LIMA (AP) — La presidenta de Perú, Dina Boluarte, admitió la noche del jueves que se sometió a una cirugía que había mantenido en secreto en medio de una controversia ante el inicio de una investigación por parte de la Fiscalía por cargos de omisión de actos funcionales y abandono de cargo. La mandataria, sin embargo, aseguró que se trató de una intervención por motivos de salud y afirmó que nunca abandonó sus funciones a pesar de la operación.
Además, emplazó a la fiscal Delia Espinoza a que la cite a declarar, cuestionándola por el inicio de una investigación que, aseguró, es parte de un complot contra su gobierno.
“Sí, fui sometida a una intervención quirúrgica. No fue una intervención estética, fue una intervención necesaria e imprescindible para mi salud, lo necesitaba por funcionalidad respiratoria, que no me generó ningún tipo de incapacidad o impedimento para ejercer mis funciones ” dijo la mandataria en un mensaje a la nación.
Como evidencia de que nunca abandonó sus funciones, argumentó, está el hecho de que promulgó varias iniciativas durante su ausencia.
“Una persona incapacitada, que está impedida de determinar funciones intelectuales, motoras, de coordinación y circulación no suscribe 91 normas”, declaró, arremetiendo contra las acusaciones de Espinoza de que algunas de las firmas fueron falsificadas. “Ya no sabe que inventar.
La fiscalía anunció la semana pasada el inicio de una pesquisa “por los presuntos delitos de omisión de actos funcionales, y/o alternativamente por el presunto delito de abandono de cargo”. La investigación se produjo luego de que el ex primer ministro, Alberto Otárola, declaró ante una comisión del Congreso que Boluarte se sometió a una cirugía en la nariz en junio del 2023.
Los especialistas afirman que Boluarte infringió la Constitución al no comunicar con antelación sobre su procedimiento y ausencia del cargo durante la recuperación. La presidenta, sin embargo, está dispuesta a demostrar ante el Ministerio Público que el procedimiento era necesario.
“Cuando se dignen en citarme una vez más y el Ministerio Público haga su trabajo, renunciaré voluntariamente a mi derecho a la confidencialidad médica y entregaré mi historial clínico” aseguró.
Boluarte también se refirió a otro caso: Su presencia en una zona del sur de Lima en que la policía había ubicado a Vladimir Carrón, un político prófugo de la justicia por cargos de corrupción al frente de Perú Libre, el partido por el que Boluarte fue elegida vicepresidenta en 2021, antes de ascender a la presidencia a finales de 2022 tras la destitución de Pedro Castillo por intentar un golpe de Estado.
Las autoridades sospechan que Boluarte ayudó a escapar a Cerrón —con quien es investigada en un caso de presuntos malos manejos de fondos partidarios— luego de encontrarse en el condominio Mikonos en la localidad de Asia.
“Nunca fui a Mikonos, no conozco ese condominio, fui a otro lugar por una invitación y acompañada de una amiga”, afirmó. “Yo no oculto a delincuentes ni uso los bienes estatales para encubrir a personas buscadas por la justicia”
La mandataria, quien tocó ambos casos luego de varias semanas de controversia, afirmó que se tratan de inventos con el objetivo de desestabilizar su gobierno e impulsar su destitución a través de la figura de la vacancia, prerrogativa del Congreso que ha sacado del cargo a anteriores mandatarios.
“Como la presidenta constitucional de la República, siempre ha sido muy respetuosa de las autoridades del sistema judicial. Sin embargo, ya hace bastante tiempo, sistemáticamente he sido objeto de un acoso permanente con el único propósito de generar crisis en el gobierno”, afirmó.
MIAMI (AP) — Un destacado abogado de derechos humanos ha abandonado discretamente de la Corte Penal Internacional para protestar por lo que considera un fracaso injustificado de su fiscal para acusar a miembros del gobierno del presidente Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad, según ha sabido The Associated Press.
Claudio Grossman, nacido en Chile y exdecano de la facultad de Derecho de la American University en Washington y expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue nombrado asesor especial del fiscal de la CPI, Karim Khan, en noviembre de 2021. En ese puesto no remunerado, asesoró a Khan sobre la deteriorada situación de los derechos humanos en Venezuela.
