HARTFORD, Connecticut (AP) — Los proyectos de ley sobre vacunación están apareciendo en más de 15 estados a medida que los legisladores buscan potencialmente resucitar o crear nuevas exenciones religiosas a los mandatos de inmunización , establecer bases de datos sobre lesiones por vacunas a nivel estatal o dictar lo que los proveedores deben decirles a los pacientes sobre las vacunas.

Muchos ven una oportunidad política para reescribir las políticas en sus estados después del regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca y la nominación del activista antivacunas Robert F. Kennedy Jr. como próximo secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos. La agencia supervisa prácticamente todos los aspectos de las iniciativas de vacunación en los EE. UU., desde la financiación de su desarrollo hasta el establecimiento de recomendaciones para los proveedores médicos y la distribución de vacunas y su cobertura a través de programas federales.

Las tasas de vacunación infantil contra infecciones peligrosas como el sarampión y la polio siguen cayendo en todo el país , y está aumentando el número de padres que solicitan exenciones no médicas para que sus hijos no reciban las vacunas obligatorias.

En 2024, los casos de tos ferina alcanzaron su nivel más alto en una década y 16 brotes de sarampión, los más grandes de ellos en Chicago y Minnesota , pusieron nerviosos a los funcionarios de salud . La mayoría de los estados están por debajo del umbral de vacunación del 95% para los niños de jardín de infantes, el nivel necesario para proteger a las comunidades contra los brotes de sarampión.

Según una nueva encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research , aproximadamente la mitad de los estadounidenses están “muy” o “extremadamente” preocupados por la posibilidad de que la disminución de las tasas de vacunación infantil provoque más brotes. Sin embargo, solo alrededor de 4 de cada 10 estadounidenses se oponen a reconsiderar las recomendaciones del gobierno sobre vacunas de uso generalizado, mientras que aproximadamente 3 de cada 10 están a favor. El resto, aproximadamente 3 de cada 10, son neutrales.

Scott Burris, director del Centro de Investigación de Derecho de Salud Pública de la Universidad de Temple, ha seguido la legislación de salud pública durante años y ha visto cómo la reacción contra las vacunas contra la COVID-19 ha ido creciendo hasta incluir más vacunas de rutina a medida que los activistas antivacunas toman posesión de poderosos púlpitos políticos.

“Creo que el COVID y la política dieron a los negacionistas tradicionales de las vacunas mucho impulso”, dijo.

Burris dijo que es difícil predecir qué se convertirá en ley en los estados, considerando que la gran mayoría de los proyectos de ley propuestos en cualquier estado no llegan a ninguna parte. Pero la legislación propuesta ofrece una visión de las ideas de los legisladores y de lo que podría suceder después.

Las exenciones religiosas encabezan la lista

Las exenciones religiosas para los requisitos de vacunación en las escuelas se encuentran entre las propuestas más populares hasta el momento. Los legisladores de Nueva York, Virginia, Connecticut y Mississippi han presentado proyectos de ley que permitirían que más personas eximan las vacunas de rutina. Los legisladores de Indiana sopesarán las exenciones religiosas para los estudiantes de medicina.

A principios de este mes, el gobernador republicano de Virginia Occidental, Patrick Morrisey, emitió una orden ejecutiva en su primer día en el cargo que permitió a las familias recibir exenciones religiosas de las vacunas escolares obligatorias.

“Es un gran paso”, dijo Brian Festa, cofundador del bufete de abogados We The Patriots USA, que trabaja en casos relacionados con la vacunación en todo el país. “Es un estado que nunca tuvo una exención religiosa”.

En la actualidad, solo cuatro estados permiten únicamente una exención médica de los requisitos de cuidado infantil y de vacunación desde preescolar hasta el nivel secundario: Connecticut, California, Nueva York y Maine.

Festa atribuyó la nueva exención religiosa de Virginia Occidental a la nominación de Kennedy por parte de Trump, así como a un fallo de un tribunal federal de 2023 que requirió que Mississippi permitiera a los residentes citar creencias religiosas cuando buscaran exenciones de las vacunas obligatorias por el estado para los niños.

