Corrida torosCIUDAD DE MÉXICO (AP) — Los legisladores de Ciudad de México votaron el martes abrumadoramente a favor de prohibir las corridas de toros violentas, lo que provocó la indignación de los aficionados y la celebración de los defensores de los derechos de los animales.
La legislación, aprobada con un voto de 61 a uno, prohíbe la muerte de toros y el uso de objetos punzantes que puedan herir a los animales. También establece límites sobre cuánto tiempo pueden estar los toros en el ruedo, todo como parte de una iniciativa denominada “corridas de toros sin violencia”.
La decisión provocó protestas airadas de los partidarios de las corridas de toros y de los matadores, algunos de los cuales intentaron romper una barricada policial en el Congreso local. Algunos llevaban carteles que decían “Ser aficionada de la fiesta brava no es un delito, es un orgullo”.
Los manifestantes por los derechos de los animales celebraron y fueron acompañados por la alcaldesa de Ciudad de México, Clara Brugada, del partido Morena, quien afirmó que la decisión ayudará a que la capital mexicana se convierta en un lugar “que respeta los derechos de los animales y que no tolerará que sean objeto de maltrato ni violencia”.
La votación del martes pareció ser un intento de mediar un compromiso entre dos bandos en conflicto del debate tras años de idas y venidas sobre la práctica.
Las corridas de toros han sido consideradas durante mucho tiempo una tradición y un pasatiempo en las naciones de América Latina, pero han sido objeto de críticas por crueldad animal, ya que los toros a menudo son asesinados al final de la pelea. Los grupos de derechos de los animales afirman que aproximadamente 180.000 toros son sacrificados cada año en corridas de toros en todo el mundo.
La tradición, que durante mucho tiempo ha atraído a grandes multitudes a las arenas de México, recibió un golpe cuando un juez en Ciudad de México prohibió la práctica en junio de 2022, cerrando una arena que ha sido considerada como el mayor ruedo de corridas de toros del mundo. El juez dictaminó que las corridas de toros violaban los derechos de los residentes de la ciudad a un ambiente saludable y libre de violencia.
Mientras que los defensores de los derechos de los animales lo celebraron como una victoria y un paso hacia el fin de la sangrienta tradición, los toreros afirmaron que esto infligió un golpe económico a la ciudad. La Asociación Nacional de Criadores de Toros de Lidia en México afirma que las corridas de toros generan 80.000 empleos directos y 146.000 empleos indirectos en todo el país.
En 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México anuló la prohibición sin explicación, permitiendo que las arenas de corridas de toros se inundaran una vez más con aficionados de la llamada “fiesta brava”.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FERNANDA PESCE covers Mexico and Central America for The Associated Press.
(AP Foto/Ginnette Riquelme) 
Venezolano deportadoMARACAIBO, Venezuela (AP) — Jhoan Bastidas fue deportado de Estados Unidos y pasó 16 días en la base naval estadounidense en la Bahía de Guantánamo , Cuba, observado por cámaras y comiendo pequeñas comidas que lo dejaron con hambre.
“Estuve encerrado todo el día en un cuartito —conté los pies: 7 de ancho y 13 de largo— sin poder hacer nada, sin un libro, mirando las paredes”, dijo Bastidas, de 25 años, en la casa de clase media de su padre en la ciudad occidental de Maracaibo, Venezuela.
Tres semanas después de haber sido devuelto a Venezuela bajo la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump , Bastidas apenas está empezando a entender todo: cómo está de regreso en la ciudad natal otrora próspera que dejó cuando era adolescente; cómo los tatuajes en su pecho le valieron una reputación de criminal; y cómo se convirtió en uno de los pocos migrantes en poner un pie en la base naval más conocida por albergar a sospechosos de terrorismo.
