Milei Camara DipBUENOS AIRES (AP) — Luego de seis meses de múltiples trabas y arduas negociaciones políticas, el presidente argentino Javier Milei espera que la Cámara de Diputados apruebe dos proyectos de reformas económicas, estatales y tributarias que comenzó a debatir el jueves y con las que busca asegurarse una mayor gobernabilidad.
El dirigente ultraliberal estaría cerca de lograr que la cámara baja dé luz verde a la legislación que fue aprobada el 13 de junio por el Senado sellando así su primera victoria legislativa desde que asumió en diciembre, luego de resignar algunos puntos durante las negociaciones mantenidas con opositores dialoguistas.
El proyecto de la llamada Ley de Bases y el impositivo con los que Milei busca desregular la economía, la administración pública y asegurarse una mayor recaudación son resistidos por el kirchnerismo, el peronismo de centroizquierda que es la primera fuerza en el Congreso —donde el oficialismo está en clara desventaja numérica— y por partidos izquierdistas.
Militantes opositores comenzaban a congregarse cerca del Congreso durante el debate que se espera que se prolongue hasta la noche.
Milei, un economista de extrema derecha que se define como un “topo” que quiere destruir el Estado “desde adentro”, viene luchando contra numerosos obstáculos para conseguir sus primeras leyes en un marco de abierta confrontación con los opositores a los que califica de “ratas” y “máquinas de impedir”.
Lucas Romero, director de la consultora Synopsis Consultores, dijo a The Associated Press que “cuando uno mira la escena política sobresale la condición en minoría de este presidente, que le plantea dificultades extremas en el proceso de toma de decisiones”.
Según Romero, el líder de La Libertad Avanza necesita la aprobación del paquete legislativo porque, de lo contrario, daría “una señal de debilidad política muy peligrosa”.
El analista apuntó que es más importante para el presidente demostrar que puede sacarlo adelante “que el propio contenido, que originalmente era mucho más amplio”. Acotó que el libertario emplearía su aprobación en el Congreso “como una suerte de plataforma de relanzamiento del gobierno”, que en las últimas semanas enfrentó dificultades, como la suba del dólar que se vende en el mercado de cambio paralelo —al que acuden los argentinos ante las restricciones existentes en el oficial— y el incremento del riesgo país.
La Cámara de Diputados, que había aprobado en abril y luego girado al Senado los dos proyectos, debe analizarlos ahora para decidir si acepta las modificaciones que realizaron los senadores o insiste con las versiones originales que contemplaban algunas reformas más profundas.
El oficialismo contaría con los votos necesarios para lograr la aprobación del proyecto de la Ley de Bases, que contiene unos 230 artículos con modificaciones administrativas, laborales y contractuales, así como la declaración de la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año, lo que otorgará al presidente facultades especiales para, entre otras cosas, reestructurar organismos estatales.
En materia de reforma laboral contempla como causal de despido la participación en bloqueos o tomas de establecimientos y la eliminación de multas a empleadores por trabajadores no registrados, lo que fue muy cuestionado por el peronismo.
Asimismo, el proyecto incluye beneficios fiscales para sociedades nacionales y extranjeras que inviertan en proyectos de distintos sectores por encima de los 200 millones de dólares y la autorización para declarar sujetas a privatización a empresas públicas.
Sobre este último punto, el gobierno aceptó con aliados conservadores respetar lo votado por el Senado y mantener fuera de la lista de empresas que pueden ser privatizadas a Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y la Radio y Televisión Argentina.
Pero en lo que se refiere al paquete fiscal, el oficialismo parece contar con las voluntades justas para restituir un polémico impuesto a los salarios de cientos de miles de trabajadores con el que busca recomponer las arcas del Estado, rechazado por el Senado.
Otra propuesta que busca rescatar es la que eleva el piso del impuesto a los bienes personales y establece rebajas en las alícuotas, con el fin a su vez de incentivar a su vez el blanqueo de capitales —de hasta 100.000 dólares—, que también está incluido en el proyecto.
El bloque kirchnerista se mostró contrario a que el oficialismo insista con la reposición de esos capítulos al considerar que es inconstitucional y anunció que, de salir adelante, acudirá a la justicia.
