QUITO, Ecuador (AP) — Los dos instigadores del asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio en 2023 fueron sentenciados el viernes a 34 años y ocho meses de prisión.

Tres cómplices fueron condenados a 12 años de prisión. La Fiscalía había solicitado la pena máxima para los cinco acusados.

Las sentencias para el hombre y la mujer condenados por instigar el asesinato incluyeron una multa de 460.000 dólares y un pago de indemnización de 100.000 dólares cada uno a la familia del político. Los otros tres acusados ​​fueron multados con 156.400 dólares cada uno y se les ordenó pagar 33.000 dólares a la familia.

Villavicencio, de 59 años, fue asesinado por hombres armados que se desplazaban en motocicletas el pasado 9 de agosto cuando salía de una escuela en la capital de Ecuador, Quito, tras un acto de campaña. Trece personas resultaron heridas.

El candidato había denunciado previamente haber recibido amenazas, pero las autoridades nunca han dicho nada sobre el motivo del asesinato.

Mientras los jueces anunciaban la sentencia, familiares y amigos de Villavicencio se manifestaron en la capital, Quito, portando carteles, sus fotografías y banderas para pedir justicia y prisión para todos los responsables.

Según la Fiscalía, uno de los autores intelectuales, Carlos Angulo, alias “Invisible”, coordinó el asesinato desde una cárcel en la que se encontraba recluido en Ecuador y dio instrucciones por videoconferencia a otra persona para la ejecución, lo que quedó grabado en sus teléfonos celulares. Esta última no ha sido juzgada.

Laura Castillo, la otra instigadora, fue descrita como la encargada de proveer a los sicarios de elementos logísticos, incluyendo motocicletas y dinero.

Los tres cómplices —Erick Ramírez, Víctor Flores y Alexandra Chimbo— eran los encargados de alertar a los verdaderos asesinos de los movimientos de la víctima, dijeron los fiscales.

En el caso fueron imputadas un total de 13 personas, entre ellas varios colombianos que tras ser detenidos fueron asesinados el pasado mes de octubre en cárceles de Guayaquil y Quito donde se encontraban recluidos mientras se desarrollaba la investigación.

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(Foto AP/Carlos Noriega)

QUITO (AP) — Ecuador no ha dejado las relaciones comerciales con México ni los contactos políticos para mejorar la relación con ese país, rotas desde inicios de abril luego de una inusual y criticada irrupción de la policía ecuatoriana en la sede diplomática mexicana para apresar al exvicepresidente Jorge Glas, requerido por la justicia y con dos sentencias por corrupción.

El viceministro de Gobierno, Esteban Torres, en declaraciones a The Associated Press, reconoció el jueves que a pesar de que están en curso una demanda de México y una contrademanda de Ecuador en la Corte Internacional de Justicia “hay esfuerzos del gobierno (ecuatoriano) por dialogar”.

Torres, que actúa de hecho como vocero del gobierno de Daniel Noboa con ruedas de prensa casi semanales, se negó a dar más detalles aduciendo que ese tema está en manos de la Cancillería.

A pesar de lo señalado, el presidente Daniel Noboa dijo esta misma semana en una entrevista de radio que México es “de nuestros peores socios” con exportaciones ecuatorianas de 202 millones e importaciones de 702 millones. “Los mexicanos siguen felices con las relaciones comerciales”, destacó.

Desde la ruptura de relaciones, tanto el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, como el mexicano, Andrés Manuel López Obrador, han mantenido posiciones contrapuestas y distantes. El primero reprocha el asilo que le fue concedido a Glas, requerido por la ley, mientras que el segundo rechaza el irrespeto a su sede diplomática, lo que fue criticado a su tiempo duramente por casi todos los países del continente.

Por esa causa, la mayoría de oposición de la Asamblea se dispone a enjuiciar políticamente a la canciller, Gabriela Sommerfeld, y a la ministra del Interior, Mónica Palencia, a quienes responsabiliza por la irrupción a la legación mexicana.