"Creo que ya se veía el futuro y que sintieron la presión", dijo Festa sobre Virginia Occidental.

En Connecticut, al menos cuatro proyectos de ley republicanos intentarán revivir la exención religiosa del estado para escuelas, universidades y guarderías, algo que una polémica ley estatal de 2021 eliminó para los estudiantes sin una exención existente.

Los expertos en salud de Connecticut dijeron en ese momento que había un aumento lento pero constante en el número de exenciones religiosas y una disminución en las tasas de vacunación en algunas escuelas. El estado ha mantenido históricamente algunas de las tasas de vacunación infantil más altas del condado y, en el año escolar 2023-2024, más del 97% de los niños de jardín de infantes estaban protegidos contra la varicela, el sarampión, el tétano, la difteria, la polio y más.

Dado que el año pasado la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó una impugnación a la ley de Connecticut y que el capitolio estatal está controlado por demócratas, el senador estatal republicano Eric Berthel dijo que no es optimista de que los líderes legislativos permitan el debate sobre su proyecto de ley de exención, pero cree que el cambio cultural más amplio significa que "tal vez haya un poco de apetito para volver a considerar cosas como esta".

“Creo que no estamos siendo justos con las familias que tienen una razón verdaderamente religiosa para no vacunar a sus hijos”, dijo.

Hasta el momento, hay un caso atípico entre las tendencias de los parlamentos estatales en materia de exenciones. Se trata de Hawái, donde los legisladores están buscando avanzar en la dirección opuesta con un proyecto de ley para eliminar todas las exenciones no médicas después de luchar durante años con altas tasas de exenciones.

Lesiones por vacunas y leyes de consentimiento

Otros proyectos de ley relacionados con las vacunas abordan parte de la oposición que ha ido creciendo desde la pandemia.

Oklahoma y Alabama tienen propuestas que exigirían el consentimiento de los padres para cualquier vacuna que se administre a menores de edad. Los proyectos de ley en Wyoming, Oregon y Oklahoma prohibirían la “discriminación” contra las personas que no estén vacunadas contra la COVID-19 u otras enfermedades.

Nueva York y Oklahoma tienen proyectos de ley que requerirían que los proveedores den a las personas que reciben las vacunas una lista completa de ingredientes, y la legislación de Florida prohibiría las vacunas comestibles, aunque ninguna está aprobada para su uso en Estados Unidos y la investigación aún está en sus primeras etapas.

Las lesiones por vacunas también son un tema popular, y los proyectos de ley en Indiana y Dakota del Norte proponen crear versiones estatales del Sistema de Notificación de Efectos Adversos de las Vacunas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, una base de datos federal que atrajo la atención de los escépticos de las vacunas durante la pandemia. Cualquiera puede presentar un informe sobre un posible problema después de una vacuna, aunque el sitio web de los CDC señala que un informe no prueba que la vacuna haya causado un problema de salud.

El senador estatal republicano de Dakota del Norte, Dick Anderson, dijo que no está en contra de que la gente se vacune (él mismo recibió una vacuna contra el COVID-19), pero propuso el proyecto de ley porque muchas personas no confían en los CDC.

“Tenemos que hacer algo para restaurar la confianza en el sistema”, dijo Anderson.

Pero los expertos señalan que las bases de datos estatales son innecesariamente duplicadas.

“Muchas de estas propuestas intentan arreglar algo que no está roto y realmente trabajan para contrarrestar el objetivo de prevenir la propagación de enfermedades contagiosas”, dijo Andy Baker-White, director sénior de política sanitaria estatal de la Asociación de Funcionarios de Salud Estatales y Territoriales.

Las políticas deberían centrarse en eliminar las barreras a la vacunación, no en aumentarlas, afirmó la Dra. Susan Kressly, pediatra y presidenta de la Academia Estadounidense de Pediatría.