BY  ALMUDENA CALATRAVA
(AP Foto/Natacha Pisarenko)
Bolivia aprehendidosLA PAZ, Bolivia (AP) — El presidente boliviano, Luis Arce, rechazó el jueves los señalamientos de que conocía los planes militares del intento fallido de golpe en Bolivia, que sumió al país el día anterior por varias horas en la incertidumbre y dejó 17 detenidos y 15 heridos.
“Para nada. Nunca estuvimos informados sobre el movimiento de tropa que hizo Zúñiga, yo quedé sorprendido”, respondió el mandatario el jueves en su primera aparición pública tras lo sucedido.
Por el despliegue militar masivo frente al palacio de gobierno, hay 17 personas detenidas, entre ellas el excomandante general del Ejército, Juan José Zúñiga.
Arce seguró que el mando militar, destituido el mismo miércoles, “actuó por cuenta propia” y recalcó que él no es “un político que se va a ganar popularidad con la sangre del pueblo”. Insistió en que el ambiente en el país ya ha vuelto a la normalidad y que, pese a las diferencias internas en el oficialismo, Evo Morales es un “compañero”.
Sobre Zúñiga, apuntó que tenía apetitos personales para movilizar a los militares contra el gobierno. “Él me dijo que no iba a acatar mi instrucción de replegar a la tropa. Estaba incumplimiento órdenes que le di como capitán general de las Fuerzas Armadas. Eso no puede ser una planificación de autogolpe”, recalcó.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, confirmó más temprano la detención de 17 personas, en su mayoría militares y un civil, y los presentó como promotores del fallido golpe militar en contra del presidente Arce.
El procurador general de Bolivia, César Siles, dijo que Zúñiga y los detenidos son investigados por alzamiento armado, seducción de tropa y atentado contra la infraestructura del Estado y que de las investigaciones se pueden desprender otros delitos. Se exponen a penas de 15 o más años de cárcel.
Según el ministro, los detenidos actuaron bajo la orden el general Zúñiga, considerado el líder de la revuelta que no prosperó por falta de apoyo de sectores de las Fuerzas Armadas, según dijo más temprano el ministro de Defensa, Edmundo Novillo.
Junto a Zúñiga, también fue detenido y destituido la víspera el vicealmirante de la Armada Juan Arnez, como otro de los principales responsables del intento fallido de golpe que, según el presidente Arce, dejó 14 heridos. Varias de ellas, indicó, necesitaron ser intervenidas quirúrgicamente.
“Este grupo criminal planificó el golpe desde mayo”, dijo Del Castillo en rueda de prensa.
En su comparecencia de la tarde del jueves, Arce también mencionó la falta de respuesta de la cúpula militar en cuanto se detectó el despliegue de uniformados en torno al palacio de gobierno. “Intentamos comunicarnos con Zúñiga, ninguno de los tres comandantes respondió las llamadas para pedir explicaciones sobre el movimientos de tropa. Llamé en persona al comandante del Ejército y no recibí respuesta”.
También indicó que el comandante de la policía le informó que Zúñiga le había convocado para unirse al intento de golpe, pero que se negó a participar.
“¿Qué le espera a Zúñiga, eso lo dirá la justicia y las investigaciones”, subrayó Arce. “Hubo dos reuniones donde se preparó ejecutar el plan. No solo estaban involucrados militares... Jubilados del Ejército y personal civil y eso queremos investigar”.
Entre los aprehendidos, el ministro Del Castillo ya había mencionado en la mañana que un civil, identificado cono Aníbal Aguilar Gómez, fue uno de los presuntos “ideólogos” de la movilización militar. Además, que estaban buscando a tres uniformados más en servicio pasivo.
Al medio día del jueves cientos de simpatizantes del gobierno se habían apostado en la principal ruta que une La Paz con la vecina ciudad de El Alto para bloquearla. En el resto del país no se reportaron protestas.
No obstante, las actividades del comercio, la banca, las estaciones de venta de combustible y los colegios se desarrollaban con normalidad.
Por su parte, el cabecilla de la acción militar, el general del Ejercito Juan José Zúñiga, y una decena de mandos militares continuaban en celdas policiales a la espera de ser imputados por el delito de alzamiento armado.