El viceministro Torres considera que la Asamblea lleva “la discusión, el tema de la embajada de México a la sede legislativa, para debilitar la posición de Ecuador a nivel internacional” y acusó a la oposición de buscar “que se ventilen documentos que no se pueden ventilar normalmente, que se discutan temas que deberían dejarse en manos de la Corte Internacional”.

Para destituir a cada ministra se requiere del voto de al menos 92 legisladores, lo que el funcionario de gobierno consideró poco probable.

El presidente ecuatoriano asumió el poder a finales de noviembre del año pasado y debe gobernar hasta mayo del 2025, completando el período del expresidente Guillermo Lasso, quien el año pasado disolvió la Asamblea y acortó su mandato en medio de un pugna de poderes y de un juicio político que apuntaba a la destitución del mandatario.

Acerca de la decisión de Noboa de presentarse a la reelección, Torres señaló que se mantiene y que los ecuatorianos lo apoyan a pesar de recientes medidas económicas consideradas impopulares: el aumento de impuestos y del precio de la gasolina.

El impuesto al valor agregado subió en abril del 12 al 15% y la gasolina, el combustible más usado del país, aumentó hace poco 26 centavos de dólar por cada galón, lo que en el pasado desencadenó violentas revueltas indígenas que virtualmente paralizaron el país por al menos dos semanas.

Para lograr la reelección, el mayor obstáculo que Noboa debe superar no está en la oposición, sino en su propia vicepresidenta, Verónica Abad, con quiense distanció desde antes de asumir el poder por causas aún no aclaradas. En caso de presentarse a la reelección, ella deberá asumir el poder mientras el mandatario hace campaña.

Noboa ha dicho que recurrirá a la ley para impedir que ella tome el mando, mientras que Abad ha anticipado que de llegar al poder, revisará medidas que considera impopulares. Ella se encuentra en Israel como embajadora de este país, mientras su hijo mayor y un asesor están siendo procesados en Ecuador por presuntos actos de corrupción.

“Para el gobierno es fundamental que todos los esfuerzos que se han conseguido hasta ahora se mantengan”, dijo Torres, incluso en el período de campaña electoral. Y aseveró que “sería un error que se retroceda o, como se ha anunciado, se tumben medidas que le están sirviendo al país en lo económico y por supuesto en seguridad”.

María Cristina Bayas, analista y docente de la Universidad de las Américas, cree “posible” que Noboa haga campaña electoral en horas no laborables o nombre a un ministro ante la imposibilidad de que Abad llegue oportunamente al país para reemplazarlo, pero cuestionó la legitimidad de esa eventual medida, aduciendo que no es la vía óptima.

Torres añadió que en lo que resta de gobierno “el gran objetivo” es que desde el Estado empiecen “a fluir los recursos para obra pública y para servicios sociales de calidad”.

(AP Foto/Carlos Noriega)

BY  GONZALO SOLANO

BUENOS AIRES, Argentina (AP) — Un indicador de inflación seguido de cerca en Argentina fue más fuerte de lo que el gobierno libertario del presidente Javier Milei hubiera esperado el viernes, ya que la agencia oficial de estadísticas informó que los precios subieron en junio y rompieron una racha de meses de descensos.

El índice de precios al consumidor de Argentina subió un 4,6% en junio, ligeramente por encima del 4,2% de mayo, poniendo fin a una tendencia de cinco meses de desaceleración de la inflación que los expertos habían atribuido a una recesión cada vez más profunda provocada por las duras medidas de austeridad de Milei. El Fondo Monetario Internacional prevé una contracción del 2,8% este año.

El presidente Milei ha promocionado la caída de los precios en los últimos meses como una victoria en su lucha contra la peor crisis económica de Argentina en más de dos décadas.

Después de que Milei asumió el cargo en diciembre , la inflación mensual alcanzó un máximo del 25%. Pero la caída de precios desde entonces no ha ofrecido mucho alivio a los argentinos comunes, ya que Milei sigue adelante con una reforma económica radical que implica recortar los generosos subsidios a la energía , eliminar los controles de precios y devaluar el peso argentino .

“El mundo en el que vive el gobierno, con todos esos números que dicen que la economía está muy bien, es una fantasía”, dijo José Rafael, un taxista de 34 años en Buenos Aires. “En el mundo real, esta economía hace que sea muy difícil alimentar a mi hijo”.

