43 desaparecidosTIXTLA, México (AP) — Clemente Rodríguez ha estado documentando con tatuajes la larga búsqueda de su hijo desaparecido .
Primero, un dibujo a tinta de una tortuga —símbolo de la escuela de Christian Rodríguez, de 19 años— con una tortuga más pequeña sobre su caparazón. Luego, una imagen de la santa patrona de México, la Virgen de Guadalupe, acompañada del número 43. Más tarde, un tigre que representa la fuerza y ​​una paloma que representa la esperanza.
“¿De qué otra manera mi hijo sabrá que lo he estado buscando?”, preguntó Rodríguez. Para el desconsolado padre, el arte corporal es evidencia de que nunca dejó de buscar, una prueba que tal vez algún día podría mostrarle a su hijo.
El 26 de septiembre de 2014, Christian Rodríguez, un muchacho alto al que le encantaba la danza folklórica y que acababa de inscribirse en una escuela normal en el estado sureño de Guerrero, desapareció junto con 42 compañeros de clase. Desde entonces, cada año, el 26 de cada mes, Clemente Rodríguez, su esposa, Luz María Telumbre, y otras familias se reúnen en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y emprenden un largo viaje en autobús hasta la capital, Ciudad de México, para exigir respuestas.
Lo volverán a hacer la próxima semana, en el décimo aniversario de la desaparición de sus hijos.
Es duro, muy duro”, dijo Clemente Rodríguez.
Hay muchas preguntas y pocas respuestas.
Rodríguez y los demás padres no están solos. Los 43 estudiantes se encuentran entre las más de 115.000 personas que aún están desaparecidas en México, un reflejo de los numerosos crímenes sin resolver en un país donde, según activistas de derechos humanos, la violencia, la corrupción y la impunidad han sido la norma desde hace mucho tiempo.
A lo largo de los años, las autoridades han ofrecido distintas explicaciones. La administración anterior del presidente Enrique Peña Nieto dijo que los estudiantes fueron atacados por fuerzas de seguridad vinculadas a un cártel de drogas local, y que los cuerpos fueron entregados a figuras del crimen organizado, quienes quemaron sus cuerpos en un basurero y arrojaron sus cenizas a un río. Un fragmento de hueso de uno de los estudiantes fue encontrado posteriormente en el río.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la fuente del ataque, pero el actual Ministerio Público, junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y una Comisión de la Verdad creada específicamente para investigar la desaparición de los estudiantes, desmintieron la versión sobre la incineración de los cuerpos en un basurero. Acusaron a altos funcionarios de plantar el fragmento de hueso en el río para que encajara con su versión. También desenterraron pistas en un lugar diferente, incluidos fragmentos de hueso de uno de los pies de Christian.
Pero las familias aún no tienen respuestas concretas sobre lo que pasó con los estudiantes. Por su parte, Clemente Rodríguez está lejos de estar convencido de que su hijo esté muerto.
Padres emprenden una búsqueda desesperada de sus hijos
Poco después de la desaparición de los estudiantes, los padres tomaron cartas en el asunto y se lanzaron a buscar a sus hijos en pueblos remotos de montaña, a menudo controlados por pandillas. Allí se encontraron con otros que habían sido desplazados por la violencia. El miedo estaba por todas partes.
“Cuando salí de casa, nunca supe si regresaría con vida”, dijo Rodríguez.
Durante la búsqueda, Christina Bautista, la madre de 49 años del estudiante desaparecido Benjamín Ascencio, dice que unos desconocidos le dijeron que llevaban tres años buscando a un hijo y cinco a una hija. Ella había pensado que sería cuestión de semanas.
“No pude soportarlo y salí corriendo”, dijo. “¿Cómo podía haber tantos desaparecidos?”
Se encontraron decenas de cadáveres, pero no los de sus hijos.
Una década de lucha ha trastocado vidas
Una década de lucha para mantener vivo el caso ha trastocado la vida de los padres. Antes de la desaparición de su hijo, Rodríguez vendía jarras de agua desde la parte trasera de su camioneta y cuidaba una pequeña granja de animales en el pueblo de Tixtla, no lejos de la escuela. Telumbre vendía tortillas caseras cocinadas sobre fuego de leña.
Sin embargo, cuando los estudiantes desaparecieron, lo dejaron todo. Los padres vendieron o abandonaron sus animales, dejaron los campos desatendidos y confiaron a los abuelos el cuidado de otros niños.