En un contundente correo electrónico enviado el mes pasado a Khan, Grossman dijo que sus estándares éticos ya no le permiten permanecer en silencio mientras el gobierno de Maduro continúa cometiendo abusos, expulsando a diplomáticos extranjeros y obstruyendo el trabajo de los observadores de derechos humanos de Naciones Unidas, sin que haya ninguna acción por parte de la CPI.
“Ya no puedo justificar la elección de no tomar las medidas serias correspondientes contra los autores de las graves violaciones”, escribió Grossman en el mail en el que rechaza una oferta de la oficina de Khan en septiembre para renovar su contrato.
Una copia del correo electrónico, que no es público, fue proporcionada a la AP por una persona familiarizada con la investigación de la CPI sobre Venezuela. Una llamada telefónica de Khan pidiendo a Grossman que reconsiderara su postura también fracasó, añadió la fuente, que habló bajo condición de anonimato para discutir la investigación políticamente sensible.
Tras las consultas de la AP a la oficina de Khan, el nombre de Grossman fue eliminado de la web del tribunal en la que aparecía como asesor especial.
“El Fiscal está extremadamente agradecido al profesor Grossman por la experiencia y el trabajo que ha prestado”, dijo la oficina del fiscal en un comunicado que no abordó los motivos dados por Grossman para cortar lazos con la institución con sede en La Haya, Holanda. Grossman rechazó hacer comentarios.
La presión sobre Khan para que acuse a funcionarios venezolanos, incluyendo al propio Maduro, coincide con las acusaciones en su contra por supuesta mala conducta con una ayudante y con la amenaza de sanciones estadounidenses por su decisión de pedir la detención del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por presuntos crímenes de guerra en Gaza.
El Estatuto de Roma por el que se creó la CPI entró en vigor en 2002, con el mandato de procesar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio, pero solo cuando los tribunales nacionales no inician sus propias investigaciones.
Los llamados a acelerar la única investigación de la corte en América Latina se han intensificado mientras Maduro afianza su poder, preparándose para asumir el cargo para un tercer mandato el 10 de enero tras unas elecciones empañadas por graves acusaciones de fraude y luego de la represión postelectoral. Más de 2.000 personas fueron arrestadas y 20 murieron después de los comicios.
Estados Unidos y algunos líderes izquierdistas latinoamericanos han exigido a las autoridades que presenten las actas de la votación, como hicieron en el pasado, para refutar las presentadas por los opositores, que muestran que su candidato, Edmundo González, se impuso por un margen de dos a uno.
Muchos en la oposición venezolana se han quejado de que la CPI está aplicando un doble estándar, moviéndose de forma agresiva para buscar la detención de Netanyahu y del presidente de Rusia, Vladímir Putin, por atrocidades en Gaza y Ucrania, mientras muestra una indulgencia indebida con las autoridades venezolanas que Khan ha estado investigando durante más de tres años.
“No hay justificación alguna para la inacción”, escribieron González y la líder opositora María Corina Machado en una carta reciente a Grossman y otros 18 asesores especiales de la CPI pidiendo su ayuda.
“Lo que está en juego es la vida y el bienestar de los venezolanos”, señalaron en la misiva, que fue proporcionada a la AP por la persona familiarizada con la investigación de la Corte. “Este retraso injustificable arrojará dudas legítimas sobre la integridad de un sistema de rendición de cuentas que ha sido una aspiración para todo el mundo”.
A pedido de varios gobiernos latinoamericanos, Khan abrió hace tres años una investigación sobre las fuerzas de seguridad venezolanas por encarcelar, torturar y matar a manifestantes antigubernamentales. Al mismo tiempo, prometió asistencia técnica para dar a las autoridades locales la oportunidad de actuar antes de la CPI, un tribunal de última instancia.
A principios de este mes, Khan emitió algunos de sus comentarios más duros hasta la fecha sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, advirtiendo que las repetidas promesas de las autoridades para investigar los presuntos abusos “no pueden ser una historia interminable”.
