LONDRES (AP) — Estados Unidos acusó formalmente el martes a Irán de suministrar misiles balísticos de corto alcance a Rusia para su guerra en Ucrania y tomará medidas para castigar a los implicados.
El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, hablando junto al ministro de Asuntos Exteriores británico, David Lammy, durante una visita a Londres, dijo que las sanciones se anunciarían más tarde el martes.
“Rusia ha recibido envíos de estos misiles balísticos y es probable que los utilice en las próximas semanas en Ucrania, contra los ucranianos”, declaró Blinken.
Sus comentarios se produjeron mientras él y Lammy se preparan para realizar una visita conjunta a Ucrania el miércoles.
Las noticias sobre las supuestas entregas comenzaron a surgir durante el fin de semana con informes de inteligencia que indicaban que estaban en marcha, según funcionarios estadounidenses que hablaron bajo condición de anonimato. Blinken dijo el martes que las transferencias parecen haberse completado.
Irán, al igual que ha hecho con anteriores hallazgos de los servicios de inteligencia estadounidenses, ha negado haber suministrado armas a Rusia para su guerra en Ucrania.
DILI, Timor Oriental (AP) — El papa Francisco recibió una entusiasta bienvenida el lunes a su llegada a Timor Oriental para celebrar su recuperación de una sangrienta y traumática lucha de independencia, a pesar de que reconoció de forma indirecta un escándalo de abusos que implica a un héroe de independencia ganador del Nobel de la Paz.
Los timorenses abarrotaron el recorrido de la caravana de Francisco entre el aeropuerto y la ciudad, con banderas vaticanas y timorenses y paraguas blancos y amarillos —los colores de la Santa Sede— para cubrirse del abrasador sol de mediodía.
“¡Viva el papa!” exclamaban a su paso. El papa, de 87 años, pareció disfrutar del recibimiento y sonreía ampliamente desde el auto, saludando mientras pasaba antes sucesivos carteles con su imagen y palabras de bienvenida.
Timor Oriental, de abrumadora mayoría católica, es uno de los países más pobres del mundo y recibió al pontífice poco después del 25 aniversario del referendo respaldado por Naciones Unidas que allanó el camino a la independencia de Indonesia.
Era un ambiente muy diferente al de la última visita papal. San Juan Pablo II llegó en 1989, cuando Timor aún era una región ocupada por Indonesia y luchaba por liberarse.
Una década más tarde, después de que Timor votara de forma abrumadora a favor de la independencia, el ejército indonesio respondió con una campaña de tierra quemada que destruyó el 80% de la infraestructura del país y conmocionó al mundo. En total, hasta 200.000 personas murieron durante los 24 años de mandato indonesio.
La visita de Juan Pablo, que culminó con una gran misa en la costa cerca de Dili, ayudó a llamar la atención internacional sobre la situación de los timorenses y denunciar la opresiva ocupación indonesia.
Francisco llegó a Dili desde Papúa Nueva Guinea para iniciar la tercera etapa de su viaje por el sureste asiático y Oceanía. El presidente, José Ramos-Horta, y el primer ministro, Xanana Gusmao, dos de los héroes de independencia más venerados del país, recibieron a Francisco en el aeropuerto y se reunirían con él en privado.
En declaraciones a ellos y otros mandatarios el lunes, Francisco elogió al pueblo timorense por recuperarse de su “prueba y sufrimiento más grande” para poner a Timor Oriental en la senda del desarrollo pacífico. Y les felicitó por reconciliarse con Indonesia.
Sin embargo, dijo que ahora el país, el más nuevo de Asia, enfrentaba nuevos desafíos y problemas como la emigración y la pobreza, así como el alcoholismo y la violencia relacionada con pandillas de artes marciales.
“No olvidemos tampoco que estos niños y adolescentes vieron violada su dignidad”, dijo Francisco. “En respuesta, todos estamos llamando a hacer todo lo posible por impedir cualquier clase de abuso y garantizar una infancia sana y pacífica para todos los jóvenes”.
