SAN SALVADOR, El Salvador (AP) — El presidente salvadoreño Nayib Bukele, famoso por su dura lucha contra las pandillas callejeras, amenazó con usar tácticas similares contra los especuladores de precios.

Desde 2022, Bukele ha detenido a decenas de miles de presuntos miembros de pandillas callejeras , a menudo con pocas pruebas, y los ha filmado mientras son llevados a rastras en ropa interior por nuevas y enormes prisiones .

En un discurso pronunciado el viernes por la noche, amenazó con utilizar las mismas tácticas contra los mayoristas y distribuidores, a quienes culpó por el reciente aumento pronunciado de los precios de los alimentos y otros productos básicos.

“Voy a hacer un llamado, como lo hicimos con las pandillas a principios de 2019”, dijo Bukele, refiriéndose al año en que fue elegido por primera vez. “Les dijimos que dejen de matar gente o que no se quejen de lo que pase después”.

“Bueno, voy a lanzar un mensaje a los importadores, distribuidores y mayoristas de alimentos: dejen de abusar del pueblo de El Salvador, o no se quejen de lo que pase después”.

“No estamos jugando”, dijo, y sus amenazas no eran una cortina de humo. “Espero que los precios bajen mañana o habrá problemas”, dijo.

Recientemente reelegido con el 85% de los votos, Bukele controla el Congreso y tiene poderes especiales de emergencia para combatir a las pandillas desde hace más de dos años.

Si bien sus poderes de emergencia probablemente no le permitirían a Bukele encarcelar a personas por cobrar demasiado, afirmó que había evidencia de que mayoristas o importadores supuestamente habían participado en evasión fiscal, soborno e importación de contrabando, cargos criminales que podrían justificar penas de cárcel.

El gobierno salvadoreño ha dicho que los inspectores han descubierto que algunos productos han triplicado su precio y, aunque es posible que se impongan multas, eso probablemente no sea suficiente. El gobierno también ha anunciado planes para establecer 20 puntos de venta para distribuir alimentos “a precios justos”.

Todo esto es muy propio de Bukele, quien una vez se describió a sí mismo como el “dictador más genial del mundo”.

Bukele también está en la cresta de la ola de popularidad por su ataque frontal a las poderosas bandas que antaño dominaban muchos barrios, extorsionando a los comercios y a los residentes para que les dieran protección. La represión ha convertido lo que alguna vez fue la capital mundial del asesinato en uno de los países más seguros de América Latina.

El estado de emergencia , declarado originalmente en 2022 y todavía vigente, se ha utilizado para detener a 78.175 presuntos pandilleros en redadas que, según los grupos de derechos humanos, suelen ser arbitrarias y se basan en la apariencia de la persona o en su lugar de residencia. El gobierno ha tenido que liberar a unas 7.000 personas por falta de pruebas.

Esta historia ha sido corregida para restaurar el El en El Salvador en el titular.

(Foto AP/Salvador Meléndez, Archivo)

SAO PAULO (AP) — El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro ha sido objeto de investigaciones desde sus primeros días al frente del gobierno, y el número de casos se ha multiplicado desde su fallido intento de reelección en 2022.

Las autoridades han estado indagando diversas acusaciones, desde que conspiró para incitar un levantamiento con el objetivo de derrocar a su sucesor, hasta cuestionamientos sobre si el derechista, a bordo de una moto acuática, acosó a una ballena jorobada.

La policía desechó su investigación sobre la ballena, pero un tribunal electoral ya le había prohibido a Bolsonaro postularse a cargos públicos por varios años. Otras pesquisas continúan abiertas; son decenas de ellas que podrían resultar en cargos penales en tribunales menores, los cuales le darían la posibilidad a apelar cualquier eventual condena. El Supremo Tribunal Federal tendrá la última decisión en lo referente a cinco investigaciones a fondo que podrían poner al exmandatario tras las rejas, en arresto domiciliario o dejarlo fuera de cualquier actividad política.

Bolsonaro ha negado haber cometido irregularidad alguna en todos los casos, y sus aliados han acusado que se trata de una persecusión política, aunque reconocen la gravedad de los riesgos políticos en múltiples frentes.

A continuación un repaso a las mayores amenazas que enfrenta el expresidente y su situación actual.

FRAUDE DE VACUNACIÓN

Bolsonaro ha sido acusado formalmente por girar instrucciones a un funcionario para manipular una base de datos de salud pública para que reflejara que él y su hija de 12 años de edad habían recibido la vacuna contra el COVID-19 a fin de cumplir con los requerimientos de ingreso a Estados Unidos. Durante la pandemia arremetió contra la vacuna, calificó el hecho de inocularse como una cuestión de libertad personal y declaró en varias ocasiones que nunca se vacunó.