Rodríguez, de 56 años, ha logrado reunir parcialmente su rebaño de ganado y ha plantado algo de maíz en la parcela de tierra de la familia. Sin embargo, el principal ingreso de la familia proviene de artesanías caseras que se venden en viajes a Ciudad de México: esteras tejidas con juncos; botellas de mezcal de elaboración local de un tío decoradas con hilo y caras de tigre de colores; y servilletas de tela bordadas por Telumbre.
A veces, Rodríguez, un hombre fornido y de voz suave, visita su tierra para pensar o para liberar su ira y su tristeza. “Me pongo a llorar, lo dejo todo ir”, dijo.
Padres encuentran apoyo y respeto en Ayotzinapa
Los padres también encuentran consuelo en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
La escuela, que forma a estudiantes para enseñar en aldeas remotas y pobres, forma parte de una red de centros educativos rurales con una larga historia de activismo radical. Las paredes de la escuela están pintadas con lemas que exigen justicia para los estudiantes desaparecidos y también tienen murales en honor al Che Guevara y a Karl Marx.
Para las familias más pobres, Ayotzinapa ofrece una salida: los estudiantes reciben alojamiento, comida y educación gratis. A cambio, trabajan.
El ambiente tiene tintes militaristas: los nuevos estudiantes tienen la cabeza rapada y el primer año se trata de disciplina y supervivencia. Tienen la tarea de cuidar el ganado, sembrar campos y tomar el control de los autobuses para ir a las protestas en la capital. Los estudiantes que desaparecieron en 2014 fueron secuestrados de cinco autobuses que habían tomado en la ciudad de Iguala, 120 kilómetros al norte de la escuela.
Los padres de familia llegaron a Ayotzinapa poco a poco desde pueblos de las montañas. Se reunieron en la cancha de baloncesto de la escuela, una plataforma de concreto debajo de un pabellón donde 43 sillas aún sostienen fotografías de cada uno de los estudiantes desaparecidos.
En los años transcurridos desde entonces, se ha desarrollado una cierta codependencia. La lucha de la escuela por la justicia se ve alimentada por el dolor y la ira de los padres. Mientras tanto, los estudiantes de la escuela “son nuestro brazo fuerte”, dice Bautista. “Aquí es donde comenzó el movimiento”.
Los estudiantes tratan a los padres con respeto y cariño, saludándolos como “tía” o “tío” cuando pasan por las puertas vigiladas.
Otro encuentro termina en decepción y enojo.
A finales de agosto, Rodríguez y otros padres se reunieron por última vez con López Obrador, quien deja el cargo a finales de este mes.
El intercambio fue una grave decepción.
“En este momento, este gobierno es como el de Enrique Peña Nieto”, dijo Rodríguez. “Ha tratado de burlarse de nosotros” ocultando información, protegiendo al Ejército e insultando a los abogados de las familias, dijo.
López Obrador sigue insistiendo en que su gobierno ha hecho todo lo posible por encontrar respuestas. Cita decenas de arrestos, incluido el de un ex fiscal general acusado de obstruir la justicia. Sin embargo, ha restado importancia al papel de los militares. Hace años, López Obrador declaró que el secuestro de los estudiantes era un “crimen de Estado”, señalando la participación de las autoridades locales, estatales y federales, incluido el ejército.
Las familias se reunieron en julio con la sucesora de López Obrador, Claudia Sheinbaum, quien asumirá el cargo el 1 de octubre, pero ella no hizo promesas ni compromisos.
Después de la reunión de agosto, Rodríguez posó para un retrato en Palacio Nacional, con la mirada firme y el puño en alto.
Al igual que otros padres, promete seguir luchando.
“Durante estos 10 años hemos aprendido mucho sobre la ofuscación… la mentira”, afirmó Rodríguez. Las altas autoridades militares y gubernamentales “tienen las respuestas”, añadió.
“Pueden revelarlos”.
Por  MARÍA VERZA
(Foto AP/Felix marquez)
Guardia CongresoCIUDAD DE MÉXICO (AP) — La reforma constitucional para que la Guardia Nacional pase a manos de militares en México, otra de las controvertidas propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador, avanzó el jueves en la Cámara de Diputados al aprobarse el texto en lo general gracias a la mayoría de dos tercios que tienen el oficialismo y sus socios.