Reconstruyendo vidas
Bastidas y aproximadamente otros 350 venezolanos que emigraron a Estados Unidos intentan reconstruir sus vidas tras ser deportados a su atribulado país en las últimas semanas. Unos 180 de ellos pasaron hasta 16 días en la base de Guantánamo antes de ser trasladados a Honduras por las autoridades estadounidenses y, de allí, a Venezuela por el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Esto forma parte de los esfuerzos de la Casa Blanca para deportar a un número récord de inmigrantes que se encuentran sin documentos en Estados Unidos. El gobierno de Trump ha alegado que los venezolanos enviados a la base naval son miembros de la pandilla Tren de Aragua , originaria del país sudamericano, pero ha presentado pocas pruebas que lo respalden.
“Fue muy duro; todas esas experiencias fueron muy duras”, dijo Bastidas. “Hay que ser fuerte ante todos esos problemas, ¿sabes?, pero vi mucho odio”.
Más de 7,7 millones de venezolanos han abandonado su país desde 2013, cuando su economía, dependiente del petróleo, se desmoronó y Maduro asumió la presidencia. La mayoría se asentó en América Latina y el Caribe, pero tras la pandemia de COVID-19, su mirada se dirigió cada vez más a Estados Unidos.
Venezuela se ha negado durante años a recibir a sus propios ciudadanos desde Estados Unidos, con breves y limitadas excepciones como los vuelos recientes.
Durante el fin de semana, el gobierno estadounidense transfirió a cientos de inmigrantes a una prisión de máxima seguridad en El Salvador después de que Trump invocara una ley de guerra del siglo XVIII para acelerar las deportaciones de presuntos miembros del Tren de Aragua. Sin embargo, la administración Trump no ha aportado ninguna prueba que respalde la afirmación de pertenencia a pandillas.
Los inmigrantes fueron transferidos mientras un juez federal emitía una orden prohibiendo temporalmente las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 , que otorga al presidente un mayor margen de maniobra en materia de políticas y acciones ejecutivas para acelerar las deportaciones masivas.
Saliendo de Venezuela
Bastidas, su madre y sus hermanos abandonaron Maracaibo en 2018, uno de los años más duros de la prolongada crisis del país. Mientras probaban suerte en Perú y luego se asentaban en Colombia, los residentes de Venezuela perdieron sus empleos, formaron largas filas frente a supermercados casi vacíos y pasaron hambre.
Su ciudad natal vio cómo negocios cerraban y familias enteras vendían sus pertenencias y se mudaban. Los apagones de varias horas que se convirtieron en algo cotidiano a partir de 2019 empujaron a aún más personas a abandonar Maracaibo.
Partió hacia Texas en noviembre de 2023, financiado por un hermano cuya promesa de un automóvil y un trabajo de reparto de comida en Utah lo convenció de emigrar.
Bastidas se entregó a las autoridades estadounidenses tras llegar a la frontera con México y fue trasladado a un centro de detención en El Paso, Texas. Permaneció allí hasta principios de febrero, cuando una mañana lo esposaron, lo llevaron a un aeropuerto y lo subieron a un avión sin que le informaran adónde se dirigía.
Tras el aterrizaje del avión, los demás pasajeros pensaron que estaban en Venezuela, pero al llegar a la puerta y ver solo "gringos", dijo Bastidas, concluyó que estaban equivocados. Cuando vio "Guantánamo" escrito en el suelo, no le dijo nada. Nunca había oído esa palabra.
Guantánamo
Bastidas dijo que, dentro de la celda, nunca podía distinguir la hora porque la única ventana era un pequeño panel de vidrio en la parte superior de la puerta que daba al interior del edificio. Dijo que solo veía la luz del sol cada tres días durante una hora, que era el tiempo de recreo que le permitían pasar en lo que él describió como una "jaula".
Bastidas dijo que le esposaban las manos y los pies cada vez que salía de su celda, incluso cuando iba a ducharse cada tres días. En un momento dado, a él y a otros detenidos les dieron Biblias pequeñas y comenzaron a orar juntos, leyendo las Escrituras en voz alta y pegando los oídos a la puerta para escucharse.
“Solíamos decir que quien nos iba a sacar era Dios porque no veíamos otra solución. No teníamos a nadie en quien apoyarnos”, añadió Bastidas.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos no respondió a las solicitudes de comentarios.