Aunque genérica e indirecta, la referencia a los “abusos” recordaba al escándalo en torno al obispo timorense Carlos Ximenes Belo, que junto con Gusmao y Ramos-Horta está considerado como un héroe por sus esfuerzos en favor de la independencia de Timor.
Belo ganó el Nobel de la Paz en 1996 junto con Ramos-Horta por defender una solución justa y pacífica al conflicto.
Pero en 2022, el Vaticano reconoció que había sancionado en secreto a Belo en 2020 por agredir sexualmente a niños pequeños. Las sanciones incluían limitar sus movimientos y su ejercicio del sacerdocio y le prohibían tener contacto voluntario con menores o contactar a la propia Timor Oriental. Las sanciones se reforzaron en 2021.
Pese a las sanciones, confirmadas entonces por el vocero del Vaticano y reafirmadas la semana pasada antes del viaje de Francisco, muchos timorenses han mantenido su apoyo a Belo y rechazan, niegan o restan importancia a las denuncias de las víctimas. Algunos incluso confiaban en que Belo, que vive en Portugal, viajara al país para recibir a Francisco.
Otro sacerdote, el misionero estadounidense Richard Daschbach, también reconocido por su papel salvado vidas en la lucha de independencia, cumple una condena de 12 años en una prisión timorense por agredir a niñas de entornos desfavorecidos. La Iglesia le expulsó del sacerdocio.
Por su parte, Ramos-Horta dijo la semana pasada a The Associated Press que la visita de Francisco no era el momento de revisar los escándalos de la Iglesia. Aunque dijo que era un asunto que debía gestionar el Vaticano, que el papa comentara el asunto de los abusos durante su estancia “sería como juzgar a alguien dos veces”, dijo a AP.
La vaga referencia de Francisco a los abusos parecía una forma de equilibrio diplomático, que reconocía los abusos pero respetaba los deseos del gobierno anfitrión y los sentimientos de la Iglesia local y los fieles timorenses.
El asunto también es delicado para el Vaticano, ya que no se ha reconocido qué sabía el Vaticano y desde cuándo acerca de Belo, cuya conducta fue un secreto a voces en Timor durante años, según los reportes.
Juan Pablo II le permitió retirarse como líder de la iglesia timorense con dos décadas de antelación, en 2002, a la temprana edad de 54 años, pero entonces fue enviado a Mozambique, donde trabajó con niños.
En una entrevista con AP en 2023, Francisco sugirió que se había permitido que Belo, como muchos otros antes y después, se retirase con discreción en lugar de enfrentar cualquier castigo por su mala conducta.
El Vaticano parece ahora tratar de ignorarle con discreción. Aunque un reporte del 28 de agosto en Vatican News reconocía a Belo por su papel en la lucha de independencia, la guía oficial de la delegación vaticana para el viaje ha eliminado cualquier mención a Belo en su breve historia sobre Timor y su lucha de independencia.
Apenas el 20% de la población timorense era católica cuando Indonesia invadió el país en 1975, poco después de que Portugal la abandonara como colonia. En total, en torno al 98% de los 1,3 millones de habitantes son católicos, lo que lo convierte en el país del mundo con una mayoría católica más alta aparte del Vaticano.
Francisco celebrará esa herencia el martes de forma especial cuando oficie una misa en la misma explanada costera donde Juan Pablo II ofreció su ceremonia en 1989 y dio ánimos a la población. Las autoridades esperan que unas 700.000 personas asistan a la misa del martes.
Las autoridades dijeron que unas 300.000 personas se habían registrado por adelantado a través de sus diócesis para asistir a la misa. Sin embargo, Ramos-Horta dijo que esperaba que acudieran unas 700.000 personas, incluidas algunas de la región indonesia de Timor Occidental, mientras que el Vaticano dio una previsión de 750.000 asistentes.
