LA PAZ, Bolivia (AP) — Indígenas aymaras del altiplano de Bolivia y transportistas protestaron el miércoles contra el presidente Luis Arce por la falta de combustibles, un día después que su gobierno logró un acuerdo político para garantizar la realización de elecciones en agosto.
Los denominados “ponchos rojos” marcharon —algunos de ellos encapuchados— y paralizaron el centro de La Paz, la sede de gobierno de Bolivia. Rodearon las inmediaciones del centro del poder político y pidieron la renuncia de al menos cinco funcionarios, entre ellos los ministros del área encargada de importar los carburantes, y que el Estado reduzca sus gastos.
Arce pasa por un momento complicado debido a la escasez de diésel y gasolina, los cuales afectan a la producción y el transporte en el país, y ello ha disparado el precio de los alimentos. Para el lunes se anunciaron otras protestas a nivel nacional.
Luego de gobernar Bolivia durante casi dos décadas, el partido gobernante Movimiento al Socialismo se encuentra fracturado debido a las disputas entre Arce y el expresidente Evo Morales por el control del aparato partidario de cara a las elecciones presidenciales de agosto, y corre el riesgo de perder su hegemonía política. Morales fue inhabilitado para postularse a la presidencia, y un fallo judicial le quitó la dirección del MAS, mientras que Arce —que aún no ha oficializado su candidatura— tiene baja popularidad.
Paralelamente, en la vecina ciudad de El Alto los transportistas públicos realizaron un paro, aunque horas después anunciaron que lo levantarían. Indígenas y transportistas dieron de plazo hasta el lunes para que las autoridades atiendan sus exigencias.
“Nosotros estamos perjudicados porque tenemos que pasar días en las filas por combustible y no podemos trabajar; es un perjuicio”, se quejó Luis Chávez, dirigente de transportistas de áreas rurales en el departamento de La Paz.
Aunque Arce logró un acuerdo el martes —sin líderes opositores— con políticos afines y autoridades del órgano electoral y el poder judicial, en el cual se le dio respaldo y se garantizó celebrar elecciones el 17 de agosto en medio de anuncios de una posible desestabilización, de todas formas estos acuerdos fueron criticados porque se le dio prioridad a los problemas políticos, pero no a la crisis económica que se profundiza por falta de dólares.
La divisa estadounidense es necesaria para importar un 90% del diésel y la mitad de la gasolina. El sector agroindustrial es uno de los sectores más afectados, ya que requiere diésel para poder operar.
El gobierno de Arce admitió que el problema se debe a la falta de liquidez de dólares y anunció 10 medidas para contrarrestarla, pero de todas formas ello no ha logrado eliminar las filas en las gasolineras.
Arce promulgó la aplicación de un crédito por 75 millones de dólares que ya había sido otorgado a Bolivia pero estaba estancado en el Congreso. Su gobierno ha exigido que se aprueben otros créditos, de forma que haya liquidez de dólares.
CIUDAD DE PANAMÁ (AP) — Migrantes de Afganistán, Rusia, Irán y China que fueron deportados desde Estados Unidos y quedaron en el limbo en Panamá saltaron de puerta en puerta en embajadas y consulados esta semana en un intento desesperado por lograr asilo en cualquier país que los acepte.
Los deportados —que hace apenas unas semanas estaban en el foco de la preocupación humanitaria internacional— dicen ahora que están cada vez están más preocupados porque, con poca asistencia legal y humanitaria y sin que las autoridades les ofrezcan una salida clara, puedan caer en el olvido.
“Después de esto, no sabemos qué haremos”, señaló Hayatullah Omagh, de 29 años, quien huyó de Afganistán en 2022 tras la llegada del Talibán al poder.
En febrero, Estados Unidos deportó a casi 300 personas procedentes de países en su mayoría asiáticos a Panamá. Se suponía que el aliado centroamericano iba a ser una escala para los migrantes de los países a los que Washington tenía más dificultades para enviarlos de regreso mientras el gobierno de Donald Trump intentaba acelerar las deportaciones. Algunos aceptaron la vuelta voluntaria a sus países desde Panamá, pero otros se negaron por miedo a la persecución y fueron enviados a un campamento remoto en la selva del Darién durante semanas.
A principios de marzo, las autoridades panameñas los sacaron de allí y les dieron un mes para abandonar el país. El gobierno dijo que habían rechazado la ayuda de organizaciones internacionales y que optaron por hacer sus propios trámites. Pero con un presupuesto limitado, sin conocer Panamá y poco o ningún conocimiento de español, los migrantes se han topado con dificultades.