Pero en las calles todavía parecía flotar la duda sobre lo ocurrido la tarde del miércoles cuando al mando de tanques y soldados armados Zúñiga tomó por asalto el palacio presidencial en La Paz en lo que el gobierno llamó un “fallido golpe de Estado”.
Antes de ser arrestado por la policía en puertas del principal cuartel de las Fuerzas Armadas en La Paz, Zúñiga dijo a los medios que el propio presidente Arce la había encargado “hacer algo” para levantar su popularidad, afectada por una crisis económica, fuertes disputas en el partido gobernante y un creciente clima de malestar social.
El expresidente Evo Morales, enfrentado a Arce por el liderazgo del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), se mantuvo en silencio el jueves, pero dirigentes leales al exmandatario calificaron de “golpe planificado” y señalaron como “autores intelectuales al presidente (Arce) y al vicepresidente” David Choquehuanca, dijo Gerardo García, un dirigente del MAS leal a Morales. “Este presidente no sabe cómo subir su imagen”, agregó en una rueda de prensa.
“La gestión del presidente (Arce) es mala. Lo que ocurrió con los militares le servirá para levantar su imagen, pero no será suficiente. La gente quiere respuestas que el gobierno no está dando”, dijo el profesor de Ciencia Política Paul Coca.
Varios ministros del presidente Arce, entre ellos María Nela Prado, ministra de la Presidencia y su brazo derecho, rechazaron las versiones de Zúñiga de un supuesto autogolpe. “Buscaban descabezar al gobierno y atentar contra el mandatario”, dijo la ministra al final de la agitada jornada del miércoles.
El jueves Arce estaba reunido con sus ministros en la casa de gobierno.
El levantamiento militar se produjo en un difícil momento para el mandatario. La crisis económica y la escasez de combustible y otros bienes han afectado la popularidad de Arce, que a su vez perdió gobernabilidad en la Asamblea Legislativa después de que el MAS quedó dividido por su disputa política con Morales. Ambos líderes han manifestado su intención de postularse por el partido gobernante para las elecciones presidenciales de 2025.
BY  ASSOCIATED PRESS
(AP foto/Juan Karita)
Bolivia fallido GolpeLA PAZ, Bolivia (AP) — La calma regresó el jueves a las calles de La Paz-Bolivia horas después de un fallido golpe militar en contra del presidente Luis Arce que sumó al país en la incertidumbre y el caos político.
El tráfico era normal en las calles de la capital boliviana, los supermercados se disponían a abrir sus puertas y las filas se habían disipado en las estaciones de venta de combustibles. Simpatizantes del mandatario amanecieron en vigilia en puertas de la comisaría donde está detenido el general Juan José Zúñiga cabecilla del levantamiento militar que fracasó al no hallar eco en otras unidades militares.
Canales de televisión reportaron el jueves temprano tranquilidad en las puertas de los principales cuarteles de la ciudad. De la misma forma las terminales terrestres reportaban normalidad en los viajes al interior del país. “La policía de tráfico ha reportado total normalidad en las carreteras”, dijo Amelia Ruiz, una vendedora de boletos de autobús en La Paz.
En la vecina ciudad de El Alto, vecinos salieron a cortar las calles de uno de los barrios en protesta por “el golpe de Estado”.
En las calles todavía parecía flotar la duda sobre lo ocurrido en la tarde del miércoles cuando al mando de tanques y soldados armados Zúñiga, el destituido comandante general de las Fuerzas Armadas tomó por asalto el palacio presidencial en La Paz en lo que el gobierno llamó un “fallido golpe de Estado”.
Antes de ser arrestado por la policía en puertas del principal cuartel de las Fuerzas Armadas en La Paz, Zúñiga dijo a los medios que el propio presidente Arce la había encargado “hacer algo” para levantar la popularidad del mandatario afectada por una crisis económica, fuertes disputas en el partido gobernante y un creciente clima de malestar social.
Varios ministros del presidente Arce, entre ellos María Nela Prado, ministra de la Presidencia y brazo derecho de Arce, rechazaron las versiones de Zúñiga de un supuesto autogolpe. “Buscaban descabezar al gobierno y atentar contra el mandatario”, dijo la ministra al final de la agitada jornada del miércoles.