Trump ha dicho que planeaba  enviar a "lo peor" a la base en Cuba, incluyendo a miembros del Tren de Aragua. Bastidas afirmó no pertenecer a la banda y cree que las autoridades estadounidenses usaron sus tatuajes para catalogarlo erróneamente como miembro de la organización criminal.
Cuando le preguntaron qué tatuajes cree que las autoridades juzgaron mal, su padre bajó el cuello de la camiseta blanca de Bastidas y señaló dos estrellas negras de ocho puntas, cada una tatuada en un lado del pecho, debajo de las clavículas.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles ha presentado una demanda para intentar bloquear más traslados a Guantánamo, alegando crueldad por parte de los guardias e intentos de suicidio por parte de al menos tres personas detenidas allí.
Bastidas y otros venezolanos regresaron a Venezuela desde Guantánamo el 20 de febrero. Agentes armados del servicio de inteligencia del Estado los dejaron en sus casas.
Bastidas pasó las siguientes dos semanas descansando. Luego empezó a trabajar en un puesto de perritos calientes.
De vuelta a casa
Tiendas y casas abandonadas abundan en Maracaibo, que antaño fue un imán para inmigrantes que buscaban empleos bien remunerados en los campos petroleros y sus alrededores. Pero la corrupción, la mala gestión y las eventuales sanciones económicas estadounidenses provocaron un declive constante de la producción y la población.
Pocas personas conocen a Bastidas por su nombre en su sofocante ciudad natal, pero prácticamente todos en Maracaibo conocen a alguien que ha emigrado. Por ello, la noticia del traslado de los venezolanos a Guantánamo se compartió sin parar en redes sociales y WhatsApp, lo que desató debates sobre sus condiciones de vida y su presunta afiliación a pandillas, así como sobre la compleja crisis que los impulsó a migrar.
Bastidas se apoya en la fe para ignorar el ruido y seguir adelante.
“Lo veo como una especie de prueba que el Señor me puso”, dijo. “Tiene otro propósito para mí. No me correspondía estar en Estados Unidos, y me mantuvo allí detenido por alguna razón”.
Salomon informó desde Miami.
Gisela Salomón
es un reportero radicado en Miami que cubre América Latina y asuntos de inmigración para The Associated Press.
Salomon es un periodista que desde Miami cubre asuntos latinoamericanos y de inmigración.
Por  REGINA GARCIA CANO y GISELA SALOMON
(Foto AP/Juan Arraez)
Tren AraguaSAN SALVADOR (AP) — El presidente salvadoreño Nayib Bukele informó el domingo que llegaron al país los primeros 238 presuntos miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua y que de inmediato fueron trasladados a una cárcel de máxima seguridad.
El traslado de los presuntos criminales venezolanos también fue confirmado por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, quien dijo que además enviaron a El Salvador peligrosos cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS-13), quienes serán sometidos a la justicia del país.
Casa Presidencial distribuyó fotografías en las que se observa cuando los venezolanos bajan de un avión sometidos por agentes de las unidades de choque de la policía y luego fueron trasladados en autobuses hacia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Ni la prensa nacional ni la internacional tuvieron acceso al aeropuerto.
Trascendió que el gobierno de los Estados Unidos pagará a El Salvador 6 millones de dólares para encarcelar durante un año a aproximadamente 300 supuestos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua.
“Estados Unidos pagará una tarifa muy baja por ellos, pero alta por nosotros”, explicó Bukele en su cuenta de la red social X, antes Twitter.
Agregó que: “Con el tiempo, estas acciones, sumadas a la producción que ya generan más de 40.000 reclusos que participan en diversos talleres y labores bajo el programa Ocio Cero, contribuirán a la autosostenibilidad de nuestro sistema penitenciario”. A la fecha, este proceso cuesta 200 millones de dólares anuales.
Bukele también informó que Estados Unidos les entregó a 23 miembros de la pandilla Mara Salvatrucha buscados por la justicia salvadoreña, “incluyendo a dos cabecillas. Uno de ellos miembros de la estructura más alta de la organización criminal”.
César Humberto López Larios, alias “El Greñas de Stoner”, es uno de los dos cabecillas de la Mara Salvatrucha que el gobierno de Estados Unidos envió a El Salvador, junto a los presuntos miembros de la peligrosa banda venezolana Tren de Aragua.
