ASUNCIÓN, Paraguay (AP) — A pesar de haber sido derrocado en 1989 tras un régimen de terror de 35 años , durante el cual 20.000 personas fueron torturadas, ejecutadas o desaparecieron, algunos paraguayos sienten que el general Alfredo Stroessner nunca se fue realmente.

“Probablemente este sea el único país en el que el partido político que apoyó a un dictador, una vez que éste se va, sigue en el poder”, dijo Alfredo Boccia, investigador de la historia de Paraguay. “Por eso el escrutinio tardó tanto, la mayoría de los desaparecidos nunca fueron encontrados y casi no hubo juicios”.

Las desapariciones son un fenómeno conocido en América Latina. Las cifras de Argentina y Chile han cobrado mayor visibilidad, pero miles más han desaparecido en otros lugares a causa de dictaduras y conflictos armados.

Sin embargo, los paraguayos que tienen seres queridos desaparecidos enfrentan una lucha singular. Si bien Stroessner ya no está, su legado sigue siendo un obstáculo para su búsqueda.

A Rogelio Goiburu se le ha puesto el pelo blanco mientras busca a su padre. Su búsqueda dura 47 años y no tiene intención de rendirse, quizás gracias a las enseñanzas de su padre.

“Papá nos entrenó para sobrevivir”, dijo Goiburu. “Nos preparó para luchar eternamente contra el régimen de Stroessner”.

Los expertos dicen que el control de Stroessner no fue cuestionado por otros hombres fuertes militares en la región.

Fue presidente de Paraguay, líder de su conservador Partido Colorado, comandante de las fuerzas armadas y jefe de la policía. Stroessner no fue derrocado por enemigos, sino por su suegro, y los militares involucrados estaban afiliados a su partido, que ha gobernado prácticamente sin interrupción desde entonces.

La falta de críticas de los paraguayos hacia el partido por su papel en el oscuro pasado del país fue más palpable que nunca en 2018, cuando Mario Abdo fue elegido presidente. El candidato colorado era hijo del secretario personal de Stroessner y fue uno de los portadores del féretro en el funeral del dictador en Brasil, donde murió en 2006 sin ser condenado por ningún delito.

El predominio del Partido Colorado hace que la rendición de cuentas sea difícil de alcanzar. Varias calles de Asunción llevan el nombre de líderes militares. Pocos de los responsables de crímenes han sido juzgados y las escuelas públicas evitan mencionar la dictadura durante las lecciones de historia.

Santiago Peña, quien ganó las elecciones presidenciales de 2023 , fue ayudante del magnate del tabaco y expresidente Horacio Cartes, líder del partido pese a ser acusado de corrupción por Estados Unidos. Los colorados le consiguieron a Peña más del 40% de los votos, ganaron 15 de las 17 gobernaciones en juego y la mayoría en el Congreso.

“Los paraguayos ahora votan libremente por el partido”, dijo Boccia. “Para quienes luchamos por la memoria, esa batalla está perdida”.

Cada persona desaparecida cuenta

Goiburu fue nombrado director de memoria histórica del Ministerio de Justicia, pero no tiene presupuesto. Por sus propios medios o recaudando fondos, ha llenado los espacios vacíos sobre el destino de su padre y otros desaparecidos, ganándose la confianza de policías retirados y mandos militares que le confesaron a él solo cómo se despachaban los cadáveres.

A diferencia de Argentina, donde diversos esfuerzos para encontrar a personas desaparecidas son financiados por el gobierno, Paraguay no tiene un banco de datos genéticos, por lo que Goiburu depende de antropólogos forenses argentinos para analizar y resguardar las muestras de ADN que recolecta.

Y a diferencia de México, donde las madres que buscan a sus hijos exhuman regularmente los restos, en Paraguay sólo se ha realizado una gran excavación, dirigida por Goiburu, entre 2009 y 2013, y de los 15 cuerpos encontrados, sólo cuatro fueron identificados.