“No he visto la implementación concreta de leyes y prácticas que esperaba en Venezuela”, afirmó en un discurso en la sede de la corte. “La pelota está en el campo de Venezuela. La vía de la complementariedad se está quedando sin recorrido”.
El gobierno de Maduro respondió con un comunicado en el que apuntó que “lamenta profundamente que el fiscal se deje llevar por las informaciones de campañas públicas surgidas en redes sociales impulsadas por la extrema derecha, el sionismo y las potencias occidentales que pretenden aplicar el colonialismo jurídico contra Venezuela”.
Algunos críticos venezolanos han vinculado lo que consideran una dilación con un posible conflicto de intereses que afecta a la cuñada de Khan, la abogada penal internacional Venkateswari Alagendra, quien ha comparecido en representación del gobierno de Caracas en dos audiencias ante el tribunal.
Un código de conducta de la CPI pide a los fiscales que se abstengan de cualquier conflicto que pueda surgir de un “interés personal en el caso, incluyendo una relación conyugal, parental u otra relación familiar, personal o profesional estrecha con cualquiera de las partes”. Alagendra ha trabajado previamente con Khan y su esposa en la defensa de Saif Al-Islam Gaddafi, el hijo del dictador libio, ante la institución.
La oficina de Khan declinó hacer comentarios sobre esa relación. Pero en un escrito presentado este mes para pedir la desestimación de una solicitud de recusación presentada por la Fundación Arcadia, con sede en Washington, dijo que una cuñada no es una relación personal lo suficientemente cercana como para requerir la descalificación automática y que no recuerda haber discutido nunca la investigación a Venezuela con Alagendra, quien es una de los varios abogados que defienden al gobierno sudamericano.
“Ningún observador imparcial e informado concluiría que hay una posibilidad real de sesgo”, escribió Khan, agregando que sigue investigando de forma activa e independiente la situación en Venezuela.
Quienes afirman ser víctimas del gobierno de Maduro han presionado para que la corte concluya su investigación sin posicionarse acerca de si Khan debería ser recusado.
Luego de que millones de venezolanos huyeron del gobierno de Maduro, muchos a países vecinos, los gobiernos regionales también esperan avances.
“Muchos en América Latina esperan que el fiscal de la CPI tenga una respuesta más contundente”, dijo Juan Papier, director adjunto de Human Rights Watch para las Américas. “La oficina del fiscal ha pasado demasiado tiempo, hasta ahora infructuosamente, tratando de trabajar con las autoridades de Venezuela para impulsar investigaciones nacionales. La impunidad generalizada y la falta de independencia judicial en Venezuela hacen que la CPI sea el camino más viable para la justicia”.
La periodista de The Associated Press Molly Quell en La Haya, Holanda, contribuyó a este despacho.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
JOSHUA GOODMAN
Goodman is a Miami-based investigative reporter who writes about the intersection of crime, corruption, drug trafficking and politics in Latin America. He previously spent two decades
BAYELSA, Nigeria (AP) — Ominike Marvis ha perdido la cuenta de la cantidad de veces que su hijo de seis años ha tenido malaria. Por eso, cuando Nigeria comenzó a ofrecer una vacuna contra la malaria, estaba ansiosa por proteger a su hijo más pequeño.
La mujer llevó al bebé de seis meses a recibir su primera dosis en un centro de salud del estado de Bayelsa, muy afectado por la enfermedad, donde la semana pasada comenzó la campaña de vacunación del país. La vacuna tiene como objetivo prevenir enfermedades graves y muertes a causa de la enfermedad transmitida por mosquitos.
"Al menos ahora sé que está a salvo", dijo Marvis, de 31 años.
La gran mayoría de los casos de malaria en el mundo se dan en África . Nigeria, el país más poblado del continente, tiene la mayor carga, con aproximadamente una cuarta parte de los casos.