CARACAS, Venezuela (AP) — La líder opositora venezolana María Corina Machado prometió el jueves mantener la presión sobre el presidente Nicolás Maduro para que deje el cargo en enero.
También instó a la comunidad internacional a estar a la altura de las circunstancias y reconocer de inmediato al candidato presidencial de su facción como ganador de las elecciones de julio, e implementar medidas para exigir a los funcionarios del gobierno que rindan cuentas por los abusos desatados después de la votación.
Machado, hablando con periodistas en línea desde un lugar no revelado en Venezuela, reafirmó su compromiso de negociar incentivos y garantías que puedan conducir a una transición pacífica del poder.
“Nosotros, el pueblo venezolano, lo hemos hecho todo”, afirmó. “Competimos con las reglas de la tiranía… y ganamos, y lo demostramos. Entonces, si el mundo o algún gobierno está pensando en mirar para otro lado, imagínense dónde termina la voluntad soberana y la soberanía popular en el mundo occidental. Significaría que las elecciones no valen nada”.
Sus comentarios se produjeron tres días después de que el sistema de justicia del país, leal al partido gobernante, emitiera una orden de arresto contra el ex diplomático Edmundo González, quien representó a la principal coalición opositora en las elecciones del 28 de julio.
Aunque el Consejo Nacional Electoral, repleto de simpatizantes del partido gobernante, declaró a Maduro como ganador, nunca publicó los resultados de las votaciones que respaldaban su afirmación. Sin embargo, la coalición opositora afirmó que González derrotó a Maduro por un margen de 2 a 1 y presentó como prueba los resultados de más del 80% de las máquinas de votación electrónica utilizadas en las elecciones.
Miles de personas, incluidos menores de edad, salieron a las calles en toda Venezuela horas después del anuncio del consejo electoral. Las protestas fueron en su mayoría pacíficas, pero los manifestantes también derribaron estatuas del predecesor de Maduro , el fallecido líder Hugo Chávez, lanzaron piedras a agentes de la ley y edificios, y quemaron motocicletas policiales y propaganda del gobierno.
El gobierno de Maduro respondió a las manifestaciones con toda su fuerza. Un informe publicado el miércoles por Human Rights Watch implicó a las fuerzas de seguridad del Estado y a bandas afines al partido gobernante en algunas de las 24 muertes ocurridas durante las protestas.
"No tienen límites en su crueldad", dijo Machado a los periodistas el jueves.
El portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby, condenó el martes la “orden de arresto injustificada” contra González, calificándola como “otro ejemplo de los esfuerzos del señor Maduro por mantener el poder por la fuerza”. Kirby dijo que Estados Unidos está considerando una serie de opciones para mostrarle a Maduro y sus aliados que “sus acciones en Venezuela tendrán consecuencias”.
Bajo la administración Biden, el gobierno de Venezuela ha recibido diversas formas de alivio económico de las sanciones económicas que Estados Unidos impuso a lo largo de los años para tratar de derrocar a Maduro. A principios de este año, el gobierno puso fin a parte de ese alivio cuando aumentó los esfuerzos de represión contra miembros de la oposición, la sociedad civil y otros a los que considera adversarios.
El fiscal general Tarek William Saab, un aliado incondicional de Maduro, insistió el jueves que su oficina había solicitado la orden de arresto porque González, de 75 años, no se presentó tres veces a responder preguntas en una investigación penal centrada en la publicación en línea de las actas obtenidas por la oposición. Saab dijo a los periodistas que la publicación constituye una usurpación de poderes exclusivos del Consejo Nacional Electoral y afirmó que los registros de votación de la oposición son falsos.
“Usted compartió la página web en sus redes sociales”, dijo Saab, refiriéndose a González. “Explique por qué la compartió si es falsa”.