Las labores de búsqueda en Paraguay también han resultado difíciles, ya que algunos menosprecian los reclamos de justicia de las víctimas. Mientras que 30.000 argentinos desaparecieron en una dictadura que duró menos de una década, alrededor de 500 personas desaparecieron en Paraguay durante los 35 años del régimen. De todos modos, los familiares argumentan que ¿se necesita algo más que una persona desaparecida para destruir una familia?

“Toda desaparición atenta contra el derecho al duelo”, afirmó Carlos Portillo, quien entrevistó a miles de víctimas para la Comisión de la Verdad . “No hay cultura que no tenga un ritual de duelo. Una desaparición es la negación de ese ritual, y por eso es imposible desprenderse de él”.

Antes de que le sobreviniera el Alzheimer, la madre de Goiburu reservó un plato y una silla vacía en la mesa de Navidad para su marido desaparecido. Y hasta su muerte en 2024, nunca dejó de buscarlo.

“Que haya un desaparecido no significa que un ser querido simplemente se fue”, dijo Celsa Ramírez, ex militante del Partido Comunista que estuvo presa entre 1975 y 1978 y busca a su esposo, Derlis Villagra. “Significa que fue detenido, torturado, asesinado y desaparecido. Eso debería pesar mucho en la sociedad”.

“No existe cultura que no tenga un ritual de duelo. La desaparición es la negación de ese ritual, por eso es imposible desprenderse de él.”

Carlos Portillo

No se permiten comunistas

El padre de Goiburu, Agustín, era médico y dirigente político de izquierdas. Antes de dedicarse plenamente a la política, vivía con su mujer y sus hijos en el campo, donde a menudo atendía a sus pacientes de forma gratuita.

“La gente le pagaba con huevos, un plátano, un par de gallinas”, dijo Goiburu, quien se convirtió en médico como él, pero abandonó la medicina para buscar sus restos.

Su padre había pertenecido a la Juventud de Colorado. Cuando Stroessner tomó el poder en 1954, decenas de personas albergaban esperanzas, pensando que una mano firme estabilizaría el país después de una guerra contra Bolivia. Pero se desató una represión brutal.

En plena Guerra Fría y con el apoyo de Estados Unidos, Stroessner convirtió al comunismo en el enemigo número uno de Paraguay. Decretó que las actividades comunistas eran “castigables” y acabó por tipificar como izquierdistas a todos los opositores.

“A mí me llamaban ‘el obispo de la sotana roja’, queriendo decir que era comunista”, dijo el obispo Melanio Medina, quien presidió la Comisión de la Verdad. “Sólo los que no hablaban eran bienvenidos”.

El padre de Goiburu se convirtió en blanco de ataques por negarse a cooperar con la dictadura. Los militares trasladaban a menudo a los presos ejecutados o torturados a los hospitales, obligando al personal a emitir certificados de defunción falsos para encubrir sus crímenes. En otros casos, los médicos supervisaban las sesiones de tortura en los centros de detención y asesoraban a los torturadores sobre el nivel de daño que podían infligir.

Pocos como el padre de Goiburu desafiaron abiertamente las órdenes militares, pero surgieron otros esfuerzos sutiles.

Similar al Vicariato de la Solidaridad de Chile , un puñado de líderes religiosos creó un grupo multireligioso llamado Comité de Iglesias en 1976.

“Mucha gente desapareció, pero no teníamos detalles”, dijo el sacerdote católico español José María Blanch, quien encabezó el comité. “Por eso, las organizaciones religiosas comenzaron a visitar las cárceles”.

Además de comida y ropa, el grupo proporcionó asesoramiento jurídico a los presos, apoyo financiero a los liberados e información a las familias con seres queridos detenidos.

Rosa María Ortiz, quien se unió al comité en 1977, dijo que solía visitar el principal centro de detención de Asunción y mentirle al jefe, argumentando que el obispo la enviaba a verificar a los prisioneros para poder saber qué había sido de ellos.

A medida que la represión se agravó, con el pretexto de proporcionar vacunas o libros para los reclusos, el personal elaboró ​​listas de los presos y actualizó esos registros en la medida de lo posible.

“Ni siquiera se nos ocurrió brindar acompañamiento espiritual”, dijo Blanch. “Eran cuestiones de vida o muerte”.