Buscando asilo puerta a puerta
El martes, alrededor de una docena de migrantes comenzaron a visitar misiones extranjeras en la capital de Panamá —incluyendo las embajadas de Canadá y Reino Unido y los consulados de Suiza y Australia— con la esperanza de iniciar el proceso para solicitar refugio en esos países. Fueron rechazados o se les dijo que tendrían que llamar o contactar con las legaciones diplomáticas por correo electrónico. Los mensajes no recibieron respuesta o una genérica que decía que no les podían ayudar.
En un mail, Omagh detalló por qué tuvo que huir de su país y pidió “por favor, no dejen que me envíen de regreso a Afganistán, un lugar donde no hay forma de que pueda sobrevivir”.
“La embajada de Canadá en Panamá no ofrece servicios de visa o inmigración, ni tampoco servicios para refugiados. Tampoco se nos permite responder a ninguna pregunta relacionada con visas o inmigración”, decía la respuesta que obtuvo.
En la embajada de Reino Unido, un guardia de seguridad entregó a los solicitantes de asilo un panfleto con el título “Ayuda de emergencia para ciudadanos británicos”. El consulado suizo les señaló que tendrían que contactar con la embajada en Costa Rica y les entregó un papel con los teléfonos y los correos electrónicos impresos desde la web de la embajada.
Los diplomáticos canadienses, británicos y australianos en Panamá no respondieron a una solicitud de comentarios de The Associated Press. El consulado suizo negó haber rechazado a los solicitantes de asilo.
Limbo en Panamá
Los migrantes recorrieron medio mundo para llegar a la frontera de Estados Unidos donde solicitaron asilo y en, su lugar, se encontraron en Panamá, un país que algunos habían atravesado meses antes en su camino hacia el norte.
Muchos de los deportados dijeron que estarían dispuestos a pedir asilo en Panamá pero que tanto los grupos de ayuda internacionales como las propias autoridades panameñas les dijeron que sería difícil, si no imposible, lograr refugio en la nación centroamericana.
Álvaro Botero, activista proinmigración en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo que no le sorprendía que fueran rechazados en las embajadas, ya que esa ayuda solo se ofrece en casos extremos de persecución política y que los gobiernos podrían temer las tensiones con la Casa Blanca.
“Es crucial que no se olvide a estas personas”, afirmó Botero. “Nunca pidieron ser enviados a Panamá, y ahora están en Panamá sin saber qué hacer, sin saber cuál será su futuro y sin poder regresar a sus países”.
El gobierno de Donald Trump ha cerrado simultáneamente las vías legales de entrada a Estados Unidos en su frontera sur, intensificó su programa de deportaciones y suspendió el plan de reasentamiento de refugiados, así como el financiamiento a organizaciones que podrían ayudar a los migrantes que están varados ahora en Panamá.
Durante el fin de semana, el ejecutivo estadounidense envió a más de 200 migrantes venezolanos a El Salvador para ser retenidos en una prisión de máxima seguridad para pandillas, alegando, sin pruebas, que los expulsados formaban parte de la banda venezolana Tren de Aragua.
Quedan opciones limitadas
El jueves, los migrantes visitaron las oficinas de ACNUR, la agencia de Naciones Unidas para los refugiados. Según Omagh, les dijeron que no podían ayudarlos a buscar asilo en otros países debido a las restricciones del gobierno panameño. Un funcionario de la ONU les dijo que podían ayudarles a iniciar el proceso de asilo en Panamá, pero advirtió que era muy poco probable que el gobierno aceptase sus solicitudes, agregó.
Ni la Organización Internacional para las Migraciones, perteneciente a la ONU, ni ACNUR respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de la AP.
El mismo día, Filippo Grandi, alto comisionado de la ONU para los refugiados, advirtió que los recortes en la ayuda federal estadounidense perjudicarán la atención a los refugiados en todo el mundo.
“Hacemos un llamado a los estados miembro para que honren sus compromisos con las personas desplazadas. Ahora es el momento de la solidaridad, no de la retirada”, dijo Grandi en un comunicado.
Los deportados, incluyendo Omagh, están preocupados porque los gobiernos extranjeros y las organizaciones de ayuda se estén desentendiendo.