(AP Foto/Juan Karita)
BY  ASSOCIATED PRESS
Expresidente SalvadorSAN SALVADOR (AP) — Un tribunal de justicia de El Salvador condenó el miércoles a ocho años de prisión al expresidente salvadoreño Mauricio Funes por lavado de dinero, por presuntamente licitar un puente a favor de una empresa guatemalteca a cambio de recibir un avión. El exmandatario, asilado en Nicaragua, tiene siete procesos penales en su contra y dos de ellos con condena.
“Se demostró que Funes favoreció a una empresa guatemalteca para que se le adjudicara la construcción del puente San Isidro sobre el Río Lempa”, indicó en comunicado la fiscalía sobre la tercera sentencia en contra del exmandatario salvadoreño, que vive en Nicaragua bajo el refugio del gobierno de Daniel Ortega.
El caso ventilado en un tribunal de San Salvador inició en diciembre de 2020 cuando el Ministerio Público presentó una nueva acusación y orden de captura contra Funes. Un año antes, el gobierno del nicaragüense Daniel Ortega le otorgó la nacionalidad para evitar que fuera extraditado.
Funes, que gobernó El Salvador de 2009 a 2014, vive en Nicaragua bajo la protección del gobierno de Ortega y no ha estado presente en ninguno de los juicios en su contra. El exmandatario no nombró abogado defensor, por lo que le fue asignado uno de oficio.
Funes reaccionó a la nueva condena a través de X, antes Twitter, donde rechazó la acusación y afirmó que “este es otro caso montado por la Fiscalía siguiendo órdenes de la derecha oligárquica que me persigue desde el 2015”.
Mencionó al fiscal general, Rodolfo Delgado, y al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, en su cuestionamiento: “Se ponen una medallita cada uno y pretenden hacernos creer que la guerra contra la corrupción va en serio”.
Funes está condenado también por negociar con pandillas durante su mandato a 14 años de prisión y, en otro proceso penal por enriquecimiento ilícito, fue sentenciado a devolver más de 400.000 dólares.
Según la acusación fiscal, el exmandatario entregó el proyecto de diseño y construcción de un puente en 2013 a una empresa guatemalteca por 8,4 millones de dólares. A cambio, Funes presuntamente recibió un avión modelo King Air TG ADL para uso de él y de un empresario, en el que viajaron con sus familias a Estados Unidos, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Honduras y Guatemala.
El exmandatario aseguró no conocer al empresario guatemalteco que participó en la licitación para construir el puente. “Nunca lo he visto en mi vida y menos he negociado la entrega de una dádiva con él”.
Por este proceso penal, el empresario José Miguel Menéndez —conocido como “Mecafé”— fue condenado a ocho años de prisión en agosto de 2022. El tribunal encontró evidencias de que hizo 47 viajes con la aeronave en cuestión entre el 27 de junio de 2013 y el 13 de septiembre de 2016.
Después de esa condena a Menéndez, se aprobó una reforma penal el 21 de septiembre de 2022 que permite realizar juicios con imputados ausentes, por lo que Funes pudo enfrentar el juicio penal sin estar presente.
El Ministerio Fiscal emitió en 2020 órdenes de captura también contra el empresario salvadoreño y contra otro guatemalteco, Jaime Ramón Aparicio Mejía, éste último acusado de soborno.
Durante el juicio, el empresario guatemalteco confirmó que entregó la avioneta a Funes antes de la adjudicación.
Además de este caso, Funes ha enfrentado otros seis procesos penales. Un tribunal de El Salvador lo condenó en mayo de 2023 a 14 años de prisión por negociar una tregua con las pandillas durante su mandato para bajar la tasa de homicidios a cambio de ofrecer beneficios para sus cabecillas en las cárceles.
Funes que llegó a la presidencia de El Salvador postulado por izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) también está siendo procesado por el desvío de 351 millones de dólares de la partida presidencial de gastos reservados.
El exgobernante tiene, además, procesos por el pago de 108,5 millones de dólares a una empresa para la construcción de una presa hidroeléctrica, por la divulgación de un reporte de Operaciones Sospechosas que reveló el desvío de 10 millones de dólares donados por Taiwán y por sobornos al exfiscal general Luis Martínez.