Más que un padre

Federico Tatter es un amigo de Goiburu que comparte sus males.

Sus padres tenían orígenes opuestos —Tatter era un militar que se rebeló contra la dictadura— pero compartían un destino común: ambos desaparecieron tras ser detenidos en Argentina, donde varios opositores de Stroessner huyeron para proteger a sus familias y continuar su militancia.

Según la Comisión de la Verdad, la mayoría de los casos de desapariciones de paraguayos durante la década de 1970 ocurrieron en Argentina, presumiblemente en medio de la Operación Cóndor , un esfuerzo coordinado entre dictadores sudamericanos para perseguir y eliminar a opositores a través de las fronteras.

En octubre de 1976, Tatter regresaba a su casa en Buenos Aires cuando notó que los soldados estaban allanando su casa. Se encontró con la mirada de su padre mientras los soldados lo escoltaban hacia la salida. "Soy el último miembro de la familia que lo vio", dijo Tatter. No está seguro de lo que sucedió después.

Goiburu se enteró de la desaparición de su padre a través de un vecino. Fue detenido en una calle de Paraná en febrero de 1977 y trasladado a Asunción. Después, la pista se perdió.

La oposición paraguaya estuvo en el poder en un período (entre 2008 y 2012), pero persisten algunos viejos temores.

“Encontré dos esqueletos que están en la morgue bajo protección judicial”, dijo Goiburu. “Estoy seguro de sus identidades, pero los familiares no me dan una muestra de sangre para verificar porque no quieren que nadie sepa que eran comunistas”.

El propio Goiburu lleva un estilo de vida cauteloso y apenas mantiene registros escritos de sus hallazgos, aunque hay un proyecto de escritura que le encantaría emprender: un libro sobre su padre.

“Sueño con él todas las semanas”, dijo. “Más que mi viejo, él era mi amigo. Lo necesito como amigo”.

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MARÍA TERESA HERNÁNDEZ

Hernández es reportera del equipo de Religión Global de AP. Vive en Ciudad de México y cubre temas de América Latina.

 (Foto AP/Jorge Saenz)

AYACUCHO, Perú (AP) — Lo más fácil habría sido dejarse llevar, reponer las flores en la tumba de su marido y encontrar consuelo en recuperar sus huesos, un hito en un país donde desaparecieron 20.000 personas entre 1980 y 2000.

Pero Lidia Flores eligió un camino diferente: buscar a otras personas que también desaparecieron durante el período más violento del Perú.

“No puedo mantener la calma cuando otros, como yo, están llorando”, dijo Flores desde su casa en Ayacucho, una ciudad peruana cuyo nombre se traduce como “rincón de los muertos” del idioma quechua. “Están buscando y debo estar allí para ellos”.

“Están buscando y debo estar allí para ellos”.

Lidia Flores

Miles de personas más han desaparecido en América Latina en dictaduras , durante conflictos armados o por culpa del crimen organizado . Sus esposas, madres e hijas han luchado históricamente por la justicia, pero el caso de Flores es particular porque, incluso después de encontrar los restos de su esposo hace 40 años, su pérdida la llevó a comprometerse con una causa mayor.

Desde hace varios años preside la Asociación Nacional de Familiares de Detenidos Desaparecidos del Perú, conocida por sus siglas en español, Anfasep , fundada en 1983 y que cuenta con alrededor de 140 miembros que abogan por la verdad y la reparación.

“A veces me siento tranquila, pero luego me pregunto, ¿por qué pasó esto?”, dijo Flores, a quien los peruanos rara vez se dirigen por su nombre. La mayoría la llama “mami” o “madrecita”, una palabra cariñosa en español derivada de “mother”, como si se preocupara por todos ellos.

“No voy a dejarlo ir porque asumí un compromiso”, agregó. “Mientras viva, exigiré justicia para todos y averiguaré por qué mataron a mi esposo”.

¿Por qué desaparecieron 20 mil peruanos?