Omagh dijo que como ateo y hazara, un grupo étnico minoritario en Afganistán, regresar a un país en manos del Talibán sería una sentencia de muerte. Se marchó a Estados Unidos después de pasar años intentando vivir en Pakistán e Irán, entre otros lugares, donde se le negó la visa.
El ruso Aleksandr Surgin, que también forma parte del grupo que busca ayuda en las embajadas, contó que dejó su país porque se opuso abiertamente a la guerra en Ucrania en redes sociales y porque funcionarios gubernamentales le dijeron que podría ser encarcelado u obligado a combatir con el ejército de Moscú en Ucrania.
Preguntado el jueves por qué hará a continuación, simplemente respondió: “Yo ya no espero nada”.
Janetsky informó desde la Ciudad de México.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
KIEV, Ucrania (AP) — Oficiales de alto rango de países de toda Europa y más allá se reunirán el jueves en un cuartel general militar en las afueras de Londres para concretar los planes para una fuerza internacional de mantenimiento de la paz en Ucrania mientras se ultiman los detalles de un cese del fuego parcial.
El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, afirmó que el plan de la "coalición de los dispuestos", liderado por Gran Bretaña y Francia, está entrando en una "fase operativa". Sin embargo, no está claro cuántos países están dispuestos a enviar tropas ni si habrá un alto el fuego para protegerlo.
Ucrania y Rusia acordaron en principio el miércoles un alto el fuego limitado después de que el presidente Donald Trump hablara con los líderes de los países esta semana, aunque aún queda por ver cuándo podría entrar en vigor y qué posibles objetivos quedarían fuera del alcance de un ataque.
El acuerdo provisional para frenar parcialmente la guerra de tres años se produjo después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, rechazara la propuesta de Trump de un alto el fuego total de 30 días. La dificultad para lograr que los combatientes se comprometan a no atacar la infraestructura energética del otro destaca los desafíos que Trump enfrentará al intentar cumplir su promesa de campaña de poner fin rápidamente a la guerra.
A pesar de las negociaciones, durante la noche ambas partes lanzaron cientos de ataques con aviones no tripulados, que provocaron heridas a varias personas y dañaron edificios.
Ucrania afirmó que Rusia lanzó 171 drones de largo alcance y derribó 75, mientras que otros 63 drones señuelo desaparecieron del radar tras ser probablemente interferidos. Rusia afirmó haber destruido 132 drones ucranianos en seis regiones rusas y la Crimea anexionada.
Kropyvnytskyi, una ciudad en el centro de Ucrania, enfrentó su mayor ataque de la guerra cuando alrededor de cuatro docenas de drones hirieron a 14 personas, incluyendo una pareja con quemaduras graves, y dañaron casas y departamentos.
“En un cruel giro, los drones enemigos atacaron la calle Myru ('Calle de la Paz' en español)”, dijo Andrii Raikovych, jefe de la administración regional.
Más de 50 drones fueron interceptados en la región rusa de Sarátov —el mayor ataque de este tipo en la zona—, destrozando las ventanas de un hospital y dañando dos jardines de infancia, una escuela y unas 30 viviendas, según informó el gobernador Roman Busargin. Los ataques se centraron en Engels, una ciudad industrial cercana a la principal base rusa de bombarderos estratégicos con capacidad nuclear.
Si Ucrania logra la paz, el número de tropas que ayudarían a imponerla es impreciso. Las autoridades han citado cifras de entre 10.000 y 30.000 soldados.
Sólo Gran Bretaña y Francia han dicho que están dispuestos a enviar tropas, aunque países como Australia, Canadá, Francia y Finlandia dicen que están abiertos a participar de alguna manera.
Alrededor de 30 líderes participaron en una reunión por video el sábado, entre ellos Macron, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, líderes de Australia, Canadá y Nueva Zelanda y funcionarios de la OTAN y la Unión Europea.
Rusia ha declarado que no aceptará tropas de países de la OTAN estacionadas en territorio ucraniano. Trump no ha dado señales de que Estados Unidos garantizará la capacidad de fuego de reserva en caso de incumplimiento de la tregua. Starmer afirma que el plan no funcionará sin esa salvaguarda estadounidense.
demás de la reunión en Inglaterra, los líderes de la UE en Bruselas planearon discutir las necesidades de seguridad de Ucrania con Zelenskyy durante una reunión sobre el aumento del gasto de defensa después de que la administración Trump señalara que Europa debe cuidar su propia seguridad.
El canciller alemán Olaf Scholz dijo que es “central” que Ucrania siga siendo una nación democrática independiente, que pueda continuar su camino hacia la membresía en la UE y “que también tenga un ejército propio fuerte después de un acuerdo de paz”.
