cifras publicadas el martes por el Departamento de Defensa.
Las cifras del primer semestre de 2024 muestran que las fuerzas federales mexicanas incautaron solo 286 libras (130 kilogramos) de fentanilo en todo el país entre enero y junio, un 94% menos que las 5,135 libras (2,329 kilogramos) incautadas en 2023.
Se ha culpado al opioide sintético de alrededor de 70.000 muertes por sobredosis al año en Estados Unidos, y los funcionarios estadounidenses han tratado de intensificar los esfuerzos para confiscarlo cuando llega a través de la frontera, a menudo en forma de píldoras falsificadas fabricadas en México .
Pero en lugar de sumarse al esfuerzo, el Ejército y la Guardia Nacional de México parecen haber reorientado su atención mucho más hacia la incautación de metanfetaminas, que se consumen mucho más ampliamente en México que el fentanilo.
México incautó un récord de más de 400 toneladas de metanfetaminas en 2023, más de 12 veces lo que incautó en 2022. Ese ritmo pareció continuar en la primera mitad de 2024, con 168 toneladas de metanfetaminas incautadas.
Si bien la metanfetamina mexicana se exporta ampliamente a Estados Unidos (y también causa enormes problemas de adicción allí), a diferencia del fentanilo, una gran cantidad de metanfetamina también se vende dentro de México.
El Departamento de Defensa de México no explicó por qué las incautaciones de ambas drogas han cambiado tan drásticamente. Algunos observadores dicen que el aumento en las incautaciones de metanfetamina puede ser el resultado de las crecientes disputas internas entre las facciones “Mayitos” y “Chapitos” del cártel de Sinaloa , el mayor productor de metanfetamina en México.
Los analistas dicen que, debido a que pertenecían a las mismas redes de tráfico de drogas, las dos facciones pueden haber estado dispuestas y ser capaces de "dejar caer un centavo" e informar a las autoridades sobre la ubicación de los laboratorios y cargamentos de metanfetamina de sus rivales.
Pero la marcada caída de las incautaciones de fentanilo parece más difícil de explicar. Después de todo, existe presión de Estados Unidos para frenar el contrabando.
La Embajada de Estados Unidos no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
El analista de seguridad mexicano David Saucedo dijo que las batallas en curso entre las dos facciones del cártel de Sinaloa también pueden haber afectado los envíos de fentanilo.
“La guerra dentro del cártel de Sinaloa entre Mayo Zambada y los Chapitos también puede estar jugando un papel en la reducción del número de cargamentos de fentanilo”, dijo Saucedo. “La guerra entre esos grupos se está dando en las ciudades y en las rutas que se utilizan para enviar drogas a la frontera. La violencia (entre las dos facciones) inhibe los cargamentos, por miedo a perderlos en la ruta hacia la frontera”.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador siempre ha tenido una visión un tanto equívoca sobre el papel de México en la lucha contra el fentanilo, que es producido en gran medida por cárteles mexicanos que utilizan precursores químicos importados de China e India.
López Obrador ha negado durante mucho tiempo, por ejemplo, que el fentanilo se produzca en México, aunque los expertos —e incluso miembros de su propia administración— reconocen que así es.
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(Comisión Nacional de Seguridad de México vía AP, Archivo)
BolsonaroSAO PAULO (AP) — La Policía Federal de Brasil acusa al expresidente Jair Bolsonaro de malversar joyas por un valor de 6,8 millones de reales brasileños (alrededor de 1,2 millones de dólares) durante su mandato, según el informe de investigación revelado el lunes por la Corte Suprema.
Bolsonaro fue acusado la semana pasada de malversación de fondos, lavado de activos y asociación ilícita en relación con las joyas de lujo procedentes de Arabia Saudita. La investigación añade presión al líder de extrema derecha que gobernó entre 2019 y 2022 antes de perder su reelección ante Luiz Inácio Lula da Silva. Ya ha perdido sus derechos políticos hasta 2030.
Bolsonaro no ha hecho comentarios sobre la acusación, pero anteriormente ha negado cualquier irregularidad relacionada con las joyas.
El informe policial afirma que hubo “una asociación delictiva para la malversación de obsequios de alto valor que se recibieron debido al cargo del expresidente Jair Bolsonaro”. Las joyas incluían relojes Rolex y Patek Phillipe con incrustaciones de diamantes, un collar, anillos y gemelos, entre otros artículos. El informe dice que algunos de los regalos fueron entregados a funcionarios del gobierno que actuaban en nombre de Bolsonaro durante viajes internacionales.
Associated Press reportó el jueves la acusación de Bolsonaro basándose en información proporcionada por dos fuentes con conocimiento de la investigación, pero la revelación del informe por parte de la Corte Suprema de Brasil proporcionó una visión completa de las acusaciones.
El fiscal general de Brasil, Paulo Gonet, analizará el informe policial y decidirá si presenta cargos y obliga al líder de extrema derecha a ser juzgado.
Las joyas habrían estado exentas de impuestos si hubieran sido un regalo de Arabia Saudita a Brasil, pero no para que Bolsonaro las conservara para sí mismo, sino que se habrían incorporado a la colección presidencial.
El informe policial indicó que la familia de Bolsonaro recibió “ingresos obtenidos a través de la venta ilegal” de las joyas. La investigación concluyó que los fondos fueron incorporados por el expresidente sin utilizar el sistema bancario brasileño como forma de ocultar el origen, según el informe.
Durante su primer discurso público tras conocerse las acusaciones, en una conferencia conservadora celebrada el sábado en el sur de Brasil, el ex capitán del ejército de 69 años no abordó el tema, pero él y sus abogados han negado previamente cualquier irregularidad en el caso, así como en otras de sus acciones que están bajo investigación.
El presidente argentino Javier Milei, uno de los aliados de Bolsonaro, acusó a Brasil de promover una caza de brujas legal contra el expresidente.
La acusación formal contra Bolsonaro en el caso de las joyas se produjo tras otra acusación formal en marzo, en la que se acusaba al exlíder de falsificar su certificado de vacunación contra la COVID-19. También es objeto de una investigación por su posible participación en la incitación a un levantamiento en enero de 2023 en la capital, Brasilia, que buscaba derrocar a su sucesor.
El informe policial revelado el lunes acusa a otras 10 personas, incluidos dos abogados de Bolsonaro, un general retirado del ejército y un exministro de Energía de su administración.
El documento relata un intercambio entre Bolsonaro y un ex asesor principal para sugerir que el líder brasileño sabía que algunas de las joyas en cuestión estaban a punto de ser subastadas en Estados Unidos. La Policía Federal dijo que el teléfono de Bolsonaro incluía otras referencias a Fortuna Auction, la empresa de subastas.
La policía dijo que un segundo paquete de joyas de lujo incautado en la aduana también estaba dirigido a Bolsonaro, cuyo gobierno hizo repetidos esfuerzos para lograr su liberación. El entonces presidente recibió el paquete el 29 de noviembre de 2022, según el informe.
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POR  MAURICIO SAVARESE
(Foto AP/Heuler Andrey)

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