Charter Communications ofreció adquirir Cox Communications, una fusión de 34.500 millones de dólares que combinaría dos de las tres principales empresas de televisión por cable en Estados Unidos.

Cox es la tercera empresa de televisión por cable más grande del país, con más de 6,5 millones de clientes de televisión digital por cable, internet, telefonía y seguridad para el hogar. Tiene una fuerte presencia en estados que van desde California hasta Virginia. Por su parte, Charter Communications, conocida más ampliamente como Spectrum, cuenta con más de 32 millones de suscriptores en 41 estados.

La industria del cable se ha visto afectada durante años por parte de servicios de streaming como Disney, Netflix, Amazon y HBO Max, así como por los planes de internet que ofrecen las empresas de telefonía móvil. Comcast, que es casi del tamaño de Charter, escindió muchas de sus redes de televisión por cable en noviembre, ya que los consumidores cambian cada vez más sus suscripciones de ese servicio por plataformas de streaming.

El llamado “corte del cable” ha costado a la industria millones de clientes y ha hecho que busquen formas de competir con éxito.

Charter dijo el viernes que adquirirá los negocios de fibra comercial y de TI gestionada y almacenamiento en la nube de Cox Communications. Cox Enterprises sumará el negocio de cable residencial de Cox Communications a Charter Holdings, una sociedad subsidiaria existente de Charter.

Cox Enterprises poseerá aproximadamente el 23% de las acciones en circulación de la empresa combinada.

La transacción, que necesita la aprobación de los accionistas de Charter así como de los organismos reguladores, incluye 12.600 millones de dólares en deuda.

El acuerdo propuesto es uno de los más grandes en más de un año. Mars anunció un acuerdo de 30.000 millones de dólares con Kellanova el verano pasado, y la adquisición de aproximadamente 60.000 millones de dólares de Pioneer Natural por parte de Exxon Mobil ocurrió a finales de 2023.

La empresa combinada cambiará su nombre a Cox Communications dentro de un año después del cierre del acuerdo. Mantendrá la sede de Charter en Stamford, Connecticut, y tendrá una importante presencia en el campus de Cox en Atlanta, Georgia.

Una vez que se complete el acuerdo, el CEO de Charter, Chris Winfrey, se convertirá en presidente y CEO de la empresa combinada. El CEO y presidente de Cox, Alex Taylor, actuará como director.

Cox podrá mantener dos directores en el consejo de administración, compuesto por 13 miembros. Advance/Newhouse, que forma parte de Charter, retendrá a sus dos miembros del consejo.

Se espera que la transacción se cierre al mismo tiempo que la fusión de Charter con Liberty Broadband, que fue aprobada por sus accionistas y los de Charter en febrero.

Las acciones de Charter subieron más del 4% antes de la apertura del mercado. Cox es una empresa privada.

WASHINGTON (AP) — El jueves, la Corte Suprema parecía decidida a mantener un bloqueo a las restricciones del presidente Donald Trump sobre la ciudadanía por nacimiento mientras buscaba una manera de reducir las órdenes judiciales a escala nacional.

No se sabe cómo podría ser tal decisión, pero la mayoría de la Corte expresó preocupaciones sobre lo que sucedería si se permitiera, incluso temporalmente, que el gobierno de Trump negara la ciudadanía a los niños nacidos de personas que están en Estados Unidos sin autorización.

Los jueces escucharon argumentos en las apelaciones de emergencia del gobierno sobre órdenes de tribunales inferiores que han mantenido las restricciones de ciudadanía en suspenso en todo el país. Las órdenes judiciales a escala nacional, o universales, surgieron como un control importante a los esfuerzos de Trump para reformar el gobierno y como una creciente frustración para el presidente republicano y sus aliados.

Los jueces han emitido 40 órdenes judiciales a nivel nacional desde que Trump comenzó su segundo mandato en enero, dijo el Procurador General D. John Sauer al tribunal, al inicio de la presentación de argumentos, que duró más de dos horas.

La ciudadanía por nacimiento es uno de los varios temas, muchos relacionados con la inmigración, que el gobierno ha pedido al tribunal que aborde de manera urgente.