La afirmación de Saab contradice a los expertos de las Naciones Unidas y del Centro Carter, que, por invitación del gobierno de Maduro, observaron las elecciones y luego determinaron que los resultados anunciados por las autoridades electorales carecían de credibilidad. En una declaración crítica sobre las elecciones, los expertos de la ONU no llegaron a validar la afirmación de la victoria de la oposición, pero dijeron que los registros de votación de la facción publicados en línea parecen exhibir todas las características de seguridad originales.
CARACAS (AP) — El excandidato presidencial de la oposición venezolana Edmundo González huyó al exilio tras obtener asilo en España, asestando un duro golpe a millones de personas que depositaron sus esperanzas en su incipiente campaña para poner fin a dos décadas de gobierno de partido único.
La repentina salida del país del que la oposición venezolana y varios gobiernos extranjeros consideraban legítimo vencedor de la contienda presidencial de julio fue anunciada a última hora de la noche del sábado por la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez.
Dijo que el gobierno del presidente Nicolás Maduro decidió conceder a González un salvoconducto para salir del país, apenas unos días después de ordenar su detención, para ayudar a restablecer “la paz y la tranquilidad política del país”.
González arribó el domingo a un aeropuerto militar cerca de Madrid, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, acompañado de su esposa y funcionarios españoles.
En la tarde, González emitió su primer mensaje y afirmó que su partida de Caracas “estuvo rodeada de episodios de presiones, coacciones y amenazas de no permitir mi salida. Confío que próximamente continuaremos la lucha por lograr la libertad y la recuperación de la democracia en Venezuela”.
La líder de la oposición María Corina Machado dijo que González había temido por su vida si se quedaba.
“Su vida corría peligro, y las crecientes amenazas, citaciones, orden de aprehensión e incluso los intentos de chantaje y de coacción de los que ha sido objeto, demuestran que el régimen no tiene escrúpulos ni límites en su obsesión de silenciarlo e intentar doblegarlo”, escribió en la red social X, antes Twitter.
El gobierno español de centroizquierda señaló que la decisión de abandonar Venezuela fue sólo de González, que partió en un avión enviado por la fuerza aérea del país.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, declaró a RTVE que su gobierno concederá el asilo político solicitado por González. Albares se dirigía a China junto con el primer ministro español, Pedro Sánchez, en visita de Estado.
“He podido hablar con él y, una vez que ya se encontraba en el avión, me ha trasladado su agradecimiento hacia el gobierno y hacia España”, dijo Albares. “Por supuesto, le he trasladado nuestra alegría de que se encuentre bien, rumbo a España, y le he vuelto a reiterar el compromiso del gobierno con los derechos políticos de todos los venezolanos”.
Sánchez dijo en un discurso el viernes, antes de que se anunciara la salida de González, que el líder de la oposición era “un héroe, que España no va a abandonar”.
El responsable de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, afirmó el domingo por medio de un comunicado que “hoy es día triste para la democracia en Venezuela”, y reveló también que los holandeses habían participado en la ayuda a González.
“Ante la represión, persecución política y amenazas directas contra su seguridad y libertad, después de haber recibido hospitalidad en la residencia de los Países Bajos en Caracas hasta el 5 de septiembre, el líder político y candidato presidencial Edmundo González, ha tenido que pedir asilo político y acogerse a la protección que le ha ofrecido España”, expresó.
Borrell añadió que González “sería el candidato presidencial ganador de las elecciones” y que la UE mantendrá su apoyo al pueblo venezolano “en su aspiración democrática”.
En una carta el domingo a parlamentarios, el ministro de exteriores holandés Caspar Veldkamp dijo que Holanda había dado refugio a González en su embajada poco después de las elecciones. Añadió que González dijo a comienzos de septiembre que deseaba salir del país “y continuar la lucha desde España”.
La Organización de Estados Americanos (OEA), por su lado, respaldó en un comunicado la decisión de González y señaló que “Venezuela definitivamente no necesita ni un solo preso político más, ni un solo torturado más, no necesita ni una víctima más de violaciones sistemáticas de derechos humanos”.