Poco después de que Flores lo vio con vida por última vez, Felipe Huamán fue detenido por miembros del ejército vestidos de civil afuera de su casa en julio de 1984. Flores encontró sus restos un mes después, guiado por un extraño que vio un cadáver que coincidía con su descripción.

Habían pasado apenas unos días desde que lo habían arrojado por un cerro, pero los perros callejeros habían roído los restos. Flores sacó a su bebé de dos meses de su manta, envolvió lo que quedaba de Huamán y subió la colina, con su bebé en brazos y los huesos de su esposo a la espalda.

Llegó a la Fiscalía y pidió un certificado de defunción para enterrarlo, pero un funcionario le dijo: “Su cuerpo ya no está completo. Tírenlo al río o quemen lo que quede de él y encuentren la paz”. Así que envolvió los huesos, se fue a su casa y sobornó a un sepulturero para que enterrara a Huamán a medianoche, mientras se asomaba y lloraba detrás de un árbol.

Historias como la suya son parte de las consecuencias de una brutal lucha entre el gobierno peruano y la insurgencia de Sendero Luminoso , una organización comunista que afirmaba buscar la transformación social a través de una revolución armada.

Fundado en los años 70 por Abimael Guzmán , el grupo se tornó violento una década después. Los peruanos mayores aún cuentan historias sobre burros atados con explosivos que detonaron en medio de multitudes, bombas colocadas bajo farolas para sumir ciudades en la oscuridad y masacres que acabaron con familias enteras.

Sin embargo, el terror no fue desatado únicamente por los insurgentes: las fuerzas armadas fueron igualmente responsables de muertes y violaciones de los derechos humanos.

Cientos de hombres, muchos de ellos inocentes, fueron capturados por los militares , a menudo para ser torturados y ejecutados. Otros fueron asesinados y enterrados en fosas comunes por insurgentes que buscaban controlar las comunidades difundiendo el miedo.

Aunque desde entonces cientos de personas han desaparecido por otros motivos, la Comisión de la Verdad afirmó que este fue el período más violento de la historia del Perú. Más de 69.000 personas están contabilizadas como “víctimas fatales”: unas 20.000 clasificadas como “desaparecidas” y el resto asesinadas por insurgentes o militares.

“En muchos sentidos, Perú todavía está lidiando con las repercusiones de la violencia política de finales del siglo XX”, dijo Miguel La Serna, profesor de historia de la Universidad de Carolina del Norte.

“Generaciones enteras de hombres adultos desaparecieron y eso afectó la demografía de estas comunidades. La gente se fue para escapar de la violencia y algunos nunca regresaron”, agregó. “Y eso sin mencionar el trauma social y colectivo que la gente experimentó”.

Una búsqueda solitaria

Quienes no sabían qué había pasado con sus familiares deambulaban por las calles en busca de pistas y escuchaban las noticias de la radio. Cada vez que se anunciaba el descubrimiento de restos, se dirigían a esos lugares y daban vuelta los cadáveres con la esperanza de ver un rostro familiar.

“Los cerdos y los perros se comieron los cuerpos, pero nos acostumbramos a eso”, dijo Adelina García, cuyo esposo de 27 años, Zósimo Tenorio, desapareció en 1983. “No sentí asco ni miedo”.

La pareja acababa de mudarse de un pueblo cercano para huir de la violencia de Sendero Luminoso. Pensaron que estarían seguros en Ayacucho, donde las fuerzas armadas patrullaban las calles, pero pronto se dieron cuenta de que estaban equivocados.

“Fue duro”, dijo García. “Todas las noches pensaba: mañana no despertaremos. ¿Quién nos matará? ¿Los insurgentes o los militares?”.

Ella estaba durmiendo cuando los soldados irrumpieron en su casa. Arrastraron a Tenorio de la cama, lo llamaron “terrorista” y se lo llevaron. Destrozaron sus pertenencias, le robaron sus ahorros y golpearon a García hasta dejarla inconsciente en el suelo, junto a su hijo de un año que lloraba.

“Hasta los presidentes nos han dicho que ha pasado mucho tiempo y que debemos pasar página, pero no podemos hacerlo”, dijo García. “Cuando una persona muere, se hace un velorio según su religión, pero para nosotros siempre hay una pregunta: ¿y si está viva?”.