Según un informe de la Organización Mundial de la Salud publicado el miércoles, el año pasado hubo aproximadamente 263 millones de casos de malaria y 597.000 muertes en todo el mundo, la mayoría en niños menores de 5 años. Eso supone 11 millones más de casos de malaria en comparación con 2022, con casi el mismo número de muertes.
“Nadie debería morir de malaria, pero la enfermedad sigue afectando desproporcionadamente a las personas que viven en la región africana, especialmente a los niños pequeños y a las mujeres embarazadas”, dijo el Director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidiendo más apoyo.
Según el informe de la OMS, ya hay 17 países que administran nuevas vacunas contra la malaria a niños pequeños. Nigeria inició su campaña la semana pasada, ofreciendo una vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford.
Las investigaciones sugieren que tiene una eficacia superior al 75% en la prevención de enfermedades graves y la muerte durante el primer año y que la protección se extiende al menos durante otro año con una dosis de refuerzo.
El ministro de Salud de Nigeria, Muhammad Ali Pate, calificó la campaña de vacunación como un “paso monumental” en los esfuerzos del país para eliminar la malaria.
La enfermedad es causada por un parásito que se transmite a través de las picaduras de mosquitos. Los expertos afirman que otras medidas, como los mosquiteros y la fumigación con insecticidas, siguen siendo esenciales para frenar la enfermedad.
Los expertos dicen que la población de Nigeria, de más de 210 millones de personas, así como su clima, contribuyen a su alta carga de malaria, pero también lo hacen otros factores como el saneamiento deficiente y herramientas limitadas como mosquiteros tratados.
Además de la falta de financiación, el informe de la OMS señala que los países con malaria aún enfrentan sistemas de salud frágiles, una vigilancia débil y resistencia a medicamentos e insecticidas.
Pero también se han logrado avances en varios frentes, según el informe, incluso en la región africana, donde los países han logrado una reducción del 16% en las muertes por malaria desde 2015. Y en 83 países donde hay malaria, 25 de ellos ahora informan menos de 10 casos al año, según el informe.
En el estado de Bayelsa, rico en petróleo pero pobre, uno de los más afectados de Nigeria, la malaria es tan común en las comunidades ribereñas que las madres contaron que nadie en su familia se había salvado.
“Aquí, la malaria es algo a lo que estamos acostumbrados”, dijo Claris Okah, una trabajadora de salud comunitaria.
Entre los desafíos que enfrentan los trabajadores de la salud como Okah está la indecisión de los padres, por lo que están educando a las familias sobre la nueva vacuna y otras medidas para prevenir la malaria.
“La vacuna es algo bueno”, dijo Okah.
Asadu informó desde Abuja, Nigeria.
La Associated Press recibe apoyo financiero de la Fundación Gates para la cobertura de salud y desarrollo global en África. AP es la única responsable de todo el contenido. Encuentre los estándares de AP para trabajar con organizaciones filantrópicas, una lista de patrocinadores y áreas de cobertura financiadas en AP.org .
CARACAS, Venezuela (AP) — El gobierno de Argentina acusó el miércoles a su homólogo venezolano de acosar continuamente a seis miembros de la oposición política que han estado refugiados durante meses en el complejo diplomático argentino en la capital, Caracas.
También instó a la Organización de Estados Americanos a presionar a Venezuela para que permita la salida segura de las seis personas a Argentina.
El canciller argentino, Gerardo Werhein, dijo que el gobierno venezolano los somete a una “estrategia de agotamiento físico” y “terror psicológico” mediante un acoso prolongado. Los cuatro hombres y dos mujeres viven en la residencia del embajador desde marzo para evitar ser arrestados.
“El gobierno venezolano no sólo les ha negado el salvoconducto que les permitiría salir con seguridad, sino que ha adoptado acciones de hostigamiento totalmente inaceptables”, afirmó Werhein durante una sesión del Consejo Permanente de la OEA. “Los solicitantes de asilo son sometidos a cortes de agua, interrupciones en el suministro eléctrico, restricciones al ingreso de alimentos y la presencia constante de fuerzas de seguridad en las inmediaciones de la sede diplomática”.