Muchas familias dejan de vacunarse no por cuestiones ideológicas, dijo, sino por falta de transporte o por no tener médicos de atención primaria o clínicas cerca, entre otras cosas.

Pero como la mayoría de los estadounidenses están vacunados, no han visto los efectos de infecciones peligrosas como la meningitis bacteriana, sobre la que Kressly recibió llamadas de padres temerosos al principio de su carrera.

“Las vacunas son realmente una historia de éxito estadounidense”, afirmó.

Shastri informó desde Milwaukee.

El Departamento de Salud y Ciencia de Associated Press recibe apoyo del Grupo de Medios Educativos y Científicos del Instituto Médico Howard Hughes y de la Fundación Robert Wood Johnson. AP es la única responsable de todo el contenido.

SUSAN HAIGH

Haigh cubre la Asamblea General de Connecticut, el gobierno estatal, la política, asuntos de políticas públicas y más para The Associated Press. Trabaja para AP desde 2002.

Devi Shastri

Shastri es periodista de salud pública para The Associated Press, con sede en Milwaukee. Cubre temas como el acceso a la vivienda, la red de seguridad social, la desinformación médica y otros temas que influyen en la salud de las comunidades en general.

(Foto AP/Mary Conlon, Archivo)

NASHVILLE, Tennessee, EE.UU. (AP) —

Una estudiante murió y otro resultó herido el miércoles al ser baleados en la cafetería de una escuela secundaria de Nashville, casi dos años después de un tiroteo escolar perpetrado en la ciudad que desató un emotivo debate sobre el control de armas en Tennessee.

El agresor, un joven de 17 años que también era estudiante en la Escuela Secundaria Antioch, posteriormente se suicidó, indicó el portavoz de la Policía Metropolitana de Nashville, Don Aaron, durante una conferencia de prensa. La policía lo identificó como Solomon Henderson.

El jefe de policía, John Drake, dijo que el agresor “confrontó” a una estudiante de 16 años en la cafetería y comenzó a disparar, causando su muerte. La policía identificó a la alumna como Josselin Corea Escalante. Drake mencionó que la policía está investigando un motivo y si el agresor tenía como objetivo específico a los estudiantes a los que baleó.

El estudiante que resultó herido sufrió un roce y fue atendido y dado de alta del hospital, informó Drake. Otro estudiante fue llevado a un hospital para tratar una lesión facial que ocurrió durante una caída, mencionó Aaron.

Había dos agentes de recursos escolares en el edificio cuando se perpetró el tiroteo alrededor de las 11 de la mañana, hora loca, dijo Aaron. No se encontraban en las inmediaciones de la cafetería y para cuando llegaron allí, el incidente había terminado y el agresor ya se había suicidado, agregó Aaron.

La escuela tiene aproximadamente 2.000 estudiantes y está ubicada en Antioch, un vecindario de Nashville a unos 16 kilómetros (10 millas) al sureste del centro de la ciudad.

En un centro de seguridad familiar cerca de un hospital, los funcionarios ayudaban a los padres conmocionados a reunirse con sus hijos.

Dajuan Bernard estaba esperando en una estación de servicio Mapco para reunirse con su hijo, un estudiante de décimo grado, que estaba retenido en el auditorio con otros estudiantes esa tarde del miércoles. Se enteró del tiroteo por su hijo, quien “estaba un poco asustado”, indicó Bernard. Su hijo estaba en el piso superior de donde ocurrió el tiroteo, pero le dijo que escuchó los disparos.

“Estaba bien y me hizo saber que todo estaba bien”, relató Bernard.

“Este mundo está tan loco, podría pasar en cualquier lugar. Sólo tenemos que proteger a los niños y educarlos bien para evitar que incluso hagan esto. Esa es la parte más difícil”, comentó.

Fonda Abner, cuya nieta es estudiante en la escuela, dijo que la Escuela Secundaria Antioch no tiene detectores de metales que alertarían a las autoridades escolares sobre la presencia de un arma. Comentó que su nieta la había llamado un par de veces, pero que sólo escuchó conmoción y pensó que era una llamada accidental. Hablaron brevemente hasta que se cortó la llamada.