Tras la desaparición de su esposo, un capitán militar le dijo que lo habían llevado a Cabitos, una base militar donde se utilizó un horno crematorio para deshacerse de los cadáveres y donde fueron ejecutadas más de 130 personas. Sin embargo, ella nunca pudo corroborarlo, por lo que la búsqueda continúa.

“Mi cara puede estar arrugada, pero mi corazón es fuerte”, dijo García. “Seguiré buscando justicia y verdad”.

Un último adiós

Para los familiares con seres queridos desaparecidos, mantener una conexión espiritual trae paz a sus vidas.

“Tengo fe en mi papá”, dijo Luyeva Yangali, quien le ha rezado a su padre, Fortunato, desde que desapareció cerca de Ayacucho en 1983. “Hablaba con él por las noches como lo hacía con Dios”.

Su madre primero lo buscó, pero la familia se mudó a Lima después de que los militares la torturaran por presuntamente ayudar a los insurgentes y Yangali se hizo cargo de la tarea.

“Tenía 11 años cuando mi familia quedó destruida y aún no nos hemos recuperado”, dijo Yangali. “Creo que nunca lo haremos”.

Pese al trabajo de médicos forenses, fiscales y organismos como el Comité Internacional de la Cruz Roja , sólo se han encontrado unos 3.200 restos. Algunos temen ahora que la presidenta Dina Boluarte corte el apoyo del gobierno para seguir buscando, pero muchos otros mantienen la esperanza, viendo a un puñado de peruanos que finalmente tuvieron la oportunidad de decir adiós.

En una reciente ceremonia de restitución en Ayacucho, Pablo Valerio se despidió no de uno, sino de cinco de sus familiares.

En 1984, sus padres, dos hermanas y un hermano fueron asesinados por miembros de Sendero Luminoso mientras Valerio y su hermano menor estaban estudiando. Se enteraron de la masacre un mes después de que ocurriera, cuando regresaban a casa.

“Cuando nos acercamos, nos sorprendió que no hubiera nadie, ni siquiera nuestros perros”, dijo Valerio, de 63 años. “Todo estaba en silencio. Luego vimos nuestra casa completamente destruida, quemada”.

A la mañana siguiente encontró los cuerpos, uno sobre otro, dentro de una fosa en la que vio las manos de su padre. Temiendo que los insurgentes regresaran para matarlos a él y a su hermano, se marcharon y, hasta ahora, no han tenido la oportunidad de ser velados.

“No fue hasta que llegó la Comisión de la Verdad que pudimos desenterrarlos”, dijo Valerio. “Sus huesos ya no estaban completos, pero los pusimos en una pequeña caja y los trajimos aquí”.

La víspera de una misa en su honor en la catedral de Ayacucho, peritos forenses, fiscales e intérpretes de lengua quechua consolaron a más de una decena de familiares que, como Valerio, tuvieron una última oportunidad de ver los restos de sus seres queridos.

La mayoría sollozaba. Otros se tomaban de las manos y rezaban. Algunos más, como Valerio, que atesora la única foto que conserva de su padre, susurraban a los huesos: “Ya no estás desaparecido, estás presente”.

“Nadie puede matar a un espíritu, por eso permaneces vivo”.

La cobertura de temas religiosos de Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. AP es la única responsable de este contenido.

MARÍA TERESA HERNÁNDEZ

Hernández es reportera del equipo de Religión Global de AP. Vive en Ciudad de México y cubre temas de América Latina.

(Foto AP/Silvio La Rosa)

BOGOTÁ, Colombia (AP) — Las citas para visas en la embajada de Estados Unidos en Colombia fueron canceladas el lunes luego de una disputa entre el presidente Donald Trump y su homólogo colombiano Gustavo Petro sobre los vuelos de deportación desde Estados Unidos que casi se convirtió en una costosa guerra comercial entre los dos países.

Decenas de colombianos llegaron a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá y recibieron cartas del personal local que decían que sus citas habían sido canceladas “debido a la negativa del gobierno colombiano a aceptar vuelos de repatriación de ciudadanos colombianos” durante el fin de semana.