En un video publicado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, con el que anunció el traslado de los miembros del Tren de Aragua, aparecen dos de los trasladados a quienes les pregunta: ”¿Nombre?” y el primer reo responde: “César Humberto López Larios”, mientras que el segundo dice: ”César Eliseo Sorto Amaya”.
López Larios es uno de los cabecillas, miembro de la ranfla nacional de la MS-13 que dirigen todas acciones de este grupo criminal y que ha sido acusado por cargos de terrorismo en una corte de Nueva York.
El país centroamericano y el gobierno de Trump llegaron el mes pasado a un acuerdo para albergar a migrantes detenidos en Estados Unidos. El gobierno de Trump sostuvo que El Salvador podría incluso albergar a ciudadanos estadounidenses, aunque Estados Unidos no puede deportar a sus ciudadanos a otro país.
Rubio y Bukele discutieron los detalles de la nueva transferencia, que incluye un costo de aproximadamente 20.000 dólares para albergar a cada prisionero durante el año. Un documento del Departamento de Estado también sugiere que podría reservar 15 millones de dólares para enviar a El Salvador para albergar a miembros adicionales de la pandilla.
¿Que es el CECOT, la mega cárcel donde estarán recluidos los presuntos criminales venezolanos?
Bukele ordenó la construcción de la megaprisión mientras comenzaba su campaña contra las pandillas de El Salvador en marzo de 2022. Se inauguró un año después en la localidad de Tecoluca, a unos 72 kilómetros (45 millas) al este de la capital.
Tiene capacidad para albergar a 40.000 reclusos y consta de ocho pabellones extensos. Sus celdas alojan a entre 65 y 70 prisioneros cada una. No reciben visitas. No hay programas que los preparen para volver a la sociedad después de sus condenas, ni talleres, ni programas educativos. Nunca se les permite salir al exterior, y son vigilados las 24 horas del día por los guardias penitenciarios.
Las excepciones son charlas motivacionales ocasionales de prisioneros que han ganado un nivel de confianza de los funcionarios de la prisión. Los prisioneros se sientan en filas en el corredor afuera de sus celdas para las charlas o son guiados a través de regímenes de ejercicio bajo la supervisión de guardias.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, ha dicho que los detenidos nunca volverán a sus comunidades.
Los comedores de la prisión, las salas de descanso, el gimnasio y los juegos de mesa son para los guardias.
La megacárcel ha recibido críticas de la oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, de la organización Human Rights Watch y de varias organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos.
En 2015, El Salvador era considerado uno de los países más violentos del mundo con 6.656 homicidios anuales, una tasa de 106 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Ese año fue uno de los más violentos en la historia del país y el peor desde el fin de la guerra civil.
El Salvador cerró 2024 con una cifra mínima récord de 114 homicidios, un promedio diario de 0,3, y en el mes de diciembre sólo registró un asesinato.
Bukele prometió erigir el enorme recinto carcelario —exclusivo para pandilleros— pocos días después de que el Congreso decretara por primera vez un régimen de excepción el 27 de marzo de 2022, que se ha prorrogado cada mes por casi tres años para perseguir a estos grupos criminales.
Desde entonces quedaron suspendidos derechos fundamentales como el de asociación, el de tener acceso a un abogado cuando se es detenido, e incluso el de conocer los cargos que motivaron la detención.
Desde que entró en vigor el régimen de excepción, las autoridades dicen haber capturado más 85.000 personas acusadas de pertenecer o tener presuntos vínculos con las pandillas. Bukele ha dicho que 8.000 inocentes han sido liberados.
POR  MARCOS ALEMÁN
(Oficina de la presidencia de El Salvador via AP)
muertos 400DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza (AP) — Israel lanzó ataques aéreos en la Franja de Gaza la madrugada del martes, matando al menos a 404 palestinos, entre ellos mujeres y niños, según el Ministerio de Salud del territorio. El bombardeo sorpresivo rompió el alto el fuego vigente desde enero y amenazó con reavivar la guerra que dura 17 meses.