“Es angustiante esperar aquí afuera”, señaló Abner.

United Family Fellowship, una iglesia ubicada en Antioch, organizó una vigilia la noche del miércoles “para cualquier persona en la comunidad que necesite un espacio para orar, procesar y encontrar consuelo”, publicó la iglesia en su cuenta de Facebook.

Horas antes, Adrienne Battle, superintendente de las escuelas de Nashville, dijo que las escuelas públicas han implementado una “gama de medidas de seguridad”, incluyendo asociaciones con la policía para agentes de recursos escolares, cámaras de seguridad con software de detección de armas, la instalación de una película resistente a roturas para las ventanas y vestíbulos de seguridad que son una barrera entre los visitantes externos y la entrada principal.

“Desafortunadamente, estas medidas no fueron suficientes para detener esta tragedia”, señaló Battle.

Añadió que hay preguntas sobre si se deberían considerar detectores de metales estacionarios.

“Aunque investigaciones anteriores han mostrado que tienen limitaciones y consecuencias no deseadas, continuaremos explorando tecnologías emergentes y estrategias para fortalecer la seguridad escolar”, dijo Battle.

En octubre, un estudiante de 16 años de la Escuela Secundaria Antioch fue arrestado después de que agentes de recursos escolares y empleados escolares descubrieron a través de redes sociales que había llevado un arma a la escuela el día anterior. Cuando fue detenido la mañana siguiente, los agentes encontraron un arma cargada en sus pantalones, dijo la policía.

El tiroteo escolar del miércoles se produjo casi dos años después de que un agresor comenzó a disparar en una escuela primaria privada separada de Nashville y mató a seis personas, incluidos tres niños.

La tragedia provocó un esfuerzo de meses entre cientos de organizadores comunitarios, familias, manifestantes y muchos más que suplicaban a los legisladores que consideraran aprobar medidas de control de armas en respuesta al tiroteo.

Sin embargo, en un estado dominado por los republicanos, los legisladores del Partido Republicano se negaron a hacerlo. Con la abrumadora mayoría republicana intacta después de las elecciones de noviembre, es poco probable que la postura de los legisladores haya cambiado lo suficiente como para considerar cualquier proyecto de ley significativo que aborde el control de armas.

En cambio, los legisladores han estado más abiertos a agregar más seguridad a las escuelas, incluyendo la aprobación de un proyecto de ley el año pasado que permitiría a algunos maestros y personal portar armas de fuego ocultas en los terrenos de las escuelas públicas, y prohibir a los padres y otros maestros saber quién estaba armado.

Antioch, una zona en crecimiento y diversa de Nashville, ha sufrido otros tiroteos en los últimos años. Un tiroteo mortal en 2017 en la Iglesia de Cristo de Burnette Chapel mató a una mujer y hirió a siete personas. Y en 2018, un agresor mató a cuatro personas en un restaurante de la cadena Waffle House.

La representante estatal Shaundelle Brooks se postuló para un cargo en gran parte debido a la muerte de su hijo en el tiroteo de la sucursal de Waffle House y fue elegida el año pasado después del tiroteo en Covenant. Ella dijo que el tiroteo en la Escuela Secundaria Antioch refuerza la necesidad de reformas de control de armas. “Debemos mejorar”, aseveró.

“Desde que perdí a mi hijo, Akilah, en un tiroteo masivo en 2018, he estado luchando para asegurar que esto nunca vuelva a suceder”, dijo la demócrata de Nashville en un comunicado. “Aquí estamos casi 7 años después, y nuestras comunidades siguen siendo afectadas por la violencia armada”.

Samantha Dickerson le había quitado el teléfono a su hijo de 14 años como castigo, así que cuando recibió un mensaje de su escuela sobre el tiroteo, no tenía forma de comunicarse con él.

“Estaba nerviosa”, comentó. “Realmente estaba a punto de colapsar”.