La Policía Federal acusó a Bolsonaro de asociación delictuosa y de ingresar datos falsos en registros públicos, delitos que conllevan penas de 4 y 12 años en prisión, respectivamente. Fue su primera acusación formal desde que dejó la presidencia y la única hasta la fecha.

STATUS: El Supremo Tribunal Federal envió el acta de acusación al fiscal general, quien sopesa la posibilidad de presentar cargos. La prensa local informó que buscaba consultar con las autoridades estadounidenses sobre si Bolsonaro usó el documento falsificado para entrar al país, y si hacerlo podría resultar en un proceso jurídico en Estados Unidos.

JOYAS SAUDÍES

La Policía Federal ha investigado si Bolsonaro giró instrucciones a funcionarios para contrabandear joyas de lujo con valor de varios millones de dólares desde Arabia Saudí y Bahréin hacia Brasil, y posteriormente tomar medidas para evitar que fueran incluidas en la colección presidencial y mantener posesión de ellas.

Los investigadores llamaron a declarar a Bolsonaro en abril y agosto de 2023. Devolvió las joyas en cuestión.

STATUS: La Policía Federal acusó formalmente a Bolsonaro por lavado de dinero y asociación delictuosa, según una fuente con conocimiento directo del caso. Una segunda fuente confirmó la acusación, aunque no especificó los delitos. Ambos hablaron bajo condición de anonimato debido a que no estaban autorizados a hacer declaraciones públicas.

LEVANTAMIENTO EN LA CAPITAL

La policía federal investiga el papel de Bolsonaro en una conspiración para mantenerlo en el poder después de perder en su campaña de reelección ante Luiz Inácio Lula da Silva, incluida la posibilidad de que haya incitado la revuelta del 8 de enero de 2022 en la que un grupo de simpatizantes irrumpió en el Supremo Tribunal Federal y en el Palacio Presidencial de la capital, Brasilia. El máximo tribunal desprecintó el 18 de marzo los testimonios de los jefes del ejército y la fuerza aérea durante el gobierno de Bolsonaro, y ambos declararon que él participó activamente en el plan.

STATUS: La investigación continúa en marcha, y varios simpatizantes y aliados de Bolsonaro ya fueron condenados y encarcelados.

IRREGULARIDADES ELECTORALES

La máximo corte electoral de Brasil determinó en junio pasado que Bolsonaro utilizó canales de comunicación del gobierno durante una reunión con diplomáticos para promover su campaña de reelección y sembrar desconfianza en el proceso electoral. El caso se centró en una reunión celebrada el año anterior, durante la cual Bolsonaro utilizó a personal gubernamental, al canal de televisión estatal y al palacio presidencial en Brasilia para declarar ante embajadores extranjeros que el sistema de votación electrónica del país estaba amañado. El fallo lo inhabilitó de cualquier cargo público hasta 2030.

La corte también determinó que Bolsonaro abusó de su poder durante los festejos por el Día de la Independencia de Brasil, un mes antes de los comicios. El fallo no le sumó años a la inhabilitación de Bolsonaro, pero complicó sus posibilidades en una apelación. Hay un tercer caso que continúa abierto en la corte.

STATUS: La apelación de Bolsonaro al fallo inicial fue rechazada.

SABOTAJE DURANTE LA PANDEMIA

La Policía Federal de Brasil investiga a Bolsonaro por incitar crímenes contra la salud pública durante la pandemia de COVID-19, entre los que se incluye alentar a la población a no usar mascarillas y causar alarma sobre un peligro inexistente de vacunas que aceleraban el desarrollo de sida. Una comisión investigadora del Senado también pasó meses indagando sus actos y decisiones durante la pandemia, y recomendó que se le presentaran nueve cargos penales.

El exfiscal general de Brasil, Augusto Aras, quien era percibido como aliado de Bolsonaro, no presentó ningún cargo basado en los hallazgos de los legisladores, quienes han instado al sucesor de Aras a que reabra el caso.

STATUS: Investigación en curso.

NOTICIAS FALSAS Y MILICIA DIGITAL

El Supremo Tribunal Federal ordenó en 2020 una investigación en torno a una red que supuestamente difundía noticias falsas difamatorias y amenazas contra los jueces del máximo tribunal. La pesquisa ha dado como resultado el encarcelamiento de legisladores del círculo de allegados del expresidente y allanamientos en residencias de simpatizantes. Bolsonaro fue incluido como sospechoso en 2021.