El informe gubernamental del viernes mostró que la inflación anual de Argentina se desaceleró un poco a poco más del 271%, todavía entre las tasas más altas del mundo.

La mayor parte del repunte inflacionario de junio se debió al aumento de los precios de la electricidad y el gas, según la agencia de estadísticas. Los argentinos han reportado facturas de servicios públicos exorbitantes después de años de pagar tarifas altamente subsidiadas bajo gobiernos de tendencia izquierdista.

En marcado contraste con el programa de Milei, los gobiernos peronistas anteriores fijaron precios e imprimieron miles de millones de dólares en pesos para financiar un gran déficit, lo que alimentó una inflación crónicamente alta.

Bajo el mando de Milei, el Ministerio de Energía de Argentina informó en junio que los hogares de bajos ingresos que antes pagaban apenas el 5% del costo real de la electricidad han comenzado a pagar un tercio, mientras que los hogares de ingresos medios ahora cubren al menos la mitad tras la eliminación de los subsidios por parte de Milei.

El gobierno también ha limitado el consumo de electricidad para calificar para los subsidios, presionando a las familias mientras un frente frío arrasa Argentina durante el invierno del hemisferio sur.

El costo de vida en el país aumentó casi un 80% en los primeros cinco meses de 2024 en comparación con el mismo período del año pasado, según el informe. Los precios en las tiendas y restaurantes de Buenos Aires han alcanzado niveles comparables a los de Estados Unidos, aunque el país ofrece solo una fracción de los salarios.

En otra señal de advertencia, el peso cayó el viernes a otro mínimo histórico frente al dólar, llegando a 1.500 en el mercado negro y poniendo fin a otra semana de volatilidad después de mantenerse estable en los primeros meses del año.

La pronunciada caída de la moneda argentina significa que la brecha vigilada de cerca entre el tipo de cambio del mercado negro y el tipo de cambio oficial, actualmente de 919 pesos por dólar, se ha ampliado a más del 60%. Eso complica el objetivo de Milei de levantar eventualmente los estrictos controles cambiarios de Argentina para restaurar la confianza de los inversores.

Milei quiere que el FMI —al que Argentina ya debe una asombrosa suma de 44.000 millones de dólares— intervenga con un nuevo préstamo para apoyar sus planes de eliminar los controles de capital, que causan grandes distorsiones en la economía argentina.

Pero como persiste la incertidumbre sobre el futuro del programa económico de Milei, el FMI redujo el jueves las expectativas de un nuevo acuerdo.

“El personal técnico entablará conversaciones sobre un posible nuevo acuerdo como lo haríamos con cualquier miembro del FMI”, dijo a los periodistas la portavoz del organismo, Julie Kozack, cuando se le preguntó sobre el estado de las negociaciones. “En esta etapa, no hay un cronograma específico para esas conversaciones”.

(Foto AP/Natacha Pisarenko, Archivo)

POR  ISABEL DEBRE

CARACAS (AP) — Muestra una sonrisa confiada, está bien peinado y tiene los ojos ligeramente entrecerrados: el primer candidato que probablemente uno vea en la boleta de las próximas elecciones presidenciales de Venezuela es el presidente Nicolás Maduro, quien busca reelegirse.

A diferencia de algunos de sus nueve rivales, Maduro aparece no una o dos veces, sino 13 veces en la boleta, y seguramente captará la atención de los votantes.

Cada vez, es para uno de los varios grupos políticos que representa en las muy esperadas elecciones presidenciales del 28 de julio. Maduro ocupa la primera fila entera de las cuatro que tiene la papeleta, mientras que el resto de las fotos de los candidatos están esparcidas aquí y allá, incluida la del exdiplomático Edmundo González Urrutia, el único contendiente con posibilidades reales de negarle al presidente un tercer mandato.

Aún así, la gran cantidad de imágenes de Maduro que aparecen en la boleta desmiente la gravedad del momento.