Los jueces también estudian las solicitudes del gobierno de Trump para poner fin al permiso de residencia humanitaria para más de 500.000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela y para retirar otras protecciones legales temporales a otros 350.000 venezolanos. La administración sigue enfrascada en batallas legales sobre sus esfuerzos para deportar rápidamente a personas acusadas de ser miembros de pandillas a una prisión en El Salvador según una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII, llamada Ley de Enemigos Extranjeros.

El primer día de su segundo mandato, Trump firmó una orden ejecutiva que negaría la ciudadanía a los niños nacidos de personas que están en el país de manera ilegal o temporal.

La orden entra en conflicto con una decisión tomada en 1898 por la Corte Suprema, en la que se sostiene que la Cláusula de Ciudadanía de la 14ta Enmienda otorgaba la ciudadanía a todos los niños nacidos en Estados Unidos, con excepciones limitadas que no están en cuestión en este caso.

Los estados, inmigrantes y grupos de derechos humanos demandaron casi de inmediato, y los tribunales inferiores prohibieron rápidamente la aplicación de la orden mientras los juicios avanzan.

La lucha actual se relaciona con las reglas que se aplican mientras los juicios continúan.

Los jueces liberales de la corte parecían apoyar firmemente las decisiones de los tribunales inferiores, que encontraron que los cambios en la ciudadanía que Trump quiere hacer alterarían la interpretación establecida de la ciudadanía por nacimiento que ha existido por más de 125 años.

El uso de la ciudadanía por nacimiento para reducir las órdenes judiciales a escala nacional es extraño, dijo la jueza Elena Kagan. “Todos los tribunales han fallado en su contra”, le dijo a Sauer.

Pero si el gobierno gana en los argumentos de hoy, aún podría hacer cumplir la orden contra personas que no han demandado, dijo Kagan. “Todos esos individuos van a ganar. Y los que no pueden permitirse ir a la corte, son los que van a perder”, dijo.

Varios jueces conservadores que podrían estar abiertos a limitar las órdenes judiciales a nivel nacional también querían conocer los efectos prácticos de tal decisión, así como la rapidez con la que el tribunal podría llegar a una decisión final sobre la orden ejecutiva de Trump.

El juez Brett Kavanaugh presionó a Sauer con una serie de preguntas sobre cómo el gobierno federal podría hacer cumplir la orden del presidente.

“¿Qué hacen los hospitales con un recién nacido? ¿Qué hacen los estados con un recién nacido?” dijo.

Sauer dijo que no necesariamente harían nada diferente, pero el gobierno podría encontrar formas de rechazar documentación con “la designación incorrecta de ciudadanía”.

Kavanaugh continuó presionando para obtener respuestas más claras, señalando que la orden ejecutiva solo daba al gobierno unos 30 días para desarrollar una política. “¿Cree que pueden organizarlo a tiempo?”, preguntó.

El gobierno de Trump, al igual que el de Biden, se ha quejado de que los jueces están excediéndose al emitir órdenes que se aplican a todos y no solo a las partes que se presentan ante el tribunal.

Retomando ese tema, el juez Samuel Alito dijo que no quería faltar al respeto a los jueces de distrito del país cuando opinó que a veces sufren de una “enfermedad ocupacional... ‘Tengo razón, y puedo hacer lo que quiera’”.

Pero la jueza Sonia Sotomayor formó parte de los juzgadores que plantearon el confuso mosaico de reglas que resultaría si las órdenes judiciales se redujeran y si pudieran entrar en vigor temporalmente nuevas restricciones sobre la ciudadanía en más de la mitad del país.

Algunos niños podrían ser “apátridas”, dijo Sotomayor, porque se les negaría la ciudadanía en Estados Unidos, así como en los países de los que sus padres huyeron para evitar la persecución.

El Procurador General de Nueva Jersey, Jeremy Feigenbaum, en representación de los 22 estados que demandaron, dijo que la ciudadanía podría “encenderse y apagarse” para los niños que cruzan el río Delaware entre Camden, Nueva Jersey, donde los niños afectados serían ciudadanos, y Filadelfia, donde no lo serían. Pensilvania no es parte de la demanda.

Una posible solución para el tribunal podría ser encontrar una manera de reemplazar las órdenes judiciales a escala nacional con la certificación de una demanda colectiva, en la que los individuos actúan como representantes de un grupo mucho más grande de personas en situaciones similares.