Entre el grupo que se encuentra en la casa del embajador se encuentran la directora de campaña y de comunicaciones del partido opositor María Corina Machado. El gobierno del presidente Javier Milei les permitió el ingreso al recinto luego de que autoridades leales al partido gobernante emitieran órdenes de arresto en su contra, acusándolos de promover supuestos actos de violencia para desestabilizar al país.
Desde finales de noviembre, el grupo denuncia la presencia constante de agentes del servicio de inteligencia y de la policía venezolanos en las afueras de la residencia. También acusa al gobierno de cortar los servicios de electricidad y agua.
La semana pasada, el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, calificó las acusaciones del grupo como una “farsa”.
Werhein, sin embargo, acusó el miércoles al gobierno venezolano de violar el derecho internacional que consagra el derecho de asilo y la inviolabilidad de las sedes diplomáticas en cualquier país. Instó a los miembros de la organización regional a actuar con firmeza o correr el riesgo de ser juzgados por su inacción.
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A medida que pasa el tiempo, “la angustia y la incertidumbre de quienes buscan asilo aumentan”, dijo.
En agosto, Brasil aceptó la solicitud de Argentina de proteger el complejo diplomático en Caracas después de que el gobierno de Maduro expulsara a sus diplomáticos tras las elecciones presidenciales de julio en Venezuela. Los cuestionados resultados de la votación, que según las autoridades electorales venezolanas favorecían a Maduro, llevaron a Milei a declarar que no reconocería “otro fraude”. Eso provocó la ira de Maduro y sus aliados.
Pero un mes después, Venezuela revocó la autorización de Brasil para custodiar las instalaciones, alegando que tenía evidencia del uso de las instalaciones “para la planificación de actividades terroristas e intentos de asesinato”.
Brasil y Argentina han rechazado esas acusaciones.
La prolongada crisis política de Venezuela se agravó tras las elecciones presidenciales del 28 de julio. El Consejo Nacional Electoral del país, que está repleto de partidarios de Maduro, lo declaró ganador de las elecciones horas después del cierre de las urnas. Pero a diferencia de las elecciones presidenciales anteriores, las autoridades electorales no proporcionaron recuentos detallados de los votos.
Mientras tanto, la oposición, liderada por Machado, recogió actas de escrutinio del 80% de las máquinas de votación electrónica del país, las publicó en línea y dijo que los registros de votación mostraban que el candidato de la facción, Edmundo González, había ganado las elecciones con el doble de votos que Maduro.
El miércoles, más de una docena de miembros de la Organización de los Estados Americanos se unieron al llamado de Argentina al gobierno de Maduro para que permita el paso seguro de quienes viven en la residencia del embajador.
“El acoso continuo pone en peligro la seguridad de la misión y de las personas que puedan estar buscando refugio temporal”, dijo el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Matthew Miller, en un comunicado después de la sesión de la organización. “Exigimos a Maduro y a sus representantes que dejen de emitir órdenes de arresto por motivos políticos contra miembros de la oposición democrática y que garanticen salvoconductos para quienes se encuentran refugiados en la Embajada argentina”.
MADRID (AP) — La oposición política de Venezuela indicó el martes un cambio hacia un cronograma flexible para una transición de gobierno que había insistido durante mucho tiempo que ocurriría el próximo mes, cuando está previsto que comience el nuevo período presidencial.
El cambio se produjo mientras el candidato de la facción en las elecciones presidenciales de julio, Edmundo González, seguía exiliado en España y su líder, María Corina Machado, seguía escondida en Venezuela, ambos esfuerzos destinados a evitar el arresto, cuando faltaban solo 30 días para la ceremonia de juramentación ordenada por la constitución de Venezuela.
La medida pone de relieve los desafíos que enfrenta la coalición opositora para cumplir su promesa de destituir al presidente Nicolás Maduro de su cargo, incluso cuando docenas de naciones respaldan la afirmación de victoria de la facción y denuncian al gobierno por fraude electoral.