Más tarde el lunes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia dijo que el gobierno estaba enviando un avión de la Fuerza Aérea Colombiana a San Diego para recoger a un grupo de colombianos que estaban en un vuelo de deportación al que no se le permitió aterrizar el domingo por la mañana.

La victoria que se adjudicó en Washington convirtió a Colombia en un ejemplo de lo que podrían enfrentar otras naciones si se interponen en el camino de la ofensiva de Trump contra la inmigración ilegal. También puso de manifiesto un enfrentamiento con un líder izquierdista de un país que durante mucho tiempo había sido socio de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico.

La portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Tammy Bruce, dijo el lunes que la administración Trump tomará medidas si los países no cumplen con sus acuerdos, como aceptar deportados.

“Se trataba de recordarle a Colombia que hay un precio que pagar si se van en contra de los acuerdos, de las cosas que se prometen”, dijo en una entrevista en el programa “The Story” de Fox News. “Al final, sucedió lo que uno esperaba. Dijeron ‘oh, fue nuestra culpa’ y revirtieron todo”.

Los colombianos, como la mayoría de los ciudadanos no estadounidenses, necesitan una visa para viajar a Estados Unidos por turismo, negocios u otros motivos.

Pero en Colombia, obtener una cita para la visa en la embajada de Estados Unidos en Bogotá puede llevar hasta dos años, ya que también ha estado manejando solicitudes de visas de la vecina Venezuela durante varios años. Aquellos a quienes se les canceló la cita del lunes probablemente tendrán que esperar varios meses para obtener una nueva. Y muchos dijeron que estaban frustrados por las cancelaciones inesperadas.

“El presidente Petro no representó nuestros intereses”, dijo Elio Camelo, un solicitante de visa estadounidense de la ciudad de Cali que había viajado a Bogotá para su cita.

”Hay mucha incertidumbre sobre lo que va a pasar”, dijo Mauricio Manrique, a quien le cancelaron su cita del lunes por la mañana. Había viajado desde Popayán, unos 600 kilómetros al sur de Bogotá, para su cita.

Las tensiones entre Colombia y Estados Unidos aumentaron el domingo después de que Petro escribiera un mensaje temprano en la mañana en X diciendo que no permitiría que dos aviones de la Fuerza Aérea estadounidense que transportaban deportados colombianos aterrizaran en el país.

Petro también compartió un video que muestra a otro grupo de deportados que supuestamente llegaron a Brasil con grilletes en las piernas. Dijo que Colombia solo aceptaría vuelos de deportación cuando Estados Unidos hubiera establecido protocolos que garantizaran el “trato digno” de los migrantes expulsados.

Trump respondió con una publicación propia en Truth Social, en la que pidió aranceles de emergencia del 25% a las exportaciones colombianas a Estados Unidos, y también dijo que las visas estadounidenses de los funcionarios del gobierno colombiano serían revocadas, mientras que los bienes procedentes del país sudamericano enfrentarían inspecciones aduaneras intensificadas.

Mientras tanto, el Departamento de Estado dijo el domingo que dejaría de emitir visas a ciudadanos colombianos hasta que se reanudaran los vuelos de deportación.

Las tensiones disminuyeron el domingo por la noche luego de las negociaciones entre los países, y la Casa Blanca dijo en un comunicado que Colombia había permitido la reanudación de los vuelos de deportación y “aceptó todos los términos del presidente Trump”, incluida la llegada de deportados en vuelos militares.

El año pasado Colombia aceptó 124 vuelos de deportación, pero se trataba de vuelos chárter organizados por contratistas del gobierno estadounidense.

La Casa Blanca dijo que los aranceles a las exportaciones colombianas se suspenderían, pero agregó que las restricciones de visas para los funcionarios colombianos y las inspecciones aduaneras intensificadas se mantendrían "hasta que el primer avión lleno de deportados colombianos sea devuelto con éxito".

Un portavoz del Departamento de Estado dijo el lunes que la agencia no tenía actualizaciones sobre cuándo se emitirían nuevamente visas para viajeros colombianos en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá.