Se espera que la comisión de presupuesto del parlamento alemán decida el viernes liberar hasta 3.000 millones de euros (3.300 millones de dólares) en fondos adicionales para la ayuda militar alemana a Ucrania este año. Esto se produce después de que el parlamento votara a favor de flexibilizar las normas de deuda de Alemania para el gasto militar y de seguridad.
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que los planes europeos de aumentar el gasto militar entraban en conflicto con los esfuerzos de Putin y Trump para alcanzar un acuerdo de paz.
“Europa se ha militarizado y se ha convertido en un partido de guerra”, afirmó Peskov.
Lawless informó desde Londres. Dasha Litvinova en Tallin, Estonia; Geir Moulson en Berlín; Lorne Cook en Bruselas; y Brian Melley en Londres contribuyeron a este informe.
SANTO DOMINGO, República Dominicana (AP) — Joshua Riibe, un estudiante de último año de la Universidad de St. Cloud en Minnesota que se cree fue la última persona que vio a la estudiante desaparecida de la Universidad de Pittsburgh, Sudiksha Konanki , en República Dominicana, abandonó el país caribeño el miércoles, dijeron sus abogados.
Tras un juicio que duró más de cinco horas, el juez Edwin Rijo dictaminó este miércoles que Riibe, clasificado como testigo en un caso de desaparición , debe tener plenos derechos bajo la ley dominicana y libertad de movimiento sin restricciones.
No estaba claro de inmediato a dónde viajó Riibe después de salir de la República Dominicana.
Según un comunicado de Guzmán Ariza, Abogados Consultores, el despacho legal que representa a la familia Riibe, la fiscalía de La Altagracia ofreció devolverle el pasaporte a Joshua. "Si bien agradeció la oferta, Joshua optó por obtener un nuevo pasaporte en el consulado estadounidense por razones de privacidad, lo cual se agilizó", declaró el despacho.
Riibe había sido detenido por la policía dominicana, pero el martes el juez Rijo ordenó su liberación, afirmando que podía cooperar con las autoridades sin ser detenido. No fue identificado como sospechoso.
Según la transcripción de una entrevista con la fiscalía, reportada por medios dominicanos, NBC y Telemundo, Riibe declaró a la policía que estaba bebiendo con Konanki en la playa y que se besaban en el mar cuando quedaron atrapados en una corriente. Riibe afirmó que era un exsalvavidas y que la ayudó a bajar a tierra.
Declaró a los investigadores que vomitó al llegar a la playa y que Konanki le dijo que iba a buscar sus cosas. Cuando levantó la vista, ella ya no estaba. Dijo que más tarde se sorprendió al enterarse de su desaparición.
El lunes, los padres de Konanki pidieron a las autoridades dominicanas que declaren legalmente muerta a su hija .
Subbarayudu y Sreedevi Konanki dijeron en una carta que después de una extensa búsqueda, las autoridades locales creen que Sudiksha, de 20 años, se ahogó.
“Iniciar este proceso permitirá a nuestra familia iniciar el duelo y abordar los asuntos relacionados con su ausencia”, escribieron. “Si bien ninguna declaración puede aliviar realmente nuestro dolor, confiamos en que este paso nos dará un cierre y nos permitirá honrar su memoria”.
Michael Chapman, sheriff del condado de Loudoun en Virginia, donde viven los Konankis, dijo en una declaración el martes que los funcionarios han estado trabajando con las autoridades dominicanas y continúan revisando la evidencia en el caso.
“La desaparición de Sudiksha Konanki es trágica, y no podemos imaginar el dolor que ha sentido su familia”, dijo. “La familia de Sudiksha ha expresado su convicción de que se ahogó. Si bien la decisión final de declararlo recae en las autoridades de la República Dominicana, apoyaremos a la familia Konanki en todo lo posible”.
Sudiksha Konanki y cinco amigas viajaron a la nación caribeña el 3 de marzo para las vacaciones de primavera. La policía informó que desapareció en una playa cercana a su hotel antes del amanecer del 6 de marzo.
Konanki nació en la India y luego se convirtió en residente permanente de Estados Unidos.
BOGOTÁ, Colombia (AP) — El presidente Gustavo Petro instó el martes a sus partidarios a “rebelarse” contra los políticos centristas y de derecha que han bloqueado los esfuerzos para reformar el sistema de salud y las leyes laborales de Colombia, mientras el país se prepara para las elecciones legislativas y presidenciales del próximo año.