Tal caso podría presentarse rápidamente, se podrían realizar acciones inmediatas al respecto, e incluso podría aplicarse a nivel nacional.

Pero bajo el interrogatorio de la jueza Amy Coney Barrett y otros, Sauer dijo que el gobierno de Trump podría oponerse a tal demanda o intentar ralentizar las demandas colectivas.

Los argumentos de la Corte Suprema sobre apelaciones de emergencia son infrecuentes. Los jueces casi siempre tratan con el fondo subyacente de una disputa.

Pero el gobierno no pidió al tribunal que aborde el tema general ahora y, si la corte se pone del lado de la administración con respecto a las órdenes judiciales a nivel nacional, no se sabe cuánto tiempo se aplicarían reglas incongruentes sobre la ciudadanía a los niños nacidos en Estados Unidos.

Se prevé una decisión para finales de junio.

WASHINGTON (AP) — El FBI disolverá un equipo en su oficina de campo en Washington que investiga acusaciones de fraude y corrupción pública contra miembros del Congreso de Estados Unidos y otros funcionarios federales, dijeron el jueves personas familiarizadas con el asunto.

Un funcionario del FBI familiarizado con los planes comentó que el movimiento es parte de una reorganización más amplia de la oficina de campo, añadiendo que la agencia continuaría llevando a cabo investigaciones sobre presunta corrupción por parte de funcionarios públicos.

De momento no estaba claro a dónde podrían ser reasignados los agentes del equipo, aunque la oficina tiene otros equipos enfocados en la corrupción pública en el Distrito de Columbia y Virginia.

Las personas que confirmaron la decisión del FBI hablaron bajo condición de anonimato para discutir cambios de personal que no habían sido anunciados previamente.

La acción se produce mientras el gobierno del presidente Donald Trump ha reformado su enfoque hacia la aplicación de la ley contra la corrupción pública, incluyendo la reducción drástica del tamaño de una prestigiosa sección de fiscales del Departamento de Justicia responsables de llevar casos de fraude y corrupción contra funcionarios electos.

El gobierno también ha anunciado una pausa en la aplicación penal de una ley que prohíbe a las empresas de Estados Unidos pagar sobornos a funcionarios extranjeros para obtener negocios. Además, dirigentes del Departamento de Justicia en febrero instaron a un juez a desestimar un caso de corrupción pública contra el alcalde de Nueva York, Eric Adams, para que pudiera apoyar los esfuerzos de la administración para combatir la inmigración ilegal.

La disolución del equipo está en consonancia con un cambio continuo en las prioridades del FBI, mientras la agencia bajo la dirección de Kash Patel se enfoca más en la inmigración ilegal, el tráfico de drogas y el crimen violento, que son algunas de las principales prioridades del gobierno Trump.

La oficina de campo de Washington es una de las más grandes del país, responsable de investigar amenazas a la seguridad nacional, corrupción pública y otros delitos en la capital de la nación. El equipo federal de corrupción pública ha manejado investigaciones significativas a lo largo de los años, incluyendo los esfuerzos de Trump y sus aliados para revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.

El desarrollo fue reportado por primera vez por NBC News.

MONTGOMERY, Alabama, EE.UU. (AP) — Los legisladores de Alabama aprobaron una ley que convierte en delito grave el introducir al estado de forma intencional a alguien que se encuentre en Estados Unidos sin autorización legal, acogiendo proyectos de ley similares a nivel nacional que podrían restringir los viajes entre estados para algunos inmigrantes.

La ley, que recibió la aprobación final el miércoles, protege “no sólo a los ciudadanos de Alabama, sino también a las personas que están inmigrando aquí legalmente y haciendo todo de la manera correcta”, sostuvo el senador republicano Wes Kitchens, patrocinador del proyecto de ley.

La medida establece exenciones para profesionales médicos como conductores de ambulancias y empleados de bufetes de abogados, educadores, iglesias u organizaciones benéficas que realicen tareas “no comerciales”. La ley también describe un proceso para que las fuerzas del orden determinen el estatus migratorio de una persona que haya sido arrestada. La propuesta se dirige ahora a la gobernadora de Alabama, Kay Ivey, quien tiene 10 días para firmar la ley o de lo contrario fracasará por un veto de bolsillo.