Venezuela enfrenta su prueba electoral más dura en décadas. El resultado podría darle a Maduro otros seis años en el poder o poner fin a las políticas autodenominadas socialistas que alguna vez impulsaron exitosamente los programas contra la pobreza, pero cuya mala gestión sostenida luego empujó al país a una crisis económica en curso.

Las reglas electorales de Venezuela permiten que las fotografías de los candidatos aparezcan en las boletas —las electrónicas dentro de Venezuela y las impresas para quienes votan en el extranjero— tantas veces como el número de partidos que las apoyan. La boleta de este año tiene 38 fotografías, cada una con el nombre y el partido de cada candidato debajo.

Los votantes venezolanos experimentados también están acostumbrados a ver a muchos candidatos en las pantallas táctiles utilizadas en las elecciones del país sudamericano.

Pero para algunos, tantas fotos pueden resultar confusas.

“Me mareo cuando veo a Maduro tantas veces en ese tarjetón, pero el peligro sé que está en los candidatos que no nos representan”, dijo Sonia Guevara, oficinista de 38 años, en referencia a algunos candidatos de la oposición que son vistos como cercanos al gobierno.

Un ejemplo de ello es el caso de Luis Martínez, el candidato de Acción Democrática (AD), un partido tradicional de oposición cuyo liderazgo fue suspendido hace meses por el máximo tribunal, que es leal a Maduro.

Martínez decidió no apoyar a González, el contendiente de la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

“Esto confunde. He tenido que explicarle a mi mamá muchas veces que el AD del tarjetón no es el AD por el que ella voto siempre”, señaló Guevara. “Mi mami tiene 71 años y le digo que no vote por AD esta vez”.

González aparece tres veces en la boleta. Martínez, considerado un aliado del gobierno, seis.

Se estima que el número de votantes elegibles antes de las elecciones de este mes ronda los 17 millones. Otros 4 millones de venezolanos que viven en el extranjero están registrados para sufragar, pero solamente unos 69.000 cumplieron los requisitos establecidos por el gobierno para emitir su voto en el extranjero. Los costosos y prolongados requisitos gubernamentales para registrarse, la falta de información y una prueba obligatoria de residencia legal en un país anfitrión impidieron que muchos migrantes se inscribieran para votar.

Francisco Maldonado, un comerciante caraqueño de 50 años, está listo para votar.

“A estas alturas creo que todos sabemos por quién vamos a votar, pero más que nunca tenemos que tener cuidado, el mismo cuidado que tenemos cuando usamos un cajero”, comentó. “No podemos equivocarnos al marcar”.

La población exacta de Venezuela no está clara, ya que el último censo en el país sudamericano se realizó en 2011. En ese momento, se concluyó que había 27,2 millones de personas, pero debido a la crisis política, económica y social en la última década, más de 7,7 millones se han ido.

Laura Dib, directora del Programa Venezuela en WOLA, una organización no gubernamental con sede en Washington centrada en los derechos humanos en el Continente Americano, dijo que incluso si es común que la cara de un candidato se repita en la boleta, al aparecer 13 veces, hace que Maduro sea “visualmente el más fácil de identificar”.

Considerando que la facción opositora que apoya a González no tiene acceso a los medios oficiales en Venezuela, Dib dijo que “la oposición tiene más dificultades para educar a los votantes sobre cómo votar”.

También señaló que hay otros asuntos confusos: algunos partidos están usando los mismos colores en la boleta que los que apoyan a Maduro. Y a un candidato de un grupo opositor menor se le permitió usar el mismo color que el del principal grupo de candidatos de la oposición.

Eso, dijo Dib, “también genera confusión y viola las reglas del CNE”, en referencia al Consejo Nacional Electoral.

Además, la ley electoral permite a los partidos sustituir candidatos 10 días antes de la jornada electoral, aunque ese cambio puede no reflejarse en las papeletas, que ya han sido programadas en las máquinas electrónicas o impresas para el voto en el extranjero.

Si la gente vota por un candidato que ha sido reemplazado, indicó Dib, “esos votos emitidos serán nulos”.

El periodista de The Associated Press E. Eduardo Castillo en Ciudad de México contribuyó a esta historia.

(Foto, CNE vía AP)

BY  JORGE RUEDA