Después de aproximadamente tres horas de espera, finalmente recibió una llamada de su profesora de inglés y habló con su hijo.

“Cuando escuché su voz, simplemente me puse a llorar”, dijo.

Los periodistas de The Associated Press Kimberlee Kruesi en Nashville y Adrian Sainz en Memphis, Tennessee, contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

KRISTIN M. HALL

Hall is an Associated Press video journalist based in Nashville, Tennessee. She helps lead the video report in the Mid-South region.

POR  KRISTIN M. HALL, TRAVIS LOLLER and JONATHAN MATTISE

(Policia de Nashville via AP)

CHICAGO (AP) — Altos funcionarios del gobierno de Trump, incluido el “zar de la frontera” Tom Homan y el fiscal general adjunto interino, visitaron Chicago el domingo para presenciar el inicio de una intensificación de la aplicación de las leyes de inmigración en la tercera ciudad más grande del país, mientras las agencias federales promocionaban arrestos en todo el país.

Pocos detalles de la operación se hicieron públicos de inmediato, incluido el número de arrestos. Pero la gran cantidad de agencias federales involucradas mostró la disposición del presidente Donald Trump a utilizar las fuerzas de seguridad federales más allá del Departamento de Seguridad Nacional para llevar a cabo sus deportaciones masivas, prometidas desde hace mucho tiempo .

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) dijo que el domingo realizó 956 arrestos en todo el país y 286 el sábado. Si bien algunas de las operaciones pueden no haber sido inusuales, el ICE tuvo un promedio de 311 arrestos diarios en el año fiscal que terminó el 30 de septiembre.

El fiscal general adjunto interino Emil Bove dijo que observó a agentes de inmigración del DHS junto con agentes del FBI, la DEA y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. No ofreció detalles sobre la operación, que se produjo días después de que el DHS ampliara la autoridad de inmigración a las agencias del Departamento de Justicia, incluidas la DEA y la ATF.

“Apoyaremos a todos los que, a nivel federal, estatal y local, se sumen a esta misión crucial para recuperar nuestras comunidades”, dijo Bove en un comunicado. “Utilizaremos todas las herramientas disponibles para abordar la obstrucción y otros impedimentos ilegales a nuestros esfuerzos por proteger la patria. Lo más importante es que no descansaremos hasta que el trabajo esté hecho”.

El psicólogo de la televisión diurna, el "Dr. Phil" McGraw , entrevistó a Homan y transmitió en vivo la operación de Chicago en su cadena de televisión multiplataforma MERIT TV, y varios otros periodistas también fueron invitados a la operación del domingo. Associated Press planea observar las operaciones esta semana.

La oficina de la DEA en Chicago publicó fotografías en X que muestran a Bove y Homan con agentes de ATF y Aduanas y Protección Fronteriza.

Desde que Trump asumió el cargo, se han difundido operaciones similares de control de inmigración en todo el país, que según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos están en curso. Publicaciones en las redes sociales de otras oficinas de la DEA y del Departamento de Seguridad Nacional señalaron operaciones adicionales durante el fin de semana en al menos Arizona, California, Colorado, Georgia, Nebraska y Texas.

Operativo apunta a miembros de pandilla venezolana en Colorado

La DEA publicó el domingo en las redes sociales imágenes de un operativo en un lugar del área de Denver, donde aproximadamente 50 personas fueron detenidas.

Jonathan Pullen, agente especial a cargo de la división de campo de la DEA en las Montañas Rocosas, dijo que la operación de Colorado tenía como objetivo el tráfico de drogas de la banda venezolana Tren de Aragua . Dijo que alrededor de 100 agentes y oficiales, incluidos de la DEA, ICE, ATF y de Investigaciones de Seguridad Nacional, llevaron a cabo una orden de allanamiento federal por tráfico de drogas alrededor de las 5 a. m. del domingo en un lugar donde los miembros de Tren de Aragua estaban celebrando una fiesta.