Alabama se une a al menos otros nueve estados que han considerado aprobar una ley este año que convierte en delito el transportar a inmigrantes que se encuentran de manera irregular en Estados Unidos, según un análisis de The Associated Press utilizando el software Plural, que da seguimiento a los proyectos de ley. Es uno de los muchos proyectos de ley recientemente aprobados por legislaturas estatales conservadoras que buscan apoyar la represión de la inmigración del presidente Donald Trump.

Los activistas señalan que Alabama podría terminar atrapando a personas que proporcionan transporte a través de las fronteras estatales para servicios esenciales, como audiencias en cortes federales de inmigración en Nueva Orleans y Atlanta, viajes obligatorios a consulados fuera del estado y visitas familiares.

Jordan Stallworth, de 38 años, trabaja como coordinador de participación cívica para la Coalición de Justicia para Inmigrantes de Alabama y vive en Wedowee, Alabama, un pueblo rural de unas 800 personas que está a sólo 20 minutos de Georgia en un viaje en carretera. Su esposa tiene familiares que viven sin estatus legal en ambos estados y a menudo ayuda a miembros de la familia y otros inmigrantes en la comunidad con el transporte.

Recientemente, llevó a un familiar sin estatus legal a la sala de maternidad en Carrollton, Georgia, a 56 kilómetros (35 millas) de distancia, ya que el hospital local no tiene una. Stallworth teme que viajes similares sean penalizados.

“No voy a quedarme aquí mientras alguien se muere frente a mí sólo para tener un bebé; no voy a quedarme aquí y simplemente dejarla morir, sea familia o no”, subrayó Stallworth.

La ley federal ya tipifica como delito el transporte intencionado de alguien que se encuentra en Estados Unidos con estatus migratorio irregular. Esa ley se ha utilizado en áreas fronterizas contra conductores que recogen a personas que cruzan a Estados Unidos sin autorización legar. Pero históricamente no se ha utilizado para cosas menores como llevar a alguien al supermercado, dijo Kathleen Campbell Walker, una abogada de inmigración con mucha experiencia en El Paso, Texas.

Pero los defensores de los inmigrantes están observando para ver si eso cambia bajo Trump.

“La probabilidad de que eso se aplique es mayor ahora debido al enfoque en remover a personas indocumentadas de Estados Unidos”, indicó Walker.

La ley de Alabama es similar a una ley aprobada en Florida en 2023, que convirtió en delito estatal el transporte intencionado de alguien que haya ingresado de manera irregular a Estados Unidos. Un juez federal emitió una orden judicial preliminar contra la ley de Florida el año pasado, señalando su preeminencia por la ley federal. Pero en marzo, el juez limitó esa orden judicial para bloquear la aplicación de la ley sólo contra algunos que demandaron, incluidos varios individuos y miembros de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida.

El congresista demócrata Phillip Ensler testificó contra el proyecto de ley de Alabama, diciendo que el delito ya existe bajo la ley federal. Concedió que las exenciones mejoraron el proyecto de ley, pero dijo: “Parece muy cruel y demasiado amplio que vayamos a penalizar a personas que hacen cosas inocentes”.

El gobernador de Tennessee, Bill Lee, un republicano, firmó una ley la semana pasada que penaliza el albergar, transportar o esconder a individuos sin estatus de inmigración legal “con el propósito de obtener ventaja comercial o ganancia financiera privada”.

Texas también ha endurecido sus leyes de inmigración. El año pasado, aumentó las penas de prisión bajo una ley estatal contra el tráfico de inmigrantes que prohíbe transportar a personas con la intención de ocultarlas de las fuerzas del orden.

Algunas de las medidas similares consideradas por las legislaturas este año se aplicarán de manera más limitada que las leyes de Florida y Texas. Una ley de Idaho firmada en marzo por el gobernador republicano Brad Little crea un delito grave de “tráfico de un extranjero ilegal peligroso”, definido como el transporte intencionado de alguien en el país sin autorización legal y que ha sido condenado por un delito grave o ciertos delitos sexuales. El nuevo delito es punible con hasta dos años de prisión y una multa de 10.000 dólares.