“El 10 de enero, el que está contra el muro es realmente Maduro, no nosotros”, dijo Machado en una transmisión en vivo durante un evento en Madrid, que destacó la represión que enfrentan los opositores del partido gobernante desde las elecciones del 28 de julio. “¿Cuándo se llegará realmente a ese entendimiento y se desencadenará la transición? Podría ser antes, podría ser el 10 de enero, podría ser después”.
Machado no dio detalles de los “términos de una negociación” que, según dijo, la oposición ha ofrecido al gobierno. Pero la facción ha dicho en repetidas ocasiones que una de sus principales prioridades es la liberación de cientos de personas detenidas por ser opositores reales o percibidos del gobierno.
El Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que está repleto de partidarios de Maduro, lo declaró ganador de las elecciones horas después del cierre de las urnas. Pero a diferencia de elecciones presidenciales anteriores, las autoridades electorales no proporcionaron recuentos detallados de los votos.
Mientras tanto, la principal coalición opositora recopiló actas de 80% de las máquinas de votación electrónica del país, las publicó en Internet y dijo que los registros de votación mostraban que González ganó las elecciones con el doble de votos que Maduro. El gobierno ignoró los pedidos de transparencia desde dentro y fuera de Venezuela y, en cambio, la Asamblea Nacional controlada por el partido gobernante envió a Maduro una invitación para su ceremonia de juramentación.
González salió de Venezuela en septiembre para exiliarse en España después de que se emitiera una orden de arresto en su contra en relación con una investigación sobre la publicación de las actas de escrutinio, mientras que Machado ha estado escondida durante meses en un lugar no revelado, que según ella está en Venezuela.
González volvió a decir a los periodistas el martes que está dispuesto a regresar a Venezuela para asumir el cargo. “Me veo asumiendo el cargo por el que fui votado por la mayoría de los venezolanos el pasado 28 de julio”, dijo sin ofrecer un cronograma.
Decenas de gobiernos, incluido Estados Unidos, han reconocido a González como ganador de las elecciones, pero no está claro si Maduro y sus aliados le permitirían ingresar a Venezuela.
Al día siguiente de las elecciones estallaron protestas antigubernamentales en todo el país, que fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad del Estado, que detuvieron a más de 2.200 personas, entre ellas dirigentes políticos, abogados, trabajadores electorales, voluntarios electorales y manifestantes, tanto menores como adultos. Los familiares de algunos de los detenidos asistieron al acto en Madrid y hablaron de las condiciones en las que se encuentran los detenidos.
Las detenciones tuvieron un efecto amedrentador en todo el país, donde la gente elige cuidadosamente lo que dice en público o en las redes sociales. La medida también afectó la capacidad de la oposición para convocar a miles de personas a las calles. No se ha producido una sola manifestación multitudinaria desde agosto, pero Machado intentó disipar las dudas sobre la fuerza de su movimiento, argumentando que sigue ganando “cada vez más apoyo” y caracterizando la represión como las acciones de un gobierno “en estado terminal”.
“Nos dijeron que era imposible derrotar al régimen el 28 de julio, y lo hicimos”, afirmó. “Las voces que hoy quieren hacernos creer que no es posible hacer cumplir (el resultado de las elecciones) se equivocarán una vez más. Por lo tanto, es hora de avanzar con firmeza”.
Radio América es una emisora de habla hispana que transmite desde la ciudad de Laurel en el estado de Maryland cubriendo con sus 1,900 vatios de potencia toda el área metropolitana de Washington D.C. en la cual residen cerca de 1 millón de Latinos.
Su propietario es Alejandro Carrasco considerado como la personalidad radial hispana mas influyente en Washington, Maryland y Virginia.
Su frecuencia, 900 AM una Ubicación ideal en el dial para alcanzar a toda la comunidad latina en el area metropolitana de Washington.
LIMA (AP) — La presidenta de Perú, Dina Boluarte, admitió la noche del jueves que se sometió a una cirugía que había mantenido en secreto en medio de una controversia ante el inicio de una investigación por parte de la Fiscalía por cargos de omisión de actos funcionales y abandono de cargo. La mandataria, sin embargo, aseguró que se trató de una intervención por motivos de salud y afirmó que nunca abandonó sus funciones a pesar de la operación.