El ICE detuvo a casi 50 personas y las trasladó en autobús a uno de sus centros de procesamiento en la cercana Aurora, dijo Pullen. Hasta el domingo por la tarde, unas 40 personas permanecían bajo custodia del ICE, agregó.

“Revisaron toda la información mientras estaban en el lugar y determinaron, ICE determinó, que estaban aquí ilegalmente o que tenían alguna otra violación en el sistema de inmigración, y los detuvieron y arrestaron”, dijo Pullen.

Un “puñado” de ciudadanos estadounidenses también estaban en el lugar, añadió Pullen.

Los agentes incautaron drogas, entre ellas cocaína, varias pistolas y dinero en efectivo, dijo Pullen, y agregó que la investigación comenzó bajo la administración de Biden y continúa bajo la administración de Trump. La DEA y el ICE han estado cooperando durante décadas y no había nada nuevo en la coordinación entre las dos agencias, dijo.

Una orden ejecutiva de Trump allana el camino para que organizaciones criminales como el Tren de Aragua sean catalogadas como “organizaciones terroristas extranjeras”. Miembros armados de la banda venezolana fueron captados en video ingresando a un complejo de apartamentos en Aurora el verano pasado, en imágenes que llamaron la atención de Trump durante la campaña presidencial.

Los residentes de Chicago estaban nerviosos antes de la operación del domingo

El portavoz del ICE, Jeff Carter, dijo que la agencia “comenzó a realizar operaciones específicas reforzadas” el domingo en Chicago, pero se negó a dar más detalles. Portavoces del FBI, la ATF y la DEA confirmaron su participación, pero no dieron más información.

Los residentes de Chicago, especialmente en los círculos de inmigrantes, llevan meses en alerta ante las detenciones a gran escala anunciadas por la administración Trump. La atmósfera ha sido especialmente tensa la semana pasada, cuando altos funcionarios de Trump prometieron iniciar operaciones de control de inmigración en Chicago el día después de la investidura de Trump, pero luego se retractaron de esas declaraciones.

La semana pasada, Bove emitió un memorando ordenando a los fiscales federales que investiguen a los funcionarios estatales o locales que creen que están interfiriendo con la ofensiva de la administración Trump contra la inmigración, en una aparente advertencia a las docenas de las llamadas jurisdicciones santuario en todo Estados Unidos.

Chicago prohíbe la cooperación de la policía de la ciudad con los agentes de inmigración

Chicago tiene algunas de las protecciones santuario más fuertes, que prohíben la cooperación entre la policía de la ciudad y los agentes de inmigración.

Los grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes han intentado prepararse para la agresiva campaña con campañas para que los inmigrantes conozcan sus derechos en caso de ser arrestados. Los funcionarios municipales han hecho lo mismo, publicando información similar en las estaciones de trenes y autobuses públicos.

El viernes, los funcionarios de las Escuelas Públicas de Chicago creyeron erróneamente que agentes del ICE habían llegado a una escuela primaria de la ciudad y emitieron declaraciones en ese sentido antes de enterarse de que los agentes eran del Servicio Secreto. La noticia de que había agentes de inmigración en una escuela —que durante mucho tiempo habían estado fuera del alcance de los agentes de inmigración hasta que Trump puso fin a la política la semana pasada— provocó críticas rápidas de los grupos comunitarios y del gobernador JB Pritzker.

El gobernador demócrata, un crítico frecuente de Trump, cuestionó el enfoque agresivo de las operaciones y el efecto paralizante para otros, particularmente para los inmigrantes respetuosos de la ley que han estado en el país durante años.

“Necesitamos deshacernos de los criminales violentos, pero también necesitamos proteger a las personas, al menos a los residentes de Illinois y de todo el país, que simplemente están haciendo lo que esperamos que hagan los inmigrantes”, dijo Pritzker el domingo en el programa “State of the Union” de CNN.