(AP Foto/Luis Romero, Archivo)
BY  MARCOS ALEMÁN
Periodista Jose RubenCIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Una corte de apelaciones de Guatemala revocó el martes el arresto domiciliario concedido recientemente al periodista José Rubén Zamora, reconocido por sus denuncias contra la corrupción y quien lleva casi dos años en prisión por lavado de dinero.
La Fiscalía Especial Contra la Corrupción guatemalteca apeló la decisión de mayo pasado de un tribunal de otorgarle arresto domiciliario para que pudiera ser excarcelado.
Esa medida sustitutiva revocaba una de las dos órdenes de prisión en contra del periodista por dos casos distintos que la fiscalía lleva contra el comunicador, y por los que nunca dejó la cárcel.
Zamora, de 67 años, está preso desde julio de 2022 cuando fue acusado por el Ministerio Público por lavado de dinero, por un monto de unos 38.000 dólares, y en junio del año pasado fue sentenciado a seis años de prisión. La condena también quedó en suspenso por decisión judicial por errores en el proceso.
El periodista ha negado las acusaciones y ha cuestionado que en el juicio no se le permitiera aportar pruebas a su favor para aclarar el origen del dinero.
En su fallo, los magistrados de la corte de apelaciones argumentan que la defensa de Zamora no presentó medios que demostraran que habían variado las circunstancias que motivaron la orden de prisión inicial.
Cuando el juez de la causa ordenó su prisión hace dos años dijo que lo hacía porque Zamora tenía un medio de comunicación que podía usar para obstruir la investigación. El diario El Periódico, del que el periodista era fundador, desapareció hace un año.
La sala de apelaciones también usó como argumento una formalidad procesal —por falta de información precisa— al cuestionar que en el audio grabado durante la audiencia donde le fue concedido el arresto domiciliar “no se escucha que la defensa, así como ninguno de los sujetos procesales... indiquen qué juzgado fue el que dictó el auto de prisión preventiva y la fecha del mismo”.
En consecuencia, ordenó al tribunal que dictó la medida a favor de Zamora que realice algunas diligencias para luego volver a tomar una decisión respecto de la solicitud de arresto domiciliar en lugar de cárcel.
“Lo que hizo la Sala es puro hostigamiento, es una guerra psicológica de la fiscalía y de los querellantes contra mi papá; demuestran su desesperación por continuar dilatando el proceso de forma maliciosa”, dijo José Zamora Marroquín, hijo del periodista.
Zamora Marroquín explicó que la resolución no hace nada más que ordenarle al tribunal realizar algunos formalismos adicionales. “Sabemos que más temprano que tarde a mi papá lo van a declarar inocente y dejar en libertad”, defendió.
“Lo que más extraña es que en casos de gran corrupción la fiscalía no apela las decisiones a favor de los corruptos, pero cuando se trata de criminalizar a operadores de justicia o periodistas allí sí apela todo”, cuestionó el hijo del comunicador.
Varias organizaciones internacionales como el Comité para la Protección de los periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), la Sociedad Interamericana de Prensa y otros han levantado su voz en favor del periodista y denunciado que hay una criminalización en su contra por investigar hechos de corrupción
Zamora era presidente del diario guatemalteco El Periódico, un matutino especializado en denuncias anticorrupción que desapareció luego de su detención.
El periodista considera que las publicaciones de ese medio sobre casos de corrupción en la justicia y durante el gobierno del expresidente Alejandro Giammattei motivaron la persecución de la fiscalía en su contra. La fiscal general, Consuelo Porras, que está sancionada en Estados Unidos por socavar la democracia y la lucha anticorrupción, fue nombrada por Giammattei.
Zamora reconoció en una entrevista reciente a la AP desde su celda que sus condiciones penitenciarias habían mejorado después de que el presidente Bernardo Arévalo asumió el poder en enero pasado.
El mandatario mantiene un enfrentamiento con la fiscal Porras, a quien le ha pedido la renuncia, desde que en periodo electoral la titular del Ministerio Público iniciara una arremetida judicial contra el partido del entonces candidato, contra el propio Arévalo y contra el proceso electoral para que fuera anulado.
(AP Foto/Moisés Castillo, Archivo)
BY  SONIA PÉREZ D.

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