El año pasado, más de 1,6 millones de colombianos viajaron a Estados Unidos de manera legal, según un informe del Ministerio de Comercio. El informe señala que Estados Unidos fue el principal destino de los colombianos que viajaron al exterior.

Gómez Licon informó desde Fort Lauderdale, Florida.

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ADRIANA GOMEZ LICÓN

Gómez Licon escribe sobre política nacional para The Associated Press. Vive en Florida.

(Foto AP/Fernando Vergara)

BOGOTÁ, Colombia (AP) — La Casa Blanca declaró el domingo su victoria en un enfrentamiento con Colombia por la aceptación de vuelos con migrantes deportados desde Estados Unidos, horas después de que el presidente Donald Trump amenazara con imponer fuertes aranceles a las importaciones y otras sanciones al viejo socio estadounidense.

Estados Unidos y Colombia, que desde hace mucho tiempo son aliados en la lucha contra el narcotráfico, chocaron el domingo por la deportación de migrantes y la imposición de aranceles a los productos de cada uno de ellos, en una muestra de lo que podrían enfrentar otros países si intervienen en la ofensiva del gobierno de Trump contra la inmigración ilegal. La Casa Blanca presentó el episodio como una advertencia a otras naciones que podrían intentar obstaculizar sus planes.

Anteriormente, el presidente estadounidense había ordenado restricciones de visas, aranceles del 25% a todos los productos colombianos que ingresan, que se elevarán al 50% en una semana, y otras medidas de represalia provocadas por la decisión del presidente Gustavo Petro de rechazar dos aviones militares estadounidenses con destino a Colombia que transportaban migrantes después de que Petro acusara a Trump de no tratar a los inmigrantes con dignidad durante la deportación. Petro también anunció un aumento del 25% en represalia en los aranceles colombianos a los productos estadounidenses.

Trump dijo que las medidas eran necesarias porque la decisión de Petro “ponía en peligro” la seguridad nacional en Estados Unidos al bloquear los vuelos de deportación.

“Estas medidas son solo el comienzo”, escribió Trump en su plataforma de redes sociales Truth Social. “No permitiremos que el gobierno colombiano viole sus obligaciones legales con respecto a la aceptación y el retorno de los criminales a los que obligaron a ingresar a Estados Unidos”.

La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, dijo en un comunicado emitido el domingo por la noche que “el Gobierno de Colombia aceptó todos los términos del presidente Trump, incluida la aceptación sin restricciones de todos los inmigrantes ilegales de Colombia que regresen de Estados Unidos, incluso en aviones militares estadounidenses, sin limitaciones ni demoras”.

Leavitt dijo que las órdenes arancelarias se mantendrán “en reserva y no se firmarán”, pero agregó que Trump mantendrá las restricciones de visas para los funcionarios colombianos y aumentará las inspecciones aduaneras de los bienes provenientes del país “hasta que se logre el regreso exitoso del primer avión cargado de deportados colombianos”.

El gobierno colombiano dijo el domingo por la noche que consideraba “superado” el episodio con la administración Trump y Petro repostó el comunicado de la Casa Blanca el día X.

“Hemos superado el impasse con el gobierno de Estados Unidos”, afirmó el canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo. “Seguiremos recibiendo a los colombianos que regresan como deportados, garantizándoles condiciones dignas como ciudadanos sujetos de derechos”.

Murillo agregó que el avión presidencial del país sudamericano está disponible para facilitar el retorno de los migrantes que debían llegar horas antes en los aviones militares estadounidenses.

El domingo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció que autorizaba las restricciones de visas para los funcionarios del gobierno colombiano y sus familias “que fueron responsables de la interferencia de las operaciones de vuelos de repatriación de Estados Unidos”. Las restricciones se impusieron además de la decisión del Departamento de Estado de suspender el procesamiento de visas en la Embajada de Estados Unidos en la capital de Colombia, Bogotá.