El primer ministro Benjamin Netanyahu ordenó los ataques después de que Hamás rechazara las exigencias israelíes de modificar el acuerdo de alto el fuego . Las autoridades afirmaron que la operación era indefinida y se preveía su expansión. La Casa Blanca afirmó haber sido consultada y expresó su apoyo a las acciones de Israel.
El ejército israelí ordenó a la gente evacuar el este de Gaza, incluida gran parte de la ciudad norteña de Beit Hanoun y otras comunidades más al sur, y dirigirse hacia el centro del territorio, lo que indica que Israel podría lanzar pronto nuevas operaciones terrestres.
“Israel, a partir de ahora, actuará contra Hamás con creciente fuerza militar”, dijo la oficina de Netanyahu.
El ataque durante el mes sagrado musulmán del Ramadán podría indicar la reanudación total de una guerra que ya ha matado a decenas de miles de palestinos y causado una destrucción generalizada en Gaza . También generó preocupación por el destino de las aproximadamente dos docenas de rehenes israelíes retenidos por Hamás, quienes se cree que aún siguen con vida.
Un alto funcionario de Hamás afirmó que la decisión de Netanyahu de reanudar la guerra equivale a una sentencia de muerte para los rehenes restantes. Izzat al-Risheq acusó a Netanyahu de lanzar los ataques para intentar salvar a su coalición gobernante de extrema derecha y pidió a los mediadores que revelaran los hechos sobre quiénes rompieron la tregua. Hamás afirmó que al menos cuatro altos funcionarios murieron en los ataques del martes.
Varias horas después del bombardeo no hubo informes de ningún ataque por parte de Hamás, lo que indica que todavía esperaba restablecer la tregua.
Los ataques se produjeron en un momento en que Netanyahu se encuentra bajo una creciente presión interna , con protestas masivas previstas por su gestión de la crisis de los rehenes y su decisión de destituir al director de la agencia de seguridad interna de Israel. Su último testimonio en un prolongado juicio por corrupción fue cancelado tras los ataques.
Los ataques parecieron darle un impulso político a Netanyahu, ya que un partido de extrema derecha que se había separado del gobierno debido al cese del fuego anunció el martes que se reincorporaría al mismo.
El principal grupo que representa a las familias de los cautivos acusó al gobierno de romper el alto el fuego y afirmó que "optó por renunciar a los rehenes".
“Estamos conmocionados, enojados y aterrorizados por el desmantelamiento deliberado del proceso para devolver a nuestros seres queridos del terrible cautiverio de Hamás”, dijo el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas en un comunicado.
Los heridos acuden a los hospitales de Gaza
Un ataque contra una vivienda en la ciudad sureña de Rafah mató a 17 miembros de una familia , según el Hospital Europeo, que recibió los cadáveres. Entre los muertos se encontraban cinco niños, sus padres y otro padre con sus tres hijos.
En la ciudad sureña de Khan Younis, reporteros de Associated Press presenciaron explosiones y columnas de humo. Las ambulancias trasladaron a los heridos al Hospital Nasser, donde los pacientes yacían en el suelo, algunos gritando. Una niña lloraba mientras le vendaban el brazo ensangrentado.
Muchos palestinos afirmaron que esperaban el regreso a una guerra abierta cuando las conversaciones sobre la segunda fase del alto el fuego no comenzaron como estaba previsto a principios de febrero. La segunda fase se describió en términos generales en el acuerdo original, pero se esperaba que los detalles se concretaran en dichas conversaciones.
En lugar de eso, Israel adoptó una propuesta alternativa y cortó todos los envíos de alimentos, combustible y otra ayuda a los 2 millones de palestinos del territorio para tratar de presionar a Hamás para que la acepte.
"Nadie quiere luchar", declaró a AP el residente palestino Nidal Alzaanin por teléfono desde la ciudad de Gaza. "Todos siguen sufriendo por los meses anteriores", añadió.
El Ministerio de Salud de Gaza informó que al menos 404 personas murieron en los ataques y más de 560 resultaron heridas, tras haber informado previamente de 413 muertos y 660 heridos. Los rescatistas seguían buscando entre los escombros a muertos y heridos mientras continuaban los ataques.