Como consecuencia de esta pesquisa, la Policía Federal también indaga si un grupo que operaba desde el interior del palacio presidencial durante el gobierno de Bolsonaro produjo contenido de redes sociales con el fin de socavar el estado de derecho. Al grupo, supuestamente conformado por colaboradores y el yerno de Bolsonaro, se le ha llegado a conocer como una milicia digital y “el gabinete del odio”.

STATUS: Ambas investigaciones continúan abiertas.

Biller informó desde Río de Janeiro.

(AP Foto/Eraldo Peres)

BY  MAURICIO SAVARESE AND DAVID BILLER

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Las fuerzas armadas de México estarán comandadas por primera vez por una mujer a partir del 1 de octubre con la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia. Y eso ha reanimado los reclamos de organizaciones humanitarias y activistas para que se limite el poder que los militares han acumulado en años recientes.

La duda es si Sheinbaum implementará, desde su posición como máxima autoridad militar, los cambios que se exigen desde fuera del cuerpo uniformado, sin que haya habido voces desde dentro que se pronuncien. Analistas no ven modificaciones en el corto plazo.

Las fuerzas armadas mexicanas han recibido de los últimos gobiernos, especialmente desde el del presidente Andrés Manuel López Obrador, numerosas y nuevas responsabilidades —también en el ámbito civil— e incrementos significativos de presupuesto.

La política de seguridad ha descansado sobre los hombros de los militares por casi dos décadas en México, sin que eso haya resuelto el problema de violencia relacionado con los poderosos carteles de las drogas que controlan vastas regiones del país.

En los últimos días activistas y organizaciones humanitarias, entre ellas Amnistía Internacional, han realizado exhortos a Sheinbaum para que dé un giro a la relación de dependencia que mantiene el gobierno con las fuerzas armadas.

También han pedido que detenga una reforma constitucional en materia militar que se discutirá en octubre en el Congreso, de mayoría oficialista, y que de aprobarse sentará las bases legales para la participación de militares en todos los órdenes de la vida pública civil. Validará las tareas que ya realizan, como la construcción y gestión de grandes proyectos de infraestructura, que han cosechado críticas de quienes sostienen que van en contra de lo recogido en la Constitución.

Organizaciones humanitarias han exigido el regreso de los militares a los cuarteles y que las policías del país —federales, estatales y municipales— retomen el manejo de la seguridad pública, misión que han ido perdiendo desde 2006 al ver limitado su presupuesto, equipamiento y áreas de acción.

Hasta el momento la futura presidenta no ha dado señales de que vaya a realizar ajustes en las políticas del presidente saliente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario dejó en manos de los militares la gestión de aduanas y aeropuertos, la construcción de proyectos emblemáticos como un nuevo aeropuerto en la capital o un tren turístico al sur del país, el mantenimiento de carreteras, el manejo de una aerolínea o la distribución de medicamentos y vacunas.

Aunque López Obrador ha defendido sus decisiones alegando que los militares eran garantía de eficiencia y que se acabaría con la corrupción de los civiles, para los sectores adversos al gobierno y para las organizaciones humanitarias esa política ha representado un avance del poderío militar que opera en medio de opacidad.

Sheinbaum, además, se ha comprometido a apoyar la controversial reforma constitucional que propuso López Obrador en febrero para que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) asuma el manejo de la Guardia Nacional —de naturaleza inicialmente civil— que actualmente está bajo control de la Secretaría de Seguridad. La Suprema Corte de Justicia declaró el año pasado que ese traspaso es inconstitucional.

Para algunos analistas ese cambio legislativo permitirá formalizar el predominio de los militares en la Guardia Nacional, donde el 80% de sus 130.000 elementos provienen de las fuerzas armadas y, en una menor proporción, de la desaparecida policía federal.

Sheinbaum ha rechazado que el traspaso de la Guardia Nacional al control de la Sedena implique una militarización de la seguridad y recalcó que “la política de seguridad la define el gobierno de la República con la presidenta”.

Aunque se ha comprometido a mejorar las condiciones laborales y formación de las policías, a crear un centro nacional de inteligencia e investigación y desarrollar programas sociales para evitar que los jóvenes sean captados por la delincuencia, la futura mandataria hasta el momento no ha hablado de planes para reducir progresivamente la participación de los militares en actividades de seguridad pública.

La “relación de dependencia del gobierno con los militares”, apuntó la analista Daira Arana Aguilar, “es muy fuerte”. Para la candidata a doctora en Política Pública por la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, esa sería una de las razones por las que Sheinbaum no ha propuesto cambios de fondo en materia militar. También, señaló, por un “contexto de desconocimiento” sobre la naturaleza, función y capacidades de las fuerzas armadas, algo de lo que aseguró también han adolecido otros mandatarios mexicanos.