El debate de los detalles de la iniciativa proseguía pero, previsiblemente, los diputados dejarían la reforma aprobada en todos sus términos en las siguientes horas pese a las críticas de los partidos de oposición que votaron en contra. Después pasará al Senado para su debate.
El partido gobernante Morena y sus aliados insisten en llevar adelante el proyecto pese a las críticas de opositores y el cuestionamiento de organizaciones defensoras de los derechos humanos, quienes creen que supondrá una mayor militarización de la seguridad pública. Tampoco consideran que resolverá el problema de violencia en el país.
La iniciativa forma parte de un paquete de reformas constitucionales impulsadas por el gobierno de López Obrador, el cual concluye el 30 de septiembre. La primera, y más polémica, fue la de la restructuración del Poder Judicial.
La actual prevé que la Guardia Nacional salga del control de la Secretaría de Seguridad y pase a ser manejada por el Ejército. La Guardia Nacional fue creada por el mandatario en 2019 con el objetivo de combatir la creciente violencia.
En el proyecto de reforma se prevé que las investigaciones penales estén en manos del Ministerio Público, pero también se dan atribuciones en esa materia a la Guardia Nacional, cuyo personal será de origen militar con formación policial. Más del 80% de los 130.000 integrantes de la Guardia Nacional provienen del Ejército y de la Marina, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Desde 2006, las fuerzas militares han cumplido un papel clave en México para mantener la seguridad en las calles. Ante las numerosas denuncias de violaciones a los derechos humanos, organizaciones humanitarias y diferentes dependencias de Naciones Unidas han pedido al gobierno que retire a los soldados de las labores de seguridad pública.
La congresista opositora Patricia Mercado dijo en su cuenta de la red social X que su partido minoritario Movimiento Ciudadano tiene la convicción de que “la militarización no es la respuesta a los niveles de violencia que existen en el país”, e insistió en que la Guardia Nacional debe ser de carácter civil.
La reforma forma parte de un viejo anhelo de López Obrador, quien desde hace varios años se ha manifestado a favor de que la Guardia Nacional sea manejada por los militares, para garantizar el “profesionalismo, disciplina, honestidad” y evitar que el cuerpo se corrompa, como él ha asegurado que ocurrió con la desaparecida policía federal.
López Obrador sufrió el año pasado un revés en sus planes cuando la Suprema Corte de Justicia invalidó una iniciativa con el mismo planteamiento que había sido aprobada por la mayoría oficialista del Congreso en 2022. El máximo tribunal la dio de baja y dejó a la Guardia Civil bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Pese al rechazo del máximo tribunal y las críticas de activistas, opositores y organizaciones como Amnistía Internacional, López Obrador insistió en la reforma y la incluyó en un paquete de leyes que presentó en febrero ante el Congreso. La futura presidenta mexicana Claudia Sheinbaum también mostró su respaldo a la propuesta.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó el jueves al Congreso a no aprobar la reforma y solicitó, a través de su representante adjunto Jesús Peña Palacios, que en lugar de “profundizar un enfoque de predominio de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, reoriente la discusión legislativa para colocar en el centro la priorización del paradigma civil en este ámbito”.
Entre las organizaciones humanitarias locales que han cuestionado la reforma está el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que el miércoles indicó en su cuenta de X que “será un paso sin retorno hacia la militarización”.
Ese centro expresó su preocupación de que no se diseñen controles civiles externos y extraordinarios a la actuación de los uniformados en las labores de seguridad pública, tal como lo estableció la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
Asimismo, se otorga facultades al Ejecutivo para “disponer del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, en tareas de apoyo a la seguridad pública”, un punto que también ha generado preocupación entre las organizaciones de derechos humanos, puesto que se extiende de manera indefinida la participación en labores de seguridad de las fuerzas armadas mexicanas. Éstas recibieron en el sexenio de López Obrador numerosas tareas y recursos que anteriormente eran manejados por el sector civil.
Como parte del proceso de transferencia, en la iniciativa se establece que la Sedena asumirá el presupuesto y recursos materiales de operación de la Guardia Nacional.
(A Foto/Eduardo Verdugo)
By  FABIOLA SÁNCHEZ
EzbollhaBEIRUT (AP) — Hezbollah lanzó el jueves una nueva ronda de proyectiles al norte de Israel y mantuvo el ritmo de hostilidades con el ejército israelí, entre crecientes temores a un conflicto más amplio tras la explosión de cientos de dispositivos electrónicos en Líbano, que mataron al menos a 32 personas e hirieron a más de 3.000.