El organismo hemisférico dijo que el gobierno venezolano “ha forzado el exilio” de González, al que consideró el “indudable” ganador de los comicios. Chile también reaccionó en un comunicado lamentando lo que califó como un “exilio forzado” del exdiplomático y el “hostigamiento y la violencia política de la que fue obtjeto”.
La salida de González de Venezuela también generó reacciones en las calles del país. Laura Vargas, una mujer desempleada, dijo a The Associated Press que “las pocas esperanzas que uno tenía se fueron con él. Entonces ya, le parece a uno ya que con eso se dijeron muchas cosas”.
Elizabeth Rodríguez, una trabajadora de publicidad, afirmó sentirse afligida, pero “a la misma vez pienso que él (González) está seguro donde está”.
González, exdiplomático de 75 años, fue el sustituto de última hora cuando se prohibió a Machado presentarse. Su campaña, desconocida para la mayoría de los venezolanos, despertó rápidamente las esperanzas de millones de personas desesperadas por un cambio tras una década de desplome económico.
Aunque el presidente Nicolás Maduro fue declarado vencedor de los comicios de julio, la mayoría de los gobiernos occidentales aún no han reconocido su victoria y exigen a las autoridades que publiquen un desglose de los votos. Mientras tanto, las hojas de recuento recogidas por voluntarios de la oposición en más de dos tercios de las máquinas de votación electrónica indican que González ganó por un margen de más de 2 a 1.
Las actas de escrutinio se consideran desde hace tiempo la prueba definitiva de los resultados electorales en Venezuela. En anteriores elecciones presidenciales, el Consejo Nacional Electoral publicó en Internet los resultados de cada una de las más de 30.000 máquinas de votación, pero el organismo controlado por Maduro no divulgó ningún dato esta vez, culpando a un supuesto ciberataque montado por sus opositores desde Macedonia del Norte.
El fiscal general, Tarek William Saab, firme aliado de Maduro, solicitó la detención de González después de que no compareciera en tres ocasiones en relación con una investigación penal sobre lo que considera un acto de sabotaje electoral.
Saab dijo a los periodistas que los registros de votación que la oposición compartió en internet eran falsos y un intento de socavar el Consejo Nacional Electoral.
El domingo, Saab señaló que la salida de González cierra “uno de los momentos más decisivos de la causa que se inició contra este ciudadano”. Aseguró que su despacho tuvo conocimiento del proceso desde el momento en que el exdiplomático ingresó a la embajada de España en Caracas.
Expertos de las Naciones Unidas y del Centro Carter, que por invitación del gobierno de Maduro observaron las elecciones, determinaron que los resultados anunciados por las autoridades electorales carecían de credibilidad. En un comunicado crítico con los comicios, los expertos de la ONU no llegaron a validar la victoria de la oposición, pero dijeron que las actas de votación publicadas en Internet parecen presentar todos los elementos de seguridad originales.
El político opositor exiliado Franco Casella declaró a RTVE que González seguiría haciendo campaña contra el régimen desde el extranjero en lo que denominó un papel de liderazgo dual con Machado, quien, según Casella, permanece escondida en Venezuela.
Dijo entender que algunas personas opositoras a Maduro puedan tener una sensación de “orfandad” por la salida de González pero, dijo que “que esto va a ser capitalizado de forma positiva… Esto no es momento de lágrimas o de penas, es el momento de entender como manteneronos unidos a pesar las acciones de la dictadura”.
España ha sido uno de los principales puntos de éxodo de venezolanos, sobre todo de aquellos que lideran la oposición al régimen de Maduro. Entre ellos, Leopoldo López, que huyó a España para reunirse con su familia en 2020, y Antonio Ledezma, que se marchó en 2017.
Unos 44.000 venezolanos emigraron a España en los seis primeros meses de este año. Las últimas estadísticas del Gobierno de 2022 decían que unos 212.000 venezolanos residían entonces en España.