Grupos de derechos de inmigrantes buscan una orden judicial que detenga ciertos tipos de redadas

El sábado, varios grupos de derechos de los inmigrantes con sede en Chicago presentaron una demanda contra ICE, solicitando una orden judicial que prohíba ciertos tipos de redadas de inmigración en Chicago.

“Las comunidades inmigrantes que han llamado a Chicago su hogar durante décadas están asustadas”, dijo Antonio Gutiérrez de Organized Communities Against Deportation, uno de los demandantes. “Nos negamos a vivir con miedo y lucharemos contra cualquier intento de hacer retroceder el trabajo que hemos hecho para mantener unidas a las familias”.

Durkin Richer informó desde Washington. La periodista de Associated Press Claire Rush contribuyó desde Portland, Oregon.

Alanna Durkin Richer  es un reportero de Associated Press que cubre el Departamento de Justicia y asuntos legales desde Washington.

 (Foto AP/Erin Hooley, archivo)

WASHINGTON (AP) — La Cámara de Representantes dio el miércoles su aprobación final a un proyecto de ley que requiere la detención de inmigrantes no autorizados acusados ​​de robo y delitos violentos, la primera legislación que el presidente Donald Trump puede firmar mientras el Congreso, con cierto apoyo bipartidista, avanza rápidamente en línea con sus planes de acabar con la inmigración ilegal .

La aprobación de la Ley Laken Riley, que lleva el nombre de una estudiante de enfermería de Georgia que fue asesinada el año pasado por un venezolano, muestra hasta qué punto el debate político sobre la inmigración se ha desplazado hacia la derecha tras la victoria electoral de Trump. La política de inmigración ha sido a menudo uno de los temas más arraigados en el Congreso, pero una facción crucial de 46 demócratas políticamente vulnerables se unió a los republicanos para lograr la aprobación de la estricta propuesta con un recuento de votos de 263 a 156.

“Durante décadas, ha sido casi imposible para nuestro gobierno acordar soluciones para los problemas en nuestra frontera y dentro de nuestro país”, dijo la senadora Katie Britt, republicana de Alabama. Ella calificó la legislación como “quizás el proyecto de ley de control de inmigración más importante” que haya aprobado el Congreso en casi tres décadas.

Aun así, el proyecto de ley requeriría un aumento masivo de las capacidades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, pero no incluye ningún financiamiento nuevo.

Mientras tanto, el nuevo presidente ha lanzado una serie de órdenes ejecutivas destinadas a cerrar la frontera de México a la inmigración y, en última instancia, deportar a millones de inmigrantes sin estatus legal permanente en Estados Unidos. El miércoles, Trump también canceló el reasentamiento de refugiados y su administración ha señalado intenciones de procesar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley local que no hagan cumplir sus nuevas políticas de inmigración.

Los líderes republicanos del Congreso han dejado en claro que tienen la intención de seguir el ejemplo, aunque su desafío más difícil será encontrar una manera de aprobar la financiación para implementar realmente los planes de línea dura de Trump.

"Lo que está haciendo es impulsar lo que en última instancia será nuestra agenda legislativa", dijo el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Luisiana.

Los republicanos de la Cámara de Representantes aprobaron inicialmente la legislación el año pasado con el apoyo de 37 demócratas en una medida que pretendía dar un golpe político a la gestión de la frontera sur por parte del entonces presidente Joe Biden. Luego languideció en el Senado controlado por los demócratas.

Este año, los republicanos, que ahora controlan ambas cámaras del Congreso, han hecho de esta iniciativa su máxima prioridad. Cuando se presentó ante el Senado , 12 demócratas votaron a favor de su aprobación, y cuando la Cámara votó una versión del proyecto de ley a principios de este mes, 48 ​​demócratas la apoyaron.

Según una encuesta reciente de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research , la gran mayoría de los adultos estadounidenses están a favor de deportar a los inmigrantes condenados por delitos violentos. Sin embargo, solo alrededor del 37% de los adultos estadounidenses están a favor de deportar a los inmigrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos y que no han sido condenados por un delito.