“No estoy escuchando ni veo que Claudia Sheinbaum tenga un plan para implementar una política de defensa democrática”, recalcó Arana Aguilar sobre la necesidad de que la mandataria se plantee “acotar” las funciones de las fuerzas armadas y “limitar la autonomía” del poder judicial militar.

El otro aspecto que recaerá sobre Sheinbaum, y que ya ha generado expectativas, será el nombramiento de una nueva cúpula militar y si las mujeres tendrán cabida en ella.

La futura presidenta dijo que no dará los nombres de los secretarios de la Defensa Nacional y Armada hasta estar más cerca de su toma de posesión, pero hay analistas que descartaron que vaya a nombrar a mujeres para esos cargos puesto que la legislación mexicana establece que esas posiciones deben ser ocupadas por generales de división y almirantes, rangos que aún no han alcanzado las mexicanas.

Las fuerzas armadas de México están conformadas por unos 200.000 elementos y menos del 20% son mujeres. De ellas, escasamente un 10% están en la unidad de armas que incluye infantería, artillería, caballería, arma blindada e ingenieros. El resto, en la unidad de servicios, como administración, transportes, intendencia, transmisiones, sanidad, precisó Javier Olivo, coordinador del Seminario de Estudios en Defensa, Dimensiones de la Seguridad e Inteligencia de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Según Olivo, el poder de decisión de Sheinbaum como comandante suprema en las fuerzas armadas está además limitado a las decisiones de seguridad nacional, sin poder meterse en el manejo operativo puesto que eso corresponde a los mandos militares.

Dentro de las fuerzas armadas, usualmente reacias a pronunciarse, hay quienes lo ven con mayor optimismo. La teniente coronel del Ejército Leticia Yáñez Domínguez, jefa de la sección de alto rendimiento y equipos de conjunto de la Sedena, dijo a la AP sin querer ahondar en el tema que “las mujeres somos capaces de los retos que se nos ponen”.

Para Lisa Sánchez, directora general de la asociación civil México Unido contra la Delincuencia, la posibilidad de que puedan darse cambios en la estructura interna es remota, pero no hay que descartarla por completo.

El liderazgo de Sheinbaum, planteó, podría activar “ciertos cuestionamientos” de las mujeres y animarlas a escalar posiciones de mando.

BY  FABIOLA SÁNCHEZ

(Foto AP/Marco Ugarte, Archivo)

QUITO (AP) — El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó el martes la vigencia de un estado de excepción por sesenta días en seis provincias y una población, con el propósito de hacer frente a la espiral de violencia desatada por bandas criminales.

En el texto, se argumenta un estado de grave conmoción interna y conflicto armado en las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y en la población minera de Camilo Ponce Enríquez, en la provincia del Azuay, en el sur del país, en donde las autoridades han identificado los mayores índices de violencia criminal.

En Camilo Ponce Enríquez, fue asesinado a tiros el alcalde José Sánchez a mediados de abril, mientras que a inicios de esta semana la policía informó del hallazgo de ocho cuerpos torturados y calcinados en ese cantón, en lo que inicialmente identificó como un ajuste de cuentas entre bandas criminales.

La disposición restringe la inviolabilidad del domicilio y de correspondencia, así como el derecho a la libre asociación y reunión.

Esta es la tercera ocasión en que Noboa decreta un estado de excepción focalizado, aunque el 14 de junio, la última ocasión en que emitió un decreto similar, la Corte Constitucional lo anuló, aduciendo principalmente la falta de una adecuada argumentación de la existencia de un conflicto armado interno.

En este nuevo estado de excepción decretado el martes, Noboa explica la situación de conmoción interna y el conflicto armado interno en 44 páginas, en las que, entre otros argumentos, señala que se han identificado grupos armados organizados “y la intensidad de sus actividades ilícitas en el territorio ecuatoriano” a las que es necesario hacer frente mediante acciones conjuntas de las fuerzas armadas y la policía.

Un comunicado de la Presidencia, aseveró que con esta decisión, el presidente Noboa fortalecerá las estrategias “de lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, precautelando el bienestar y la seguridad ciudadana de todo el país, especialmente en estos sectores”.

Ecuador lleva desde inicios del 2021 sumido en un clima de inseguridad, con un aumento récord de asesinatos que ubicaron la tasa de muertes violentas al cierre de 2023 en 40 por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del continente. El año pasado hubo más de 7.600 crímenes. Las autoridades lo atribuyen a la acción de bandas criminales relacionadas con el narcotráfico.

(AP Foto/Dolores Ochoa, Archivo)

BY  ASSOCIATED PRESS