Goodman contribuyó a este despacho desde Miami, Wilson colaboró desde Barcelona, España, y el vídeo periodista Juan Arráez desde Caracas.
JOSHUA GOODMAN
Goodman is a Miami-based investigative reporter who writes about the intersection of crime, corruption, drug trafficking and politics in Latin America. He previously spent two decades reporting from South America.
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La justicia mexicana tiene problemas serios pero no está nada claro que se solucionen eligiendo en las urnas a todos los jueces que hay en el país.
Y ese es el punto central de la reforma al Poder Judicial que avanza estos días en el Congreso, una iniciativa que remodela por completo la judicatura y hará que casi 7.000 jueces vayan a elección popular.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, asegura que acabará con la corrupción y democratizará la justicia. Sus críticos —colegios profesionales, académicos, estudiantes, organizaciones civiles y países como Estados Unidos y Canadá— insisten en que la politizará y pondrá en riesgo la independencia judicial y libertades básicas del Estado de derecho.
Pese a las protestas, los paros en el sector, las tensiones diplomáticas y en los mercados financieros y los recursos en tribunales para pararla, la reforma fue aprobada en la Cámara de Diputados gracias a la abrumadora mayoría lograda por el oficialismo en las elecciones de junio.
Para que entre en vigor falta que se vote en el Senado y luego la ratifiquen 17 de los 32 estados. En ambos casos, el oficialismo tiene apoyos suficientes prácticamente garantizados.
El presidente lanzó su propuesta en febrero después de fuertes enfrentamientos con la judicatura porque los tribunales cuestionaron o paralizaron algunas de sus grandes reformas. Quiere que salga adelante antes del fin de su mandato, el 30 de septiembre.
Su sucesora, Claudia Sheinbaum, se mostró más abierta al diálogo pero, de momento, asiente.
¿Cómo se llega a juez ahora?
A través de la carrera judicial, que es un sistema de méritos y exámenes por concurso de oposición con el que los funcionarios van ascendiendo en responsabilidades poco a poco. Está pensado para garantizar la estabilidad, la formación y la experiencia de los jueces aunque muchos aseguran que debería mejorarse la transparencia de los concursos para evitar casos de discrecionalidad.
Para la Suprema Corte, es el Senado el que selecciona a sus integrantes entre los propuestos por el presidente.
¿Cuál es el principal cambio de la reforma?
Todos los jueces, federales y estatales, desde los de escalafón más bajo hasta la Suprema Corte, serán elegidos en las urnas. También los miembros de los órganos de gobierno judicial. Casi 7.000 cargos.
Las exigencias para ser juez se reducen notablemente. Basta tener licenciatura en Derecho y cinco años de experiencia; para la Suprema Corte serán 10. No hacen falta exámenes; solo buenas calificaciones y cartas de recomendación (de cualquier procedencia).
La primera elección, que abarcará en torno a la mitad de los jueces, se haría en 2025. El resto debería coincidir con las elecciones ordinarias de 2027. Pero muchos detalles de cómo se organizará la votación son inciertos todavía.
Se abre la convocataria, se presentan los aspirantes y, de entre ellos, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial escoge cada uno a su lista de candidatos para cada puesto. Después, habrá un primer filtro de un comité y, finalmente, se celebrará un sorteo donde el azar determinará los que estarán en boletas electorales
Cada ciudadano deberá elegir previsiblemente entre aspirantes relativamente desconocidos e informarse sobre ellos será una labor titánica. Eso abriría la puerta a que cualquier poder fáctico (político, económico, criminal) influyera en su decisión, así como en las campañas electorales de los jueces. Muchos temen que suponga un mayor acoso para ellos.
¿Cómo se regirá el poder judicial?
El actual órgano rector, el Consejo de la Judicatura Federal, será sustituido por dos entes: un organismo de control administrativo, encargado de todos los presupuestos, y un tribunal disciplinario.
La Suprema Corte verá reducido de 11 a nueve el número de jueces con mandatos de 12 años; ahora son 15 años.
