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WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump necesitará que la Corte Suprema, con tres jueces que él nombró, permita la más agresiva de las muchas acciones que ha tomado en apenas las primeras semanas de su segundo mandato en la Casa Blanca.Pero incluso una mayoría conservadora con una visión sólida del poder presidencial podría resistirse a algunas de las cosas que el presidente quiere hacer.
El año pasado, la Corte Suprema le dio a Trump importantes victorias que ayudaron a despejar posibles obstáculos para su reelección, al posponer su juicio penal en Washington, DC, y luego otorgarle inmunidad procesal por acciones oficiales. Pero el primer mandato de Trump estuvo marcado por derrotas significativas, así como algunas victorias, en la corte.
“Será una prueba extraordinaria para la Corte Roberts si está dispuesta a defender los principios constitucionales que ha abrazado durante mucho tiempo”, dijo Michael Waldman, presidente del Centro Brennan de la Universidad de Nueva York y autor de un libro que critica a la corte. “Algunas de las cosas que hemos visto son tan descaradamente inconstitucionales que confío en que la corte se mantendrá firme. Otras cosas que se alinean con la acumulación de poder de la presidencia me ponen muy nervioso”.
No faltan cuestiones que podrían llegar al tribunal más alto del país. Los tribunales inferiores ya han suspendido las órdenes sobre la ciudadanía por nacimiento, han congelado las subvenciones y préstamos gubernamentales y han emitido una orden de compra de los trabajadores federales.
Se han presentado otras demandas por restricciones a las personas transgénero, límites a los solicitantes de asilo, esfuerzos para cerrar la USAID , el acceso de Elon Musk y su equipo a datos confidenciales y el despido de funcionarios de agencias federales independientes.
En su primer mandato, Trump tuvo un éxito desigual en la Corte Suprema. Por 5 votos a 4, los jueces confirmaron su prohibición de viajes a Estados Unidos a personas de varios países mayoritariamente musulmanes, pero sólo después de que los tribunales bloquearan las dos primeras versiones de la misma.
Los mismos cinco jueces conservadores respaldaron el despido por parte de Trump del director de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor y allanaron el camino para que la administración utilice miles de millones de dólares de fondos del Pentágono para construir secciones de un muro fronterizo con México, mientras continuaba una demanda por el dinero.
Al mismo tiempo, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, se unió al bloque liberal de cuatro jueces de la corte para impedir que Trump pusiera fin al programa DACA para inmigrantes que fueron traídos aquí cuando eran niños. La misma mayoría de cinco jueces también impidió que la administración incluyera una pregunta sobre la ciudadanía en el censo de 2020.
Roberts también reprendió sin rodeos a Trump por denunciar a un juez que rechazó su política de asilo para migrantes como un “juez de Obama”.
Una gran diferencia con la primera presidencia de Trump es que ahora solo hay tres jueces liberales, después de que la muerte de Ruth Bader Ginsburg en septiembre de 2020 le permitiera a Trump nombrar a una tercera jueza, Amy Coney Barrett, en los últimos meses de su mandato. Ella se unió a los anteriores designados por Trump, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh.
La ciudadanía por derecho de nacimiento podría ofrecer una prueba temprana y crítica
El tema que podría ser el primero en la lista esta vez es la orden de Trump de poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de padres que se encuentran en Estados Unidos ilegalmente. El gobierno ya ha indicado que apelará el fallo de un juez que hasta ahora lo ha bloqueado.
Dependiendo de qué tan rápido actúe el tribunal federal de apelaciones en San Francisco, una apelación de emergencia a la Corte Suprema podría llegar en unas semanas si el Departamento de Justicia de Trump quiere presionar a los tribunales para que permitan que la orden entre en vigor mientras continúa la lucha legal.
Si bien existe cierto apoyo en los círculos legales a lo que Trump está intentando hacer, la opinión más generalizada entre los académicos liberales y conservadores es que esta es una pelea que el presidente no ganará.
"Soy extremadamente escéptico respecto de que haya alguna votación a favor de la orden ejecutiva de ciudadanía por derecho de nacimiento tal como está redactada", dijo Jonathan Adler, profesor de derecho en la Universidad Case Western Reserve en Cleveland, quien se describe a sí mismo como de centroderecha.
¿Se mantendrá la orden de Trump de congelar el gasto federal?
El esfuerzo ahora suspendido de Trump para congelar el gasto federal y su llamado a cerrar USAID también podrían encontrar resistencia, incluso frente a la corte conservadora, aunque reducciones más modestas podrían tener mejores resultados.
“El tribunal será más escéptico, especialmente si la administración intenta desmantelar por completo una agencia que fue creada por estatuto”, dijo el profesor de derecho de la Universidad de Villanova, Michael Moreland, quien trabajó en la Casa Blanca de George W. Bush.
La historia de la prohibición de viajes, que el tribunal finalmente confirmó después de ser revisada dos veces, es instructiva, dijo Adler.
“Si se hace un anuncio amplio que es un poco brusco, un poco agresivo, que va más allá de los límites, y luego se vuelve a un espacio más defendible después de la resistencia, se obtiene un resultado más modesto, pero igualmente dramático”, dijo.
La administración Biden encontró una manera legalmente defendible de no gastar el dinero del muro fronterizo que el Congreso asignó. “Hay mucho más juego en las articulaciones de lo que la gente reconoce”, dijo Adler.
El poder del presidente para despedir está más firme
Trump está más firme en su despido de Gynne A. Wilcox, miembro de la Junta Nacional de Relaciones Laborales, y de Charlotte Burrows y Jocelyn Samuels, miembros de la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo, todas demócratas.
Wilcox ya presentó una demanda, argumentando que la ley federal la protege de ser despedida arbitrariamente.
Pero incluso sus abogados reconocieron en su presentación que su demanda podría dar lugar a un desafío ante la Corte Suprema a un precedente de 90 años que Roberts y otros conservadores ya han reducido. El caso conocido como Humphrey's Executor sostuvo que el presidente Franklin Roosevelt no podía despedir arbitrariamente a un miembro de la Comisión Federal de Comercio, una decisión que también se aplicaba a otras agencias federales independientes.
Sin embargo, esa decisión se topa con una teoría legal adoptada por los conservadores que dice que la Constitución otorga todo el poder ejecutivo al presidente, la única persona que rinde cuentas a todo el electorado estadounidense.
En el caso de la CFPB de 2020, Roberts desestimó la queja de la jueza Elena Kagan de que el tribunal estaba eliminando “una medida de independencia de la presión política”.
Roberts dejó en pie al albacea de Humphrey, pero lo disminuyó, aun cuando el juez Clarence Thomas y Gorsuch escribieron que ellos habrían seguido adelante y lo habrían anulado.
"Si tuviera que especular, diría que, si no se anularía por completo, al menos se restringiría severamente", dijo Moreland.
Por MARK SHERMAN
(Chip Somodevilla/Pool Photo via AP)