“Si bien el proyecto de ley no es perfecto, envía un mensaje claro de que creemos que los criminales deben ser deportados”, dijo el representante Tom Suozzi, un demócrata de Nueva York que ha pedido a su partido que apoye una aplicación más estricta de las leyes de inmigración.

Según la legislación, las autoridades federales estarían obligadas a detener a cualquier migrante arrestado o acusado de delitos como el hurto en tiendas. El alcance de la propuesta se amplió en el Senado para incluir también a los acusados ​​de agredir a un agente de policía o de delitos que lesionen o maten a alguien.

El proyecto de ley también otorga legitimidad legal a los fiscales generales estatales para demandar al gobierno federal por los daños causados ​​por las decisiones federales en materia de inmigración. Eso otorga a los estados un nuevo poder para establecer políticas de inmigración cuando ya han estado tratando de oponerse a las decisiones presidenciales bajo las administraciones de Trump y Biden. Los demócratas presionaron sin éxito para que se eliminara esa disposición del proyecto de ley en el Senado, diciendo que inyectaría aún más incertidumbre y partidismo en la política de inmigración.

En última instancia, es probable que hasta la administración Trump tenga dificultades para implementar los nuevos requisitos a menos que el Congreso haga un seguimiento más adelante este año con fondos. Los republicanos están actualmente elaborando estrategias para impulsar sus prioridades en el Congreso a través de un proceso partidario conocido como reconciliación presupuestaria. Han estimado que el costo de financiar las prioridades de Trump en materia de fronteras y deportaciones ascenderá aproximadamente a 100 mil millones de dólares.

Trump “ha presentado la mayor iniciativa logística interna de nuestras vidas: la deportación de la gran mayoría de los inmigrantes ilegales presentes en Estados Unidos”, dijo recientemente Ken Cuccinelli, quien dirigió los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos durante la primera presidencia de Trump, a un panel del Senado.

Cuccinelli dijo que se requeriría un aumento de jueces de inmigración, fiscales y otro personal, pero Trump también ha allanado el camino para utilizar tropas militares, bases y otros recursos para llevar a cabo deportaciones masivas.

El Departamento de Seguridad Nacional ha estimado que la Ley Laken Riley costaría $26.9 mil millones en el primer año de implementación, incluyendo un aumento de 110.000 camas de detención del ICE.

La mayoría de los demócratas criticaron la falta de financiación del proyecto de ley como prueba de que se trata de un enfoque fragmentado que haría poco para solucionar los problemas del sistema de inmigración y que, en cambio, impondría nuevos requisitos a las autoridades federales.

"Los autores del proyecto de ley afirmaron que el mismo resultará en el arresto y detención de criminales graves, pero no será así porque es un mandato totalmente carente de fondos", dijo el senador Chris Murphy, demócrata de Connecticut.

Otros expresaron su preocupación por el hecho de que el proyecto de ley privaría a los inmigrantes de sus derechos de debido proceso, incluidos los menores o los beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados No Acompañados. El senador Alex Padilla, demócrata por California, dijo que las autoridades federales se verían obligadas a priorizar la detención de los inmigrantes arrestados por delitos menores, como el hurto en tiendas, en lugar de los que cometen delitos violentos.

En general, no hay evidencia de que los inmigrantes sean más propensos a cometer delitos violentos. Varios estudios han demostrado que los inmigrantes cometen menos delitos que los nacidos en Estados Unidos. Los grupos que abogan por políticas de inmigración restrictivas cuestionan o rechazan esos hallazgos.

Pero los republicanos señalaron al homónimo del proyecto de ley, Laken Riley, y cómo fue asesinada por un migrante venezolano que había sido arrestado previamente por las autoridades locales pero liberado mientras seguía con su caso de inmigración.

“Si esta ley hubiera sido la ley del país, él nunca habría tenido la oportunidad de matarla”, dijo el representante Mike Collins, republicano por Georgia.

Arboledas de Stephen

Groves cubre el Congreso para The Associated Press.

Por  Stephen Groves

(Foto AP/J. Scott Applewhite)