¿Podrá reducir la corrupción o mejorar la justicia?
El gobierno afirma que dejar que los votantes decidan hará que no se elija a los corruptos y, además, que se reducirán beneficios de los integrantes de la Suprema Corte, que López Obrador siempre consideró excesivos. Por ejemplo, no podrán ganar más que el presidente y ya no tendrán pensiones vitalicias.
Analistas y jueces lo dudan. En primer lugar, porque el principal problema no es sólo que haya jueces corruptos que desestimen ciertos casos, sino que la policía y los fiscales —funcionarios que dependen del gobierno— están tan mal formados y desbordados. Más del 90% de los delitos nunca llega a los tribunales.
Además, aunque el nuevo tribunal disciplinario podría suponer un mejor instrumento para sancionar irregularidades que el actual —que es muy enrevesado—, preocupa su diseño, su enorme poder y que sus cinco integrantes también sean elegidos en las urnas.
Juan Pablo Campos, de la Fundación Konrad Adenauer, dedicada al fortalecimiento democrático, pone un ejemplo: no solo se podrá iniciar un procedimiento disciplinario a un funcionario por una falta o por un delito como recibir un soborno sino por otros motivos muy ambiguos que podrían conllevar que jueces sean investigados veladamente por el sentido de sus sentencias. Eso pondría en riesgo la imparcialidad de las resoluciones y desatar una “cacería de brujas” por motivos políticos.
¿Qué significa que habrá jueces sin rostro?
La idea de que en juicios delicados, como los de crimen organizado, haya jueces en una sala con su identidad oculta —sin que se haya explicado cómo trabajarían— es algo que ya plantearon gobiernos anteriores pero la ONU asegura que si no se sabe quién juzga no se puede valorar su idoneidad.
“Hay que proteger a las personas juzgadoras, sin vulnerar el derecho a un juicio justo, ante un tribunal independiente e imparcial”, indicó recientemente en sus redes.
Para Susana Camacho, de la ONG México Evalúa que somete a escrutinio acciones gubernamentales, “demuestra la debilidad del Estado para proteger a sus jueces”.
¿Cuánto costará la reforma?
Las autoridades no han dado cifras pero, según Camacho, se necesitará un monto importante tanto para la celebración de las elecciones, así como para pagar las liquidaciones de los jueces salientes que sean sustituidos por los electos.
Además, existe el riesgo de que se retrasen juicios en marcha; de ahuyentar a inversores, como alertaron Estados Unidos y Canadá; o incluso de que se pudiera multar a México por incumplimiento de tratados internacionales que exigen garantías de seguridad e imparcialidad jurídica.
¿Existen iniciativas similares en otros países?
En ningún país del mundo se elige a todos los jueces por votación pero en algunos sí votan para seleccionar determinados magistrados. En Estados Unidos, por ejemplo, hay distintos sistemas de voto de jueces locales que funcionan sin mayores problemas.
Bolivia apostó en 2009 por el voto popular de ciertos magistrados, aunque no tuvo mucho éxito porque se multiplicaron los votos nulos de quienes veían excesiva influencia del partido en el poder. Ahora el proceso de renovación de esos jueces está bloqueado desde hace meses.
Radio América es una emisora de habla hispana que transmite desde la ciudad de Laurel en el estado de Maryland cubriendo con sus 1,900 vatios de potencia toda el área metropolitana de Washington D.C. en la cual residen cerca de 1 millón de Latinos.
Su propietario es Alejandro Carrasco considerado como la personalidad radial hispana mas influyente en Washington, Maryland y Virginia.
Su frecuencia, 900 AM una Ubicación ideal en el dial para alcanzar a toda la comunidad latina en el area metropolitana de Washington.
LONDRES (AP) — Estados Unidos acusó formalmente el martes a Irán de suministrar misiles balísticos de corto alcance a Rusia para su guerra en Ucrania y tomará medidas para castigar a los implicados.