Fue uno de los días más mortíferos de la guerra, que ha matado a más de 48.000 palestinos, según las autoridades sanitarias locales, y ha desplazado a aproximadamente el 90% de la población de Gaza. El Ministerio de Salud del territorio no distingue entre civiles y militantes, pero afirma que más de la mitad de los muertos han sido mujeres y niños.
La guerra estalló cuando militantes liderados por Hamás irrumpieron en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, matando a unas 1200 personas, en su mayoría civiles, y tomando 251 rehenes. La mayoría han sido liberados mediante ceses del fuego u otros acuerdos, y las fuerzas israelíes solo rescataron a ocho personas y recuperaron decenas de cadáveres.
Israel respondió con una de las ofensivas militares más destructivas de los últimos tiempos.
El alto el fuego trajo cierto alivio a Gaza y permitió que cientos de miles de palestinos desplazados regresaran a lo que quedaba de sus hogares.
Estados Unidos apoya a Israel y culpa a Hamás
La Casa Blanca intentó culpar a Hamás por la reanudación de los combates. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Brian Hughes, declaró que el grupo militante «podría haber liberado rehenes para extender el alto el fuego, pero en su lugar optó por la negativa y la guerra».
Un funcionario israelí, que habló bajo condición de anonimato para poder hablar sobre la operación en curso, afirmó que Israel estaba atacando al ejército, los líderes y la infraestructura de Hamás y que planeaba ampliar la operación más allá de los ataques aéreos. El funcionario acusó a Hamás de intentar reconstruir y planificar nuevos ataques. Los militantes y las fuerzas de seguridad de Hamás volvieron rápidamente a las calles en las últimas semanas tras la entrada en vigor del alto el fuego.
La oficina de Netanyahu afirmó que el líder israelí mantuvo consultas de seguridad con altos funcionarios. No proporcionó más detalles.
Las conversaciones sobre una segunda fase del alto el fuego se habían estancado
Los ataques se produjeron dos meses después de que se alcanzara un alto el fuego para poner fin a la guerra. Durante seis semanas, Hamás liberó a 25 rehenes israelíes y los cadáveres de ocho más a cambio de casi 2.000 prisioneros palestinos, según lo acordado en la primera fase.
Sin embargo, desde que esa fase concluyó hace dos semanas, las partes no han logrado ponerse de acuerdo sobre cómo proceder con una segunda fase que pretendía liberar a los 24 rehenes vivos que aún se encuentran cautivos y poner fin a la guerra. Israel afirma que Hamás también retiene los restos de 35 cautivos.
La segunda fase siempre fue difícil de negociar. Hamás ha exigido el fin de la guerra y la retirada total de las tropas israelíes a cambio de la liberación de los rehenes restantes. Israel afirma que no pondrá fin a la guerra hasta que destruya la capacidad de gobierno y militar de Hamás y libere a todos los rehenes, dos objetivos que podrían ser incompatibles .
Ahora Israel ha exigido a Hamás que libere a la mitad de los rehenes restantes a cambio de la promesa de negociar una tregua duradera. Hamás, en cambio, quiere mantener el acuerdo original de alto el fuego alcanzado por ambas partes.
Aunque las fuerzas israelíes han matado a decenas de palestinos que, según el ejército, se acercaron a sus tropas o entraron en zonas no autorizadas desde el inicio del alto el fuego, el acuerdo se ha mantenido en gran medida. Egipto, Qatar y Estados Unidos han estado intentando mediar en los próximos pasos.
Una reanudación total de la guerra permitiría a Netanyahu evitar los difíciles compromisos previstos en la segunda fase del acuerdo y la espinosa cuestión de quién gobernaría Gaza.
También reforzaría su coalición, que depende de legisladores de extrema derecha que buscan despoblar Gaza y reconstruir los asentamientos judíos allí. Esto ya estaba en marcha con el regreso del ultraderechista Itamar Ben-Gvir y su partido al gobierno de Netanyahu el martes.