Durante una protesta organizada por sindicatos el martes, Petro pronunció un discurso de media hora en el que afirmó que su gobierno impulsará los planes para organizar elecciones especiales. El plebiscito permitirá a los votantes aprobar o rechazar la legislación sanitaria y laboral que se ha estancado en el Congreso debido a la falta de consenso entre los partidos políticos.
“El pueblo ha hecho muchos sacrificios para ser gobernado ahora por monarcas y tiranos”, dijo Petro sobre los congresistas que se han opuesto a sus reformas. “Quieren explotar a la humanidad porque han entregado su corazón a la avaricia”.
Petro, el primer presidente izquierdista de la nación sudamericana, ha tenido dificultades para lograr la aprobación de leyes en el Senado, donde su movimiento Pacto Histórico sólo tiene una quinta parte de todos los escaños.
Petro dio el día libre el martes a los trabajadores del gobierno nacional para que pudieran sumarse a las protestas a favor de las elecciones especiales, mientras que las agencias gubernamentales promovieron las protestas en sus redes sociales y a través de anuncios televisivos.
El martes, miles de personas se unieron a una protesta en la histórica Plaza Bolívar de Bogotá, donde Petro fue el principal orador. En tono vehemente, el presidente instó a los votantes a "castigar" a los congresistas, a quienes acusó de legislar a favor de las corporaciones y de sucumbir a la "corrupción y la avaricia".
Las elecciones extraordinarias que el gobierno planea celebrar se conocen como consulta popular en la legislación colombiana y requieren la aprobación del Senado. Para que sus resultados se implementen, debe participar un tercio del censo electoral, es decir, alrededor de 13 millones de personas.
Los analistas políticos colombianos afirman que será difícil para el gobierno de Petro convencer a suficientes votantes para que acudan a las elecciones. El presidente fue elegido en 2022 con 11,2 millones de votos.
Sin embargo, algunos analistas han señalado que las elecciones extraordinarias pueden ayudar al gobierno a impulsar a sus simpatizantes antes de las elecciones al Congreso de marzo. Además, permiten al gobierno nacional hacer campaña a favor de sus causas con fondos públicos.
“El gobierno intenta desviar la culpa de su incapacidad para alcanzar consensos” en el Congreso, dijo Sergio Guzmán, analista político en Bogotá. “Y ahora usa las reformas como argumento principal para justificar su permanencia en el poder durante cuatro años más”.
Durante su campaña presidencial en 2022, Petro prometió que transformaría el sistema de salud de Colombia eliminando las compañías de seguros que manejan los pagos obligatorios de la seguridad social y poniendo una agencia gubernamental a cargo de administrar esos fondos.
Petro ha acusado a las aseguradoras de malversar millones de dólares. Sin embargo, su reforma sanitaria ha sido rechazada en varias ocasiones por legisladores que argumentan que otorgaría demasiado poder a los burócratas gubernamentales y que el gobierno no tiene la capacidad para atender a millones de pacientes.
Petro también propuso aumentar el salario de los trabajadores nocturnos y dificultar la contratación temporal de trabajadores por parte de las empresas, a través de su reforma laboral. Sin embargo, la reforma laboral fue anulada el martes durante una votación crucial en la comisión. Sus críticos argumentan que generará desempleo, al encarecer la contratación de trabajadores por parte de las empresas.
Más del 55% de los colombianos trabajan en la economía informal, sin contrato laboral. Quienes critican las reformas de Petro afirman que la legislación propuesta por el presidente ofrece pocos incentivos a las empresas para contratar a estos trabajadores informales.
Radio América es una emisora de habla hispana que transmite desde la ciudad de Laurel en el estado de Maryland cubriendo con sus 1,900 vatios de potencia toda el área metropolitana de Washington D.C. en la cual residen cerca de 1 millón de Latinos.
Su propietario es Alejandro Carrasco considerado como la personalidad radial hispana mas influyente en Washington, Maryland y Virginia.
Su frecuencia, 900 AM una Ubicación ideal en el dial para alcanzar a toda la comunidad latina en el area metropolitana de Washington.
LA PAZ, Bolivia (AP) — Indígenas aymaras del altiplano de Bolivia y transportistas protestaron el miércoles contra el presidente Luis Arce por la falta de combustibles, un día después que su gobierno logró un acuerdo político para garantizar la realización de elecciones en agosto.