Las detonaciones de dispositivos parecían culminar una operación israelí de varios meses para golpear a la mayor cantidad posible de miembros de Hezbollah a la vez. Durante dos días, bípers y walkie-talkies utilizados por la milicia libanesa estallaron, hiriendo e incluso mutilando a algunos combatientes, pero también a civiles asociados a los servicios sociales del grupo. Al menos dos niños murieron.
No estaba claro cómo encajaba el ataque en las advertencias realizadas por líderes israelíes en las últimas semanas sobre que podrían lanzar una gran operación militar contra Hezbollah, la fuerza armada más fuerte de Líbano. El gobierno israelí lo ha descrito como una guerra dirigida a poner fin al fuego transfronterizo del grupo con respaldo iraní, para que decenas de miles de israelíes desplazados regresen a sus hogares cerca de la frontera.
En declaraciones a tropas israelíes el miércoles, el ministro israelí de Defensa, Yoav Gallant, dijo que “estamos al inicio de una nueva fase en la guerra. Requiere coraje, determinación y perseverancia”. No mencionó los dispositivos explosivos, pero elogió la labor del ejército y las agencias de seguridad israelíes, indicando que “los resultados son muy impresionantes”.
Gallant dijo que tras meses de combates con Hamás en Gaza, “el centro de gravedad está virando al norte, derivando recursos y fuerzas”.
Por su parte, Hezbollah dijo el jueves por la mañana que había atacado posiciones militares en el norte de Israel, sin detallar qué armas había utilizado. Hospitales israelíes dijeron que habían atendido al menos a ocho pacientes heridos en los ataques. El ejército indicó el jueves por la mañana que había atacado varios objetivos milicianos en el sur de Líbano durante la noche.
La ronda de proyectiles era un mensaje de Hezbollah sobre que continuaría su fuego diario, que es una muestra de apoyo a Hamás ante la campaña militar israelí iniciada hace 11 meses en Gaza en represalia por el ataque del 7 de octubre liderado por los milicianos palestinos contra Israel.
Israel ha respondido al fuego de Hezbollah con ataques en el sur de Líbano y alcanzado a líderes del grupo en la capital, Beirut. La violencia ha dejado cientos de muertos en Líbano, decenas en Israel y desplazado a decenas de miles de residentes a ambos lados de la frontera.
Israel y Hezbollah han retrocedido varias veces del borde de una guerra abierta ante una intensa presión de Estados Unidos, Francia y otros países.
Pero en sus últimas advertencias, los líderes israelíes dijeron que estaban decididos a cambiar de forma drástica el status quo.
Israel comenzó a llevar más tropas a su frontera con Líbano el miércoles como medida de precaución, según funcionarios israelíes. El jefe del ejército, el teniente general Herzi Halevi, dijo que se habían trazado planes para actuar contra Hezbollah, aunque según medios el gobierno aún no ha decidido si emprende una gran ofensiva en Líbano.
Mientras tanto, Líbano aún seguía conmocionada por las explosiones sin precedentes del martes y el miércoles.
Las explosiones han inquietado a libaneses ya angustiados por el temor a una guerra abierta. El Ejército libanés dijo que estaba localizando y detonando bípers y dispositivos de comunicación sospechosos, mientras que las autoridades libanesas de aviación civil prohibieron los bípers y walkie-talkies en todos los aviones que salieran del aeropuerto internacional de Beirut hasta nueva orden.
Era probable que el ataque afectara gravemente a las comunicaciones internas de Hezbollah, que trata de dar con formas seguras de que sus miembros hablen entre ellos. La milicia anunció la muerte de cinco combatientes el jueves, sin especificar si habían muerto en el frente o en las explosiones.
Estaba previsto que el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, ofreciera un discurso el jueves, y el grupo ha prometido represalias contra Israel.
Las explosiones ocurrieron cuando los portadores de bípers o walkie-talkies estaban diferentes partes de Beirut y del este y el sur de Líbano, en viviendas y autos, tiendas de comida y cafeterías o en la calle, e incluso en el funeral de algunos de los muertos en las primeras explosiones, a menudo cerca de familiares y otras personas.
Muchos tenían graves heridas en piernas, abdomen o rostro, o sufrieron mutilaciones en la mano. Las explosiones de bípers del martes mataron a 12 personas, incluidos dos niños, e hirieron a unas 2.800 personas. Las explosiones del día siguiente mataron a 20 e hirieron a más de 450.