Netanyahu enfrenta crecientes críticas
Los rehenes liberados, algunos de los cuales estaban demacrados, han implorado repetidamente al gobierno que impulse el alto el fuego para devolver a todos los cautivos restantes. Decenas de miles de israelíes han participado en protestas masivas exigiendo un alto el fuego y el retorno de todos los rehenes.
Se prevén manifestaciones masivas para el martes y miércoles tras el anuncio de Netanyahu esta semana de su intención de destituir al director del Shin Bet, la agencia de seguridad interna israelí. Los críticos han criticado la medida, calificándola de intento de Netanyahu de desviar la culpa de los fallos de su gobierno en el atentado del 7 de octubre y en la gestión de la guerra.
Federman reportó desde Jerusalén y Magdy desde El Cairo. Los reporteros de Associated Press Mohammad Jahjouh en Khan Younis, Franja de Gaza; Abdel Kareem Hana en Ciudad de Gaza, Franja de Gaza; Fatma Khaled en El Cairo; y Tia Goldenberg en Tel Aviv, Israel, contribuyeron a este reportaje.
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Samy Magdy es reportero de Oriente Medio para The Associated Press, con sede en El Cairo. Se centra en conflictos, migración y violaciones de derechos humanos.
(Foto AP/Jehad Alshrafi)
Evo quiebraLA PAZ, Bolivia (AP) — El expresidente boliviano Evo Morales arremetió nuevamente el domingo contra su sucesor y ahora enemigo político, el mandatario Luis Arce, asegurando públicamente que el “Estado boliviano está en quiebra” al apelar a créditos para la compra de combustibles cuya escasez se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para el gobierno.
“Si el Estado no estuviera en quiebra no haría falta plata para comprar combustible, más bien sobraría. Esa es la mejor prueba de que el Estado está en quiebra. Depender de la deuda externa para comprar gasolina y diésel es de un Estado mendigo y limosnero”, declaró Morales en su programa de radio dominical desde la zona cocalera del Chapare, en el centro de Bolivia, donde está atrincherado desde que se inició una investigación penal en su contra por el presunto abuso de una menor de edad cuando era mandatario (2006-2019).
Las críticas del político de 66 años se producen en momentos en que Arce enfrenta el peor momento de su gobierno debido a la escasez de diésel y gasolina que afectan a la producción y el transporte en el país, y ha disparado el precio de los alimentos. Esta semana se tienen programadas nuevas manifestaciones en todo el territorio en protesta contra de la escasez y el coste de vida.
Arce explicó que los créditos —pendientes de aprobación legislativa— no son para comprar combustible, pero reconoció que ayudarán a crear “liquidez de divisas”. Añadió que el problema se origina de la falta de dólares para importar, ante lo cual anunció medidas para “paliar” la escasez, incluidas modificaciones en la jornada laboral y la reducción en el consumo de combustibles en el parque automotor estatal.
El mandatario acusa a Morales de un “boicot” económico desde la Asamblea Legislativa, la cual mantiene congelada la aprobación de créditos externos por más de 1.600 millones de dólares.
“La Asamblea Legislativa tiene que aprobar créditos para inversión pública, no para el gasto público, no para comprar gasolina”, dijo Morales. Tras la fractura del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), Arce ha perdido la mayoría legislativa, la cual ahora está en manos de los legisladores leales a Morales y los opositores.
El gobierno subvenciona los combustibles, importa el 82% del diésel y la mitad de la gasolina debido a una baja producción por falta de inversiones. Según las autoridades, se requieren 60 millones de dólares a la semana para importar combustibles, el cual se adquiere al precio internacional y se vende a la mitad del costo.
El MAS, que ha gobernado por casi dos décadas, corre el riesgo de perder su hegemonía política debido a las disputas entre Arce y Morales por el control del aparato partidario de cara a las elecciones presidenciales de agosto. Morales quedó inhabilitado para postularse a la presidencia y un fallo le quitó la dirección del MAS, mientras que Arce marcha a la zaga en las primeras encuestas de intención de voto.
(AP Foto/Juan Karita, Archivo)
POR  ASSOCIATED PRESS

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