Petro había dicho anteriormente que su gobierno no aceptaría vuelos con migrantes deportados de Estados Unidos hasta que la administración Trump creara un protocolo que los tratara con “dignidad”. Petro hizo el anuncio en dos publicaciones en X, una de las cuales incluía un video de noticias de migrantes supuestamente deportados a Brasil caminando por una pista con restricciones en las manos y los pies.

“Un migrante no es un delincuente y debe ser tratado con la dignidad que merece un ser humano”, afirmó Petro. “Por eso devolví los aviones militares estadounidenses que transportaban a los migrantes colombianos… En aviones civiles, sin ser tratados como delincuentes, recibiremos a nuestros conciudadanos”.

Después de la amenaza arancelaria anterior de Trump, Petro dijo en una publicación en X que había ordenado al “ministro de Comercio Exterior que aumente los aranceles de importación de Estados Unidos en un 25%”.

Colombia ha sido tradicionalmente el principal aliado de Estados Unidos en América Latina, pero su relación se ha tensado desde que Petro, un exguerrillero, se convirtió en el primer presidente izquierdista de Colombia en 2022 y buscó distanciarse de Estados Unidos.

Colombia aceptó 475 vuelos de deportación desde Estados Unidos entre 2020 y 2024, el quinto lugar detrás de Guatemala, Honduras, México y El Salvador, según Witness at the Border, un grupo de defensa que rastrea datos de vuelos. En 2024 aceptó 124 vuelos de deportación.

Colombia también se encuentra entre los países que el año pasado comenzaron a aceptar vuelos de deportación financiados por Estados Unidos desde Panamá.

El gobierno de Estados Unidos no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de The Associated Press sobre las aeronaves y los protocolos utilizados en las deportaciones a Colombia.

“Este es un mensaje claro que estamos enviando: los países tienen la obligación de aceptar vuelos de repatriación”, dijo a la AP un alto funcionario del gobierno. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a discutir el tema públicamente.

Rubio dijo en un comunicado que Petro “canceló su autorización” para los vuelos cuando las aeronaves estaban en el aire.

En los últimos años, los colombianos han emergido como una presencia importante en la frontera de Estados Unidos con México, ayudados en parte por un régimen de visas que les permite volar fácilmente a México y evitar atravesar el peligroso Tapón del Darién. Ocuparon el cuarto lugar con 127.604 arrestos por cruces ilegales durante un período de 12 meses hasta septiembre, detrás de mexicanos, guatemaltecos y venezolanos.

México no ha impuesto restricciones de visa a los colombianos, como sí lo ha hecho con los venezolanos, ecuatorianos y peruanos .

El gobierno de Petro anunció posteriormente en un comunicado que el avión presidencial del país sudamericano había sido puesto a disposición para facilitar el retorno de los migrantes que debían llegar horas antes en los aviones militares estadounidenses y garantizarles “condiciones dignas”.

Como parte de una serie de acciones para cumplir las promesas de campaña de Trump de acabar con la inmigración ilegal, su gobierno está utilizando militares en servicio activo para ayudar a asegurar la frontera y llevar a cabo deportaciones.

Dos aviones de carga C-17 de la Fuerza Aérea estadounidense que transportaban migrantes expulsados ​​de Estados Unidos aterrizaron la madrugada del viernes en Guatemala. Ese mismo día, Honduras recibió dos vuelos de deportación con un total de 193 personas a bordo.

Colombia es el cuarto mayor proveedor de petróleo crudo de Estados Unidos en el exterior, con unos 209.000 barriles de petróleo al día el año pasado, aunque el auge de la producción interna ha reducido la dependencia de Estados Unidos del petróleo extranjero. El país sudamericano es también el mayor proveedor de flores frescas cortadas de Estados Unidos.

Regina García Cano informó desde Caracas, Venezuela, y Zeke Miller desde Washington. Los periodistas de The Associated Press Jill Colvin en Nueva York, Joshua Goodman en Miami y Elliot Spagat en San Diego contribuyeron a este despacho.

ZEKE MILLER  es el corresponsal jefe de AP en la Casa Blanca.

Por  REGINA GARCÍA CANO , ASTRID SUÁREZ y ZEKE MILLER

(Foto AP/Fernando Vergara, archivo)