El ministro de Salud, Firas Abiad, elogió a los hospitales libaneses y dijo que habían podido lidiar con el aluvión de heridos en cuestión de horas. “Fue un ataque indiscriminado. Fue un crimen de guerra”, afirmó.
Mary Ellen O’Connell, profesora de derecho y estudios internacionales en la Universidad de Notre Dame, en indiana, dijo que las bombas trampa están prohibidas por el derecho internacional. “Convertir en arma un objeto utilizado por civiles está estrictamente prohibido”, señaló.
(AP Foto/Bilal Hussein)
By  KAREEM CHEHAYEB
AutoridadesSANTO DOMINGO, República Dominicana (AP) — Funcionarios estadounidenses y dominicanos arrestaron el miércoles a casi una docena de sospechosos después de que lanzaron una operación conjunta para acabar con una red regional de tráfico de drogas.
Funcionarios de la Agencia Antidrogas de República Dominicana y agentes de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos y del Comando Sur de Estados Unidos se desplegaron por todo el país caribeño antes del amanecer como parte de la operación.
Entre los detenidos se encuentran los presuntos cabecillas de la red que, según las autoridades, recibía drogas desde Sudamérica en la República Dominicana y el vecino Puerto Rico para luego enviarlas a Estados Unidos y Europa. Fueron identificados como Rafael Ynoa Santana e Isidoro Rotestán Clase.
No estaba claro de inmediato si tenían abogados.
Las autoridades dijeron que la red de narcotráfico es responsable de más de dos toneladas de drogas incautadas en República Dominicana.
(Video de AP filmado por Martin Adames)
Presidente de ColombiaBOGOTÁ, Colombia (AP) — Un ataque a una base militar en el este de Colombia mató a dos soldados y dejó al menos 21 heridos, dijo el ejército colombiano el martes, mientras aumentan las tensiones entre el gobierno de Colombia y uno de los grupos rebeldes más grandes que quedan en el país.
El ejército colombiano culpó al Ejército de Liberación Nacional por el ataque, y el presidente Gustavo Petro insinuó el martes por la noche que el ataque conducirá a una suspensión o cancelación de las conversaciones de paz con el grupo rebelde.
“Este es un atentado que prácticamente cierra con sangre un proceso de paz”, dijo Petro durante un acto en el que nombró a un nuevo magistrado de uno de los más altos tribunales de Colombia.
El Ejército de Liberación Nacional, o ELN, puso fin a un alto el fuego con el gobierno colombiano en agosto, pero todavía participa en conversaciones de paz destinadas a poner fin a más de cinco décadas de conflicto.
El ejército dijo el martes que el grupo disparó cohetes caseros desde un camión de carga que estaba estacionado cerca de una base en Puerto Jordán, un pequeño pueblo en la provincia colombiana de Arauca.
El ELN fue fundado a principios de los años 60 por dirigentes sindicales y estudiantes universitarios inspirados por la Revolución cubana. El grupo cuenta con unos 6.000 combatientes en Colombia y Venezuela y se financia a través del narcotráfico y de minas de oro ilegales.
Recientemente, el ELN se ha estado extendiendo a zonas rurales abandonadas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el gran grupo rebelde que hizo un acuerdo de paz con el gobierno de Colombia en 2016.
Después de ser elegido hace dos años, el presidente Gustavo Petro inició rápidamente conversaciones de paz con el ELN y varios grupos armados más pequeños bajo una política conocida como paz total .
Sin embargo, las conversaciones con el ELN fracasaron, ya que el grupo siguió realizando secuestros y cobrando impuestos a civiles en las zonas bajo su control. El ELN también ha expresado su frustración por un reciente intento del gobierno colombiano de iniciar negociaciones de paz por separado con uno de sus grupos escindidos en el suroeste de Colombia.
El cese del fuego entre el gobierno y el ELN expiró a fines de agosto y no fue renovado. Desde entonces, el grupo ha intensificado sus ataques contra objetivos militares y oleoductos en el departamento colombiano de Arauca.
En un mensaje publicado el día X, el Ministerio de Defensa de Colombia dijo que actuará con “firmeza y determinación para restablecer la seguridad y la estabilidad” en el departamento de Arauca. ___
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(Foto AP/Ivan Valencia)
Por  MANUEL RUEDA

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